Análisis Noticiosos
Incertidumbre electoral: toda la oposición se une para enfrentar al PLD y su gobierno
Por Juan Bolívar Díaz
Es relevante y demostrativo de incertidumbres que la campaña electoral para las elecciones municipales de mañana concluyera el jueves con un compromiso público de los 13 partidos de oposición de defender “con todas nuestras energías” la limpieza y equidad democrática ante el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y su gobierno.
Mientras en la sociedad civil se incrementaron los reclamos por un proceso electoral justo, transparente y libre de manipulaciones y de compras y ventas de votos, que arroje legitimidad en las autoridades municipales a ser electas y fortalezca la institucionalidad democrática para la cita mayor de las elecciones presidenciales y congresuales de mayo.
Expresiva unidad de acción
La sorpresa al final de la campaña municipal fue el acuerdo de los 13 partidos de oposición “para garantizar el respeto a la expresión espontánea, libre, de la voluntad popular a través del sufragio; defender los derechos de los candidatos de la oposición, así como los votos que depositen los ciudadanos a su favor.” También para “combatir de manera enérgica y unificada cualquier acción arbitraria, ilegal y fraudulenta que se intente poner en marcha a favor de candidatos oficialistas y en complicidad con autoridades del gobierno”.
La oposición atribuye a los gobernantes “inaceptable ambición y falta de escrúpulos para intentar nuevamente todo tipo de maniobras fraudulentas” y plantea denunciar “con energía redoblada el uso y abuso de los recursos del Estado y toda acción que tienda a distorsionar la voluntad popular que se expresará en estos comicios y en los de mayo próximo”.
Las incertidumbres generaron una unidad de acción sin precedente en la política dominicana, de13 partidos, desde la derecha a la izquierda, de dos bloques electorales de oposición, los encabezados por el Partido Revolucionario Moderno, que postula a Luis Abinader a la presidencia, y por la Fuerza del Pueblo que lleva a Leonel Fernández. Es significativo que la convocatoria fue del Partido Alianza País, con Guillermo Moreno de candidato presidencial, y su dirigente Minou Tavárez Mirabal fue vocera.
Plantean “defender con energía unas elecciones libres, limpitas y competitivas”, tanto en los comicios municipales de mañana, como en los presidenciales y congresuales de mayo, con un protocolo de coordinación, e intercambio de informaciones entre sus centros de cómputos, difusión nacional e internacional, combate a las acciones delictivas como compras de votos, y operaciones jurídicas, antes, durante y después de los comicios.
Fuentes de incertidumbres
Son múltiples las fuentes de confrontación e incertidumbres políticas, resaltando la irrupción del gobierno en la campaña electoral, con la distribución multimillonaria de electrodomésticos, alimentos y materiales de construcción que han provocado escándalo, al igual que las amenazas proferidas por dirigentes y funcionarios a empleados públicos que no hagan campaña por los candidatos oficialistas; Así mismo cancelación de funcionarios, servidores diplomáticos y consulares vinculados a la oposición, y empleo temporero de miles de activistas en los ministerios de Educación, Obras Públicas y la OISOE.
Ya el experto fiscal José Rijo mostró un disparo del gasto gubernamental en renglones de utilización y reparto en campañas electorales anteriores, En enero pasado, en relación al mismo mes del 2019, el gasto en combustibles y lubricantes creció 209%, en pasaje y transporte 537%, en artículos de vestir 402%. En servicios de alimentación el gasto promedio de los últimos 6 años era en enero de 361 millones de pesos, pero subió ahora a 1,752 millones; en equipos de tecnología se pasó de 120 millones promedio en el mismo mes, a 1,046 millones, casi 9 veces. En equipos de oficinas el gasto se multiplicó 48 veces, de 16 millones en enero 2019, a 766 millones el mes pasado. En edificaciones públicas se invirtió en enero último 21 veces más que en el mismo mes del año pasado. Y en el primer mes se gastó el 74% del asfalto presupuestado para todo el 2020.
