Análisis Noticiosos
Incertidumbre electoral: toda la oposición se une para enfrentar al PLD y su gobierno
Por Juan Bolívar Díaz
Es relevante y demostrativo de incertidumbres que la campaña electoral para las elecciones municipales de mañana concluyera el jueves con un compromiso público de los 13 partidos de oposición de defender “con todas nuestras energías” la limpieza y equidad democrática ante el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y su gobierno.
Mientras en la sociedad civil se incrementaron los reclamos por un proceso electoral justo, transparente y libre de manipulaciones y de compras y ventas de votos, que arroje legitimidad en las autoridades municipales a ser electas y fortalezca la institucionalidad democrática para la cita mayor de las elecciones presidenciales y congresuales de mayo.
Expresiva unidad de acción
La sorpresa al final de la campaña municipal fue el acuerdo de los 13 partidos de oposición “para garantizar el respeto a la expresión espontánea, libre, de la voluntad popular a través del sufragio; defender los derechos de los candidatos de la oposición, así como los votos que depositen los ciudadanos a su favor.” También para “combatir de manera enérgica y unificada cualquier acción arbitraria, ilegal y fraudulenta que se intente poner en marcha a favor de candidatos oficialistas y en complicidad con autoridades del gobierno”.
La oposición atribuye a los gobernantes “inaceptable ambición y falta de escrúpulos para intentar nuevamente todo tipo de maniobras fraudulentas” y plantea denunciar “con energía redoblada el uso y abuso de los recursos del Estado y toda acción que tienda a distorsionar la voluntad popular que se expresará en estos comicios y en los de mayo próximo”.
Las incertidumbres generaron una unidad de acción sin precedente en la política dominicana, de13 partidos, desde la derecha a la izquierda, de dos bloques electorales de oposición, los encabezados por el Partido Revolucionario Moderno, que postula a Luis Abinader a la presidencia, y por la Fuerza del Pueblo que lleva a Leonel Fernández. Es significativo que la convocatoria fue del Partido Alianza País, con Guillermo Moreno de candidato presidencial, y su dirigente Minou Tavárez Mirabal fue vocera.
Plantean “defender con energía unas elecciones libres, limpitas y competitivas”, tanto en los comicios municipales de mañana, como en los presidenciales y congresuales de mayo, con un protocolo de coordinación, e intercambio de informaciones entre sus centros de cómputos, difusión nacional e internacional, combate a las acciones delictivas como compras de votos, y operaciones jurídicas, antes, durante y después de los comicios.
Fuentes de incertidumbres
Son múltiples las fuentes de confrontación e incertidumbres políticas, resaltando la irrupción del gobierno en la campaña electoral, con la distribución multimillonaria de electrodomésticos, alimentos y materiales de construcción que han provocado escándalo, al igual que las amenazas proferidas por dirigentes y funcionarios a empleados públicos que no hagan campaña por los candidatos oficialistas; Así mismo cancelación de funcionarios, servidores diplomáticos y consulares vinculados a la oposición, y empleo temporero de miles de activistas en los ministerios de Educación, Obras Públicas y la OISOE.
Ya el experto fiscal José Rijo mostró un disparo del gasto gubernamental en renglones de utilización y reparto en campañas electorales anteriores, En enero pasado, en relación al mismo mes del 2019, el gasto en combustibles y lubricantes creció 209%, en pasaje y transporte 537%, en artículos de vestir 402%. En servicios de alimentación el gasto promedio de los últimos 6 años era en enero de 361 millones de pesos, pero subió ahora a 1,752 millones; en equipos de tecnología se pasó de 120 millones promedio en el mismo mes, a 1,046 millones, casi 9 veces. En equipos de oficinas el gasto se multiplicó 48 veces, de 16 millones en enero 2019, a 766 millones el mes pasado. En edificaciones públicas se invirtió en enero último 21 veces más que en el mismo mes del año pasado. Y en el primer mes se gastó el 74% del asfalto presupuestado para todo el 2020.
Alarmaron a la oposición dos discursos públicos del presidente Danilo Medina, el 22 de octubre, tras la división de su partido, asegurando que “yo voy a ganar las elecciones”, y el 2 de febrero cuando dio instrucciones al PLD para que ponga en vigor su estructura o plataforma para que mañana salgan a buscar a quienes no hayan votado, atendiendo a informes que les llegarán cada dos o tres horas. Poco antes había prometido en público a todos los candidatos del PLD, sobre 4 mil, que les llegaría dinero para sus campañas.
