Opinión
RD: Pendiente enjabonada hacia la recolonización radical
Por Narciso Isa Conde
Sobresale en las imposiciones a sus subalternos dominicanos el rol de la USAID, agencia bajo el mando de la CÍA y el Departamento de Estado, tristemente célebre en el Continente y en el Mundo; sin que se queden atrás la Embajadora Beinstein y el propio Pompeo.
El país y el mundo deben saberlo: en medio de la decadencia del modelo neoliberal impuesto en Repúblicas Dominicana a partir de la década de los 80 y de una alta impugnación al sistema de corrupción e impunidad bajo control del ya fraccionado Partido de la Liberación Dominicana-PLD… la partidocracia tradicional y el gran empresariado, desde las entidades partidistas y las instituciones bajo su mando, compitiendo entre sí en grados de sumisión a EEUU, han acelerado y radicalizado el proceso de recolonización de nuestro país.
Esto se intensifica en momentos en que se profundiza la desconfianza y el cuestionamiento popular al sistema de partidos, gobierno, empresariado, mecanismos electorales, policía, fuerzas armadas…; circunstancias que la administración Trump aprovecha al máximo para reforzar su intervención, su presencia directa en las instituciones del Estado y sus mandatos a las fuerzas políticas subalternas, procurando evitar una descomposición mayor y una eventual crisis de gobernabilidad.
A las tutelas implantadas tipo los grilletes económicos del FMI y el Banco Mundial, a la pesada carga de una deuda externa que asciende a más del 50% del PBI y consume más del 40% del Presupuesto Nacional; a controles eficaces en las Fuerzas Armada y sus equipos de inteligencia (Cuerpo de Asesores Militares-MAAG) en la Policía (FBI), la Dirección Nacional Antidrogas-DNI (DEA), la Dirección Nacional de Investigaciones-DNI (CÍA), y a las injerencias permanentes y descaradas de la Embajada estadounidense en múltiples aspectos de la vida económica, política y cultural del país… se le agrega una ascendente intervención directa de EEUU en la política partidista interna, con una sobredosis en el tema y el sistema electoral.
· INSTRUMENTOS, ACCIONES INTERVENCIONISTAS y LOGROS.
Sobresale el rol de la USAID, agencia bajo el mando de la CÍA y del Departamento de Estado, tristemente célebre en el Continente y en el Mundo; sin que se queden atrás la Embajadora Beinstein y el propio Pompeo.
-La Embajadora se las pasa pautando las conductas de los más connotados negociantes de la política, en continuas visitas y contactos de doble vía.
-Pompeo, con una llamada telefónica directa, inmediatamente publicitada por la Embajada, contuvo el empecinado esfuerzo reeleccionista del Presidente Danilo, evitando un incremento de las tensiones al interior del sistema de dominación y en la sociedad, fracturando de paso el Partido de Gobierno y abriéndole cancha y posibilidades competitivas a una opción opositora abigarrada (mezcla de derechas, centro-derecha, ultra-derecha y neofascismo.
-En ese tenor Pompeo (personero de la CÍA de alto calibre), junto a su embajadora, intervienen para que oficialismo y oposición -espacios integrados por facciones políticas sumisas al poder de Washington y altamente deslegitimadas- compitan por el primer lugar en materia de entreguismo en política interna e internacional; siempre en busca de respaldo imperial, activando viejos y nuevos lobistas en EEUU.
-Así han logrado que ambos bloques de partidos -como también Gobierno, Estado, Gran empresariado, Medios de Comunicación- se sumen a lo peor del Continente y del Mundo; coincidiendo con los tenebrosos designios de Trump y del Grupo de Lima, con el apoyo a Guaidó y a los golpes ultra-derechistas; evadiendo a la vez toda condena a las masacres perpetradas en Irak, Irán, Afganistán, Libia, Palestina, Yemen, Siria, Ucrania.
-El bloque opositor -encabezado por el Partido Revolucionario Moderno-PRM y su candidato presidencial Luis Abinader- ha sido apasionado abanderado de la intensificación de las agresiones de Estado Unidos y del régimen neofascista colombiano a la Venezuela Bolivariana, haciendo causa común con Juan Guaidó y la ultra-derecha venezolana. Abinader tiene como asesor en asunto de seguridad al ex Alcalde de New York, y actual asesor legal de Donald Trump, Rudy Giuiliani.