Alarmaron a la oposición dos discursos públicos del presidente Danilo Medina, el 22 de octubre, tras la división de su partido, asegurando que “yo voy a ganar las elecciones”, y el 2 de febrero cuando dio instrucciones al PLD para que ponga en vigor su estructura o plataforma para que mañana salgan a buscar a quienes no hayan votado, atendiendo a informes que les llegarán cada dos o tres horas. Poco antes había prometido en público a todos los candidatos del PLD, sobre 4 mil, que les llegaría dinero para sus campañas.
Advertido declive del PLD
Hasta en su inmensa red de propagandistas se reconoce que el PLD está en declive, pero no tienen ningún rubor en afirmar públicamente que su maquinaria, ricamente aceitada con los recursos del Estado, se impondrá al final. Ese declive quedó documentado en “el Tema de HOY” del 1 de febrero, en base a tres encuestas independientes realizadas en enero, incluyendo a las dos más acreditadas la Gallup.HOY y la de Mark Penn,
La división y el surgimiento del nuevo partido de Leonel Fernández han dejado al PLD y su candidato presidencial bastante atrás del postulado por el PRM en preferencias electorales. En cuadro anexo se muestran los resultados de las elecciones municipales en las que el PLD, como partido sólo obtuvo 35.78% del voto válido, y con pasó del 52% por el aporte del 17.29% de sus aliados, logrando 107 alcaldías, dos tercios de las 158. Pero ahora las alianzas están limitadas al 20% de las candidaturas.
Todos los cálculos en las actuales perspectivas apuntan a una pérdida sensible para el PLD, aunque pudiera sacar más alcaldes que el PRM, por el peso de las prebendas, la propaganda, y el dinero de las mismas alcaldías y del gobierno central en los pequeños y medianos municipios. Una docena de alcaldías se decidieron en 2016 por menos de 300 votos. Pero al PLD le iría mal en los grandes centros urbanos, incluyendo la urbe DN-provincia S. Domingo, donde las encuestas dan mayor ventaja a los perremeístas y Leonel ganó casi con el 60% en las primarias peledeistas.
Entre los partidos que ahora respaldan a Leonel, el BIS y el PTD aportaron 2.67% aliados al PLD en el 2016, y el PRD un 7.84%, muy por debajo de lo que ahora registra en las encuestas, pero aquella vez llevó candidaturas comunes con el oficialista en casi todo el país, lo que le permitió contar con 29 de las 107 alcaldías atribuidas al peledeísmo, más una en su boleta. Las múltiples alianzas municipales locales cruzadas entre partidos, incluso de los bloques contrapuestos, y sobre todo lo que le saca el nuevo partido de Fernández, hacen más difícil las perspectivas del PLD.
Buena perspectiva del PRM
Las perspectivas del PRM parecen favorables en los grandes centros urbanos, donde la presión gubernamental surte menos efectos y predomina la influyente clase media, aparentemente tirada a la calle fatigada del prolongado control absoluto peledeísta. En 2016 el entonces incipiente partido, fruto de la visión del PRD, sólo obtuvo el 24.48% del voto municipal y 30 alcaldías. Cuatro aliados le agregaron 16.24%, incluyendo un alto 12.17% del PRSC, que se nutrió del voto del PRM en el DN, con el apoyo a la candidatura de David Collado, porque éste partido no pudo llevar candidato propio en la capital, debido a que el controlado Tribunal Superior Electoral le atribuyó su candidatura a la alcaldía a Fello Suberví, sin que fuera electo en una asamblea distrital. Ni el mismo Suberví se lo creyó, porque nunca la asumió.
Ahora el PRM con una estructura en todo el territorio nacional y recogiendo cuadros y militantes de su fuente original perredeísta, encabeza las preferencias electorales en las encuestas, y su candidato Luis Abinader aparece con alta ventaja para los comicios de mayo, y hasta con 60% en la eventual segunda vuelta. En tal perspectiva, lucen altas las posibilidades hasta de lograr más del doble de las 30 alcaldías del 2016 y obtener mayor número de votos en la totalidad de los municipios, lo que le permitiría quedar mejor posicionado para las elecciones de mayo. Si bien influyen los candidatos locales, también las preferencias presidenciales en el territorio.
Mucho más reducido en las encuestas, del 1 al 3%, el PRSC esta vez lleva candidaturas propias en la mayoría de los municipios, y alianza con el PRM y otros en el limitado 20%. Los tres polos que concentran las preferencias, dejarán más mal parados a los viejos PRSC y PRD, con dificultades para alcanzar el 5% que privilegia el subsidio estatal.
