Latinoamericanas
Vivir en Venezuela, la sombra del miedo 24 horas al día
Agencia Efe
Caracas.- María vive con miedo constante en Venezuela. El temor a ser asaltada, a que desvalijen su casa o a que secuestren a su hijo no la dejan vivir tranquila ni un solo segundo. Poco le importa si es verdad o no que la tasa de homicidios en el país haya bajado 21 puntos en 2019, según datos recientes.
“Uno está inseguro en este país. El robo es lo que más pasa en mi zona. Sales con temor de que te vayan a quitar lo que cargas para pagar el pasaje o porque no cargues nada y te puedan matar o te hagan daño”, cuenta durante una conversación con Efe, mientras oculta su rostro, María (nombre ficticio), de los Valles del Tuy, zona periférica de Caracas.
CIFRAS DUDOSAS Y DISPARES
Los datos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) muestran que la tasa de homicidios de 2019 fue de 60,3 por cada 100.000 habitantes (16.506 víctimas), una bajada de 21,1 puntos respecto a 2018, que cerró con una tasa de 81,4 (23.047 víctimas).
Sin embargo, las cifras publicadas por el Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz difiere en varios miles de la de la organización no gubernamental. Según la institución pública, la tasa fue de 21 y 33, para 2019 y 2018, respectivamente.
Pero al margen de números que se pierden en una realidad paralela, la verdad de María es la que vive en una de las zonas más violentas de Venezuela en su día a día, desconocedora de esos datos que se manejan en instancias que le son ajenas.
Ella reitera que tiene miedo y no percibe que se haya reducido la inseguridad en los últimos tiempos, como afirman otros habitantes de zonas que, sin ser la panacea de la seguridad, registran menos delitos.
DIFERENTES PERCEPCIONES
Duval Luna, 66 años, explica a Efe que siente que bajó la inseguridad y lo mide con las pocas veces que se oye en la calle “¡Agárrenlo!”, el grito característico que alarma sobre un ladrón y que precede a otros gritos, los de auxilio de la persona robada.
“Antes se escuchaba más seguido. Ahora escucho esporádicamente gente a la que le han quitado el celular, pero menos. Me siento más tranquilo saliendo a la calle”, dice, aunque, pese a todo, asegura que sus amigos y familiares, incluso él, no andan en la calle de noche.
Wilmer Guerra y Valeria Argoy, de 18 y 16 años, respectivamente, sí salen a “rumbear”, pero no caminan en la calle, sino que piden que los dejen en una estación de metro porque “es lo más seguro. Y sin embargo…”, dice él, dejando la frase en el aire y sin concluir.
“Uno no puede estar tranquilo en la calle, siempre tiene que estar pendiente de todo a cada rato, esconder los teléfonos. Literalmente hemos descubierto maneras de esconderlo donde no deberían estar”, dice Guerra. Pero estas medidas no evitaron que hace apenas una semana lo atracaran y le quitaran su celular.
A su lado, Argoy repite a cada rato que “es horrible”. A ella no le ha pasado nada, pero trata de no estar sola nunca para evitar que le puedan robar o “hacer algo”.
Siempre hay un “pero” que relativiza la sensación de seguridad en Venezuela.
ÚLTIMO INTENTO DE MADURO FRENTE A LA INSEGURIDAD
El abogado penalista e investigador de crimen organizado Luis Izquiel explicó a Efe que, desde que el presidente Nicolás Maduro llegó al poder en 2013, ha habido cuatro planes “importantes” contra la inseguridad ciudadana, con un mismo objetivo, pero distinto resultado.
En diciembre de 2019, el mandatario firmó el decreto para la creación de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, un plan que fue lanzado en febrero de 2020 y que pretende conseguir la “estabilidad y seguridad del pueblo venezolano”.
El plan consiste en la creación de ocho vértices para abordar la seguridad, comenzando con la prevención entre los niños, jóvenes y adolescentes.