Advertido declive del PLD
Hasta en su inmensa red de propagandistas se reconoce que el PLD está en declive, pero no tienen ningún rubor en afirmar públicamente que su maquinaria, ricamente aceitada con los recursos del Estado, se impondrá al final. Ese declive quedó documentado en “el Tema de HOY” del 1 de febrero, en base a tres encuestas independientes realizadas en enero, incluyendo a las dos más acreditadas la Gallup.HOY y la de Mark Penn,
La división y el surgimiento del nuevo partido de Leonel Fernández han dejado al PLD y su candidato presidencial bastante atrás del postulado por el PRM en preferencias electorales. En cuadro anexo se muestran los resultados de las elecciones municipales en las que el PLD, como partido sólo obtuvo 35.78% del voto válido, y con pasó del 52% por el aporte del 17.29% de sus aliados, logrando 107 alcaldías, dos tercios de las 158. Pero ahora las alianzas están limitadas al 20% de las candidaturas.
Todos los cálculos en las actuales perspectivas apuntan a una pérdida sensible para el PLD, aunque pudiera sacar más alcaldes que el PRM, por el peso de las prebendas, la propaganda, y el dinero de las mismas alcaldías y del gobierno central en los pequeños y medianos municipios. Una docena de alcaldías se decidieron en 2016 por menos de 300 votos. Pero al PLD le iría mal en los grandes centros urbanos, incluyendo la urbe DN-provincia S. Domingo, donde las encuestas dan mayor ventaja a los perremeístas y Leonel ganó casi con el 60% en las primarias peledeistas.
Entre los partidos que ahora respaldan a Leonel, el BIS y el PTD aportaron 2.67% aliados al PLD en el 2016, y el PRD un 7.84%, muy por debajo de lo que ahora registra en las encuestas, pero aquella vez llevó candidaturas comunes con el oficialista en casi todo el país, lo que le permitió contar con 29 de las 107 alcaldías atribuidas al peledeísmo, más una en su boleta. Las múltiples alianzas municipales locales cruzadas entre partidos, incluso de los bloques contrapuestos, y sobre todo lo que le saca el nuevo partido de Fernández, hacen más difícil las perspectivas del PLD.
Buena perspectiva del PRM
Las perspectivas del PRM parecen favorables en los grandes centros urbanos, donde la presión gubernamental surte menos efectos y predomina la influyente clase media, aparentemente tirada a la calle fatigada del prolongado control absoluto peledeísta. En 2016 el entonces incipiente partido, fruto de la visión del PRD, sólo obtuvo el 24.48% del voto municipal y 30 alcaldías. Cuatro aliados le agregaron 16.24%, incluyendo un alto 12.17% del PRSC, que se nutrió del voto del PRM en el DN, con el apoyo a la candidatura de David Collado, porque éste partido no pudo llevar candidato propio en la capital, debido a que el controlado Tribunal Superior Electoral le atribuyó su candidatura a la alcaldía a Fello Suberví, sin que fuera electo en una asamblea distrital. Ni el mismo Suberví se lo creyó, porque nunca la asumió.
Ahora el PRM con una estructura en todo el territorio nacional y recogiendo cuadros y militantes de su fuente original perredeísta, encabeza las preferencias electorales en las encuestas, y su candidato Luis Abinader aparece con alta ventaja para los comicios de mayo, y hasta con 60% en la eventual segunda vuelta. En tal perspectiva, lucen altas las posibilidades hasta de lograr más del doble de las 30 alcaldías del 2016 y obtener mayor número de votos en la totalidad de los municipios, lo que le permitiría quedar mejor posicionado para las elecciones de mayo. Si bien influyen los candidatos locales, también las preferencias presidenciales en el territorio.
Mucho más reducido en las encuestas, del 1 al 3%, el PRSC esta vez lleva candidaturas propias en la mayoría de los municipios, y alianza con el PRM y otros en el limitado 20%. Los tres polos que concentran las preferencias, dejarán más mal parados a los viejos PRSC y PRD, con dificultades para alcanzar el 5% que privilegia el subsidio estatal.