Imposibles los vaticinios
La falta de encuestas independientes por munisipios y los conflictos en que concluye la campaña electoral, con un arbitraje débil ante el hiper presidencialismo, impiden formular vaticinios sobre el resultado final de los comicios de mañana. Dependerá en parte de cómo influya la campaña nacional desarrollada por la JCE y la sociedad civil contra la compra de votos y la manipulación e irrupción del gobierno. Los recursos públicos y la presión sobre los empleados del Estado y el millón 200 mil posesionarios de tarjetas de subsidios públicos siempre genera algún beneficio al partido gobernante.
Pero ha sido extraordinaria la lucha de la sociedad civil porque estas elecciones y las de mayo sean libres, con equidad y transparencia. Han incluido una dura pastoral de los obispos católicos, la conformación de la Coalición por un gobierno de Regeneración Nacional, impulsada por grupos sociales y ciudadanos destacados, y en las últimas semanas el Manifiesto Ciudadano por unas Elecciones Transparentes, que ha reunido decenas de organizaciones sociales, obispos católicos y episcopal, los rectores de las dos mayores universidades católicas, el Observatorio de Políticas Sociales de la UASD y destacados empresarios. Este movimiento ha abogado firmemente por el respeto a las normas constitucionales y legales, llevando sus reclamos ante la JCE, el Tribunal Electoral y la Procuraduría General de la República.
El nivel de participación también podría influir en los resultados. Cuando las municipales y las congresuales fueron separadas de las presidenciales, cuatro veces del 1998 al 2010, el promedio de votación fue 50%.-
Análisis Noticiosos
Necesidad de nuevo objetivo de financiamiento climático para América Latina y el Caribe
Los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por la exportación de combustibles fósiles que por enfrentar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad
Por años el cambio climático ha representado una grave amenaza para América Latina y el Caribe. Sin embargo, los retos para atenderlo se han ido acrecentando con el tiempo. Pese a los intentos de varios países para hacerle frente, persisten desafíos para desacoplar sus economías de actividades contaminantes. Así, mientras algunos países profundizan su dependencia a los combustibles fósiles, otros sufren las consecuencias de los impactos negativos de la crisis climática.
De acuerdo con el Índice de Finanzas Sostenibles 2024 (IFS) del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, existe una gran brecha entre los ingresos generados por actividades intensivas en carbono y aquellos destinados a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. En conjunto, los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por actividades relacionadas con la exportación de combustibles fósiles que por temas asociados a la conservación de la naturaleza. Además, destinan 12 veces más recursos a proyectos para la producción de combustibles fósiles que a iniciativas que a las segundas dos iniciativas.
Este desequilibrio refleja la histórica dependencia de la región en sectores como la minería, el petróleo, el carbón y el gas, aunque también representa una oportunidad para reorientar los flujos financieros. Hay que reconocer que la transición a economías bajas en carbono no solo es una cuestión de mitigación del cambio climático, sino también de adaptación, de protección de la naturaleza y de competitividad económica a largo plazo.
A nivel nacional los países de América Latina y el Caribe deben acelerar su transición hacia finanzas más sostenibles. La dependencia económica de las actividades en carbono no solo ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos climáticos internacionales, sino que también exponen a la región a los devastadores impactos del cambio climático, como los desastres naturales y las migraciones forzadas.
El IFS 2024 subraya la urgencia de un cambio radical en la asignación de recursos. Actualmente, la mayoría de los países de la región destinan menos del 1% de sus presupuestos a proyectos que ayudarán a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. El Salvador es una de las pocas excepciones, destinando más del 3% de su presupuesto a iniciativas climáticas y sostenibles, pero muchos otros países permanecen rezagados, lo que limita su capacidad para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático.
La tarea no es sólo de los países de la región. Es muy importante que a nivel internacional se tengan compromisos de financiamiento, como la creación de un nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento climático que ayude a los países a financiar acciones urgentes. Este, se ha repetido, no solo debe estar enfocado en la adaptación, sino darse mediante financiamiento público en forma de donaciones para evitar el aumento de los niveles de deuda de los países. Se trata de un nuevo objetivo que se aprobará en la COP29 que se desarrollará en Bakú y que será crítico para incentivar a los países de la región a avanzar hacia finanzas más sostenibles.