Además, contempla la lucha contra la corrupción, la “transformación” del sistema de justicia penal, la “protección” de la paz, la gestión de riesgos, fortalecimiento de los órganos de seguridad, la “expansión” de la Policía y de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad.
Para Izquiel, este plan es “un refrito” de otro que se lanzó hace siete años y que “no dio resultado”, por lo que duda de su eficacia para hacer frente a la inseguridad que afecta al país.
OTROS PLANES… ¿EFICACES?
El Plan Patria Segura, lanzado en 2013, fue “el operativo militar más grande que se ha aplicado en Venezuela”, recordó el criminalista, quien explicó que se basó en la creación de las “Zonas de Paz”, donde se otorgaron territorios a “distintas bandas en el país, con el argumento de que ellas se iban a pacificar y entregar sus armas a cambio de programas sociales. Eso fracasó”.
En 2015 se creó la Operación Liberación del Pueblo (OLP), un plan contra la violencia en Venezuela que desde sus inicios tuvo numerosas denuncias de ejecuciones extrajudiciales y atropellos de los Derechos Humanos, según diversas ONG.
Los operativos consistían en despliegues y toma temporal de zonas donde se retenían a personas que eran “verificadas” en el Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL), después de recibir denuncias de los ciudadanos o realizando previamente una inspección en el sector, a fin de determinar si habían cometido algún delito.
En 2017 se creó la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo policial adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que ha recibido las mismas críticas por supuestas violaciones de derechos humanos.
Para Izquiel, esta escisión de la Policía “ha sido el emblema de la violación de Derechos Humanos en Venezuela. Hoy no hay ningún plan serio contra la inseguridad, solo una operación de exterminio masivo a través de las FAES”.
En el informe sobre Venezuela presentado en julio pasado por la Oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se recomendó la disolución de las FAES por la presunta vinculación de sus efectivos con ejecuciones extrajudiciales.
¿QUIÉN MATA A QUIÉN?
Roberto Briceño-León, director del OVV, explicó a Efe que, aunque la tasa de homicidios bajó respecto a otros años, no lo hizo “tanto y sigue siendo escandalosa, la más alta de América Latina”.
“Hay menos homicidios porque hay menos homicidas (porque) el Gobierno los mató. La oportunidad de negocio se mudó al secuestro y la extorsión. Y las bandas organizadas tomaron más control del territorio frente a las bandas pequeñas que eran las que cometían los homicidios. Hay un uso más racional de la violencia”, señala Briceño-León.
Sin embargo, hace un nuevo matiz: “Una tercera parte los cometen los cuerpos policiales de Venezuela. La violencia no ha bajado, solo que cambió de autor”.
Así lo siente Mariela Coronado, de 41 años, quien dice sentir que “uno no sabe quién es quién, quiénes son los buenos o los malos”.
Vive en un conjunto residencial popular en los Valles del Tuy donde, asegura, “la Policía hace cosas que no deben, abusan de la autoridad y matan a muchos muchachos jóvenes. Entran y los matan. No les dan la oportunidad de arrepentirse ni de rehacer su vida”.
- Por EUROPA PRESS
LIMA.- Al menos cinco personas han fallecido y otras dos han resultado heridas durante una intervención de las fuerzas de seguridad peruanas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una extensa área del centro y sur del país marcada por la presencia de redes del narcotráfico y remanentes insurgentes, según han indicado fuentes militares.
El Comando Especial Vraem ha señalado en un comunicado que el despliegue se llevó a cabo en respaldo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y con conocimiento del Ministerio Público, «el marco de las acciones de control territorial y lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID) y remanentes terroristas».
De acuerdo con la versión oficial, los hechos tuvieron lugar en una zona rural del distrito de Colcabamba, en la región de Huancavelica, donde una patrulla castrense «fue atacada con armamento por presuntos delincuentes vinculados a actividades ilícitas».
FUERZAS ARMADAS ADVIERTEN DE PELIGRO INMINENTE
Las Fuerzas Armadas han afirmado que respondieron a un «peligro inminente» y «en legítima defensa». No obstante, han reconocido que, como consecuencia del enfrentamiento, murieron «cinco personas presuntamente vinculadas a organizaciones terroristas», cuya identidad aún no ha sido confirmada. Asimismo, dos heridos fueron trasladados a un centro sanitario.
