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La JCE no debe difundir resultados sin conteo manual, según el PRSC.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Junta Central Electoral fue emplazada a que no difunda resultados electorales de las elecciones municipales hasta tanto no se haga el escrutinio manuel y se establezca la igualdad de dichos resultados.
La solicitud la hizo el opositor Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en un texto formal a la Junta Central Electoral (JCE) que no difunda resultados electorales de las elecciones municipales “hasta tanto no se haga el escrutinio manual y se establezca la igualdad de dichos resultados”.
En una comunicación dirigida al pleno de la institución rectora del voto de los dominicanos y suscrita por el delegado político del PRSC, Tácito Perdomo, se expresa que si se presentara alguna disparidad en los resultados “será conocida en la Junta Electoral correspondiente, y en cualquier caso prevalecerá el resultado manual”.
La petición fue depositada en la Secretaría General de la JCE este 29 de enero y en ella el PRSC exige que sobre este tema «se mantenga lo ya aprobado en la resolución número 1-2020?.
Modificar lo ya decidido “nos aboca a calamidades semejantes a las (de las elecciones primarias) de octubre pasado», advierte el partido aliado del expresidente Leonel Fernández, quien denunció un fraude en su contra en esos comicios celebrados hace cuatro meses.
Remarca que, en caso de que se presentaren situaciones imprevistas en algún municipio, la JCE y los partidos políticos, reunidos en la sede central, discutirán sobre la posibilidad de (demorar) el inicio de las divulgaciones de los resultados” hasta cotejarlos.
“Por instrucciones del ingeniero Federico Antún Batlle (Quique), presidente del PRSC, tenemos a bien exponer nuestras observaciones al proyecto de resolución señalado en el asunto (sobre transmisión y divulgación de los resultados electorales) y que nos remitiera la JCE con esos fines”, indica la comunicación dirigida al presidente de la JCE, doctor Julio César Castaños Guzmán, y a todos los demás integrantes del pleno.
El PRSC también llama la atención sobre que, en el caso del “voto automatizado”, el proyecto de resolución no señala “cómo se efectuará el voto de los delegados de los partidos y el de los funcionarios de los colegios electorales, a pesar de que el PRSC ha solicitado esa explicación», la cual «reiteramos en este momento”.
“Nuestra solicitud parte del conocimiento de que el padrón automatizado solo abre con la huella dactilar de los electores que están registrados en el colegio específico y necesariamente los delegados y funcionarios no están inscriptos en el colegio que desempeñan sus funciones”, advierte.
Sobre el uso de los celulares para transmisión de datos, “el PRSC solicita una discusión a fondo del tema para conocer todas interioridades y contingencias para actuar en consecuencia”, expone.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.