Editorial
Colapsa el Sistema Institucional Dominicano.
La suspensión de las elecciones municipales este domingo es una expresión de la precariedad del aparato institucional del país que este periódico ha planteado desde hace años.
La República Dominicana tiene un sistema institucional que impacta lo electoral, lo político, lo jurídico, lo educacional y demás estamentos que forman parte de todo un andamiaje que deja unos niveles de deficiencias sumamente peligrosos para cualquier nación.
En realidad, el dominicano tiene que entender que el país tiene un Estado que debe ser fortalecido institucionalmente, porque carece de niveles de fiscalización, regulación y eficiencia.
Todo esto deja como consecuencia que seamos débiles en lo electoral, en lo judicial y en lo educacional, entre otros aspectos, porque sencillamente en este país es impredecible lo que puede ocurrir.
Cuando un Estado no garantiza un estado de derecho, lo cual es comprobable en el caso con los altos niveles de impunidad que prevalecen, cuya principal expresión se puede ver en la aplicación de las leyes, sobre todo de las penales, está permanentemente amenazado.
Es un problema no sólo para los delitos de cuello blanco, sino que el colapso del sistema abarca también a los que están en la parte más baja de la pirámide social, es decir, que también hay impunidad a nivel del ratero.
Es un nivel de deficiencia que llega a todos los niveles y que las consecuencias son exactamente lo que ha ocurrido sin que exista la posibilidad de que el Estado pueda reaccionar con la sanción correspondiente en contra de los posibles saboteadores de que se ha hablado.
Porque un Estado colapsado no se puede expresar de otra manera que con el derrumbe de lo que se vende como una fortaleza institucional que en realidad no existe.
Sea cual sea la causa del fracaso electoral que ha tenido la República Dominicana este 16 de mayo, lo cierto es que hemos quedado muy mal parados frente a la comunidad internacional, lo que podría tener un fuerte impacto en la economía.
Habría que preguntarse si en realidad la solución está en sustituir a los miembros de la Junta Central Electoral como han planteado algunos actores de la clase política nacional.
No lo creemos así, en virtud de que el aparato estatal está bajo control de un determinado sector que va a insistir en mantenerlo y en consecuencia procurará que se escojan personas que respondan a sus intereses.
En nuestra opinión se podrían sustituir funcionarios puntuales como el jefe de elecciones y el de informática de la JCE y de inmediato incorporar al proceso electoral pendiente, es decir, al presidencial y el congresional, las elecciones municipales y que de ese modo las mismas sean a tres niveles.
Esta propuesta se fundamenta en el hecho de que mal o bien ya está montada una logística que aminorará los costos económicos y permite salir con cierta facilidad del tollo ocurrido este domingo 16.
Pedir la renuncia del presidente de la República y del pleno de la JCE lo que haría es profundizar el vacío que hoy afecta a la democracia dominicana, ya que para lograr lo propuesto en este sentido hay un protocolo legal que implicaría prolongar y agudizar la crisis política, electoral e institucional que hoy afecta a la República Dominicana.
Es imprescindible que se entienda que los dominicanos tenemos un Estado que comparado con un edificio mal construido, carece de los soportes que lo sostengan y que en consecuencia puede colapsar por partes o de manera total en cualquier momento.
Lo cierto es que con lo ocurrido el colapso ha comenzado parcialmente y nadie puede prever cuando todo el edificio se podría ir al suelo por estar mal construido y por carecer de los soportes que lo sostengan.
Aunque el título de este editorial no busca sobreponer los huracanes a otro fenómeno natural como son los terremotos, pero el mismo sólo persigue darle la trascendencia que tiene el problema de la falta de prevención que caracteriza al país.
Sin lugar a dudas que lo ocurrido en Venezuela debe servir de voz de alarma para el país, máxime que los terremotos están asociados a una falla tectónica que también abarca a la República Dominicana.
La cuestión es que cada vez que hay un evento de esta naturaleza resurgen las advertencias sobre el peligro que amenaza a la República Dominicana, cuya deficiencia es parte de un todo que no hay forma de superar por razones profundamente culturales.
Pero es que en esta materia como en ninguna otra el país no ha desarrollado políticas públicas dirigidas a construir una cultura de prevención que por lo menos evite que cualquier tragedia como resultado de un fenómeno natural como los terremotos se pueda llevar de paro medio país.
