Latinoamericanas
Vivir en Venezuela, la sombra del miedo 24 horas al día
Agencia Efe
Caracas.- María vive con miedo constante en Venezuela. El temor a ser asaltada, a que desvalijen su casa o a que secuestren a su hijo no la dejan vivir tranquila ni un solo segundo. Poco le importa si es verdad o no que la tasa de homicidios en el país haya bajado 21 puntos en 2019, según datos recientes.
“Uno está inseguro en este país. El robo es lo que más pasa en mi zona. Sales con temor de que te vayan a quitar lo que cargas para pagar el pasaje o porque no cargues nada y te puedan matar o te hagan daño”, cuenta durante una conversación con Efe, mientras oculta su rostro, María (nombre ficticio), de los Valles del Tuy, zona periférica de Caracas.
CIFRAS DUDOSAS Y DISPARES
Los datos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) muestran que la tasa de homicidios de 2019 fue de 60,3 por cada 100.000 habitantes (16.506 víctimas), una bajada de 21,1 puntos respecto a 2018, que cerró con una tasa de 81,4 (23.047 víctimas).
Sin embargo, las cifras publicadas por el Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz difiere en varios miles de la de la organización no gubernamental. Según la institución pública, la tasa fue de 21 y 33, para 2019 y 2018, respectivamente.
Pero al margen de números que se pierden en una realidad paralela, la verdad de María es la que vive en una de las zonas más violentas de Venezuela en su día a día, desconocedora de esos datos que se manejan en instancias que le son ajenas.
Ella reitera que tiene miedo y no percibe que se haya reducido la inseguridad en los últimos tiempos, como afirman otros habitantes de zonas que, sin ser la panacea de la seguridad, registran menos delitos.
DIFERENTES PERCEPCIONES
Duval Luna, 66 años, explica a Efe que siente que bajó la inseguridad y lo mide con las pocas veces que se oye en la calle “¡Agárrenlo!”, el grito característico que alarma sobre un ladrón y que precede a otros gritos, los de auxilio de la persona robada.
“Antes se escuchaba más seguido. Ahora escucho esporádicamente gente a la que le han quitado el celular, pero menos. Me siento más tranquilo saliendo a la calle”, dice, aunque, pese a todo, asegura que sus amigos y familiares, incluso él, no andan en la calle de noche.
Wilmer Guerra y Valeria Argoy, de 18 y 16 años, respectivamente, sí salen a “rumbear”, pero no caminan en la calle, sino que piden que los dejen en una estación de metro porque “es lo más seguro. Y sin embargo…”, dice él, dejando la frase en el aire y sin concluir.
“Uno no puede estar tranquilo en la calle, siempre tiene que estar pendiente de todo a cada rato, esconder los teléfonos. Literalmente hemos descubierto maneras de esconderlo donde no deberían estar”, dice Guerra. Pero estas medidas no evitaron que hace apenas una semana lo atracaran y le quitaran su celular.
A su lado, Argoy repite a cada rato que “es horrible”. A ella no le ha pasado nada, pero trata de no estar sola nunca para evitar que le puedan robar o “hacer algo”.
Siempre hay un “pero” que relativiza la sensación de seguridad en Venezuela.
ÚLTIMO INTENTO DE MADURO FRENTE A LA INSEGURIDAD
El abogado penalista e investigador de crimen organizado Luis Izquiel explicó a Efe que, desde que el presidente Nicolás Maduro llegó al poder en 2013, ha habido cuatro planes “importantes” contra la inseguridad ciudadana, con un mismo objetivo, pero distinto resultado.
En diciembre de 2019, el mandatario firmó el decreto para la creación de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, un plan que fue lanzado en febrero de 2020 y que pretende conseguir la “estabilidad y seguridad del pueblo venezolano”.
El plan consiste en la creación de ocho vértices para abordar la seguridad, comenzando con la prevención entre los niños, jóvenes y adolescentes.
Además, contempla la lucha contra la corrupción, la “transformación” del sistema de justicia penal, la “protección” de la paz, la gestión de riesgos, fortalecimiento de los órganos de seguridad, la “expansión” de la Policía y de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad.
Para Izquiel, este plan es “un refrito” de otro que se lanzó hace siete años y que “no dio resultado”, por lo que duda de su eficacia para hacer frente a la inseguridad que afecta al país.
OTROS PLANES… ¿EFICACES?
