Editorial
Los sofismas legales.
El aspirante presidencial Ramfis Domínguez Trujillo ya comienza a dejar pistas de su verdadera concepción de la política y del manejo del Estado.
El hecho de que él quiera convertirse en candidato presidencial sin reunir las condiciones que establece la ley de leyes, envía el mensaje de que tal vez es tan manipulador como su abuelo.
El sabe muy bien que la demagogia y la mentira en esta sociedad no tienen consecuencias, por lo que puede decir todo lo que le venga en gana, pero la realidad es que comienza a dejar una imagen de manipulador hasta del ordenamiento jurídico.
A partir de su sometimiento de un recurso de amparo en el Tribunal Superior Electoral (TSE) habrán muchos que querrán ser graciosos con este hombre que podrá decir lo que quiera, pero sus intenciones todo el mundo o buena parte de la sociedad se las sospecha.
Si él quiere entrar al ámbito político en el país lo primero que debía hacer es cumplir al pie de la letra con la Constitución y las leyes adjetivas de la Nación.
Los artículos desde el 18 hasta el 22 de la Constitución de la República dejan muy claro quien es y no es dominicano con pleno derecho de aspirar a cualquier cargo electivo, incluida la presidencia de la República, en los que se consigna que un hijo de dominicanos nacido en el extranjero debe renunciar diez años antes a la ciudadanía de su lugar de nacimiento para poder optar por un cargo electivo.
Sin dudas de que Domínguez Trujillo es dominicano, pero no goza de pleno derecho hasta tanto no dé ese paso, lo cual no ha hecho, por lo que no luce muy bien que quiera forzar el mingo, como muy bien dice una expresión popular, para que se le acepte una candidatura que no cumple con el mandato de la ley.
A veces pienso que muchas de las cosas que dice Ramfis Domínguez Trujillo son como una especie de broma, pero la realidad es que para él combatir la corrupción en el país tendría que comenzar con su propia madre, Angelita Trujillo, que debe rendirle cuentas al país sobre algunas de las cosas que ocurrieron durante el gobierno de su padre.
En realidad, no queríamos tratar este tema, pero la manipulación que se quiere hacer con la Constitución por parte de este señor molesta, porque se trata de algo muy sencillo y es que si él quiere ser candidato que presente su renuncia a la ciudadanía estadounidense, lo cual no ha hecho.
Entonces es que pretende hacer como hacía su abuelo que la ley no significaba nada para él y la violaba de una manera descarada, aunque obligaba a los demás ciudadanos a respetarla a cualquier precio.
Ramfis Domínguez que se deje de pendejadas y que cumpla con la ley, porque de no ser así con qué moral va hablar de enderezar un país que está hecho pedazos.
La verdad es que después del Gobierno de Danilo y Leonel no es descabellado pensar que un pichón de dictador, sin que hablemos necesariamente de Domínguez Tujillo, se encarame de nuevo en el Palacio Nacional y haga llorar lágrimas de sangre a los dominicanos.
Ramfis Trujillo parece que aunque tal vez no tenga la potencialidad para ser un dictador como su abuelo, pero por lo menos da señales de que promete y cree en aquellos que no es precisamente respetar las leyes nacionales.
Y eso es mucho decir.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.