Más Noticias
La JCE fue emplazada a presentar a la Procuraduría informe técnico sobre elecciones suspendidas
El Ministerio Público ha solicitado a la Junta Central Electoral (JCE) un informe técnico ante los fallos ocurridos el pasado domingo que obligaron a la suspensión de las elecciones municipales en todo el país.
El Ministerio Público tiene un gran reto por delante, ya que amplios sectores de la sociedad piden una investigación pormenorizada para descartar un “sabotaje” y conocer las reales causas de lo que pasó.
Ante esto, la Procuraduría General de la República informó que ya solicitó un informe técnico a la Junta Central Electoral (JCE) para proceder con la investigación y se negó a emitir opinión hasta no tener el informe a mano.
Algunas organizaciones políticas de oposición como Alianza País, pidió resguardar los equipos utilizados en las elecciones municipales para preservar la cadena de custodia de los mismos, pues entienden que ahí pueden encontrarse las evidencias de los fallos que culminaron con la frustración de los comicios municipales.
Estos no confían en la independencia de los fiscales en asunto electoral y están solicitando que se disponga la realización de una investigación independiente para determinar lo sucedido y establecer responsabilidades y las sanciones de lugar.
El movimiento cívico Participación Ciudadana es otra de las organizaciones que exige investigar lo sucedido, aunque denunciaron que en el suspendido proceso “se comprobó que los fiscales para asuntos electorales no contestaron las llamadas en el 72% de los casos y las contestadas fueron atendidas por oficiales militares, secretarias o personal de oficina”.
Según su denuncia, en todos los casos en que hubo respuestas de las llamadas, se informó que las personas deben acudir personalmente a hacer la denuncia aportando todas las pruebas y llevar los testigos.
En respuesta a esa versión, la Procuraduría dijo que “el Ministerio Público operó de forma eficiente en horario corrido con asistencia telefónica, conforme sus procesos internos”.
En una alocución pública, Leonel Fernández, candidato presidencial por La Fuerza del Pueblo, fue uno de los que solicitó una pesquisa para aclarar lo sucedido y llamó a un diálogo políticos con líderes de organizaciones cívicas para buscar una solución y tendente a fortalecer la democracia.
El tanto, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que es el partido de gobierno, entiende que en las suspendidas elecciones se produjo un “sabotaje” para hacer fracasar los comicios.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) señaló que lo ocurrido fue un “grave atropello a la democracia dominicana”. También resaltó que llama la atención que los fallos principalmente ocurrieron porque los equipos no cargaban las boletas de los partidos de oposición y con el PRM. También exigen una profunda investigación.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader sostuvo que “nunca” cambiaría los términos de elección de un candidato presidencial establecidos en la Constitución de la República para «beneficiarse».
Al responder una pregunta de los medios de comunicación, el mandatario indicó que solamente realizará dos cambios a la Constitución actual: uno que implica la forma en que se escoge la figura del Procurador General de la República, y otro que colocaría un «candado» para que ningún mandatario pueda cambiar «a conveniencia» los corrientes metodos de elección y reelección estipulados en la Carta Magna.
“El candado es para que nadie, aunque tenga mayoría o una inmensa mayoría, no se anime a querer cambiar los términos de elección, sino ya que se quede con los ocho años y nunca jamás y eso yo lo voy a respetar ”, expresó Abinader al responder a la pregunta de una posible modificación para cambiar la Constitución del país.
Durante La Semanal de este lunes, celebrado en Santiago, el presidente Abinader señaló la necesidad de un palacio de la policía para Santiago, la que consideró como una de las obras más importantes que tiene previsto en su plan de gobierno.
“Es una barbaridad como está la policía en Santiago, es una de las urgencias de Santiago pero está en la lista corta para iniciar tan pronto tengamos la posibilidad”, dijo.
Santo Domingo, R.D.-La gran cantidad de recursos públicos usados en la actual campaña electoral fue criticado por Participación Ciudadana, cuya organización comparó ese abuso con lo ocurrido durante los últimos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido Revolucionario Moderno.
«En la partida destinada a “publicidad, impresión y encuadernación” en el 2021 se gastó la suma RD$3,621 millones, monto que se incrementó a RD$6,375 millones en el 2022 y RD$8,786 millones en el 2023», señala la organización.