El comunicado añade que una persona fue arrestada y puesta a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes, mientras que no se registraron bajas entre los efectivos militares.
El mando militar ha reivindicado además que sus intervenciones «se ejecutan en estricto respeto a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y al marco legal vigente».
No obstante, medios locales han apuntado que el Ministerio Público ha iniciado investigaciones sobre lo ocurrido, ante versiones que señalan que la Policía no habría hallado ni drogas ni armamento en el vehículo en el que se desplazaban los fallecidos.
En este contexto, el Comando Especial ha destacado que en la zona se mantiene «un trabajo permanente, riguroso y de muy alto riesgo para garantizar el orden interno, enfrentar a las economías ilegales y proteger a la ciudadanía».
El Vraem, una región de selva montañosa que abarca territorios de cinco departamentos, concentra amplias plantaciones ilegales de hoja de coca -materia prima de la cocaína- y es considerado el principal enclave de los remanentes de Sendero Luminoso, que operan en alianza con organizaciones del narcotráfico, según han sugerido las autoridades.
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Haití recibe el primer despliegue de nueva fuerza multinacional antipandillas de la ONU
Efe
Puerto Príncipe.- Haití recibió las primeras tropas, procedentes de Chad, de la Fuerza de Supresión de Pandillas (FSG) creada en 2025 por las Naciones Unidas, informó este miércoles el organismo.
La FSG dijo en un mensaje en X que «un destacamento de fuerzas chadianas (…) llegó, marcando el primer despliegue de tropas de la Fuerza de Represión de Pandillas ampliada», que sustituye a la Misión de Seguridad para Haití (MMS), también creada por la ONU y que no tuvo los resultados esperados en el combate contra las bandas.
Con una dotación total de 5.500 efectivos, la GSF tendrá como representante especial a Jack Christofides, que ya se encuentra en Haití, según informó en el mensaje el organismo.
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Esta misión toma el relevo de la MSS cuando las bandas han expandido su dominio este último año más allá de Puerto Príncipe, la capital de Haití, hacia los departamentos de Centro y Artibonite, en medio de altos niveles de violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de «autodefensa» que han causado 5.519 muertos y 2.608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año.
Enfrentamientos armados y una masacre
La Policía Nacional de Haití (PNH) informó precisamente este miércoles de enfrentamientos armados con pandilleros en el marco de una «gran operación» en el departamento de Artibonite, situado al norte de la capital y donde el domingo ocurrió la masacre de al menos 70 personas en un ataque atribuido al grupo armado ‘Gran Grif’, según denuncias de una ONG y la ONU.
El despliegue policial tiene lugar tras la masacre del domingo, denuncia un día después por la ONG Collectif Défenseurs Plus, que acusó al Gobierno haitiano de mostrar una «pasividad indignante que raya en la complicidad flagrante» ante la «barbarie» ocurrida en Arbonite.
Medidas en República Dominicana
En medio de la incertidumbre en Haití, la Cancillería dominicana informó este miércoles que el canciller Álvarez se reunió el lunes con el subsecretario general del Departamento de Apoyo Operacional de las Naciones Unidas, Atul Khare, para abordar el despliegue de la GSF.
En el encuentro se habló de las «facilidades» que podrían brindarse desde la República Dominicana para apoyar a la Fuerza, como el tránsito de personal y equipos, servicios médicos y el establecimiento de un gabinete de apoyo para la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (Unsoh), según indicó un comunicado.
Está cooperación con las GSF se «limita exclusivamente a respaldo desde República Dominicana», precisó el Ministerio de Exteriores.
Por su parte, el periódico dominicano ‘El Listín Diario’ publicó que la República Dominicana ha desplegado miles de soldados del Ejército a lo largo de la frontera con Haití para reforzar la seguridad ante el despliegue de la GSF.