Latinoamericanas
Vivir en Venezuela, la sombra del miedo 24 horas al día
Agencia Efe
Caracas.- María vive con miedo constante en Venezuela. El temor a ser asaltada, a que desvalijen su casa o a que secuestren a su hijo no la dejan vivir tranquila ni un solo segundo. Poco le importa si es verdad o no que la tasa de homicidios en el país haya bajado 21 puntos en 2019, según datos recientes.
“Uno está inseguro en este país. El robo es lo que más pasa en mi zona. Sales con temor de que te vayan a quitar lo que cargas para pagar el pasaje o porque no cargues nada y te puedan matar o te hagan daño”, cuenta durante una conversación con Efe, mientras oculta su rostro, María (nombre ficticio), de los Valles del Tuy, zona periférica de Caracas.
CIFRAS DUDOSAS Y DISPARES
Los datos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) muestran que la tasa de homicidios de 2019 fue de 60,3 por cada 100.000 habitantes (16.506 víctimas), una bajada de 21,1 puntos respecto a 2018, que cerró con una tasa de 81,4 (23.047 víctimas).
Sin embargo, las cifras publicadas por el Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz difiere en varios miles de la de la organización no gubernamental. Según la institución pública, la tasa fue de 21 y 33, para 2019 y 2018, respectivamente.
Pero al margen de números que se pierden en una realidad paralela, la verdad de María es la que vive en una de las zonas más violentas de Venezuela en su día a día, desconocedora de esos datos que se manejan en instancias que le son ajenas.
Ella reitera que tiene miedo y no percibe que se haya reducido la inseguridad en los últimos tiempos, como afirman otros habitantes de zonas que, sin ser la panacea de la seguridad, registran menos delitos.
DIFERENTES PERCEPCIONES
Duval Luna, 66 años, explica a Efe que siente que bajó la inseguridad y lo mide con las pocas veces que se oye en la calle “¡Agárrenlo!”, el grito característico que alarma sobre un ladrón y que precede a otros gritos, los de auxilio de la persona robada.
“Antes se escuchaba más seguido. Ahora escucho esporádicamente gente a la que le han quitado el celular, pero menos. Me siento más tranquilo saliendo a la calle”, dice, aunque, pese a todo, asegura que sus amigos y familiares, incluso él, no andan en la calle de noche.
Wilmer Guerra y Valeria Argoy, de 18 y 16 años, respectivamente, sí salen a “rumbear”, pero no caminan en la calle, sino que piden que los dejen en una estación de metro porque “es lo más seguro. Y sin embargo…”, dice él, dejando la frase en el aire y sin concluir.
“Uno no puede estar tranquilo en la calle, siempre tiene que estar pendiente de todo a cada rato, esconder los teléfonos. Literalmente hemos descubierto maneras de esconderlo donde no deberían estar”, dice Guerra. Pero estas medidas no evitaron que hace apenas una semana lo atracaran y le quitaran su celular.
A su lado, Argoy repite a cada rato que “es horrible”. A ella no le ha pasado nada, pero trata de no estar sola nunca para evitar que le puedan robar o “hacer algo”.
Siempre hay un “pero” que relativiza la sensación de seguridad en Venezuela.
ÚLTIMO INTENTO DE MADURO FRENTE A LA INSEGURIDAD
El abogado penalista e investigador de crimen organizado Luis Izquiel explicó a Efe que, desde que el presidente Nicolás Maduro llegó al poder en 2013, ha habido cuatro planes “importantes” contra la inseguridad ciudadana, con un mismo objetivo, pero distinto resultado.
En diciembre de 2019, el mandatario firmó el decreto para la creación de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, un plan que fue lanzado en febrero de 2020 y que pretende conseguir la “estabilidad y seguridad del pueblo venezolano”.
El plan consiste en la creación de ocho vértices para abordar la seguridad, comenzando con la prevención entre los niños, jóvenes y adolescentes.
Además, contempla la lucha contra la corrupción, la “transformación” del sistema de justicia penal, la “protección” de la paz, la gestión de riesgos, fortalecimiento de los órganos de seguridad, la “expansión” de la Policía y de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad.