El uso irregular de los recursos públicos en favor del partido o bloque dominante es una práctica muy arraigada en la historia política dominicana, alcanzando niveles cada vez más escandalosos, durante los pasados gobiernos del PLD y en el actual. Que los programas públicos se utilizan deliberadamente con intenciones de influir sobre el electorado, se pone en evidencia solo con ver que se intensifican en la medida en que se acercan las elecciones.
A manera de ejemplo, en la partida destinada a “publicidad, impresión y encuadernación” en el 2021 se gastó la suma RD$3,621 millones, monto que se incrementó a RD$6,375 millones en el 2022 y RD$8,786 millones en el 2023. De todo lo gastado en dicho año, el 74% tuvo lugar en la segunda mitad. Se advierte que casi todo lo computado en esta partida, el 86 por ciento, corresponde a publicidad y propaganda.
Para este 2024 el presupuesto consigna RD$8,163 millones destinados a “publicidad, impresión y encuadernación”, de los cuales en los primeros tres meses y 12 días ya se gastaron 2,790 millones de pesos, particularmente en los meses de febrero y marzo, cuando se intensificó.
De esta manera, en el segundo semestre del año pasado, cuando las elecciones estaban más cerca, se gastó casi el triple que en el primero, y en lo que va del 2024 seis veces más que en igual período del año anterior.
La publicidad oficial suele incluir, de forma velada o expresa, informaciones sobre supuestos “logros gubernamentales” que no son otra cosa que propaganda electoral, incluso utilizando expresamente cifras tendentes a abultar los éxitos, expuestos en páginas de periódicos y espacios en los medios audiovisuales y plataformas.
No es que no se hiciera en los pasados gobiernos, e incluso a veces más en términos relativos, sino que lo esperable por parte de la ciudadanía es que las prácticas incorrectas sean corregidas en vez de replicadas igual o peor.
Otra práctica histórica que también persiste es aprovechar con fines electorales diversos programas públicos, principalmente en los de bienestar social, a pesar de algunos intentos legales o de las autoridades electorales. Sin embargo, resulta difícil extraer conclusiones en base a las estadísticas disponibles, debido a que dicho uso queda englobado dentro de grandes partidas de gastos que incluyen programas legítimos del Estado, como inversiones públicas, programas sociales y subsidios gubernamentales, pero que son utilizados habitualmente como medios para favorecer adeptos o promocionar candidatos oficiales.
Particularmente destaca la partida destinada a “ayudas y donaciones a personas”, que, si bien se refiere a programas legítimos que ayudan a combatir la pobreza, también se usan habitualmente de manera selectiva para favorecer políticamente al gobierno de turno. En la misma se gastaron 52,000 millones de pesos en el pasado año 2023 y 11,594 millones en los primeros dos meses de este año, registrándose un incremento de 20% respecto a enero-febrero del 2023.
Santo Domingo, R.D.-Este martes la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura un proyecto de ley que crea el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y elimina la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet).
De acuerdo con el proyecto, elaborado por el diputado Gilberto Balbuena, el nuevo Indomet estará adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, que ejercerá una potestad de tutela para verificar el funcionamiento de la nueva entidad.
Entre sus funciones, el Indomet deberá establecer estaciones de observación para monitorear el estado del tiempo, mantener sistemas permanentes de telecomunicación, emitir informes de alerta temprana, expedir certificaciones de datos meteorológicos, suministrar asistencia técnica a la navegación aérea y asesorar a las autoridades.
Si el Indomet es creado mediante ley, tendrá un consejo directivo que servirá como la máxima autoridad del instituto y que estará compuesto por el ministro de Medio Ambiente, el ministro de la Presidencia, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Relaciones Exteriores, el director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y el director ejecutivo del Indomet.
En caso de ser creado, las atribuciones del consejo incluirán el establecimiento de lineamientos en meteorología, revisar y actualizar los planes de contigencia, conocer el régimen de sueldos de Indomet, someter una terna al Poder Ejecutivo para escoger al director del Indomet y aprobar contrataciones de asesores para la entidad.
Para su sustento, los recursos económicos del nuevo instituto provendrán del Presupuesto General del Estado y de aportes de otras instituciones públicas y privadas.
«Todas las responsabilidades y atribuciones que las leyes y decretos le asignan a Onamet pasarán a su continuador institucional, el Indomet», señala la pieza.