Editorial
Colapsa el Sistema Institucional Dominicano.
La suspensión de las elecciones municipales este domingo es una expresión de la precariedad del aparato institucional del país que este periódico ha planteado desde hace años.
La República Dominicana tiene un sistema institucional que impacta lo electoral, lo político, lo jurídico, lo educacional y demás estamentos que forman parte de todo un andamiaje que deja unos niveles de deficiencias sumamente peligrosos para cualquier nación.
En realidad, el dominicano tiene que entender que el país tiene un Estado que debe ser fortalecido institucionalmente, porque carece de niveles de fiscalización, regulación y eficiencia.
Todo esto deja como consecuencia que seamos débiles en lo electoral, en lo judicial y en lo educacional, entre otros aspectos, porque sencillamente en este país es impredecible lo que puede ocurrir.
Cuando un Estado no garantiza un estado de derecho, lo cual es comprobable en el caso con los altos niveles de impunidad que prevalecen, cuya principal expresión se puede ver en la aplicación de las leyes, sobre todo de las penales, está permanentemente amenazado.
Es un problema no sólo para los delitos de cuello blanco, sino que el colapso del sistema abarca también a los que están en la parte más baja de la pirámide social, es decir, que también hay impunidad a nivel del ratero.
Es un nivel de deficiencia que llega a todos los niveles y que las consecuencias son exactamente lo que ha ocurrido sin que exista la posibilidad de que el Estado pueda reaccionar con la sanción correspondiente en contra de los posibles saboteadores de que se ha hablado.
Porque un Estado colapsado no se puede expresar de otra manera que con el derrumbe de lo que se vende como una fortaleza institucional que en realidad no existe.
Sea cual sea la causa del fracaso electoral que ha tenido la República Dominicana este 16 de mayo, lo cierto es que hemos quedado muy mal parados frente a la comunidad internacional, lo que podría tener un fuerte impacto en la economía.
Habría que preguntarse si en realidad la solución está en sustituir a los miembros de la Junta Central Electoral como han planteado algunos actores de la clase política nacional.
No lo creemos así, en virtud de que el aparato estatal está bajo control de un determinado sector que va a insistir en mantenerlo y en consecuencia procurará que se escojan personas que respondan a sus intereses.
En nuestra opinión se podrían sustituir funcionarios puntuales como el jefe de elecciones y el de informática de la JCE y de inmediato incorporar al proceso electoral pendiente, es decir, al presidencial y el congresional, las elecciones municipales y que de ese modo las mismas sean a tres niveles.
Esta propuesta se fundamenta en el hecho de que mal o bien ya está montada una logística que aminorará los costos económicos y permite salir con cierta facilidad del tollo ocurrido este domingo 16.
Pedir la renuncia del presidente de la República y del pleno de la JCE lo que haría es profundizar el vacío que hoy afecta a la democracia dominicana, ya que para lograr lo propuesto en este sentido hay un protocolo legal que implicaría prolongar y agudizar la crisis política, electoral e institucional que hoy afecta a la República Dominicana.
Es imprescindible que se entienda que los dominicanos tenemos un Estado que comparado con un edificio mal construido, carece de los soportes que lo sostengan y que en consecuencia puede colapsar por partes o de manera total en cualquier momento.
Lo cierto es que con lo ocurrido el colapso ha comenzado parcialmente y nadie puede prever cuando todo el edificio se podría ir al suelo por estar mal construido y por carecer de los soportes que lo sostengan.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.