-Mientras que el Gobierno y su partido, desde hace unos meses, presionado por EEUU, cesó en sus vínculos oportunistas de cooperación con los gobiernos legítimos y soberanos del Continente, para militar en la contraofensiva imperialista, llegando incluso a reconocer la farsa de Guaidó como presidente de Venezuela.
-Igual en esa tesitura ha hecho nuevas concesiones a corporaciones eléctricas y mineras norteamericanas, cediendo a las exigencias gringas y “compensándole” así sus recientes vínculos con China Popular, objetados por Trump. Su oportunismo en política exterior ha cedido cada vez más a la fuerte presión imperial.
· MÁS ENTREGUISMO SE TRADUCE EN MÁS COLONIAJE.
En esa pendiente enjabonada de aceptación del endurecimiento del coloniaje estadounidense contra nuestro país, el Gobierno Dominicano decidió acompañar a Pompeo, al Presidente Duque, al payaso Guaidó y a representantes de Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Trinidad y Tobago y Uruguay, en la reunión de la III Conferencia Ministerial del Grupo de Lima realizada en Bogotá, expresamente destinada a sentar las bases de nuevas agresiones al proceso bolivariano de Venezuela, fresco aun el asesinato del general iraní Soleimani y sus compañeros en Irak.
En ese contexto, con un gobierno lacayo y una oposición de igual calaña, no ha sido difícil pasar a una fase de intervención más directa de la Junta Central Electoral y sus mecanismos automatizados, en procura de avanzar hacia un mayor control de esa desacreditada entidad estatal, para lo que al parecer no son suficientes las presiones desde fuera a cargo de las ONGs que el imperio financia.
Tal función ha sido asignada a la USAID y a la Fundación de Sistemas Electorales (IFES) de EEUU, financiamiento y operación incluidos.
Es conocido que la USAID es empleada, entre otras cosas, para tutelar o eliminar instituciones, entrenar policías en crímenes, favorecer opciones electorales de derecha, controlar sistemas de información y procedimientos digitales, influir en las redes sociales, abrir mercados y espacio de poder a empresas y asesores gringos, auspiciar políticas neoliberales y saqueos mineros, crear redes de ONGs bajo su control e infiltrar movimientos en lucha y protestas, para desactivarlas.
La USAID es una fachada para financiar las guerras de cuarta y quinta generación, edulcorada con ayudas humanitarias, defensa de la democracia, causas éticas-morales y lucha por la paz.
Y todo eso está en marcha en esta isla caribeña, en Dominicana y en la vecina, intervenida y convulsionada República de Haití, por lo que el combate liberador, poniendo en su centro la soberanía propia y la autodeterminación continental, es insoslayable.
Por José Cabral
Siempre he dicho y he reiterado, pero que no se trata de ningún descubrimiento, que el sistema está concebido para responder a los intereses de los partidos políticos.
Los diputados y senadores provienen de ese entorno, el presidente de la República y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en el que se escogen los jueces, explica el desempeño de cada uno de estos poderes públicos
La conformación del CNM implica que todo el sistema, incluido el de justicia, obedece a los intereses que se expresan en este órgano.
De manera, que, frente a la confrontación del derecho con la política, el primero siempre tiene todas las de ganar cualquier batalla, máxime cuando se trata de aquella que se desarrolla en el campo legal.
Todo este cuadro permite establecer que resulta prácticamente difícil, por no decir imposible, que el derecho pueda salir triunfante frente a la política.
Sin ninguna duda, que ahí descansa la gran debilidad del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país a partir de la entrada en vigencia de la Constitución del 2010.
Es hermoso en los textos el proceso de constitucionalización, pero el mismo resulta decepcionante en la práctica y cuando se choca con la realidad.
Nadie, absolutamente nadie, puede negar que una herramienta vital para cualquier democracia es una buena administración de justicia, pero en una nación donde la partidocracia es la dueña del sistema esto se vuelve prácticamente difícil, por no decir imposible.
El problema descansa en un Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyo órgano tiene la sagrada misión de escoger los jueces del sistema de justicia nacional, lo que quiere decir que cuando se presenta un conflicto entre el derecho y la política éstos se inclinen por emitir sentencias en favor de la partidocracia.
Los hechos hablan por sí solos y el que no lo crea que revise la mayoría de las decisiones que conllevan sentencias que impactan los intereses de los partidos para que se puedan valorar los resultados.