La nueva meta de financiamiento climático debe tomar en cuenta estas necesidades y prioridades de los países de la región, como del resto de los países en desarrollo. No debe ser solo un número, aunque sí debe considerar que las necesidades están valuadas en millones de millones de dólares, y ya no solo en miles de millones de dólares. Pero, además, se deben tomar en cuenta aspectos de carácter cualitativo, como mejorar el acceso a dicho financiamiento.
Si bien no hay ningún país que haya logrado armonizar sus finanzas para hacerlas completamente sostenibles, lo cierto es que hay países que han tenido que incrementar sus inversiones públicas en la atención de las pérdidas y los daños causados por el cambio climático, como ha sucedido en países de Centroamérica. Dos ejemplos son el ya citado caso de El Salvador, y el de Guatemala, que presenta una puntuación de 2,6 de 4 puntos en la clasificación de finanzas sostenibles. Esto se debe a que Guatemala ha asignado 35 veces más recursos a actividades que permitirán combatir el cambio climático que a actividades intensivas en carbono; y a que es un país que no depende de la industria fósil para alimentar su economía. No obstante, también presenta retos de acceso a financiamiento climático internacional.
Otros países como Honduras, Jamaica y Panamá también han logrado progresos en cuanto a su asignación de presupuesto público en materia de cambio climático. Esto no quiere decir que no enfrentan retos de acceso a financiamiento internacional, lo que también limita su capacidad de implementación de sus compromisos climáticos adquiridos a nivel internacional.
Brasil y México, las economías más grandes de la región, se encuentran en una posición crítica dentro del contexto de las finanzas sostenibles. Según el IFS 2024, ambos países han obtenido medias y bajas puntuaciones: Brasil, con 2,1 puntos, y México con 1,3 puntos. Estos resultados reflejan una disparidad entre sus ingresos y egresos por actividades intensivas en carbono y el financiamiento asociado a la atención del cambio climático.
En 2023, Brasil generó 33 veces más ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono que por fuentes de financiamiento climático internacional, y destinó 1,5 veces más presupuesto a actividades contaminantes que a iniciativas sostenibles. México, por su parte, se enfrenta a una situación más compleja: generó 57 veces más ingresos por actividades intensivas en carbono, mientras que destinó 28 veces más recursos a sectores contaminantes que para atender el cambio climático.
A pesar de estos desafíos, tanto Brasil como México tienen la oportunidad de liderar un cambio crucial en la región. Debido a su peso económico y su influencia política, ambos países podrían movilizar capital de manera significativa hacia proyectos sostenibles, creando un efecto multiplicador que inspire a otras naciones de la región a seguir el mismo camino. Para lograrlo, es fundamental que alineen sus políticas fiscales con los compromisos climáticos internacionales. Esto implica incentivar el desarrollo de energías renovables y mejorar la eficiencia energética, al tiempo que desincentivan las actividades que perpetúan la emisión de contaminantes.
Los países de la región tienen una oportunidad única de liderar la transición global hacia la sostenibilidad, lo que implicará transformaciones nacionales y apoyo internacional. Por ello, el nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento es crítico para apoyar el aumento de la ambición de acciones climáticas, tanto de mitigación como de adaptación. Para la región es urgente que se apruebe este nuevo objetivo en la COP 29 y seguir impulsando las transformaciones necesarias a nivel nacional. No hay tiempo que perder. Sin meta no hay planeta.
