Análisis Noticiosos
Incertidumbre electoral: toda la oposición se une para enfrentar al PLD y su gobierno
Por Juan Bolívar Díaz
Es relevante y demostrativo de incertidumbres que la campaña electoral para las elecciones municipales de mañana concluyera el jueves con un compromiso público de los 13 partidos de oposición de defender “con todas nuestras energías” la limpieza y equidad democrática ante el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y su gobierno.
Mientras en la sociedad civil se incrementaron los reclamos por un proceso electoral justo, transparente y libre de manipulaciones y de compras y ventas de votos, que arroje legitimidad en las autoridades municipales a ser electas y fortalezca la institucionalidad democrática para la cita mayor de las elecciones presidenciales y congresuales de mayo.
Expresiva unidad de acción
La sorpresa al final de la campaña municipal fue el acuerdo de los 13 partidos de oposición “para garantizar el respeto a la expresión espontánea, libre, de la voluntad popular a través del sufragio; defender los derechos de los candidatos de la oposición, así como los votos que depositen los ciudadanos a su favor.” También para “combatir de manera enérgica y unificada cualquier acción arbitraria, ilegal y fraudulenta que se intente poner en marcha a favor de candidatos oficialistas y en complicidad con autoridades del gobierno”.
La oposición atribuye a los gobernantes “inaceptable ambición y falta de escrúpulos para intentar nuevamente todo tipo de maniobras fraudulentas” y plantea denunciar “con energía redoblada el uso y abuso de los recursos del Estado y toda acción que tienda a distorsionar la voluntad popular que se expresará en estos comicios y en los de mayo próximo”.
Las incertidumbres generaron una unidad de acción sin precedente en la política dominicana, de13 partidos, desde la derecha a la izquierda, de dos bloques electorales de oposición, los encabezados por el Partido Revolucionario Moderno, que postula a Luis Abinader a la presidencia, y por la Fuerza del Pueblo que lleva a Leonel Fernández. Es significativo que la convocatoria fue del Partido Alianza País, con Guillermo Moreno de candidato presidencial, y su dirigente Minou Tavárez Mirabal fue vocera.
Plantean “defender con energía unas elecciones libres, limpitas y competitivas”, tanto en los comicios municipales de mañana, como en los presidenciales y congresuales de mayo, con un protocolo de coordinación, e intercambio de informaciones entre sus centros de cómputos, difusión nacional e internacional, combate a las acciones delictivas como compras de votos, y operaciones jurídicas, antes, durante y después de los comicios.
Fuentes de incertidumbres
Son múltiples las fuentes de confrontación e incertidumbres políticas, resaltando la irrupción del gobierno en la campaña electoral, con la distribución multimillonaria de electrodomésticos, alimentos y materiales de construcción que han provocado escándalo, al igual que las amenazas proferidas por dirigentes y funcionarios a empleados públicos que no hagan campaña por los candidatos oficialistas; Así mismo cancelación de funcionarios, servidores diplomáticos y consulares vinculados a la oposición, y empleo temporero de miles de activistas en los ministerios de Educación, Obras Públicas y la OISOE.
Ya el experto fiscal José Rijo mostró un disparo del gasto gubernamental en renglones de utilización y reparto en campañas electorales anteriores, En enero pasado, en relación al mismo mes del 2019, el gasto en combustibles y lubricantes creció 209%, en pasaje y transporte 537%, en artículos de vestir 402%. En servicios de alimentación el gasto promedio de los últimos 6 años era en enero de 361 millones de pesos, pero subió ahora a 1,752 millones; en equipos de tecnología se pasó de 120 millones promedio en el mismo mes, a 1,046 millones, casi 9 veces. En equipos de oficinas el gasto se multiplicó 48 veces, de 16 millones en enero 2019, a 766 millones el mes pasado. En edificaciones públicas se invirtió en enero último 21 veces más que en el mismo mes del año pasado. Y en el primer mes se gastó el 74% del asfalto presupuestado para todo el 2020.
Alarmaron a la oposición dos discursos públicos del presidente Danilo Medina, el 22 de octubre, tras la división de su partido, asegurando que “yo voy a ganar las elecciones”, y el 2 de febrero cuando dio instrucciones al PLD para que ponga en vigor su estructura o plataforma para que mañana salgan a buscar a quienes no hayan votado, atendiendo a informes que les llegarán cada dos o tres horas. Poco antes había prometido en público a todos los candidatos del PLD, sobre 4 mil, que les llegaría dinero para sus campañas.
