Editorial
Los sofismas legales.
El aspirante presidencial Ramfis Domínguez Trujillo ya comienza a dejar pistas de su verdadera concepción de la política y del manejo del Estado.
El hecho de que él quiera convertirse en candidato presidencial sin reunir las condiciones que establece la ley de leyes, envía el mensaje de que tal vez es tan manipulador como su abuelo.
El sabe muy bien que la demagogia y la mentira en esta sociedad no tienen consecuencias, por lo que puede decir todo lo que le venga en gana, pero la realidad es que comienza a dejar una imagen de manipulador hasta del ordenamiento jurídico.
A partir de su sometimiento de un recurso de amparo en el Tribunal Superior Electoral (TSE) habrán muchos que querrán ser graciosos con este hombre que podrá decir lo que quiera, pero sus intenciones todo el mundo o buena parte de la sociedad se las sospecha.
Si él quiere entrar al ámbito político en el país lo primero que debía hacer es cumplir al pie de la letra con la Constitución y las leyes adjetivas de la Nación.
Los artículos desde el 18 hasta el 22 de la Constitución de la República dejan muy claro quien es y no es dominicano con pleno derecho de aspirar a cualquier cargo electivo, incluida la presidencia de la República, en los que se consigna que un hijo de dominicanos nacido en el extranjero debe renunciar diez años antes a la ciudadanía de su lugar de nacimiento para poder optar por un cargo electivo.
Sin dudas de que Domínguez Trujillo es dominicano, pero no goza de pleno derecho hasta tanto no dé ese paso, lo cual no ha hecho, por lo que no luce muy bien que quiera forzar el mingo, como muy bien dice una expresión popular, para que se le acepte una candidatura que no cumple con el mandato de la ley.
A veces pienso que muchas de las cosas que dice Ramfis Domínguez Trujillo son como una especie de broma, pero la realidad es que para él combatir la corrupción en el país tendría que comenzar con su propia madre, Angelita Trujillo, que debe rendirle cuentas al país sobre algunas de las cosas que ocurrieron durante el gobierno de su padre.
En realidad, no queríamos tratar este tema, pero la manipulación que se quiere hacer con la Constitución por parte de este señor molesta, porque se trata de algo muy sencillo y es que si él quiere ser candidato que presente su renuncia a la ciudadanía estadounidense, lo cual no ha hecho.
Entonces es que pretende hacer como hacía su abuelo que la ley no significaba nada para él y la violaba de una manera descarada, aunque obligaba a los demás ciudadanos a respetarla a cualquier precio.
Ramfis Domínguez que se deje de pendejadas y que cumpla con la ley, porque de no ser así con qué moral va hablar de enderezar un país que está hecho pedazos.
La verdad es que después del Gobierno de Danilo y Leonel no es descabellado pensar que un pichón de dictador, sin que hablemos necesariamente de Domínguez Tujillo, se encarame de nuevo en el Palacio Nacional y haga llorar lágrimas de sangre a los dominicanos.
Ramfis Trujillo parece que aunque tal vez no tenga la potencialidad para ser un dictador como su abuelo, pero por lo menos da señales de que promete y cree en aquellos que no es precisamente respetar las leyes nacionales.
Y eso es mucho decir.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.