El Plan Patria Segura, lanzado en 2013, fue “el operativo militar más grande que se ha aplicado en Venezuela”, recordó el criminalista, quien explicó que se basó en la creación de las “Zonas de Paz”, donde se otorgaron territorios a “distintas bandas en el país, con el argumento de que ellas se iban a pacificar y entregar sus armas a cambio de programas sociales. Eso fracasó”.
En 2015 se creó la Operación Liberación del Pueblo (OLP), un plan contra la violencia en Venezuela que desde sus inicios tuvo numerosas denuncias de ejecuciones extrajudiciales y atropellos de los Derechos Humanos, según diversas ONG.
Los operativos consistían en despliegues y toma temporal de zonas donde se retenían a personas que eran “verificadas” en el Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL), después de recibir denuncias de los ciudadanos o realizando previamente una inspección en el sector, a fin de determinar si habían cometido algún delito.
En 2017 se creó la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo policial adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que ha recibido las mismas críticas por supuestas violaciones de derechos humanos.
Para Izquiel, esta escisión de la Policía “ha sido el emblema de la violación de Derechos Humanos en Venezuela. Hoy no hay ningún plan serio contra la inseguridad, solo una operación de exterminio masivo a través de las FAES”.
En el informe sobre Venezuela presentado en julio pasado por la Oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se recomendó la disolución de las FAES por la presunta vinculación de sus efectivos con ejecuciones extrajudiciales.
¿QUIÉN MATA A QUIÉN?
Roberto Briceño-León, director del OVV, explicó a Efe que, aunque la tasa de homicidios bajó respecto a otros años, no lo hizo “tanto y sigue siendo escandalosa, la más alta de América Latina”.
“Hay menos homicidios porque hay menos homicidas (porque) el Gobierno los mató. La oportunidad de negocio se mudó al secuestro y la extorsión. Y las bandas organizadas tomaron más control del territorio frente a las bandas pequeñas que eran las que cometían los homicidios. Hay un uso más racional de la violencia”, señala Briceño-León.
Sin embargo, hace un nuevo matiz: “Una tercera parte los cometen los cuerpos policiales de Venezuela. La violencia no ha bajado, solo que cambió de autor”.
Así lo siente Mariela Coronado, de 41 años, quien dice sentir que “uno no sabe quién es quién, quiénes son los buenos o los malos”.
Vive en un conjunto residencial popular en los Valles del Tuy donde, asegura, “la Policía hace cosas que no deben, abusan de la autoridad y matan a muchos muchachos jóvenes. Entran y los matan. No les dan la oportunidad de arrepentirse ni de rehacer su vida”.
Latinoamericanas
Fuerza internacional intensifica ofensiva contra bandas haitianas y advierte que mantendrá sus operaciones
Por Efe
La misión multinacional reafirmó su compromiso de combatir a las organizaciones criminales pese a la emboscada contra cuatro militares salvadoreños, mientras autoridades haitianas realizan operativos y buscan reforzar sus fuerzas de seguridad.
PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ. – La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) aseguró que continuará sus operaciones contra las organizaciones criminales que mantienen bajo su control amplias zonas de Haití, pese a los recientes ataques contra integrantes de la misión internacional, incluido el incidente en el que desaparecieron cuatro militares salvadoreños.
Mediante una declaración difundida en la red social X, la fuerza multinacional reafirmó su determinación de contribuir al restablecimiento de la seguridad y la estabilidad del país caribeño, advirtiendo que las acciones violentas de las bandas no detendrán el cumplimiento de su mandato.
El pronunciamiento se produce en medio de una creciente tensión por la desaparición de cuatro integrantes del contingente salvadoreño, quienes fueron emboscados por hombres armados en las afueras de Puerto Príncipe el pasado 18 de octubre.
La GSF acompañó su mensaje con imágenes de sus operaciones, en las que aparecen vehículos blindados, militares de Chad y personal salvadoreño participando en actividades de vigilancia aérea.
Operativos contra grupos armados en Puerto Príncipe
Mientras la misión internacional mantiene su ofensiva, la Policía Nacional de Haití continúa desarrollando intervenciones en sectores considerados estratégicos para las organizaciones criminales.
Según informaciones difundidas por Radio Télé Galaxie, durante la noche del domingo se ejecutó un operativo en el barrio Bel-Air, en Puerto Príncipe, que habría dejado varios presuntos integrantes de bandas armadas muertos.
La intervención estuvo dirigida contra una organización que operaba en ese sector y que, de acuerdo con fuentes policiales citadas por el medio haitiano, estaría relacionada con numerosos secuestros registrados en la capital.
Las autoridades buscan recuperar espacios ocupados por estructuras criminales que han limitado la movilidad de la población y afectado las actividades económicas y sociales.