Advertido declive del PLD
Hasta en su inmensa red de propagandistas se reconoce que el PLD está en declive, pero no tienen ningún rubor en afirmar públicamente que su maquinaria, ricamente aceitada con los recursos del Estado, se impondrá al final. Ese declive quedó documentado en “el Tema de HOY” del 1 de febrero, en base a tres encuestas independientes realizadas en enero, incluyendo a las dos más acreditadas la Gallup.HOY y la de Mark Penn,
La división y el surgimiento del nuevo partido de Leonel Fernández han dejado al PLD y su candidato presidencial bastante atrás del postulado por el PRM en preferencias electorales. En cuadro anexo se muestran los resultados de las elecciones municipales en las que el PLD, como partido sólo obtuvo 35.78% del voto válido, y con pasó del 52% por el aporte del 17.29% de sus aliados, logrando 107 alcaldías, dos tercios de las 158. Pero ahora las alianzas están limitadas al 20% de las candidaturas.
Todos los cálculos en las actuales perspectivas apuntan a una pérdida sensible para el PLD, aunque pudiera sacar más alcaldes que el PRM, por el peso de las prebendas, la propaganda, y el dinero de las mismas alcaldías y del gobierno central en los pequeños y medianos municipios. Una docena de alcaldías se decidieron en 2016 por menos de 300 votos. Pero al PLD le iría mal en los grandes centros urbanos, incluyendo la urbe DN-provincia S. Domingo, donde las encuestas dan mayor ventaja a los perremeístas y Leonel ganó casi con el 60% en las primarias peledeistas.
Entre los partidos que ahora respaldan a Leonel, el BIS y el PTD aportaron 2.67% aliados al PLD en el 2016, y el PRD un 7.84%, muy por debajo de lo que ahora registra en las encuestas, pero aquella vez llevó candidaturas comunes con el oficialista en casi todo el país, lo que le permitió contar con 29 de las 107 alcaldías atribuidas al peledeísmo, más una en su boleta. Las múltiples alianzas municipales locales cruzadas entre partidos, incluso de los bloques contrapuestos, y sobre todo lo que le saca el nuevo partido de Fernández, hacen más difícil las perspectivas del PLD.
Buena perspectiva del PRM
Las perspectivas del PRM parecen favorables en los grandes centros urbanos, donde la presión gubernamental surte menos efectos y predomina la influyente clase media, aparentemente tirada a la calle fatigada del prolongado control absoluto peledeísta. En 2016 el entonces incipiente partido, fruto de la visión del PRD, sólo obtuvo el 24.48% del voto municipal y 30 alcaldías. Cuatro aliados le agregaron 16.24%, incluyendo un alto 12.17% del PRSC, que se nutrió del voto del PRM en el DN, con el apoyo a la candidatura de David Collado, porque éste partido no pudo llevar candidato propio en la capital, debido a que el controlado Tribunal Superior Electoral le atribuyó su candidatura a la alcaldía a Fello Suberví, sin que fuera electo en una asamblea distrital. Ni el mismo Suberví se lo creyó, porque nunca la asumió.
Ahora el PRM con una estructura en todo el territorio nacional y recogiendo cuadros y militantes de su fuente original perredeísta, encabeza las preferencias electorales en las encuestas, y su candidato Luis Abinader aparece con alta ventaja para los comicios de mayo, y hasta con 60% en la eventual segunda vuelta. En tal perspectiva, lucen altas las posibilidades hasta de lograr más del doble de las 30 alcaldías del 2016 y obtener mayor número de votos en la totalidad de los municipios, lo que le permitiría quedar mejor posicionado para las elecciones de mayo. Si bien influyen los candidatos locales, también las preferencias presidenciales en el territorio.
Mucho más reducido en las encuestas, del 1 al 3%, el PRSC esta vez lleva candidaturas propias en la mayoría de los municipios, y alianza con el PRM y otros en el limitado 20%. Los tres polos que concentran las preferencias, dejarán más mal parados a los viejos PRSC y PRD, con dificultades para alcanzar el 5% que privilegia el subsidio estatal.
Imposibles los vaticinios
La falta de encuestas independientes por munisipios y los conflictos en que concluye la campaña electoral, con un arbitraje débil ante el hiper presidencialismo, impiden formular vaticinios sobre el resultado final de los comicios de mañana. Dependerá en parte de cómo influya la campaña nacional desarrollada por la JCE y la sociedad civil contra la compra de votos y la manipulación e irrupción del gobierno. Los recursos públicos y la presión sobre los empleados del Estado y el millón 200 mil posesionarios de tarjetas de subsidios públicos siempre genera algún beneficio al partido gobernante.
