Nacionales
Reclamos, cuestionamientos y solicitudes de partidos arropan a la JCE.
La Junta Central Electoral es arropada por los partidos a 18 días de las elecciones municipales con reclamos, cuestionamientos y solicitudes que podrían alterar el cronograma electoral.
Los mayores cuestionamientos están dirigidos al uso del sistema del voto automatizado que fue auditado por la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), pero que no llenó del todo a los partidos Reformistas Social Cristiano (PRSC) y Fuerza del Pueblo (FP). Ambas organizaciones acusan a la JCE de manipular las recomendaciones y decidieron aguardar por el informe final del IFES que se dará a conocer a principios de febrero.
Fuerza del Pueblo además solicitó sea declarada inadmisible la candidatura presidencial del candidato peledeísta Gonzalo Castillo, por violar la Ley 15-19 al iniciar a destiempo la campaña presidencial.
También demandó de la JCE una explicación de un alegado exceso en la impresión de boletas del que exige sea quemada la sobreproducción.
A ello se suma, la petición que elevó el pasado lunes el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para la exclusión de 176 candidaturas municipales de personas que entiende que son “tránsfugas”, según lo estipula la Ley de Partidos y la Ley del Régimen Electoral.
El requerimiento se hace en momentos en que se lleva a cabo la impresión de los 3.2 millones de boletas físicas y en el que se ultiman detalles de validación para las automatizadas.
Otro escollo para la JCE ha sido la judicialización de los rechazos de candidaturas que dieron paso a procesos en el Tribunal Superior Electoral (TSE), así como la acción ante el Tribunal Superior Administrativo por el orden de los partidos en las boletas. Dichas acciones retrasaron el inicio de la impresión de las boletas.
En la ruta hacia el 16 de febrero, la JCE trabaja en coordinación con las juntas electorales en el montaje del evento donde serán escogidos 4,113 cargos electivos.
Se informó que la impresión de las boletas electorales estaría listo este martes 28. Una vez concluya la impresión se procederá a la fase de empaque de los materiales electorales, en cuyos trabajos se ha ido avanzando.
Se tiene previsto que el reparto de los kit o valijas electorales comience a realizarse el 11 de febrero y el día 8 se estarían emitiendo las credenciales del personal a trabajar en las mesas.
Para el primero de febrero las juntas electorales deberán agotar el reclutamiento del personal a trabajar en los 16,032 colegios electorales que funcionarán en todo el país.
Para este viernes 31 de enero, la firma española Alhambra Eidos tiene contemplado dar su informe final sobre la auditoría forense que han realizado a los equipos del voto automatizado utilizado en las primarias de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM).
En su informe preliminar, los peritos españoles determinaron que el software instalado a todos los equipos era el mismo que el matriz.
Se han comprometido a revelar los hallazgos del experticio sin importar los resultados. La auditoría se realiza a un costo de US$566,037.73.
Nacionales
Detienen a dos cabecillas del narcotráfico en RD socios de Juan Carlos López Macias “El Sobrino»
Santo Domingo, R.D.-A tres días de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, definiera a República Dominicana como unos de los grandes lugares de tránsito o producción de drogas ilícitas, este miércoles fue desplegado en el país la Operación Búfalo NK, donde fueron capturados dos presuntos cabecillas del narcotráfico.
Durante la Operación Búfalo NK, desplegada por aire, mar y tierra, en las provincias de Santo Domingo, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez y La Romana Samaná, las autoridades capturaron a los integrantes de una poderosa red de narcotráfico internacional, sicariato, cobro compulsivo y lavado de activos, a quienes se le incautó aproximadamente dos toneladas de cocaína en los últimos años.
En el mismo fueron apresados los presuntos cabecilla identificado como Rafael Ynoa Santana (El Cojo, Pocho, El Don) y a uno de sus socios, Isidoro Rotestan Clase (El Men), a quienes se le conocerá medida de coerción en las próximas horas.
En la operación también hay más de 10 arrestados con sus órdenes para ser presentado a solicitud de medida de coerción dentro del plazo de las 48 horas. Todavía las operaciones se encuentran activas, los equipos procesan las evidencias y los bienes ocupados.
De acuerdo con el vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Carlos Devers, la red habría movilizados otros grandes cargamentos de drogas desde Suramérica (República de Colombia y República Bolivariana de Venezuela) hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa vía República Dominicana, a través de lanchas rápidas y barcos pesqueros.
Sostuvo que más 400 efectivos, unidades marítimas, aéreas y terrestres, coordinados por 47 fiscales ejecutaron 37 órdenes de allanamientos, de manera simultánea, para capturar a los integrantes de la poderosa red de narcotráfico internacional.
Explicó que una vez las sustancias ingresaban al territorio dominicano y al suelo puertorriqueño, se realizaban las logísticas para enviarlas hacia Estados Unidos y Europa, en donde, en ocasiones, se triplicaba el valor de estas, generando ganancias ilícitas exorbitantes para los miembros de la estructura.
Indicó que en el operativo participaron el ministerio público con el apoyo del Ministerio de Defensa (a través de sus tres fuerzas, Armada, Ejército y Fuerza Aérea), Organismos de Inteligencia del Estado, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Comando Sur de Estados Unidos de Norteamérica.
Señaló que desde hace varios meses se inició un proceso investigativo en torno a esta red criminal y que en el trascurso de la investigación, se comprobó que Ynoa Santana tenía nexos con el colombiano Juan Carlos López Macias “El Sobrino”, quien era cabecilla de una organización de narcotráfico internacional, vinculado a organizaciones criminales colombianos y mexicanos.
