La suspensión de las elecciones municipales este domingo es una expresión de la precariedad del aparato institucional del país que este periódico ha planteado desde hace años.
La República Dominicana tiene un sistema institucional que impacta lo electoral, lo político, lo jurídico, lo educacional y demás estamentos que forman parte de todo un andamiaje que deja unos niveles de deficiencias sumamente peligrosos para cualquier nación.
En realidad, el dominicano tiene que entender que el país tiene un Estado que debe ser fortalecido institucionalmente, porque carece de niveles de fiscalización, regulación y eficiencia.
Todo esto deja como consecuencia que seamos débiles en lo electoral, en lo judicial y en lo educacional, entre otros aspectos, porque sencillamente en este país es impredecible lo que puede ocurrir.
Cuando un Estado no garantiza un estado de derecho, lo cual es comprobable en el caso con los altos niveles de impunidad que prevalecen, cuya principal expresión se puede ver en la aplicación de las leyes, sobre todo de las penales, está permanentemente amenazado.
Es un problema no sólo para los delitos de cuello blanco, sino que el colapso del sistema abarca también a los que están en la parte más baja de la pirámide social, es decir, que también hay impunidad a nivel del ratero.
Es un nivel de deficiencia que llega a todos los niveles y que las consecuencias son exactamente lo que ha ocurrido sin que exista la posibilidad de que el Estado pueda reaccionar con la sanción correspondiente en contra de los posibles saboteadores de que se ha hablado.
Porque un Estado colapsado no se puede expresar de otra manera que con el derrumbe de lo que se vende como una fortaleza institucional que en realidad no existe.
Sea cual sea la causa del fracaso electoral que ha tenido la República Dominicana este 16 de mayo, lo cierto es que hemos quedado muy mal parados frente a la comunidad internacional, lo que podría tener un fuerte impacto en la economía.
Habría que preguntarse si en realidad la solución está en sustituir a los miembros de la Junta Central Electoral como han planteado algunos actores de la clase política nacional.
No lo creemos así, en virtud de que el aparato estatal está bajo control de un determinado sector que va a insistir en mantenerlo y en consecuencia procurará que se escojan personas que respondan a sus intereses.
En nuestra opinión se podrían sustituir funcionarios puntuales como el jefe de elecciones y el de informática de la JCE y de inmediato incorporar al proceso electoral pendiente, es decir, al presidencial y el congresional, las elecciones municipales y que de ese modo las mismas sean a tres niveles.
Esta propuesta se fundamenta en el hecho de que mal o bien ya está montada una logística que aminorará los costos económicos y permite salir con cierta facilidad del tollo ocurrido este domingo 16.
Pedir la renuncia del presidente de la República y del pleno de la JCE lo que haría es profundizar el vacío que hoy afecta a la democracia dominicana, ya que para lograr lo propuesto en este sentido hay un protocolo legal que implicaría prolongar y agudizar la crisis política, electoral e institucional que hoy afecta a la República Dominicana.
Es imprescindible que se entienda que los dominicanos tenemos un Estado que comparado con un edificio mal construido, carece de los soportes que lo sostengan y que en consecuencia puede colapsar por partes o de manera total en cualquier momento.
Lo cierto es que con lo ocurrido el colapso ha comenzado parcialmente y nadie puede prever cuando todo el edificio se podría ir al suelo por estar mal construido y por carecer de los soportes que lo sostengan.