Imposibles los vaticinios
La falta de encuestas independientes por munisipios y los conflictos en que concluye la campaña electoral, con un arbitraje débil ante el hiper presidencialismo, impiden formular vaticinios sobre el resultado final de los comicios de mañana. Dependerá en parte de cómo influya la campaña nacional desarrollada por la JCE y la sociedad civil contra la compra de votos y la manipulación e irrupción del gobierno. Los recursos públicos y la presión sobre los empleados del Estado y el millón 200 mil posesionarios de tarjetas de subsidios públicos siempre genera algún beneficio al partido gobernante.
Pero ha sido extraordinaria la lucha de la sociedad civil porque estas elecciones y las de mayo sean libres, con equidad y transparencia. Han incluido una dura pastoral de los obispos católicos, la conformación de la Coalición por un gobierno de Regeneración Nacional, impulsada por grupos sociales y ciudadanos destacados, y en las últimas semanas el Manifiesto Ciudadano por unas Elecciones Transparentes, que ha reunido decenas de organizaciones sociales, obispos católicos y episcopal, los rectores de las dos mayores universidades católicas, el Observatorio de Políticas Sociales de la UASD y destacados empresarios. Este movimiento ha abogado firmemente por el respeto a las normas constitucionales y legales, llevando sus reclamos ante la JCE, el Tribunal Electoral y la Procuraduría General de la República.
El nivel de participación también podría influir en los resultados. Cuando las municipales y las congresuales fueron separadas de las presidenciales, cuatro veces del 1998 al 2010, el promedio de votación fue 50%.-
En México, la alerta de las inundaciones recientes llegó “cuando la ola ya estaba encima”, según dijo un testigo. En Haití, el huracán ‘Melissa’ no llegó, pero fue el país del Caribe donde más muertes dejó el potente ciclón. Los desastres se vuelven catástrofes por sistemas que se omiten y presupuestos que se desvían
Podemos hablar del paso de los huracanes y tormentas como si fueran una serie de números y nombres que desfilan: Erin, Gabrielle, Humberto, Imelda, Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa. El último de esta temporada 2025 en el Atlántico, Melissa, dejó al 77% de Jamaica sin electricidad, al menos 28 muertos, más de 25.000 personas en refugios de emergencia; a Haití con 40 fallecidos, decenas de desaparecidos y más de 160 viviendas inundadas; a Cuba con 735.000 personas evacuadas.
Y pensamos en esas personas —las afortunadas— que siguen con vida, pero que perdieron sus hogares y que no tienen dinero para reconstruirlas; que con el tiempo terminarán por reconstruir(se) hasta que el paso de un futuro huracán les vuelva a atravesar por la mitad.
Empezamos, entonces, a asimilar mejor el concepto de “injusticia climática” cuando desciframos estas cifras en el periódico y vemos los encabezados que compiten en grandilocuencia: “el más devastador”, “el más fuerte”, “el más destructivo”. Atravesados como rayo por la palabra cambio climático.
Es más difícil pensar en conceptos y cifras cuando estos se viven en carne propia. Es, también, más difícil tomar distancia de estas tragedias para preguntarse qué convirtió estos desastres en catástrofes humanitarias, crisis de salud pública y económicas. ¿Qué tuvo que acontecer para que esto sucediera?
Quisiera hablar de desastres en un sentido más amplio. En México, hace tan solo unas semanas, lluvias torrenciales en cinco estados provocaron la muerte de al menos 70 personas y otras 70 más siguen desaparecidas. Se estima, también, que hay más de 100.000 viviendas afectadas. Cuando nos preguntamos qué pasó, los sobrevivientes hablan: “La alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
Y entonces, empezamos a entender el tipo de cosas que tienen que acontecer para que lo inevitable suceda.
En su momento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que no se escatimaría en recursos para atender a víctimas y que este año se aprobaron 19.000 millones de pesos mexicanos (unos 1.200 millones de dólares) para la atención de desastres.
Pero la atención no es lo mismo que la prevención. Como no es lo mismo salvar vidas que resarcir daños y enterrar muertos.