Agregó que alias el Sobrino fue apresado el 27 de junio de 2022, durante la realización de la Operación “Troya”, en acción simultánea en varias ciudades de Colombia, la cual configuró un importante resultado operacional que aporta al fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana en la región.
«Tras un amplio proceso de cooperación en materia jurídica internacional, esta es la primera vez que en un proceso de colaboración se utilizan pruebas comunes aportadas por otro país, en este caso la República de Colombia a requerimiento de la República Dominicana, para fortalecer la investigación y la judicialización de una organización internacional de narcotráfico en la República Dominicana», señaló Devers.
Nacionales
Implicados en asalto al Popular quería cambiar contrato de alquiler de vehículo porque “los muertos no hablan”
Santo Domingo, R.D.-La acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Nacional en contra de Jorge Luis Estrella Arias, Eddy Enmanuel Segura Arias y Alberto Ezequiel Estrella Arias, establece que las cinco personas involucradas en este hecho jugaron un rol importante para cometer el crimen.
Durante los diferentes allanamientos la Policía Nacional ultimó a Richard Michel Estrella Arias y Johan Eduardo Belliard Aybar, alias «Beberra».
La aseveración del órgano acusador en que “cada participante jugó un rol” importante en el atraco, es para destacar el papel que desempeñó Alberto Ezequiel Estrella Arias, quien a pesar de no participar directamente en el asalto al banco fue la persona que alquiló el vehículo donde se cometió el crimen.
Varios días después y al tener pruebas que lo vinculaban con el caso, las autoridades procedieron a su detención. Contra él se dictó una garantía económica de RD$500,000, como medida de coerción.
Este joven fue el responsable de contactar a Manuel Antonio Matos, dueño del dealer donde se alquiló el vehículo, tipo jeep, marca Kía, Modelo Sorento negra. El alquiler del mismo se realizó el 31 de mayo 2024, bajo el alegato de que era para otra para uno de sus clientes y lo necesitaba por cinco días.
Este joven hermano de dos de los implicados y primo de otro, fue un día antes del asalto al cajero del Banco Popular a realizar una transacción de RD$ 10,100 para pagar por el alquiler del vehículo.
Luego que las autoridades apresaran a los implicados en la sustracción del dinero, de acuerdo a la acusación, Alberto Ezequiel Estrella Arias, se puso en contacto con el dueño del vehículo para pedirle que pusieran a su hermano ultimado por las autoridades como la persona que alquiló la jeepeta.
“El acusado le dice que le consiga el formulario (Contrato de Renta de Vehículo) para poner a su hermano como la persona que alquiló, añadiendo: Los muertos no hablan, a lo que Manuel Antonio Matos Reyes le indicó que no podía hacer eso”, las autoridades indican que tienen estas pruebas debido a que el duelo del automóvil entregó su celular con las conversaciones.
¿Qué pasó con el dinero?
Hasta el momento las autoridades no han podido recuperar la suma de RD$ 1,520,745.16; US$ 2,718.00 y 50 euros sustraídos en el asalto realizado el pasado 3 de junio en la entidad bancaria ubicada en la avenida Gregorio Luperón esquina Olof Palmer, sector Las Praderas, del Distrito Nacional.
De acuerdo a la acusación Johan Eduardo Belliard Aybar, ultimado en su residencia cuatro días después del asalto, fue la persona que “portaba una mochila que contenía en su interior el dinero sustraído al banco”.
Con la acusación, la fiscalía del Distrito Nacional está solicitando la apertura a juicio contra los tres implicados de este caso.
Santo Domingo.-Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), informó que la justicia dominicana está inmersa en un proceso de transformación profundo en busca de la protección del Estado de Derecho y “garantizar una justicia al día, que respete y promueva la dignidad de las personas”.
Al dictar la conferencia “Justicia al día y dignidad de las personas: un compromiso Compartido”, organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), en el contexto de la Cátedra “Dr. Manuel Bergés Chupani”, destacó que la independencia de las y los jueces significa que estos deben actuar bajo las normas del Derecho y no bajo presiones externas.
Precisó el magistrado Molina que, en el ordenamiento jurídico de República Dominicana, las juezas y jueces están obligados a seguir un orden jerárquico de normas, donde la Constitución y las leyes tienen prioridad absoluta sobre otras disposiciones de menor rango, lo que garantiza que sus decisiones se basen únicamente en lo que dicta el Derecho.
“Una Justicia eficiente es esencial para el desarrollo institucional y para asegurar que los derechos de las personas sean protegidos, es un pilar clave para atraer inversiones, mejorar la competitividad de nuestro país y fomentar el desarrollo humano en todas sus dimensiones, es decir, para el funcionamiento de la República”, aseguró Henry Molina, quien también preside el Consejo del Poder Judicial. Asimismo, manifestó que, en el camino de alcanzar una justicia al día, mantener la independencia judicial y la confianza en la justicia dominicana han enfrentado grandes desafíos, pero también se han logrado avances significativos.
“Un claro ejemplo es el aumento de la confianza pública en nuestro sistema de justicia, reflejado en nuestro ascenso en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, el país ha subido año tras año, aumentando ocho posiciones en el ranking global; mientras gran parte de los países de la región descienden”, aseguró el magistrado Molina.
Manifestó que la justicia debe ser eficiente y transparente para mantener su legitimidad, por lo que desde el Poder Judicial se esfuerzan en crear una justicia cercana, eficiente y en diálogo con la ciudadanía, pues solo así puede cumplir con su misión esencial de poner en el centro la dignidad humana y proteger los derechos.
En la actividad estuvo presente el juez de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco y decano de la facultad de ciencias jurídicas y políticas de la referida universidad. También participaron jueces, juristas, funcionarios (as) del Poder Judicial y estudiantes de la citada casa de altos estudios.