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La JCE fue emplazada a presentar a la Procuraduría informe técnico sobre elecciones suspendidas
El Ministerio Público ha solicitado a la Junta Central Electoral (JCE) un informe técnico ante los fallos ocurridos el pasado domingo que obligaron a la suspensión de las elecciones municipales en todo el país.
El Ministerio Público tiene un gran reto por delante, ya que amplios sectores de la sociedad piden una investigación pormenorizada para descartar un “sabotaje” y conocer las reales causas de lo que pasó.
Ante esto, la Procuraduría General de la República informó que ya solicitó un informe técnico a la Junta Central Electoral (JCE) para proceder con la investigación y se negó a emitir opinión hasta no tener el informe a mano.
Algunas organizaciones políticas de oposición como Alianza País, pidió resguardar los equipos utilizados en las elecciones municipales para preservar la cadena de custodia de los mismos, pues entienden que ahí pueden encontrarse las evidencias de los fallos que culminaron con la frustración de los comicios municipales.
Estos no confían en la independencia de los fiscales en asunto electoral y están solicitando que se disponga la realización de una investigación independiente para determinar lo sucedido y establecer responsabilidades y las sanciones de lugar.
El movimiento cívico Participación Ciudadana es otra de las organizaciones que exige investigar lo sucedido, aunque denunciaron que en el suspendido proceso “se comprobó que los fiscales para asuntos electorales no contestaron las llamadas en el 72% de los casos y las contestadas fueron atendidas por oficiales militares, secretarias o personal de oficina”.
Según su denuncia, en todos los casos en que hubo respuestas de las llamadas, se informó que las personas deben acudir personalmente a hacer la denuncia aportando todas las pruebas y llevar los testigos.
En respuesta a esa versión, la Procuraduría dijo que “el Ministerio Público operó de forma eficiente en horario corrido con asistencia telefónica, conforme sus procesos internos”.
En una alocución pública, Leonel Fernández, candidato presidencial por La Fuerza del Pueblo, fue uno de los que solicitó una pesquisa para aclarar lo sucedido y llamó a un diálogo políticos con líderes de organizaciones cívicas para buscar una solución y tendente a fortalecer la democracia.
El tanto, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que es el partido de gobierno, entiende que en las suspendidas elecciones se produjo un “sabotaje” para hacer fracasar los comicios.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) señaló que lo ocurrido fue un “grave atropello a la democracia dominicana”. También resaltó que llama la atención que los fallos principalmente ocurrieron porque los equipos no cargaban las boletas de los partidos de oposición y con el PRM. También exigen una profunda investigación.
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.