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La JCE fue emplazada a presentar a la Procuraduría informe técnico sobre elecciones suspendidas
El Ministerio Público ha solicitado a la Junta Central Electoral (JCE) un informe técnico ante los fallos ocurridos el pasado domingo que obligaron a la suspensión de las elecciones municipales en todo el país.
El Ministerio Público tiene un gran reto por delante, ya que amplios sectores de la sociedad piden una investigación pormenorizada para descartar un “sabotaje” y conocer las reales causas de lo que pasó.
Ante esto, la Procuraduría General de la República informó que ya solicitó un informe técnico a la Junta Central Electoral (JCE) para proceder con la investigación y se negó a emitir opinión hasta no tener el informe a mano.
Algunas organizaciones políticas de oposición como Alianza País, pidió resguardar los equipos utilizados en las elecciones municipales para preservar la cadena de custodia de los mismos, pues entienden que ahí pueden encontrarse las evidencias de los fallos que culminaron con la frustración de los comicios municipales.
Estos no confían en la independencia de los fiscales en asunto electoral y están solicitando que se disponga la realización de una investigación independiente para determinar lo sucedido y establecer responsabilidades y las sanciones de lugar.
El movimiento cívico Participación Ciudadana es otra de las organizaciones que exige investigar lo sucedido, aunque denunciaron que en el suspendido proceso “se comprobó que los fiscales para asuntos electorales no contestaron las llamadas en el 72% de los casos y las contestadas fueron atendidas por oficiales militares, secretarias o personal de oficina”.
Según su denuncia, en todos los casos en que hubo respuestas de las llamadas, se informó que las personas deben acudir personalmente a hacer la denuncia aportando todas las pruebas y llevar los testigos.
En respuesta a esa versión, la Procuraduría dijo que “el Ministerio Público operó de forma eficiente en horario corrido con asistencia telefónica, conforme sus procesos internos”.
En una alocución pública, Leonel Fernández, candidato presidencial por La Fuerza del Pueblo, fue uno de los que solicitó una pesquisa para aclarar lo sucedido y llamó a un diálogo políticos con líderes de organizaciones cívicas para buscar una solución y tendente a fortalecer la democracia.
El tanto, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que es el partido de gobierno, entiende que en las suspendidas elecciones se produjo un “sabotaje” para hacer fracasar los comicios.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) señaló que lo ocurrido fue un “grave atropello a la democracia dominicana”. También resaltó que llama la atención que los fallos principalmente ocurrieron porque los equipos no cargaban las boletas de los partidos de oposición y con el PRM. También exigen una profunda investigación.
Durante una operacion de las autoridades dominicanas fueron incautados este miércoles 114 paquetes de presunta cocaína en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia.
Según una nota de prensa de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el operativo se inició tras una alerta sobre una embarcación que se dirigía hacia territorio dominicano con un posible cargamento de sustancias ilícitas. Ante esto, se activaron los equipos aéreos, marítimos y terrestres para interceptar la lancha.
Tras varias horas de seguimiento, los ocupantes de la embarcación, al detectar la presencia de las autoridades, aceleraron la marcha y lanzaron varias pacas de presuntos narcoticos al mar Caribe antes de huir rumbo al sur, logrando evadir la persecución.
Posteriormente, se realizó un operativo de búsqueda en aguas del Caribe, a varias millas náuticas al sur de Baní, donde lograron recuperar cuatro pacas que contenían los 114 paquetes, de presunta cocaína, envueltos en cinta adhesiva y marcados con distintos logotipos.
Buscan a los tripulantes
La DNCD informó que helicópteros, lanchas y unidades de reacción terrestre permanecen desplegadas en la zona mientras continúan las labores para localizar otros posibles ilícitos y dar con los tripulantes de la lancha.
- En la operación participaron agentes de la DNCD, miembros de la Armada de la República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), bajo la coordinación del Ministerio Público.
Los paquetes ocupados fueron enviados, bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que determinará el tipo y peso exacto del alijo.
Santo Domingo, R.D.-Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República, reiteró este miércoles su firme posición respecto a los límites impuestos a la reelección presidencial consecutiva, afirmando que no respaldará ninguna iniciativa que pretenda modificar lo establecido en la reforma constitucional de 2024.
«Yo no me voy a desdecir. Yo presidí una reforma constitucional como presidente de la Asamblea, y ahí se determinó claramente que el objetivo principal era poner los verdaderos candados para que ningún presidente pueda participar más de lo permitido y nunca jamás», expresó.
De los Santos negó que exista alguna orientación partidaria que favorezca cambiar la Constitución, como sugieren algunos sectores.
«No hay ninguna línea partidaria de eso, lo que se está diciendo, eso se lo están inventando», afirmó.
Reafirmación del compromiso con la reforma constitucional de 2024
Recordó que la línea oficial del liderazgo político fue precisamente cumplir con la palabra empeñada y colocar «los verdaderos candados» que impiden que cualquier presidente pueda intentar perpetuarse en el poder.
- La reforma constitucional de 2024 limitó la reelección presidencial consecutiva y, según De los Santos, su contenido no está sujeto a revisión.
Santiago de los Caballeros, 3 de diciembre de 2025.– Esta tarde la Policía Nacional informó que se presentaron ante el despacho del director regional, general Juan Bautista Jiménez Reinoso, los señores Juan Compré (Guanchi), Osvaldo Brito y Bernardo Fernández, dirigentes de la Coalición de Organizaciones Sociales y Populares del Cibao, junto al periodista Orlando Reyes, para entregarse a los jóvenes Ramón Emilio Gonzales Cabrera, Adelin José Núñez Guzmán y Juan Martín Hernández Rosario.
Los citados jóvenes eran requeridos por la institución para ser investigados por el Ministerio Público en relación con su presunta vinculación al atentado contra la vivienda del alcalde del municipio de Navarrete, Genrry Peralta, la cual fue tiroteada.
La entrega de los jóvenes se realizó como resultado de varios allanamientos ejecutados bajo las órdenes judiciales núms. AJ0079232 y AJ0079234-2025, llevados a cabo por la Policía Nacional junto al Ministerio Público en busca de los responsables del hecho.