Sin no se cambia la conformación del CNM es muy difícil que el proceso de constitucionalización del derecho y que tiene como base el respeto de los derechos fundamentales pueda cristalizarse en una sociedad como la dominicana, donde la política está presente predominantemente en todos los escenarios.
De tal forma, que hablar de una buena administración de justicia al margen de los intereses de los partidos políticos, resulta una quimera y que sólo una persona muy ingenua lo puede creer.
Por Isaías Ramos
Ninguna democracia muere el día en que se rompe la Constitución. Muere mucho antes: cuando quienes juraron defenderla comienzan a tratarla como un obstáculo y la ciudadanía empieza a acostumbrarse a ese irrespeto.
La Constitución no fue escrita para adornar discursos ni para ser invocada cuando conviene al poder. Fue concebida para limitar a quienes gobiernan, proteger a los ciudadanos y garantizar que ningún funcionario, partido, mayoría congresual o presidente coloque su voluntad por encima de la soberanía popular.
Por eso preocupa el rumbo de diversas actuaciones del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo.
En los últimos años se han aprobado normas luego anuladas, corregidas o seriamente cuestionadas por su compatibilidad constitucional. La Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia motivó la intervención del Tribunal Constitucional por objeciones relacionadas con derechos fundamentales. La Ley de Facturación Electrónica también requirió su actuación para corregir una disposición que afectaba la privacidad.
Más recientemente, el nuevo Código Penal ha dejado de ser únicamente una inquietud jurídica para provocar un rechazo creciente en amplios sectores de la sociedad. Juristas, periodistas, profesionales, organizaciones sociales y ciudadanos hemos advertido que varias disposiciones, por su amplitud, ambigüedad o desproporción, podrían amenazar la libertad de expresión, la denuncia pública, el ejercicio profesional y la protesta pacífica.
Cuando una legislación penal provoca temor entre quienes informan, denuncian o protestan, el problema deja de ser técnico: amenaza la convivencia democrática.
Pero el caso institucionalmente más delicado es la respuesta legislativa posterior a la sentencia TC/0788/24.
Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes para todos los poderes públicos. Cuando una legislación posterior genera serios cuestionamientos sobre si respeta materialmente el criterio fijado por el máximo intérprete de la Constitución, no estamos ante un simple debate político. Está comprometida la supremacía constitucional, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana.
La preocupación no gira solo alrededor de una sentencia ni de las candidaturas independientes. El problema es más profundo: ¿puede el poder político redefinir, limitar o neutralizar derechos protegidos por la Constitución?
La Constitución dominicana no creó una democracia para beneficio de los partidos. Creó un Estado social y democrático de derecho, fundado en la dignidad humana, la soberanía popular, el pluralismo político, la separación de poderes y la protección efectiva de los derechos fundamentales.
El derecho a expresarse no es una concesión del Gobierno.
El derecho a protestar pacíficamente no es un favor del Congreso.
El derecho a elegir y ser elegido no pertenece a los partidos.
Son derechos constitucionales que ningún poder temporal puede apropiarse, reducir ni administrar según su conveniencia.
No sabemos si quienes gobiernan desconocen el espíritu de la Constitución o si, conociéndolo, han decidido apartarse de él. Lo evidente es que demasiadas decisiones han obligado al Tribunal Constitucional y a la sociedad a recordar principios que debieron orientar desde el inicio a los poderes públicos.
No afirmamos que la República Dominicana sea hoy una dictadura. Pero sería irresponsable esperar a que el autoritarismo esté consumado para denunciar las decisiones que pueden abrirle camino.
Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Se erosionan lentamente cuando se relativiza la supremacía constitucional, se reducen los espacios de participación, aumentan las facultades del poder sin controles suficientes y los derechos fundamentales dejan de orientar la legislación.
Está en juego la República que dejaremos a nuestros hijos: una nación donde la Constitución gobierne al poder o un país donde el poder acomode la Constitución a sus intereses.
Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo.
El pueblo dominicano ha demostrado paciencia, madurez y vocación democrática. Ha recurrido a los tribunales, promovido el debate público y utilizado los mecanismos institucionales reconocidos por la Constitución.
Pero la paz social no puede sostenerse indefinidamente si los reclamos constitucionales no encuentran respuesta. Cuando las instituciones dejan de escuchar, aumenta la presión social. Esa realidad no debe celebrarse ni provocarse; debe prevenirse mediante el diálogo, la rectificación y el respeto a la Constitución.
Este no es un llamado a la confrontación. Es un llamado a la rectificación.