Haití busca incorporar miles de nuevos militares
Paralelamente a las operaciones de seguridad, las Fuerzas Armadas haitianas iniciaron un proceso de selección de nuevos integrantes para fortalecer su capacidad institucional.
Alrededor de 2,000 aspirantes participaron el domingo en evaluaciones intelectuales, de las cuales serán seleccionados aproximadamente 700 candidatos.
El proceso forma parte de un programa gubernamental que contempla incorporar 15,000 miembros a las Fuerzas Armadas durante los próximos tres años.
La iniciativa pretende ampliar la capacidad del Estado para enfrentar la inseguridad y respaldar las acciones desarrolladas contra las organizaciones criminales.
Persiste incertidumbre sobre militares salvadoreños desaparecidos
La situación de los cuatro integrantes del contingente salvadoreño continúa generando preocupación internacional.
La GSF informó que recibió restos humanos cuya identidad no había sido establecida y que inicialmente se consideró que podrían corresponder a los militares desaparecidos.
Sin embargo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuestionó esa posibilidad, por lo que la identificación de los restos permanece pendiente de confirmación.
Las autoridades salvadoreñas han desplegado unidades especializadas para apoyar las operaciones de búsqueda y determinar el paradero de sus efectivos.
La emboscada representa uno de los acontecimientos más delicados enfrentados por la misión internacional en su lucha contra las organizaciones criminales haitianas.
Organización denuncia presuntos vínculos entre bandas y sectores de poder
En medio de las operaciones, la Red Haitiana de Periodistas contra la Corrupción (Rhajac) pidió al presidente salvadoreño actuar con cautela ante la compleja situación política y de seguridad de Haití.
La organización denunció la supuesta existencia de acuerdos entre el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, y dirigentes de organizaciones armadas, que presuntamente tendrían como propósito favorecer su permanencia en el poder.
También señaló alegadas relaciones de protección y colaboración entre bandas criminales y determinados integrantes de sectores políticos, empresariales y policiales.
Entre sus señalamientos, la organización mencionó presuntas complicidades relacionadas con miembros de instituciones policiales haitianas y dominicanas.
Estas afirmaciones constituyen denuncias de la Rhajac y no hechos judicialmente establecidos. La información difundida no aporta una determinación oficial que permita confirmar tales acusaciones ni atribuir responsabilidades individuales.
La recuperación territorial sigue siendo el principal desafío
La persistencia de las bandas armadas continúa representando uno de los mayores obstáculos para la estabilización de Haití.
Aunque las operaciones conjuntas han permitido recuperar algunos espacios y enfrentar determinadas estructuras criminales, las organizaciones armadas mantienen una considerable influencia territorial y capacidad de movilización.
La situación evidencia que las acciones militares necesitan complementarse con el fortalecimiento institucional, la interrupción del tráfico ilegal de armas y el combate contra las fuentes de financiamiento criminal.
Para la fuerza internacional, el desafío no consiste únicamente en neutralizar integrantes de las bandas, sino en contribuir a crear condiciones que permitan al Estado haitiano recuperar de manera permanente el control de las comunidades afectadas.
Mientras continúen los enfrentamientos y las denuncias sobre posibles redes de protección criminal, la estabilidad de Haití seguirá dependiendo tanto de los resultados de las operaciones de seguridad como de la capacidad de sus instituciones para restablecer el Estado de derecho.
Fuente: Agencia EFE, declaraciones de la GSF, informaciones de Radio Télé Galaxie y comunicado de la Rhajac, 27 de octubre de 2026.
Latinoamericanas
Misión internacional desafía a las bandas armadas de Haití y anuncia que mantendrá sus operaciones
La desaparición de cuatro militares salvadoreños aumenta la tensión en el país caribeño, mientras continúan los enfrentamientos, las operaciones de seguridad y las denuncias sobre presuntos vínculos entre sectores de poder y grupos criminales.
PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ. – La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) aseguró que mantendrá su ofensiva contra las organizaciones criminales que operan en Haití, pese al recrudecimiento de la violencia y la desaparición de cuatro integrantes del contingente salvadoreño, cuyo paradero continúa sin esclarecerse.
La misión multinacional reiteró este lunes que las acciones intimidatorias y los ataques perpetrados por las bandas armadas no modificarán sus objetivos de contribuir al restablecimiento de la seguridad y respaldar a las autoridades haitianas.
El pronunciamiento se produce en medio de una creciente preocupación internacional por la capacidad operativa de los grupos criminales, que mantienen bajo amenaza a comunidades enteras y representan un desafío para las fuerzas nacionales y extranjeras desplegadas en el territorio.
