Editorial
Colapsa el Sistema Institucional Dominicano.
La suspensión de las elecciones municipales este domingo es una expresión de la precariedad del aparato institucional del país que este periódico ha planteado desde hace años.
La República Dominicana tiene un sistema institucional que impacta lo electoral, lo político, lo jurídico, lo educacional y demás estamentos que forman parte de todo un andamiaje que deja unos niveles de deficiencias sumamente peligrosos para cualquier nación.
En realidad, el dominicano tiene que entender que el país tiene un Estado que debe ser fortalecido institucionalmente, porque carece de niveles de fiscalización, regulación y eficiencia.
Todo esto deja como consecuencia que seamos débiles en lo electoral, en lo judicial y en lo educacional, entre otros aspectos, porque sencillamente en este país es impredecible lo que puede ocurrir.
Cuando un Estado no garantiza un estado de derecho, lo cual es comprobable en el caso con los altos niveles de impunidad que prevalecen, cuya principal expresión se puede ver en la aplicación de las leyes, sobre todo de las penales, está permanentemente amenazado.
Es un problema no sólo para los delitos de cuello blanco, sino que el colapso del sistema abarca también a los que están en la parte más baja de la pirámide social, es decir, que también hay impunidad a nivel del ratero.
Es un nivel de deficiencia que llega a todos los niveles y que las consecuencias son exactamente lo que ha ocurrido sin que exista la posibilidad de que el Estado pueda reaccionar con la sanción correspondiente en contra de los posibles saboteadores de que se ha hablado.
Porque un Estado colapsado no se puede expresar de otra manera que con el derrumbe de lo que se vende como una fortaleza institucional que en realidad no existe.
Sea cual sea la causa del fracaso electoral que ha tenido la República Dominicana este 16 de mayo, lo cierto es que hemos quedado muy mal parados frente a la comunidad internacional, lo que podría tener un fuerte impacto en la economía.
Habría que preguntarse si en realidad la solución está en sustituir a los miembros de la Junta Central Electoral como han planteado algunos actores de la clase política nacional.
No lo creemos así, en virtud de que el aparato estatal está bajo control de un determinado sector que va a insistir en mantenerlo y en consecuencia procurará que se escojan personas que respondan a sus intereses.
En nuestra opinión se podrían sustituir funcionarios puntuales como el jefe de elecciones y el de informática de la JCE y de inmediato incorporar al proceso electoral pendiente, es decir, al presidencial y el congresional, las elecciones municipales y que de ese modo las mismas sean a tres niveles.
Esta propuesta se fundamenta en el hecho de que mal o bien ya está montada una logística que aminorará los costos económicos y permite salir con cierta facilidad del tollo ocurrido este domingo 16.
Pedir la renuncia del presidente de la República y del pleno de la JCE lo que haría es profundizar el vacío que hoy afecta a la democracia dominicana, ya que para lograr lo propuesto en este sentido hay un protocolo legal que implicaría prolongar y agudizar la crisis política, electoral e institucional que hoy afecta a la República Dominicana.
Es imprescindible que se entienda que los dominicanos tenemos un Estado que comparado con un edificio mal construido, carece de los soportes que lo sostengan y que en consecuencia puede colapsar por partes o de manera total en cualquier momento.
Lo cierto es que con lo ocurrido el colapso ha comenzado parcialmente y nadie puede prever cuando todo el edificio se podría ir al suelo por estar mal construido y por carecer de los soportes que lo sostengan.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.