Santo Domingo, RD.-La marcha por la Democracia promovida por unos trece partidos políticos de oposición y dos movimientos sociales propuso un pacto político-social, que despeje la desconfianza de la población y garantice que las elecciones municipales reprogramadas para el 15 de marzo se celebren en un ambiente de equidad y sin la irrupción del gobierno.Nacionales
La oposición propone pacto político-social
Santo Domingo, RD.-La marcha por la Democracia promovida por unos trece partidos políticos de oposición y dos movimientos sociales propuso un pacto político-social, que despeje la desconfianza de la población y garantice que las elecciones municipales reprogramadas para el 15 de marzo se celebren en un ambiente de equidad y sin la irrupción del gobierno.En una proclama emitida al finalizar la marcha en el Altar de la Patria, expresaron que ese pacto cobra más importancia para las elecciones del 17 de mayo próximo, en las cuales se pondrá en juego el control de los dos mayores poderes del Estado: el Ejecutivo y el Legislativo.
“Reclamamos a los titulares de la Junta Central Electoral que cumplan las responsabilidades que le atribuye la Constitución de organizar elecciones libres, con equidad, objetividad y transparencia”, sostienen en el documento.
Expresan que en otras circunstancias el fracaso del 16 de febrero, con la suspensión de las elecciones municipales tras el colapso el sistema de voto automatizado, los miembros de la JCE se habrían visto preciados a renunciar, pero que deben ser conscientes de que tienen el crédito suspendido, y que como dijo su presidente Julio César Castaños Guzmán, están obligados a nacer de nuevo.
La Marcha por la Democracia inició con dos horas de retraso, convocada por 13 partidos políticos opositores en reclamo de una explicación por la suspensión de las elecciones municipales del pasado domingo 16 de febrero, por fallos presentados en el sistema de voto automatizado.
Marcaban las 11:10 de la mañana cuando la multitudinaria manifestación comenzaba a movilizarse a lo largo de la avenida Máximo Gómez. Esta marcha iba dividida por tres bloques diferentes: los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados se reunieron en la avenida John F. Kennedy con Máximo Gómez, encabezados por el candidato presidencial Luis Abinader. El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), se congregó próximo a la esquina George Washington, en el malecón de la capital, con su presidente Federico Antún Batlle a la cabeza. Mientras el partido Fuerza del Pueblo y sus aliados se centraron en la Máximo Gómez esquina 27 de Febrero, con su candidato Leonel Fernández al frente. Este último era el punto de reunión convocado y partida de la caravana opositora.
Poco después de la 1:00 de la tarde, luego de dos horas de haberse iniciado, arribó el primer grupo de manifestantes pertenecientes al PRSC, pero no fue hasta veinte minutos después que el tránsito en los alrededores del Parque Independencia colapsó. Justo cuando el expresidente Fernández, arribó sus seguidores se le acercaron para pedirle fotografías y conversar por pocos segundos con el candidato a la presidencia por Fuerza del Pueblo.
Antes de las 2:00 de la tarde, también llegó Luis Abinader, quien estuvo acompañado por Milagros Ortiz Bosch, se quedó atrás del vehículo de Leonel Fernández, desde donde escuchó las notas del Himno Nacional, una oración y la proclama leída por tres jóvenes, incluida la candidata a la Senaduría del Distrito Nacional por el PRM, Faride Raful.
Los partidos que participaron de esta marcha, además del PRM, PRSC y Fuerza del Pueblo, fueron Partido Humanista Dominicano (PHD), Dominicanos por el Cambio (DXC), Frente Amplio, Alianza por la Democracia (APD), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y Partido Unidad Nacional (PUN), así como las agrupaciones sociales Coalición Democracia por la Regeneración Nacional y Coalición por la Defensa de la Constitución.
Santo Domingo, R.D.-La figura de la candidatura independiente se posiciona en el centro de atención de las organizaciones políticas y otros sectores sociales a partir de la sentencia emitida recientemente por el Tribunal Constitucional (TC), que declaró inconstitucional los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral.
De manera específica, el pleno del TC hizo, además, un análisis de las reformas desarrolladas a este marco legal en los últimos 98 años, con la cual determinó que en “el único momento que, conceptualmente” las candidaturas independientes estuvieron alejadas de los partidos políticos fue hasta el año 1962. Desde este período, hasta este 2024, esta legislación ha resultado “extremadamente difícil y contraria” a la esencia misma de las candidaturas independientes.
Sin embargo, desde la publicación del dictamen el pasado 13 de diciembre, sobre este método de postulación a los puestos de los tres niveles de elección, parte de los representantes políticos aseguran que el sistema de partidos podría ser afectado con esta decisión en el futuro.
Algunos de los factores señalados por las agrupaciones políticas son los riesgos de desigualdad en la competencia electoral y posibles dificultades con la logística de los sufragios. Además, que esta flexibilización apertura una puerta para recibir a ciudadanos que estén vinculados a acciones criminales.
El veredicto del pleno de la Alta Corte ante la instancia depositada por Alberto Fiallo Billini fue declarar no conforme con la Constitución lo establecido en los artículos 167 y 157, situados en el capítulo titulado “De las candidaturas independientes”.
Este documento, que fue enviado a la Cámara de Diputados y al Senado, declaró la interpretación del pleno sobre la forma en la cual debe ser redactado en el texto de esos artículos.