La desaparición de los cuatro militares salvadoreños, ocurrida el pasado 18 de octubre durante una emboscada en Croix-des-Bouquets, en el área metropolitana de Puerto Príncipe, ha agravado la tensión y provocado nuevas interrogantes sobre las condiciones de seguridad en las que opera la misión.
Incertidumbre por militares desaparecidos
Uno de los acontecimientos que mayor preocupación ha generado es la recepción de restos humanos cuya identidad todavía no ha sido establecida.
La GSF informó que recibió, mediante una organización humanitaria, restos que inicialmente se consideraron relacionados con los cuatro militares desaparecidos. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial que permita establecer esa correspondencia.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, rechazó que los restos encontrados pertenezcan a sus compatriotas y explicó que las características observadas no coinciden con las de los militares buscados.
Operativos contra organizaciones criminales
Mientras continúa la búsqueda, las fuerzas de seguridad haitianas han intensificado sus intervenciones en sectores considerados de alta peligrosidad.
De acuerdo con informaciones difundidas por Radio Télé Galaxie, la Policía Nacional de Haití desarrolló una operación en Bel-Air, uno de los barrios de Puerto Príncipe afectados por la presencia de grupos armados.
Durante la intervención, realizada la noche del domingo, varios presuntos integrantes de bandas criminales habrían perdido la vida.
Las autoridades buscan debilitar la capacidad de organizaciones señaladas por su participación en secuestros, ataques armados y otras actividades delictivas que afectan a la población.
La GSF también difundió imágenes de sus operaciones, en las que aparecen vehículos blindados y miembros de los contingentes internacionales desplegados para apoyar las labores de seguridad.
Haití busca fortalecer sus Fuerzas Armadas
Paralelamente a las operaciones contra las pandillas, el Gobierno haitiano desarrolla un programa de fortalecimiento militar con el propósito de aumentar la capacidad de respuesta de sus instituciones.
Como parte de esa iniciativa, aproximadamente 2,000 aspirantes participaron el domingo en evaluaciones destinadas a seleccionar nuevos integrantes de las Fuerzas Armadas.
De ese grupo se escogerán alrededor de 700 candidatos, dentro de un proyecto gubernamental que contempla incorporar 15,000 efectivos durante los próximos tres años.
La medida forma parte de los esfuerzos por recuperar progresivamente el control territorial y reducir la dependencia de la asistencia internacional en materia de seguridad.
Denuncias sobre presuntas complicidades políticas
La crisis también ha generado cuestionamientos sobre la posible existencia de vínculos entre organizaciones criminales y determinados sectores de influencia política y económica.
La Red Haitiana de Periodistas contra la Corrupción (RHAJAC) solicitó al presidente salvadoreño actuar con cautela ante informaciones sobre supuestos acuerdos entre dirigentes políticos haitianos y líderes de bandas armadas.
La organización denunció la presunta existencia de mecanismos de protección y apoyo a grupos criminales desde determinados espacios de poder.
Sus señalamientos también alcanzan a sectores privados y a supuestos integrantes de organismos policiales haitianos y dominicanos.
Estas acusaciones constituyen denuncias de la organización y no hechos judicialmente demostrados. Por tanto, requieren investigaciones independientes que permitan determinar su veracidad y establecer eventuales responsabilidades.
La crisis haitiana mantiene en alerta a la región
La persistencia de la violencia en Haití continúa representando un desafío de seguridad que trasciende sus fronteras, especialmente por sus posibles repercusiones humanitarias, migratorias y territoriales.
Para República Dominicana, que comparte la isla de La Española con Haití, el deterioro de la seguridad del país vecino constituye un asunto de especial interés nacional.
La desaparición de militares extranjeros evidencia las dificultades que enfrenta la comunidad internacional para desarrollar operaciones en territorios donde las organizaciones criminales conservan una importante capacidad de acción.
Aunque la misión multinacional insiste en que continuará sus actividades, los acontecimientos recientes ponen de manifiesto la complejidad de enfrentar a estructuras armadas que desafían tanto a las autoridades nacionales como a las fuerzas internacionales.
El principal desafío sigue siendo transformar las operaciones militares en resultados sostenibles que permitan recuperar el control institucional, proteger a la población y crear condiciones para restablecer la estabilidad política y social de Haití.
Fuentes: Agencia EFE, comunicados de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), Radio Télé Galaxie y declaraciones atribuidas a la Red Haitiana de Periodistas contra la Corrupción.
