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Editorial

Los sofismas legales.

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El aspirante presidencial Ramfis Domínguez Trujillo ya comienza a dejar pistas de su verdadera concepción de la política y del manejo del Estado.

El hecho de que él quiera convertirse en candidato presidencial sin reunir las condiciones que establece la ley de leyes, envía el mensaje de que tal vez es tan manipulador como su abuelo.

El sabe muy bien que la demagogia y la mentira en esta sociedad no tienen consecuencias, por lo que puede decir todo lo que le venga en gana, pero la realidad es que comienza a dejar una imagen de manipulador hasta del ordenamiento jurídico.

A partir de su sometimiento de un recurso de amparo en el Tribunal Superior Electoral (TSE) habrán muchos que querrán ser graciosos con este hombre que podrá decir lo  que quiera, pero sus intenciones todo el mundo o buena parte de la sociedad se las sospecha.

Si él quiere entrar al ámbito político en el país lo primero que debía hacer es cumplir al pie de la letra con la Constitución y las leyes adjetivas de la Nación.

Los artículos desde el 18 hasta el 22 de la Constitución de la República dejan muy claro quien es y no es dominicano con pleno derecho de aspirar a cualquier cargo electivo, incluida la presidencia de la República, en los que se consigna que un hijo de dominicanos nacido en el extranjero debe renunciar diez años antes  a la ciudadanía de su lugar de nacimiento para poder optar por un cargo electivo.

Sin dudas de que Domínguez Trujillo es dominicano, pero no goza de pleno derecho hasta tanto no dé ese paso, lo cual no ha hecho, por lo que no luce muy bien que quiera forzar el mingo, como muy bien dice una expresión popular, para que se le acepte una candidatura que no cumple con el mandato de la ley.

A veces pienso que muchas de las cosas que dice Ramfis Domínguez Trujillo son como una especie de broma, pero la realidad es que para él combatir la corrupción en el país tendría que comenzar con su propia madre, Angelita Trujillo, que debe rendirle cuentas al país sobre algunas de las cosas que ocurrieron durante el gobierno de su padre.

En realidad, no queríamos tratar este tema, pero la manipulación que se quiere hacer con la Constitución por parte de este señor molesta, porque se trata de algo muy sencillo y es que si él quiere ser candidato que presente su renuncia a la ciudadanía estadounidense, lo cual no ha hecho.

Entonces es que pretende hacer como hacía su abuelo que la ley no significaba nada para él y la violaba de una manera descarada, aunque obligaba a los demás ciudadanos a respetarla a cualquier precio.

Ramfis Domínguez que se deje de pendejadas y que cumpla con la ley, porque de no ser así con qué moral va hablar de enderezar un país que está hecho pedazos.

La verdad es que después del Gobierno de Danilo y Leonel no es descabellado pensar  que un pichón de dictador, sin que hablemos necesariamente de Domínguez Tujillo, se encarame de nuevo en el Palacio Nacional y haga llorar lágrimas de sangre a los dominicanos.

Ramfis Trujillo parece que aunque tal vez no tenga la potencialidad para ser un dictador como su abuelo, pero por lo menos da señales de que promete y cree en aquellos que no es precisamente respetar las leyes nacionales.

Y eso es mucho decir.

 

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Editorial

Una cosa son las palabras y otra los hechos.

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Hay una famosa expresión bíblica que dice “por sus hechos los conoceréis”, lo cual es aplicable a los congresistas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), cuya palabra clave de su presidente Luis Abinader es la transparencia.

En realidad, se trata de una palabra hueca que los propios hechos la desmienten, porque hablar de combatir la corrupción y establecer leyes para tolerarla o promoverla parece que no se trata de una conducta que tenga coherencia y que en consecuencia merezca respeto.

El nuevo Código Penal, el cual se pone al margen de todo el derecho convencional internacional, busca colocar en sólo veinte años para que prescribe cualquier delito o crimen que implique el robo de miles de millones de pesos en contra del Estado y la sociedad.

Cualquiera podría pensar que el PRM se ha vuelto loco, pero la verdad es que lo que refleja este nuevo Código Penal es que los intereses pesan más que las palabras e incluso hasta más que cualquier buena intención, si es que existe.

Este intento de imponer un nuevo Código Penal aberrante e incluso hasta inmoral, no dice otra cosa de que el pueblo dominicano camina por un sendero muy peligroso que difícilmente pueda revertirse a menos que el ciudadano actúe diligentemente.

Sin dudas que parece que se requiere continuar la fiesta con la corrupción que representa una retranca para una verdadera democracia, porque buscar que muera un acto de corrupción de grandes magnitudes en un plazo de 20 años, indica que se busca estimular esta conducta enemiga del crecimiento y el desarrollo nacional.

El nuevo Código Penal es una “papa caliente” que pasa a mano del presidente Luis Abinader, quien, conjuntamente con el PRM, han jugado con pasarse la pelota entre uno y otro, a fin de evadir su responsabilidad contraída con las promesas que hicieron durante la campaña electoral, principalmente en el año 2020.