Para Izquiel, este plan es “un refrito” de otro que se lanzó hace siete años y que “no dio resultado”, por lo que duda de su eficacia para hacer frente a la inseguridad que afecta al país.
OTROS PLANES… ¿EFICACES?
El Plan Patria Segura, lanzado en 2013, fue “el operativo militar más grande que se ha aplicado en Venezuela”, recordó el criminalista, quien explicó que se basó en la creación de las “Zonas de Paz”, donde se otorgaron territorios a “distintas bandas en el país, con el argumento de que ellas se iban a pacificar y entregar sus armas a cambio de programas sociales. Eso fracasó”.
En 2015 se creó la Operación Liberación del Pueblo (OLP), un plan contra la violencia en Venezuela que desde sus inicios tuvo numerosas denuncias de ejecuciones extrajudiciales y atropellos de los Derechos Humanos, según diversas ONG.
Los operativos consistían en despliegues y toma temporal de zonas donde se retenían a personas que eran “verificadas” en el Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL), después de recibir denuncias de los ciudadanos o realizando previamente una inspección en el sector, a fin de determinar si habían cometido algún delito.
En 2017 se creó la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo policial adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que ha recibido las mismas críticas por supuestas violaciones de derechos humanos.
Para Izquiel, esta escisión de la Policía “ha sido el emblema de la violación de Derechos Humanos en Venezuela. Hoy no hay ningún plan serio contra la inseguridad, solo una operación de exterminio masivo a través de las FAES”.
En el informe sobre Venezuela presentado en julio pasado por la Oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se recomendó la disolución de las FAES por la presunta vinculación de sus efectivos con ejecuciones extrajudiciales.
¿QUIÉN MATA A QUIÉN?
Roberto Briceño-León, director del OVV, explicó a Efe que, aunque la tasa de homicidios bajó respecto a otros años, no lo hizo “tanto y sigue siendo escandalosa, la más alta de América Latina”.
“Hay menos homicidios porque hay menos homicidas (porque) el Gobierno los mató. La oportunidad de negocio se mudó al secuestro y la extorsión. Y las bandas organizadas tomaron más control del territorio frente a las bandas pequeñas que eran las que cometían los homicidios. Hay un uso más racional de la violencia”, señala Briceño-León.
Sin embargo, hace un nuevo matiz: “Una tercera parte los cometen los cuerpos policiales de Venezuela. La violencia no ha bajado, solo que cambió de autor”.
Así lo siente Mariela Coronado, de 41 años, quien dice sentir que “uno no sabe quién es quién, quiénes son los buenos o los malos”.
Vive en un conjunto residencial popular en los Valles del Tuy donde, asegura, “la Policía hace cosas que no deben, abusan de la autoridad y matan a muchos muchachos jóvenes. Entran y los matan. No les dan la oportunidad de arrepentirse ni de rehacer su vida”.
Agencia AFP
Perú.-El resultado de la elección presidencial de Perú era aún incierto este lunes, con la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez en empate técnico para convertirse en el noveno mandatario del país en una década.
Con más del 93% de las actas escrutadas, Fujimori reunía el 50,02% de los votos, frente a un 49,98% de Sánchez.
Esa ventaja de menos de medio punto corre el riesgo de evaporarse a medida que sigan llegando los votos de las zonas rurales, donde Sánchez ha dominado. Para declarar un ganador deberán además ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 400.000 votos, lo que puede llevar días.
«Tenemos que esperar hasta el final. Lo que corresponde en estos momentos es paciencia y serenidad. Vamos a respetar el resultado sea cual sea», dijo Fujimori a la prensa este lunes al salir de su vivienda.
Entre cantos de «¡Sí se pudo!», Sánchez dijo reconocer que hay un «empate». «Que prosiga el conteo en los estándares de una elección transparente», expresó la noche del domingo en una plaza ante cientos de seguidores.
Muchos dijeron esperar que las elecciones pongan fin a la criminalidad que azota al país y la turbulencia política que dejó al Perú con ocho presidentes desde 2016.
«Es un empate técnico, está para cualquiera. Es un resultado que se puede revertir en las siguientes horas, no se está hablando todavía de ganador o ganadora», aseguró este lunes a la AFP el especialista en temas electorales José Tello.