Pero ha sido extraordinaria la lucha de la sociedad civil porque estas elecciones y las de mayo sean libres, con equidad y transparencia. Han incluido una dura pastoral de los obispos católicos, la conformación de la Coalición por un gobierno de Regeneración Nacional, impulsada por grupos sociales y ciudadanos destacados, y en las últimas semanas el Manifiesto Ciudadano por unas Elecciones Transparentes, que ha reunido decenas de organizaciones sociales, obispos católicos y episcopal, los rectores de las dos mayores universidades católicas, el Observatorio de Políticas Sociales de la UASD y destacados empresarios. Este movimiento ha abogado firmemente por el respeto a las normas constitucionales y legales, llevando sus reclamos ante la JCE, el Tribunal Electoral y la Procuraduría General de la República.
El nivel de participación también podría influir en los resultados. Cuando las municipales y las congresuales fueron separadas de las presidenciales, cuatro veces del 1998 al 2010, el promedio de votación fue 50%.-
Análisis Noticiosos
La aportación clave de la comunidad marroquí en España: “Las remesas son críticas para Marruecos”
El dinero enviado desde España representa más del 1% del PIB del país magrebí, mientras que el procedente de toda la emigración alcanza el 7,5%
Madrid.-Más de un millón de personas de origen marroquí viven en España, lo que la convierte en la comunidad extranjera más numerosa, por delante de Colombia. Y también en un elemento de considerable importancia para la economía del país magrebí, muchos de cuyos ciudadanos siguen intentando emigrar a Europa como ha mostrado lo sucedido recientemente en Ceuta. Marruecos (y su tejido productivo, y sus hogares) depende en gran medida de las remesas de sus ciudadanos en el extranjero, el dinero que el emigrante envía a los familiares que se han quedado allí. Solo las procedentes de España sumaron casi 1.589 millones de euros en 2025, según datos del Banco de España, lo que equivale a algo más del 1% del PIB del país vecino.“La comunidad marroquí en España es un actor económico de primer orden para Marruecos, comparable a una gran exportación nacional por su capacidad para generar un flujo constante de recursos”, señala Rut Bermejo, investigadora para Migraciones del Real Instituto Elcano. “Su importancia económica se explica tanto por su tamaño como por su elevado nivel de participación laboral”, añade.
España es la segunda mayor fuente de remesas hacia Marruecos y representa en torno al 15% del total de las que recibe el país, según datos coincidentes de las autoridades monetarias marroquíes y europeas. Está por detrás solo de Francia, con unos 3.400 millones de euros, que suponen más del 30% del total. La superioridad francesa se debe al hecho de contar con la mayor comunidad de expatriados marroquíes del mundo con diferencia (más de 1,5 millones). Italia completa el podio de fuentes de ingresos extranjeros a Marruecos, con unos 800 millones de euros, algo menos del 10% del total recibido por el país norteafricano.
Cifras en millones de euros
“Las remesas son críticas para Marruecos. Sin ellas, sería totalmente insostenible mantener el nivel de importaciones actual del país”, señala Íñigo Moré, del centro de investigaciones Remesas.org, en declaraciones a este diario. Como muchos países en desarrollo, Marruecos importa más de la mitad de todo lo que consume (el 53% del PIB, según el Banco Mundial), algo difícil de costear con una divisa débil, el dirham, equivalente a menos de 10 céntimos de euro. La otra ventaja, como apunta Moré, es que se trata de un ingreso sin ninguna contrapartida, a diferencia del generado por un sector productivo como el turismo, con sus exigencias de inversión en infraestructura o pago de empleados. Este es dinero gratis e inmediato.
Las transferencias internacionales también impulsan la actividad local y favorecen al conjunto de la economía tanto a corto como a largo plazo, como precisa Bermejo: “Las remesas se destinan al sostenimiento de padres, hijos o familiares que permanecen en Marruecos, y se emplean en financiar vivienda o la educación y salud de esos hijos. También pueden servir para que familiares pongan en marcha pequeños negocios”.