Cuando vemos los masivos recortes presupuestales a los sistemas de alerta temprana en México, en beneficio al tren Maya, a PEMEX, entre otros, entendemos por qué, el sistema mexicano de protección civil, que fue único e innovador a nivel global en su momento, sea tan insuficiente hoy en día. Se explica mejor el desmoronamiento de la comunicación de riesgos, la ausencia de convenios de colaboración con las telefonías para que alerten a las poblaciones vulnerables y los fondos de Prevención de Desastres desarticulados.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En junio de este año, la ONU lanzó las alertas en Haití: el 96% de la población estaba en riesgos por desastres y, sin embargo, no existía el financiamiento necesario para activar sistemas de prevención ni material de emergencia post-desastre. Hacía tan solo unos meses, la ONU había decretado que el gobierno no tenía la capacidad de proteger a su población en su entrada a la época más difícil del año, la presente y temible temporada de huracanes. La ONU pedía 908 millones de dólares para apoyar a Haití, a mediados de junio tan solo había logrado reunir el 8%.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En México, como en muchos otros países, la memoria sobre lugares a riesgo se fue gradualmente borrando y la legislación se hizo esquiva: los territorios inundables se volvieron habitables y se convenció a las poblaciones vulnerables de que eran seguros. Se omitieron, también, las estrategias de prevención y adaptación.
Y el problema, después, fue que “la alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
En Haití, el huracán Melissa no llegó. Pero en las últimas décadas, el país fue paulatinamente acabando con sus bosques y zonas húmedas que permitían las infiltraciones al subsuelo, limitando las inundaciones; transformó sus árboles en energía para electricidad y debilitó los territorios que eran barrera a los deslizamientos de terreno. El huracán Melissa no llegó, pero Haití, que tenía ya a 230.000 haitianos en refugios improvisados, sufrió las consecuencias más mortíferas de la región tras su paso.
Las dinámicas territoriales de las últimas décadas y la degradación de los ecosistemas son ese tipo de cosas que tienen que suceder para que lo inevitable acontezca.
Y así, los desastres se vuelven catástrofes por procesos que se construyen, sistemas que se omiten, presupuestos que se desvían, personas cuyas vidas se juzgan poco importantes. Los escenarios son conocidos, las tragedias son previsibles, pero por falta de capacidad, se vuelven imposibles de evitar.
Estos desastres y tragedias ocurren a tan solo una semana de que se lleve a cabo la COP30, el evento climático más importante a nivel global, en donde se decidirá, entre otros temas, las inversiones que tienen que ser destinadas a la adaptación, la ayuda que recibirán los países más vulnerables a los riesgos climáticos y el rol de esos estados insulares que, a pesar de no ser responsables del cambio climático, terminan siendo los más afectados.
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Análisis Noticiosos
Al menos 64 muertos y decenas de detenidos en una megaoperación contra el crimen organizado en Río de Janeiro
El gobernador afirma que “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” y pide ayuda a las Fuerzas Armadas
Sao Paulo.- Río de Janeiro vive este martes una jornada de caos colosal e intensos tiroteos por una operación policial contra el crimen organizado que ya es la más letal de la historia de la ciudad brasileña. Al menos 64 personas han muerto (incluidos cuatro agentes) y 81 han sido detenidas, según datos oficiales. El despliegue de 2.500 policías en esta megaoperación, que se ha centrado inicialmente en dos grandes barriadas cariocas de favelas, pretende frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, el segundo grupo más poderoso del crimen organizado en el país sudamericano. El gobernador del Estado de Río, Claudio Castro, se ha quejado de que “Río está sola en esta guerra”, ha criticado la falta de apoyo del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y ha pedido ayuda a las Fuerzas Armadas.
Río de Janeiro, turística, antigua capital y el hogar de seis millones de vecinos, es simultáneamente una ciudad muy desigual y acostumbrada a la violencia, pero las dosis desplegadas este martes resultan extraordinarias incluso para los locales. El descomunal despliegue policial ha sido respondido con intensos tiroteos por los hombres del Comando Vermelho, que incluso han lanzado granadas desde drones sobre los agentes. Horas después, el grupo criminal ha desplegado a sus miembros, que han cortado avenidas y calles con barricadas por toda la ciudad y por la zona metropolitana.
Las autoridades han elevado el nivel de alerta en Río ciudad y los noticiarios se han llenado de imágenes de avenidas cortadas con autobuses, coches quemados y decenas de hombres sin camiseta a los que los agentes se llevan detenidos. La policía se ha incautado de al menos 75 fusiles.