Hace décadas que se repiten las mismas advertencias y alertas e incluso se han creado leyes para disminuir el impacto de un terremoto de alta potencia como el de más de siete grados ocurrido en Venezuela, pero las mismas, como prácticamente todas las del sistema jurídico nacional, son letra muerta.
De manera, que con el discurrir de los años las construcciones a troche y moche han seguido su curso como si ese comportamiento no tuviera ninguna importancia y sólo se esperan los daños como resultado de un terremoto de alta magnitud como se espera en algún momento en el territorio nacional.
Un buen ejemplo del descuido o negligencia de las autoridades edilicias y del gobierno central son las torres construidos en urbanizaciones como “La Trinitaria de Santiago”, pese a que ya los expertos han advertido de que las mismas se levantan sin tomar en cuenta en su diseño el tipo de suelo que hay en la zona.
Ya ha habido hechos que deben servir de escarmiento a las autoridades para que pare la imprudencia de construir sin miramiento, como fue el desplome de la construcción de un hotel en la calle Del Sol de Santiago por la misma causa del tipo de suelo, pero lo ocurrido sirvió de poco.
El problema está nuevamente sobre el tapete por la gran tragedia que se ha producido en Venezuela, pero la preocupación durará muy poco tiempo, ya que al cabo de los días ya se retorna a la normalidad acostumbrada y se olvidan las construcciones que amenazan la vida de mucha gente por tratarse de una imprudencia que no valora la advertencia de los expertos en la materia.
Sólo falta que la verdad, que ojalá Dios no quiera que así sea, le dé en la cara muy duro a las autoridades nacionales que no hacen el menor esfuerzo para evitarle un gran dolor de cabeza a la sociedad dominicana.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso porque el que tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica o que no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora y que deja en una situación difícil la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también que atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.
La no ejecución de las leyes y la violación de las mismas son, sin lugar a dudas, el principal perfil de un Estado no viable, como ocurre en los países del tercer mundo, incluida la República Dominicana.
En el país se activa la acción del Estado después de ocurrida la tragedia, tanto a nivel público como privado, cuyos buenos ejemplos al respecto son la tragedia del Jet Set y los feminicidios, entre otros delitos y crimines que no tienen un régimen de consecuencia.
Todo como resultado de una cultura que tiene una explicación histórica que ha sido concretada con la expresión popular de que el dominicano le ponga candidato a la casa después que le roban.
Por esta razón el fenómeno se repite permanentemente sin que se produzca la capacidad y la fuerza institucional de ponerle coto a la impunidad que abraza a toda la sociedad dominicana.
El asunto se complica porque quien debe velar por la aplicación de la ley es el primero que la viola, es decir, que el Estado en vez de promover el valor del cumplimiento del orden legal es el primero que no lo respeta.
Esta realidad no es exclusiva para la aplicación de las leyes adjetivas, las llamadas organicas y ordinarias, sino que tampoco se respeta la Constitución de la República, la cual es violada regularmente hasta por propio presidente de la República.
De manera, que se trata de una cultura, de un problema integral que erosiona la credibilidad de la democracia, lo que la lleva a perder su legitimidad, cuyos funcionarios electos carecen del nivel de aprobación que valida el sistema.
Por esta razón no hay nada que funcione, porque todo el que va al poder piensa que llegó ahí para toda la vida y se preocupa muy poco porque las leyes se ejecutan como mandan sus textos.
La cuestión es que el partido del sistema que llega al poder se incorpora a una cadena de complicidad que necesariamente tiene que fortalecer para evitar su enjuiciamiento por la comisión de graves violaciones a la ley, lo cual involucra a los tres poderes del Estado, como ocurre en la actualidad.
Ahí está la razón de que en las encuestas de medición electoral esté prácticamente empatado el ninguno en aceptación popular con el partido oficial, lo que está explicada en que en el país prevalece a nivel político el clientelismo y el que tiene el control del Estado puede manejar los recursos públicos para promover ese antivalor que daña tanto a la democracia, lo cual, naturalmente, es transitorio y circunstancial.
La impunidad es lo que provoca que la autoridad no tenga mucho interés en la ejecución de la ley, lo que estimula fenómenos como los feminicidios y la relación sentimental entre hombres mayores y mujeres adolescentes o niñas menores de 16 años, cuyo impacto social es demoledor para cualquier sociedad que busque su desarrollo humano.