El Congreso debe legislar dentro de los límites constitucionales. El Poder Ejecutivo debe ejercer sus facultades constitucionales con el mismo compromiso que juró al asumir el cargo. Y todos los poderes públicos deben recordar que las decisiones del Tribunal Constitucional no son recomendaciones: forman parte del orden que están obligados a respetar.
Cumplir la Constitución no debilita al Estado. Lo fortalece.
Respetar los derechos fundamentales no genera desorden. Construye paz.
Abrir la democracia no amenaza la República. La hace más legítima y fuerte.
Desde el Foro Cívico y Social lo afirmamos con claridad: la Constitución no pertenece al Congreso, al Poder Ejecutivo ni a los partidos políticos.
La Constitución pertenece al pueblo dominicano.
Defenderla por las vías pacíficas, democráticas y constitucionales no es un acto de oposición. Es el deber moral, cívico y patriótico de toda generación que aspire a entregar a sus hijos una República más libre, justa y fiel al Estado social y democrático de derecho.
Una nación puede sobrevivir a una mala ley y corregir una mala decisión. Lo que no puede permitirse es acostumbrarse a que el poder deje de obedecer la Constitución.
Por Oscar López Reyes
(A la 18:00 hora local del miércoles 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por dos terremotos: el primero en la escala 7.2 (duró un minuto) y 39 segundos después otro de magnitud 7.5 (se extendió por tres minutos), concentrados especialmente en la Guaira y Caracas, con un salto -hasta el 12 de julio de 2026- de más de 50 mil desaparecidos, según la ONU; cerca de 5 mil fallecidos, 20 mil heridos y 20 mil damnificados).
(I)
¡Oh, Venezuela!
Patria inmensa.
¡Caramba!,
Hermanos en Bolívar,
¡qué dolor soberbio!
que oprime las fibras de mi alma,
En tristeza de gritos que escapan
de escombros retorcidos
por furia de un suelo rebelde.
El telúrico conmueve en miradas
de arquitecturas sin piedras ni ventanas,
y melancolías de niños vagando en penumbras,
Sin padres ni estancias.
Y pone a temblar en rememoración de amor
su épica solidaridad y sacrificio de dignidad infinita
en épocas pretéritas, que configura
una vastedad de grandeza histórica
y el patriotismo compartido.
¡Oh, Venezuela, SOS!
(II)
Cuando no haya más lágrimas que derramar,
rebosantes las porcelanas de mortandad,
esa “Tierra de Venecia” y esa “Tierra de Gracia”
dejará de llorar y se levantará en cumbre de cerros,
contemplando
marchas fúnebres y entierros colectivos,
echando la vista a la resurrección de Cristo.
(III)
Heridos que sollozan en ruinas y hospitales,
sobrevivirán en sonidos de esperanza y el susurro
que late desde los vientos que soplan
de mares y montañas, para otro comienzo
de sonrisas en barcas de adversidad.
(IV)
Los fallecidos descansarán en púrpura palmera
y ecosistemas naturales con flores coloreadas
con toques de bellezas íntimas
que evocan la fragancia
en la eternidad de jardines
con pétalos de atardeceres versátiles.
(V)
Y los muchos desaparecidos fertilizarán
los predios erosionados,
para floración de hojas, frutos y plantas aromáticas,
que germinarán emergentes criaturas en vientres
de primaveras de Luna menguante
y otoños de Luna creciente.
(VI)
En su inocencia, niños huérfanos seguirán jugando
en noches tranquilas, abrazados de madres sustitutas
y nutrientes saludables,
que brotarán renovadas energías
en llanuras, bosques y lagos estrellados,
acariciados por paisajes de jazmines
y saltos que gimen en la nostalgia de edificios desplomados.
(VII)
Sumergidos en cenizas de techos agrietados
por terrestres sacudidas bruscas,
pequeños, adultos y veteranos
alzarán vuelos con recuperados bríos,
como aquel ave mítica y pájaro de fuego.
Tendrán casas alfombradas con claveles
y rosadas cestas colgantes,
en calles sin pedruscos y con Sol,
parques con glorietas y toboganes,
escuelas y parroquias para el cambio.
(y VIII)
En brisas de trompetas, hembras y varones
abatidos en estado emocional resurgirán
de pedazos de paredes rotas,
para reconstruir territorios asolados,
en el renacer de paz y progreso,
y entonces entonar, a viva voz: ¡felicidad, felicidad!
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.