El problema es que, ante la visión unilateral e individual que prevalece en el PRM, muy difícilmente pueda haber una salida idónea a las aberraciones contenidas en el nuevo Código Penal, aunque la jugada podría ser que el presidente lo objete o lo devuelva al Congreso Nacional para su modificación, pero con el propósito de que el mismo se convierta en ley en forma automática como lo establece la ley.

Esa podría ser una buena jugada en el marco del régimen de legalidad, pero el cual sería una expresión muy contundente de demagogia y de no cumplimiento con lo prometido y de verdad no estar identificado con los mejores intereses de la nación.

Ya veremos.

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Editorial

Una democracia en pañales.

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Una de las instancias más importantes en cualquier democracia es la justicia, la cual si no anda bien no se puede hablar de estado de derecho.

En el país la justicia todavía anda en pañales, ya que su desempeño en vez de fortalecer la democracia lo que hace es desprestigiarla.

De esta deficiencia lo que más sorprende es el nivel de tolerancia que se produce con los tribunales que diariamente emiten sentencia al margen de figuras constitucionales como la interpretación, la ponderación y de principios como el de razonabilidad, legalidad, analogía jurídica, entre otros, que son vitales para que haya una buena administración de justicia.

Muchas veces los que se mueven en este entorno se preguntan dónde han sido formados los jueces de los tribunales inferiores y de las cortes de apelación y todavía peor los miembros del ministerio público.

Acudir a un tribunal, penal o civil, en el Distrito Judicial de Santiago permite entender que tan cerca está el país de su hermano Haití, donde el Estado sólo existe de derecho, pero no de hecho, cuya distancia no es tan significativa con el dominicano.

Un tribunal haitiano lo primero es que no tiene garantía, aun si actuara en virtud de los tratados y convenciones internacionales, es decir, del derecho internacional, para mejorar sus niveles de credibilidad y en consecuencia jugar el papel que le corresponde en el marco de la democracia.

Pero el Estado dominicano no está tan lejos de esta realidad, porque si bien es cierto que el de este lado de la isla existe supuestamente de hecho y de derecho, pero el mejor espejo de lo mal que anda es el sistema de justicia.

El asunto dominicano en esta materia es tan grave que el Ministerio Público en vez de perseguir el delito y el crimen por ser el órgano creado por el Estado para estos fines, lo que hace es promover la vía de hecho y la impunidad, lo cual regularmente es avalado por los jueces de instrucción que no tienen dos dedos de frente.

Hasta que en la República Dominicana el Consejo del Poder Judicial no cree un sistema de mayor control o supervisión  por  lo menos mejorar el que ya existe, muy difícilmente pueda producirse un cambio importante en esta materia.

Lo preocupante del problema que no parece haber nadie con la disposición y el arrojo para ponerle la tapa al pomo, de cerrar un capitulo que al cabo de algunos años se llevará de paro todo el Estado nacional.

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Editorial

Es un tema recurrente

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Hace décadas que amplios sectores de la vida nacional han estado esperanzados de que el país reduzca su política de endeudamiento público, porque ella disminuye la posibilidad de invertir más en cuestiones tan importantes como la salud, la productividad y la producción nacional, por sólo citar algunos renglones que propiciarían un mayor desarrollo.

Sin embargo, los diferentes gobiernos que ha tenido el país han puesto más empeño en satisfacer los intereses de determinados grupos económicos que procurar generar la estabilidad que demanda la nación.

Es imperativo que se mejore la calidad del gasto y que se combatan con sinceridad fenómenos como la corrupción administrativa, cuya mayor parte de la deuda externa se queda entre sus garras.

Son muchas las teorías que se han levantados para justificar el déficit fiscal, el cual aumenta consistentemente y en consecuencia la mayor parte de los ingresos que tiene la nación, incluidos aquellos que provienen de la deuda externa,  va en camino a inhabilitarla, porque una buena parte de ellos hay que usarlos para el pago de intereses.

El problema nacional se complica, porque ese comportamiento de los que gobiernan y de los que acumulan grandes fortunas, sobre la base del tráfico de influencias y de otras variantes de la corrupción, no hay forma de que hagan conciencia de la gravedad del asunto.

Debe decirse, aunque duela mucho, que el PRM no parece tener las agallas para enfrentar un despilfarro que forma parte de una cultura nacional, sobre todo cuando se trata del manejo de recursos públicos.

La amenaza que genera miedo en los sectores sensatos del país es que el PRM no tiene miramientos para endeudar más al país, porque parece que no mide consecuencias a mediano y largo plazo.

Con esa visión del Estado, que consiste más en buscar prestamos al precio que sea, no va a ocurrir otra cosa que un alto endeudamiento nacional y un déficit fiscal cada día más grande y peligroso para la estabilidad del país.

El susto más grande de los dominicanos, a pesar de que votaron por las actuales autoridades nacionales, es que los niveles de improvisación y poca comprensión de sus acciones, representa un riesgo a mediano y largo plazo de un gobierno que vive de alimentar la percepción con una realidad que dice lo contrario.

Que dicho sea de paso, esa percepción que sirve para vender lo contrario de lo que realmente ocurre, máxime en el campo de la economía, es, sin lugar a dudas, el principal peligro de un país que tiene grandes retrocesos en todos y cada uno de los temas nacionales.

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