En 2025 las remesas a Marruecos representaron un 7,5% de la economía del país. Cuánto representan en el PIB de Marruecos las remesas internacionales
Moré atribuye principalmente el avance de las transferencias desde territorio español a que, desde la pandemia, los inmigrantes marroquíes dejaron de viajar tanto y empezaron a hacer los envíos por vía bancaria o de empresas remesadoras. Otro factor citado por el experto es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en España: se ha elevado más de un 60% desde 2018, hasta alcanzar los 1.221 euros mensuales.
Evolución de las remesas desde España destinadas a Marruecos sobre el total
Cifras en millones de euros
“Los marroquíes se ven más afectados por la subida del SMI, porque desempeñan trabajos peor remunerados, con mayor peso en la agricultura o la construcción, debido a la barrera lingüística. Si no hablas español, no puedes trabajar de camarero ni acceder a muchos empleos del sector servicios”, señala Moré. Le da la razón un estudio del Real Instituto Elcano basado en datos del INE a cierre de 2024. En conjunto, los inmigrantes africanos representan el 15,6% de los ocupados en la agricultura y el 14% en la construcción, en los dos casos muy por encima de cualquier otro grupo. En la hostelería, en cambio, su peso se limita al 12%, por detrás de latinoamericanos y asiáticos.
Ganen más o menos que otros inmigrantes, los marroquíes cobran mucho más en España que en su país, y eso es lo que más les importa. Quienes perciben el salario mínimo en la orilla norte del Mediterráneo disfrutan de un poder adquisitivo casi tres veces superior al que tendrían con el salario mínimo en Marruecos, según la Organización Internacional del Trabajo. El sueño de vivir en suelo español se explica también con la razón.
elpais.com
Por José Cabral
Nadie puede negar que el Tribunal Superior Electoral (TSE) exhibe en sus audiencias a través de sus jueces una alta solemnidad, la cual sirve de poco para mejorar la administración de justicia electoral y la democracia.
El TSE se ha vuelto experto en la aplicación de la figura de la inadmisibilidad, la cual es la vía mas fácil para no tener que conocer una demanda o acción de amparo, cuya decisión no tiene otro destino que recurrir en revisión ante el TC.
Se observa en este tribunal que, así como proyecta una gran solemnidad, opera como una trinchera de los partidos políticos para que mantengan su control sobre todo el sistema, principalmente del electoral.
Podría citar docenas de casos en los que el TSE se comporta como un instrumento de defensa de lo mal hecho de los partidos políticos y de otros órganos del Estado como la Junta Central Electoral (JCE), cuya última resolución ha incurrido en la violación de una serie de derechos fundamentales electorales.
Un ejemplo de los contras sentidos del TSE está la declaratoria de incompetencia de la demanda que busca la nulidad de la resolución de la JCE, que prohíbe las encuestas políticas hasta que no lleguen los tiempos de la pre-campana.
Esa decisión que, ha creado todo un debate nacional en el que participan algunos jueces del TSA que dieron su voto salvado o disidente y que cuestionan el hecho de que el tribunal reniegue de su responsabilidad de emitir sentencias ajustadas al estado de derecho, implica una grave distorsión del respeto del mandato de la ley y la Constitucion.
Evidentemente que el TSE al declararse incompetente para conocer las acciones legales interpuestas en contra de la decisión del JCE representa una forma vulgar de negar justicia, pero igual ocurre con una serie de acciones de amparo y que estos juzgadores se van por la vía de la inadmisibilidad como una forma de huir a su compromiso de impartir justicia en el ámbito electoral.
La frustración que causa este comportamiento de unos jueces que en sus decisiones toman más en cuenta el cuido de sus altos salarios que propiciar una buena administración de justicia, no es exclusivo del TSE, sino de todo el sistema de justicia del país.
Tengo la tesis que hasta que en la República Dominicana no se cambie la configuración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) difícilmente este cuadro pueda cambiar, porque el quid del asunto consiste en que los cometen los delitos son precisamente los que tienen el control de este órgano que designa a todos los jueces del país.
Análisis Noticiosos
Campañas Sucias, Posverdad y Redes Sociales: El Ataque a la Dignidad en la Era Digital.