El baño de sangre en Río se ha producido a las puertas de que Brasil acoja a partir de la semana que viene la cumbre mundial del cambio climático, la COP30, que se celebrará en Belém, en la Amazonia, a más de 3.000 kilómetros de distancia. El presidente Lula será el anfitrión de una cumbre los días 6 y 7.
El principal objetivo de la operación policial es el jefe del Comando Vermelho en una barriada carioca llamada Complexo da Penha, el capo Edgar Alves de Andrade, apodado Doca. Los agentes, que tenían un centenar de órdenes de arresto, también buscan a decenas de sus lugartenientes.
Ya a primera hora de la mañana, las autoridades habían anunciado que los tiroteos entre agentes y criminales obligaron a suspender las clases en 45 colegios y a desviar 12 líneas de autobús. Por la tarde, el CV había logrado cortar el tráfico en al menos una quincena de puntos de la ciudad, incluida la avenida Brasil, una de las principales arterias viarias. “Es un escenario de guerra”, le ha contado la profesora Suellen Gomes al diario Estadão desde el Complexo do Alemão. Según ella, los tiros empezaron al amanecer y nadie fue al colegio. “Ninguna escuela de esta zona abre cuando hay operación”, explica.
Para atrapar a los jefes del negocio, a los contables que les ayudan a blanquear sus ganancias y a los soldados de a pie que con los que mantienen el control absoluto sobre barriadas completas donde dictan la ley, las autoridades han movilizado un despliegue enorme. A los 2.500 agentes de la policía militar y la civil involucrados, se han sumado una treintena de vehículos blindados, dos helicópteros, drones policiales y una docena de vehículos de demolición.
El gobernador Castro, bolsonarista, se ha quejado de que las Fuerzas Armadas rechazaron tres veces sus peticiones para que le enviaran blindados de apoyo. Ha pedido ayuda a los militares con el argumento de que esta “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” sino que está alimentada “por las armas del narcotráfico internacional”.
El secretario de Seguridad Pública Victor Santos, ha destacado que toda la operación se diseñó y se realiza con apoyo del Gobierno federal. Santos ha lamentado el caos para los vecinos y los heridos, pero ha recalcado que esta acción “era necesaria, estaba planificada, se basa en inteligencia y va a continuar”.
El epicentro de la megaoperación son dos enormes conjuntos de favelas donde viven casi 300.000 personas, el Complexo da Penha y el Complexo do Alemão. El primero es, según la fiscalía de combate a las familias criminales de Río, un centro neurálgico de las actividades del Comando Vermelho. El Complexo da Penha, dice una nota del Grupo Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), “es un punto estratégico para el flujo de drogas y armas, gracias a que está en las proximidades de varias autopistas, y se ha convertido en una de las principales bases del proyecto expansionista del grupo criminal”.
Uno de cada cuatro brasileños, es decir, 50 millones de personas, viven en barrios dominados por el crimen organizado, según un reciente estudio de la Universidad de Cambridge. El Comando Vermelho, el PCC u otros grupos armados, imponen su ley a sus vecinos y, en ocasiones, impide la acción de las autoridades. Los vecinos directamente afectados, que suelen ser pobres, negros y periféricos, se encuentran atrapados entre dos fuegos, abandonados por las autoridades, blanco fácil y presa de las balas perdidas, además de sometidos a extorsión.
En los últimos tiempos los delincuentes han descubierto las bondades del trabajo en remoto. Un fiscal del Estado amazónico de Rondonia explicaba recientemente en el diario O Globo que los jefes de las franquicias del Comando Vermelho por otros estados, sobre todo los fronterizos con otros países, se están refugiando en Río de Janeiro, que hasta este martes eran la principal guarida del grupo. “Se dieron cuenta de que el jefe ya no necesitaba estar en su estado natal. Podía estar protegido en Río y tomar decisiones por videollamada”, explicaba al diario carioca Anderson Batista de Oliveira, jefe del Gaeco en Rondonia. “El capo está en un lugar de difícil acceso para la policía, y la organización protege así a sus principales activos”, añadía.