El segundo párrafo del artículo 47 en la Ley 137-11 permite al pleno del TC dictar sentencias interpretativas, que pueden ser “aditivas” cuando se busca controlar las omisiones legislativas inconstitucionales. Tal es el caso de las ausencias de previsión legal expresa de “lo que constitucionalmente debía haberse previsto o cuando se limitan a realizar una interpretación extensiva o analógica del precepto impugnado”.
Modificación legislativa
Estos artículos en la ley del Régimen Electoral vigente consideran como hábiles las candidaturas independientes que “surjan” a través de agrupaciones políticas. Asimismo, contiene en los requisitos la necesidad de conformar una organización de “cuadros directivos”, para que pueda ser sustentada la propuesta electoral independiente.
Precisamente, esto es lo que el TC instruyó eliminar, sustituyendo el rol de las agrupaciones políticas por organizaciones sociales y civiles, para que puedan ser validadas las candidaturas independientes.
Pero, ¿Cuál es el origen de esta figura en la ley?
De acuerdo con la evaluación del pleno de la Alta Corte, la figura de las candidaturas independientes fue introducida en la legislación dominicana mediante el artículo 77 de la Ley 386,de 1926, en el que se establecía la existencia de dos tipos de candidatos: Los de partidos e independientes, los cuales podían presentarse para todas las posiciones electivas habilitadas. En esa ocasión, los requisitos para su postulación eran presentar una instancia motivada al órgano electoral que correspondiera, según la posición perseguida. Mientras que para la postulación de cargos de alcance nacional, el ciudadano debía ser respaldado por al menos 2,000 sufragantes.
Legislaciones.
En 1962 el Poder Legislativo efectuó una reforma, introduciendo la ley 5884, en la que se apertura un apartado especial para consignar este mecanismo. Con esta reforma a la ley electoral fue cambiado de manera “sustancial” este apartado, ya que “las candidaturas independientes debían ser propuestas por agrupaciones políticas accidentales” y conformar una estructura de cuadros directivos con el mismo esquema de los partidos políticos. Luego, en 1997, adiciona un mandato para que quienes opten por utilizar este derecho político fundamental presenten una agrupación política avalada por un porcentaje mínimo de inscritos en el registro electoral. Por último, fueron promulgadas las leyes 15-19 y 20-23, que mantienen una redacción idéntica en estos artículos.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), solicitó este martes a la Junta Central Electoral (JCE) convocar a los partidos políticos reconocidos para discutir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que autoriza a los dominicanos con aspiraciones a inscribir sus candidaturas sin necesitar el sustento de las organizaciones políticas.
Durante una entrevista en el programa matutino «El Sol de la Mañana», el también ministro de la Presidencia, considera que le corresponde al órgano electoral discutir con los partidos los métodos y fórmulas que deben implementarse en respuesta al dictamen del TC.
Paliza consideró que las entidades políticas deben reunirse en enero de 2025 para revisar y dialogar «detenidamente» el contenido de la medida ordenada por la Alta Corte.
Diversos sectores se han pronunciado en torno a la sentencia TC-0788-24, emitida el pasado 13 de diciembre, y expresado su preocupación, ya que genera una incertidumbre sobre hacia dónde conducirá al sistema político esta nueva normativa.
Además de dirigentes políticos como Leonel Fernández, Sigmund Freud, Edy Olivares también ha fijado posición la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), entidad que mediante un documento firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños, expresa su “preocupación”.
El jurista aseguró que la sentencia podría desvirtuar los esfuerzos realizados para fortalecer la democracia interna de los partidos políticos.
Por Jhonny Trinidad
SANTO DOMINGO.- La Corporación Latinobarómetro con sede en Santiago de Chile ubicó a la República Dominicana entre los países mejores posicionados de Latinoamérica.
Sobresalió como una de las naciones con mayor bienestar en su población.
84 % de 19,214 dominicanos entrevistos entre el 23 de agosto y el 9 de septiembre manifestó satisfacción con su estilo de vida, lo que coloca a su país entre las naciones más optimistas de la región, junto a México y Brasil, que registran entre 82 % y 84 %, respectivamente.
Solo Costa Rica, Uruguay, Guatemala y El Salvador superan esos niveles, alcanzando entre 89 % y 85 %.
Argentina obtuvo un 79 %, Chile, Perú, Honduras, Venezuela y Ecuador, consiguieron índices de entre 71 % y 77 %. Bolivia ocupa el último lugar con solo un 55 % de satisfacción.
72 % de la población de El Salvador percibe que su país está avanzando, al igual que el 50 % de los dominicanos, mexicanos, uruguayos y panameños.
Las cifras más bajas en esta categoría son atribuidas a Bolivia (5 %), Perú (11 %), Honduras (12 %) y Ecuador (13 %).
Según el informe, el 71 % de los dominicanos considera que su familia ha mejorado en los últimos 10 años, ubicando a República Dominicana entre los líderes regionales en este indicador, junto a Costa Rica (73 %).
El 68 % de los dominicanos también aprueba el desempeño de su gobierno, igual que el 87 % de los slavadoreños, 80 % de los panameños y el 75 % de los mexicanos.
Los presidentes más populares, según el estudio, son los de El Salvador (74 %), México (67%), Panamá (62%) y República Dominicana (60%).