Por Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
El presente estudio analiza las principales dobleces a la dignidad humana en los procesos políticos y electorales de la República Dominicana durante el período 2006–2026. Se examina el impacto de las campañas de desinformación, la posverdad y el uso de redes sociales como mecanismos de manipulación política, así como la vulneración del derecho al honor, la intimidad y la protección de los datos personales. Asimismo, se aborda la violencia política de género como una manifestación de discriminación que limita la participación igualitaria de las mujeres en los espacios de representación política. El trabajo también evalúa el papel desempeñado por la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional en la protección de los derechos fundamentales mediante la aplicación de la Constitución y la legislación electoral vigente. Se concluye que, aunque el país ha fortalecido su marco jurídico e institucional para garantizar procesos electorales más democráticos, persisten prácticas estructurales como el clientelismo, el uso indebido de recursos públicos, la desinformación digital y la desigualdad de género, las cuales continúan afectando la dignidad humana y la calidad de la democracia dominicana.
La erosión de la integridad moral a través de la desinformación y el uso de robots.
El desplazamiento del debate político dominicano hacia las plataformas digitales durante el periodo 2006–2026 ha transformado radicalmente las estrategias de captación del voto, introduciendo severas amenazas a la dignidad personal de los actores políticos. Como señala Jorge Prats (2013), el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen forma parte del núcleo duro de la dignidad humana protegido por el artículo 44 de la Constitución dominicana. Sin embargo, la proliferación de campañas de posverdad y la difusión sistemática de noticias falsas (fake news) han sido utilizadas de manera recurrente para destruir la reputación de los adversarios.
Esta práctica se ha tecnificado mediante el uso de redes de cuentas automatizadas o robots. El objetivo de estas infraestructuras digitales no es debatir propuestas programáticas, sino saturar el espacio público virtual con discursos de odio y difamaciones personalistas. Al desviar la atención desde la competencia de ideas hacia el linchamiento moral del individuo, se violenta la dignidad del candidato quien es despojado de su derecho al debido proceso reputacional y se agrede la dignidad del electorado, al que se intenta manipular mediante el engaño masivo y la distorsión deliberada de la realidad (Espinal, 2018).
La vulneración de la intimidad y los datos privados con fines de chantaje
El entorno electoral de la última década ha evidenciado una preocupante tendencia hacia la instrumentalización de la vida privada de los ciudadanos y candidatos. En el contexto de la competencia interna y general de los partidos políticos en la República Dominicana, la filtración ilegal de audios, conversaciones privadas, historiales médicos o datos financieros se ha convertido en un arma de coacción política común.
Este fenómeno vulnera directamente la autodeterminación informativa y el derecho a la intimidad. Según los informes de la Organización de los Estados Americanos (OEA, 2020), la recolección no autorizada de datos personales y su posterior exposición pública con fines de chantaje o desacreditación electoral reducen al ser humano a un estado de vulnerabilidad absoluta frente al poder tecnológico de las maquinarias políticas. La dignidad se quiebra cuando el ciudadano o el aspirante a un cargo público pierde el control sobre su esfera íntima, quedando expuesto al escrutinio y al juicio social sumario bajo lógicas estrictamente utilitaristas y electoreras.
Violencia política de género y descalificación moral en el entorno virtual.
Una de las manifestaciones más lesivas de la descalificación en entornos digitales es la violencia política basada en el género, la cual afecta de manera desproporcionada a las mujeres que aspiran a puestos de elección popular. A pesar de los avances normativos en materia de cuotas establecidos en la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos, la cultura patriarcal subyacente se traslada al entorno digital mediante ataques dirigidos específicamente a descalificar a las candidatas por razones de género.
Mientras que los candidatos masculinos suelen ser evaluados o atacados por su gestión o posturas políticas, los ataques hacia las mujeres tienden a centrarse en su apariencia física, su vida familiar, su moral sexual o supuestas incapacidades emocionales (ONU Mujeres, 2023). Esta asimetría en la agresión no solo constituye una violación directa a la dignidad de la mujer como ser humano, sino que opera como un mecanismo de exclusión fáctica. Al menoscabar su autoridad y credibilidad pública mediante estereotipos denigrantes, se limita su derecho fundamental a la participación política en condiciones de igualdad, perpetuando una brecha democrática que lesiona la estructura ética del sistema electoral.
El Rol Institucional y Jurisprudencial en la Tutela de la Dignidad Humana.
La Junta Central Electoral (JCE) y las tensiones en el control de las garantías básicas.
Durante el periodo 2006–2026, la Junta Central Electoral (JCE) ha transitado por un complejo proceso de reconfiguración institucional, impulsado por la presión ciudadana y las reformas legislativas de las leyes No. 33-18 de Partidos Agrupaciones y Movimientos políticos y No. 20-23 de Régimen Electoral en la Republica Dominicana. Como órgano de administración electoral de rango constitucional (artículo 212), la JCE tiene la obligación no solo de organizar la logística de los comicios, sino de salvaguardar el orden ético y la equidad que dignifican el voto.