Hasta ahora la operación más letal de Río era la de la favela de Jacarezinho, en el centro, donde en 2021 murieron 27 personas. La policía de Brasil es considerada una de las que más mata y más muere del mundo. En torno a un 10% de las muertes violentas suelen ser obra de uniformados. La de Río, tanto de la ciudad como del Estado, ha destacado durante años a nivel nacional por su alto. La creciente incorporación de cámaras en los uniformes ha contribuido a reducir las muertes en enfrentamientos a tiros con criminales.
elpais.com
México.-La historia de Zhi Dong Zhang se parece más a la de un agente doble durante la Guerra Fría que a la de un capo chino del fentanilo. Acusado de mover miles de kilos de droga y de blanquear millones de dólares a través de una organización criminal con tentáculos en medio mundo, Zhi Dong fue detenido en otoño del año pasado en Ciudad de México. Es un objetivo prioritario para Estados Unidos y todo parecía listo para su inminente extradición. Pero este verano escapó y dio comienzo una peripecia por varios países en un desesperado intento por esquivar la justicia estadounidense.
La decisión del juez fue criticada incluso por la presidenta, Claudia Sheinbaum. En plena negociación de un acuerdo de seguridad con EE UU, que tiene al fentanilo como enemigo público número uno, la mandataria salió a defender los avances de su Gobierno en el combate contra el crimen y cargó contra la decisión judicial. “El juez, sin ningún argumento, porque la Fiscalía estuvo peleando y dando todos los argumentos, le da prisión domiciliaria. No debería de haber tenido esa resolución por parte de un juez”. “¿Cómo es posible?”, insistió la mandataria, quien argumentó que su Gobierno ha estado insistiendo “en la corrupción del Poder Judicial”. El mismo juez de la capital que dio la polémica orden de mandar a Zhi Dong a arresto domiciliario hizo lo mismo con el exprocurador general, Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa.
La fuga del narco chino sucedió además en un momento especialmente delicado. Seis días antes, un tribunal federal de Georgia había emitido nuevos cargos contra Zhi Dong. En concreto, le acusan de lavar, solo entre los años 2020 y 2021, al menos 20 millones de dólares en Estados Unidos, a través de una compleja trama de más de 150 empresas fantasma y 170 cuentas bancarias.
Célula mexicana, célula china
El cerco sobre Zhi Dong se estrechó tras la detención reciente de uno de sus operadores, Ruipeng Li, al que le confiscaron cientos de documentos bancarios vinculados con Zhi Dong. Según la denuncia del tribunal de Georgia, a la que ha tenido acceso este diario, Li explicó a las autoridades estadounidenses cómo estaba organizado el negocio criminal. Por un lado, una célula mexicana se encargaba de recolectar el dinero de la venta de droga a los traficantes finales. Por otro, una célula china se dedicaba a recibir ese dinero negro y lavarlo a través de la red de empresas y cuentas bancarias.
La denuncia recoge un listado exhaustivo de los pagos por goteo que se realizan en distintas cuentas y en diferentes Estados: Georgia, California, Illinois, Nueva York, Michigan. Siempre por sumas que no superaban los 100.000 dólares y siempre en entidades solventes como Bank of América, JP Morgan o Wells Fargo. Según la denuncia, porque “esos bancos están acostumbrados a recibir altas sumas de dinero sin hacer demasiadas preguntas”. La mayoría de las transacciones eran a favor de la empresa Mnemosyne International Trading Inc, una de las compañías fachada vinculadas a Zhi Dong.
La investigación de la DEA incluye la intervención de llamadas y mensajes, así como seguimientos a las casas de seguridad donde resguardaban la droga. Zhi Dong utilizaba palabras clave para comunicarse con sus cómplices. “Coffee” significaba fentanilo. “Food”, cocaína. Los cálculos sobre la cantidad total de droga que la organización transportaba de México a EE UU ascienden a más de 1000 kilos de cocaína y casi 2.000 de fentanilo.
La denuncia judicial incluye también una descripción de Zhi Dong. Nacido en Pekín en 1987. Algo más de un metro setenta de estatura y unos 80 kilos. Pelo negro y ojos marrones. Alías: Brother Wang, El Chino, Tocayo, Pancho y Nelson Mandela. El enigmático capo chino usaba diferentes identidades y pasaportes falsos para moverse sin levantar sospechas entre América, Asía y Europa. Hasta su fuga de Ciudad de México y su intento de entrada en Rusia y posterior destino en Cuba. Las andanzas de Zhi Dong parece que esta vez están más cerca de acabar en una prisión estadounidense.
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