elpais.com
Un estudio revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones -2.500 millones de dólares- respaldan al sector de la soja, del azúcar y el ganadero a través de préstamos a bajo interés
Bogotá.-Cuando habla de deforestación en Bolivia, Matthew Hansen, científico y docente especializado en el mapeo del cambio de cobertura terrestre, define al país como “el lejano oeste” y los datos lo corroboran. Desde 2001 hasta 2022, Bolivia perdió 3,73 millones de hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa 51% de su pérdida total de cobertura arbórea. A pesar de que es uno de los países con mayor superficie de bosques primarios, también es el tercero de la región que más rápido la está perdiendo. Desde la pandemia, cada año ha ido rompiendo el lamentable récord del desmantelamiento. Y sólo en 2023, el país había perdido un 27% más de bosque que en 2022. La creciente presencia ganadera, los monocultivos y las políticas del Gobierno parecen subrayar lo que para muchos es ya una realidad: la deforestación vino para quedarse. Con todas estas cifras en mente, Stasiek Czaplicki Cabezas, periodista de datos y economista ambiental, se hizo una pregunta: ¿Quién financia esta devastación ambiental? Tres años de investigación después revelaron una parte de la respuesta: los ahorros de los bolivianos.
“Si América Latina fuera un salón de clase, los peores alumnos serían Bolivia y Brasil, la diferencia es que Brasil sí tiene políticas públicas. En Bolivia, el Gobierno está aprobando medidas que apoyan el sector agropecuario”, explica Czaplicki, el autor del estudio Las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación, realizado en colaboración con Alianza por la Solidaridad / Actionaid Bolivia y publicado a finales de agosto. Este informe revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones bolivianos, una suma de 2.569 millones de dólares, están financiando los sectores de la soja, el azúcar y la ganadería, los principales responsables de la deforestación en el país. Este monto equivale a casi el triple de la inversión realizada en 2024 a las universidades públicas del país.
Esta cifra, según cuenta el autor, es el resultado de una compleja red de inversiones directas e indirectas a través de la banca y fondos de inversión cerrados (FICs) que terminan financiando los principales sectores que generan la destrucción ecosistémica. “Estos préstamos que les dan no consideran el destino de esos fondos y sus implicaciones socio-ecológicas”, lamenta por teléfono.
Hace años que a Czaplicki le llamaban la atención las supuestas crisis del sector de la soja, así que decidió hacerle seguimiento a esas cuentas. “Hice lo que se conoce como ‘follow de money’ (seguir el dinero). Empecé a encontrar cosas sospechosas, pagos de impuestos muy bajos, utilidades casi inexistentes… ¿Entonces dónde está el negocio?”, se preguntó. “Me di cuenta de que hay dos mecanismos para hacer dinero en el agronegocio. El primero es la especulación comercial de la tierra en la que desmontas el terreno y lo revendes, pero no es tan común. Y la segunda, la especulación financiera. Tener tierras activas para conseguir préstamos. De ahí sale la principal ganancia del agro en Bolivia”.
En la última década, la participación de estos préstamos en la cartera bancaria nacional ha escalado del 11,7% al 18,2%, en un contexto donde el volumen total de créditos se ha cuadruplicado. Paralelamente, los fondos de pensiones han experimentado un crecimiento similar, con la obligación de invertir mayoritariamente en el sector formal boliviano, que representa apenas el 18% de la economía del país. “En otras palabras, a medida que los créditos bancarios e inversiones de los fondos de pensiones aumentaron, también creció la proporción y el volumen destinado al agronegocio”, dice.
Hay tres cosas que le preocupan seriamente al respecto. “Por un lado, lo ético. Ya que los fondos de pensión, siendo ahorros para el futuro, están siendo usados para destrozar los ecosistemas del futuro. Después, está el ámbito económico porque promueven la inequidad. Y por último, es que los fondos de pensiones sirven para alimentar la banca y el sector. Lo peor es que la gente ni lo imagina”, reconoce. De acuerdo con encuestas de WWF que coordinó el autor del estudio, entre el 45 y 55% de la poblacion entre los 18 y los 45 años de La Paz y Santa Cruz no concibe que la ganadería pueda generar deforestación.
Para Czaplicki, economista ambiental, otro de los puntos clave de la investigación es la concentración del capital. En el sector soyero, por ejemplo, sólo ocho empresas reciben el 63% de los créditos bancarios, mayoritariamente en pesos bolivianos y a tasas de interés anual máximas de 6% y, en general, mucho menores. “Esta concentración genera un endeudamiento cuestionable e incrementa el riesgo del sistema bancario y de nuestras pensiones”, critica.