No obstante, la actuación de la JCE ha estado marcada por tensiones estructurales entre su facultad reglamentaria y la resistencia de las cúpulas partidarias. Como señalan Cury y Zaglul (2019), los intentos de la JCE por establecer medidas cautelares contra la campaña a destiempo, el uso indebido de los símbolos del Estado y el desborde de los topes de gastos han chocado frecuentemente con lagunas normativas y una cultura de desacato político. El desafío para la JCE ha radicado en que, cada vez que el órgano electoral posterga o flexibiliza la fiscalización del gasto y la propaganda, se debilita la protección de los derechos de los electores y electoras frente al poder fáctico del dinero, permitiendo prácticas de propaganda invasiva que lesionan el decoro y la dignidad del espacio público (Junta Central Electoral [JCE], 2024).
El Tribunal Superior Electoral (TSE) y la defensa del debido proceso partidario.
La creación del Tribunal Superior Electoral (TSE) en la reforma constitucional de 2010 marcó un hito fundamental para la protección de la dignidad en el ámbito político-partidario dominicano. Antes de su puesta en funcionamiento en 2012, los militantes de base se encontraban en un estado de indefensión jurídica frente a las decisiones arbitrarias y autoritarias de las direcciones ejecutivas de los partidos políticos, las cuales manejaban las candidaturas y los procesos de disciplina de manera discrecional.
A través de una sólida línea jurisprudencial, el TSE ha operado como un escudo de los derechos fundamentales de la militancia. Fundamentando sus decisiones en el principio de que los partidos políticos son instrumentos públicos obligados a respetar la democracia interna (artículo 216 de la Constitución), el tribunal ha anulado asambleas, expulsiones sumarias y encuestas de selección de candidaturas que violaban el debido proceso (Tribunal Superior Electoral [TSE], 2021). De acuerdo con la doctrina de Jorge Prats (2022), esta tutela judicial efectiva dignifica al militante, al reconocerlo como un sujeto de derechos inalienables dentro de su propia organización y no como un subordinado prescindible a merced de los intereses de las élites partidarias.
La erradicación de las prácticas de exclusión mediante sentencias hito.
El diálogo jurisprudencial entre el TSE y el Tribunal Constitucional (TC) ha permitido desmontar mecanismos formales e informales de exclusión que atentaban contra la dignidad intrínseca de los aspirantes. Un ejemplo crítico ha sido la defensa de los derechos políticos de las mujeres frente a los intentos de los partidos de burlar las cuotas de género mediante asignaciones de candidaturas en demarcaciones tradicionalmente perdidas o a través de alianzas Inter partidarias que diluían su participación.
Tanto el Tribunal Constitucional (TC) como el Tribunal Superior Electoral (TSE) fijaron el criterio vinculante de que la cuota de género establecida entre el 40% y el 60% por la Ley No. 33-18 debe aplicarse por cada demarcación territorial y no a nivel nacional, evitando que las mujeres fueran confinadas a puestos marginales (Tribunal Constitucional TC/0104/20. Estas decisiones judiciales demuestran que la dignidad en los procesos políticos dominicanos no es un concepto pasivo; requiere una intervención jurisdiccional activa para nivelar el terreno de juego, garantizando que el acceso al poder del Estado se fundamente en la justicia distributiva, la equidad de género y la idoneidad moral de las personas.
Conclusiones.
El análisis evidencia que la dignidad humana constituye el eje transversal que debe orientar el funcionamiento del sistema político-electoral dominicano. Si bien las reformas constitucionales, la aprobación de las Leyes núm. 33-18 y 20-23, y la consolidación de la jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional han fortalecido la protección de los derechos fundamentales, aún subsisten prácticas que comprometen la integridad del proceso democrático. El clientelismo, la compra de votos, la desinformación digital, la vulneración de la privacidad y la violencia política de género representan desafíos que trascienden el ámbito jurídico y requieren respuestas institucionales, educativas y culturales. En consecuencia, la consolidación de una democracia respetuosa de la dignidad humana demanda el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, la aplicación efectiva de sanciones, la promoción de la ética política y la educación cívica, así como el compromiso de los partidos políticos, las autoridades electorales y la sociedad en la construcción de procesos electorales transparentes, inclusivos y respetuosos de los derechos fundamentales.
El autor es abogado y Docente Universitario