– Festejos en los dos bandos –
Administradora de 51 años, Fujimori apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía y derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
«Estoy alegre porque sé que va a hacer un buen gobierno. ¿Por qué? Porque ella quiere limpiar la imagen de su padre», aseguró Gladys Silva, ama de casa de 56 años, en la concentración en Lima.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó al expresidente Castillo. Como lealtad, lleva el sombrero campesino que le regaló, prometió indultarlo, y lo visitó el domingo en la cárcel.
«Queremos un cambio porque estamos cansados de la corrupción, del fujimorismo que maneja al país como su chacra (hacienda)», dijo Marlene Veramendi, de 46 años, en el otro festejo.
La votación, a la que estuvieron llamados 27 millones de electores, transcurrió sin incidentes a diferencia de la caótica primera ronda de abril.
– «Débil legitimidad» –
Keiko, como la llaman, prometió «orden» y prosperidad, y advirtió del peligro del «comunismo».
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso -donde ella tiene influencia- que derriba presidentes.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana tendría inmunidad, pero quedaría vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
«El ganador tendrá a la mitad del país en contra y una débil legitimidad» por lo que, sin mayoría legislativa, deberá «construir una coalición para gobernar», dijo a la AFP el politólogo Paulo Vilca.
El vencedor sustituirá, a partir del 28 de julio, al presidente interino José María Balcázar por un mandato de cinco años.
– Delincuencia imparable –
Pese al hartazgo político, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad. Han proliferado las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentaron nueve veces en cinco años.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar con la criminalidad con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propuso encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de las élites políticas con los criminales.
Su base social está en el campo empobrecido, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, donde la tasa de homicidios se triplicó entre 2020 y 2025, hasta los 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4%. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori aboga por el neoliberalismo y la atracción de inversiones, y Sánchez ofreció alzas salariales y una economía más estatal.
Agencia AFP
Perú.-La derechista Keiko Fujimori aventaja levemente al izquieridista Roberto Sánchez en los sondeos a boca de urna en un reñido balotaje presidencial (segundoa vuelta) este domingo en Perú, marcado por la inestabilidad política y la criminalidad.
Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), se enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.
Fujimori obtiene 50,7% frente 49,3% de Sánchez, según la encuestadora privada Ipsos; y 50,5% contra 49,5%, de acuerdo con Datum, lo que muestra prácticamente un empate técnico.
Las mesas de votación cerraron a las 17H00 locales (22H00 GMT), tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.
Fujimori, administradora de 51 años, apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó la herencia campesina de Castillo. Como muestra de lealtad, esperó los resultados a boca de urna en la cárcel donde está recluido su mentor, a quien prometió indultar.
Los dos candidatos no superaron juntos el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.
– «Comunismo» o «dictadura» –
«Voté por Keiko porque representa estabilidad. Lamentablemente, no le hemos dado oportunidad de gobernar», declaró Luis Bernaola, técnico electrónico de 44 años.
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista, que lleva siempre el sombrero que le regaló Castillo, acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso que derriba presidentes, donde ella tiene influencia.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana la presidencia tendría inmunidad, aunque es vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
Ninguno tiene mayoría legislativa. El futuro presidente deberá tejer alianzas si quiere concluir su mandato, opinó el analista Jeffey Radzinsky.
El ganador sustituirá a partir del 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar.
– Extorsiones, lo más crítico –
Pese a la desilusión política, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad en un país donde proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentanon nueve veces en cinco años.
«Es lo más crítico. Espero que acaben con la delincuencia», aseguró a la AFP Carlos Altamirano, ingeniero de 49 años, tras votar en el norte de Lima.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar -dice- con la «lacra social» con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propone encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de élites políticas con la criminalidad.
Su base social está en el campo empobrecido y abandonado, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, que de 2020 a 2025 triplicó la tasa de homicidios, para llegar a un índice de 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4% y baja inflación. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori defiende las propuestas neoliberales, el respeto a la propiedad privada y la atracción de inversiones.
Sánchez ofreció alzas salariales y tratamiento de tranquilizar a los inversionistas al prometer que mantendrá la apertura económica e independencia del banco estratégico central.
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.