Pese a estas facilidades de financiación, estos sectores son intervenidos y apoyados a menudo, según el estudio. El ejemplo más reciente fue la creación de un fondo público de unos 300 millones de dólares de apoyo a los productores de soja y palma a un 0,5% de interés anual. “Estas condiciones en comparación con las de los préstamos sociales son muy diferentes. Para la vivienda social, el interés anual está entre el 5,5 y el 6,5%”.
La deforestación no la generan (sólo) los incendios
El experto lamenta que siga existiendo una fuerte estigmatización alrededor de las comunidades indígenas y campesinas vinculada a la deforestación. Estas comunidades suelen usar quemas controladas para sus cosechas. Si bien algunas de ellas se han descontrolado y han causado daños en los ecosistemas, al ser estos muy visibles, la percepción boliviana es que son los principales responsables del desmantelamiento. Sin embargo, el 88% de la conversión de bosques es producto de una deforestación planificada y ejecutada, en gran medida, con maquinaria pesada, sin incendios.
Es por ello que el economista cree que hay que informar más y mejor a la población. “Como sociedad tenemos que exigir una mayor transparencia y empujar la desinversión de actividades de sectores extractivos de las pensiones”, dice. “El problema es que no hay muchos otros sectores donde invertir, tenemos que replantear el presente y el futuro. Estamos hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones venideras”.
elpais.com
Las autoridades mexicanas reconocen que han ratificado esta herramienta de financiamiento en un entorno de incertidumbre e inestabilidad de los mercados financieros
México .-El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ratificado su línea de crédito flexible a México por 35.000 millones de dólares. El financiamiento, a dos años, fue otorgado al país en 2023 y, ahora, es su evaluación a medio término, el organismo multilateral ha resaltado que el país mantiene los requisitos necesarios para acceder, en caso de que lo requiera a este fondeo. Las autoridades mexicanas han explicado que ante un entorno de riesgos externos y volatilidad han decidido mantener esta herramienta de financiamiento activa. “El entorno externo sigue presentando incertidumbre y riesgos. Entre ellos destacan los derivados de la dinámica de la economía global y de la volatilidad en los mercados financieros. Esta medida refuerza la posición del país frente a escenarios de volatilidad internacional”, indicaron por escrito. La Línea de Crédito Flexible es un instrumento disponible a algunos países del mundo que les permite fortalecer sus reservas y atender choques inesperados.
La Comisión de Cambios, integrada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, han informado este viernes que México continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios para acceder a los recursos disponibles a través de este instrumento, en caso de requerirlo y sin condicionalidad por parte del FMI. “Las autoridades refrendan su compromiso con políticas macroeconómicas prudentes que contribuyan a la estabilidad financiera y al crecimiento económico sostenible e incluyente”, añaden.
El organismo admite que México tiene un historial sostenido en la implementación de políticas macroeconómicas sólidas y sigue contando con fundamentos económicos y marcos de política institucional muy fuertes; un nivel de reservas internacionales adecuado; un historial de acceso a los mercados de capitales en condiciones favorables y finanzas públicas sanas. Además, de un marco de política monetaria y cambiario sólido y un sistema financiero bien capitalizado que se mantiene sólido frente a los riesgos sistémicos del sector financiero.
Entre los riesgos y desafíos, el FMI, advierte de que se espera que el crecimiento económico del país se modere aún más en 2025, debido a la retirada del estímulo fiscal de este año y a la continua restricción monetaria. Se necesita una consolidación fiscal anticipada, respaldada por medidas creíbles y bien identificadas, para reducir la deuda pública a lo largo del tiempo y proporcionar un margen de maniobra en caso de shocks negativos. “Existe una necesidad crítica de fortalecer la gobernanza, combatir la corrupción y el delito, mejorar la infraestructura física y movilizar el ahorro privado para financiar inversiones privadas”, sugiere.
El monto del financiamiento renovado en esta ocasión es igual al de 2023, sin embargo, desde 2018, México ha venido reduciendo la línea de crédito con el FMI. En 2018, México decidió recortar la línea de 88.000 millones de dólares a 74.000 millones de dólares. Esta línea de crédito internacional es un instrumento de carácter precautorio frente a condiciones externas adversas que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa las herramientas de las autoridades mexicanas para preservar la estabilidad económica y financiera.
elpais.com