El nuevo Procurador General de la República a ser escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es una especie de tiro fallido, porque por serio y eficiente que sea ese funcionario en este órgano se va encontrar con una realidad que difícilmente pueda recomponer.

Es que el problema del Ministerio Público es general y difícil de adecentar, porque la gran mayoría de los fiscales tienen compromisos con sectores que promueven lo mal hecho.

El asunto es mucho más grave de lo cualquiera se puede imaginar y parece que hay mucha resignación o los que tienen el mando en el Ministerio Público se han cansado, porque la verdad es que ahí no funciona nada.

El Ministerio Público sólo existe para combatir algunos asuntos y cumplir con vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.

La frustración de la gente con los fiscales adjuntos en todo el territorio nacional raya en lo desesperanzador, porque es  que ahí se podrían producir una situación de total descredito de un Estado como el dominicano en el que las cosas van de mal en peor.

Tal vez de la única manera que ese cuadro puede cambiar es si se produce una total erradicación de la mayoría de los fiscales nacionales, aunque esa solución puede que no sea la panacea.

Es que se trata de un problema integral, sistémico,  donde la podredumbre va de mayor a menor y lo contrario, es decir, que no parece que la solución esté a simple vista, que sea tan fácil.

El asunto toma mayor dimensión porque los que tendrían que trabajar para enderezar el Ministerio Público lucen cansados y resignados.

De manera, que es muy poco lo que se puede esperar, porque ojos que no ven, corazón que no siente.

Si por una cosa se caracteriza el Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) es por la falta de sensatez, de prudencia y por mucha ignorancia en lo respecta a qué es un Estado.

La falta de visión de qué es un Estado ha llevado a Luis Abinader a arruinar la que pudo haber sido una salida diferente a la crisis dominico-haitiana, ya que ha pretendido convertirse en presidente de las dos naciones que ocupan la isla.

Abinader ha llegado tan lejos que ha viajado hasta a Africa para solicitar la intervención armada en Haití, lo cual demuestra un desconocimiento total de cuál debe ser el protocolo entre dos naciones que están condenadas convivir juntas para toda la vida, como dos hermanas siamesas, naturalmente sobre la base del respeto de la soberanía de ambas.

Este manejo torpe de Abinader no sólo se ha podido observar en contexto de la política exterior de su Gobierno, sino también con los errores o tal vez mejor llamarles “meteduras de patas” frente ya no sólo al problema haitiano, sino que ahora se convierte en juez y parte en la confrontación entre la oposición y las actuales autoridades venezolanas.

La primera desagradable intromisión de Abinader fue con su pedido e insistencia de la invasión en  Haití y ahora ratifica esa conducta de mal manejo de sus relaciones con otros países al proclamar en  el Palacio Nacional a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela e incluso utilizar los recursos del Estado para que este autoproclamado jefe de Estado de la nación sudamericana se mantenga hospedado en un hotel de la capital desde donde ha anunciado que entrará en cualquier momento a territorio de la hermana nación.

Es como si el presidente Abinader tuviera pretensiones hegemónicas y de convertir a la República Dominicana en una potencia latinoamericana, pese a que su trabajo debía estar focalizado en resolver todo el tollo que ha creado en el entorno nacional.

Es bueno que se entienda que el país está sumergido en problemas tan graves como el endeudamiento externo y el preocupante déficit fiscal que arrastra la economía nacional, el cual es atribuible a la poca calidad del gasto público y a la corrupción que está presente en todo el escenario nacional.

De manera, que un país con tantos problemas sociales y económicos no debe focalizar sus esfuerzos a intervenir en asuntos internos de otros países, sino a diseñar políticas públicas para contrarrestar los males que podrían llevar al país al abismo.

El problema es que ya Abinader, que no para de caer en grandes torpezas y falta de razonabilidad, ha comprometido al país con causas que los ciudadanos dominicanos no necesariamente avalan, lo cual a futuro no deja de ser un camino equivocado muy consolidado, el cual daña más que beneficiar.

Lo preocupante de esa torpeza que caracteriza a Luis Abinader es que su segundo Gobierno apenas se ha iniciado y si continúa por ese derrotero se puede asegurar que nada bueno se augura para el país que necesita renovar la forma de gobernador de la llamada partidocracia, entre cuyos miembros principales está el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, ha pronunciado un discurso con motivo del “Día de Poder Judicial” sobre un tema en el que ha sido recurrente, en el sentido del daño que causa la mora judicial.

Y ciertamente es así, porque este periódico ya lo ha planteado de que justicia tardía no es otra cosa que denegación de justicia, lo cual lesiona peligrosamente el Estado de Derecho.

Sin embargo, independientemente de la importancia de este tema, este periódico entiende que el magistrado Molina debió también referirse a otros aspectos que también han erosionado todo el sistema de justicia.

Nos referimos a las sentencias manipuladas de los tribunales ordinarios, las cuales muchas veces obedecen a razones de negligencia, ineptitud e incluso de complicidad de muchos juzgadores que todavía desempeñan su función con un trujillito dentro, lo cual no es casual, sino normal por tratarse de una nación que han sido muy marcada por las dictaduras.

Sería bueno preguntarle al magistrado Molina si tiene o no conocimiento de que en lo que respecta a la región del Cibao el Estado de Derecho en el sistema de justicia se muere a partir del kilómetro 9 de la autopista Duarte, lo que hace presumir que lo mismo ocurre en otras  zonas del país.

Pero desconoce el magistrado Molina que las violaciones del Estado de Derecho por parte de los tribunales del interior, principalmente del distrito judicial de Santiago, implican hasta la negación de derechos fundamentales que no respetan el derecho constitucional y convencional.

Sabía usted, magistrado, que en Santiago hay tribunales penales y civiles que les niegan a muchos justiciables hasta el derecho a recurrir y los cuales son víctimas de un comportamiento, que no sólo debe examinarse a través de los recursos jurisdiccionales como la casación, sino también mediante de una labor de seguimiento del Consejo del Poder Judicial.

Esta preocupación no le quita legitimidad al tema de la mora judicial, pero este periódico entiende que hay otras aristas que deben ser incluidas por el Consejo del Poder Judicial si de verdad se quieren combatir los motivos que erosionan la credibilidad de todo el sistema de justicia.

Tanto la moral judicial como la ineficiencia y el abuso de poder de muchos jueces son temas que deben ir de las manos para que simultáneamente estas debilidades sean expulsadas de un sector tan vital para la democracia nacional.