Latinoamericanas
Bandas armadas consolidan su dominio en Haití y agravan la crisis de seguridad nacional
Las organizaciones criminales fortalecen su control territorial mediante extorsiones, secuestros y el dominio de rutas comerciales, mientras persisten los señalamientos sobre sus vínculos con sectores políticos y económicos.
Puerto Príncipe, Haití.– La creciente influencia de las organizaciones criminales en Haití continúa debilitando la capacidad de respuesta de las autoridades y representa uno de los mayores obstáculos para restablecer la seguridad y el orden institucional en esa nación caribeña.
Las bandas armadas han logrado consolidar estructuras que les permiten controlar comunidades, establecer sistemas de vigilancia, imponer cobros ilegales y restringir la circulación de ciudadanos y mercancías por importantes vías del territorio haitiano.
De acuerdo con el investigador Diego Da Rin, especialista en resolución de conflictos de International Crisis Group, estas organizaciones han evolucionado hasta convertirse en estructuras con capacidad operativa, fuentes propias de financiamiento y un considerable dominio de determinadas zonas.
Durante una entrevista concedida a DW Español, el especialista explicó que los territorios ocupados por las bandas cuentan con mecanismos de vigilancia y posiciones estratégicas desde las cuales sus integrantes pueden detectar movimientos de las fuerzas de seguridad y dificultar las intervenciones policiales.
Control territorial y presión sobre la economía
Uno de los aspectos más preocupantes de la crisis es la influencia de los grupos armados sobre infraestructuras esenciales para el funcionamiento económico de Haití.
Según Da Rin, las bandas han extendido su presencia hacia instalaciones estratégicas vinculadas al abastecimiento de combustible y al transporte de mercancías, además de ampliar sus operaciones desde Puerto Príncipe hacia los departamentos de Artibonite y del Centro.
Esta expansión ha facilitado el establecimiento de peajes clandestinos y otras formas de extorsión contra comerciantes, transportistas y residentes de las comunidades afectadas.
Los cobros ilegales y los secuestros constituyen importantes mecanismos de financiamiento que permiten a las organizaciones adquirir armamento, mantener sus estructuras y sostener sus operaciones.
Corrupción e impunidad favorecieron su crecimiento
El investigador también advirtió que la expansión de las pandillas no puede explicarse únicamente por las condiciones de pobreza o las debilidades institucionales del país.
Durante años, determinados sectores políticos y económicos habrían utilizado grupos armados para ejercer presión sobre adversarios, intervenir en procesos electorales y promover intereses particulares.
Sin embargo, con el paso del tiempo, varias de estas organizaciones adquirieron mayor independencia y desarrollaron estructuras que dificultan incluso el control por parte de quienes anteriormente mantenían vínculos con ellas.
Da Rin considera que la corrupción, la impunidad y las relaciones entre grupos criminales y sectores influyentes alimentan un ciclo de violencia que obstaculiza cualquier solución duradera.
Desaparición de militares aumenta la preocupación internacional
La capacidad de actuación de las bandas volvió a quedar en evidencia tras la desaparición de cuatro militares salvadoreños durante un incidente ocurrido el pasado 18 de octubre en Croix-des-Bouquets, próximo a Puerto Príncipe.
Los uniformados formaban parte de una misión internacional de apoyo a la seguridad haitiana y, según las declaraciones atribuidas al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, desempeñaban labores técnicas y de evacuación médica.
El mandatario exigió su liberación y advirtió sobre posibles medidas adicionales para lograr su recuperación.
Informaciones difundidas por medios dominicanos señalan que efectivos especializados de El Salvador fueron desplegados para reforzar las operaciones de búsqueda en sectores relacionados con la actividad de grupos criminales.
El incidente ha incrementado la preocupación sobre los riesgos que enfrentan tanto la población haitiana como los integrantes de las fuerzas internacionales que participan en los esfuerzos para restablecer la seguridad.
Un desafío que supera la respuesta militar
La situación haitiana evidencia que la recuperación del territorio no depende exclusivamente de operativos policiales o militares.
El fortalecimiento de las instituciones, la persecución de las redes de financiamiento criminal, el combate a la corrupción y la ruptura de los vínculos entre las bandas y sectores de poder aparecen como elementos esenciales para debilitar estas organizaciones.
Mientras persistan las fuentes de ingresos ilegales y las condiciones que favorecen su expansión, Haití continuará enfrentando graves dificultades para recuperar el control de sus comunidades y garantizar la protección de sus ciudadanos.
Fuente: Informaciones ofrecidas por Diego Da Rin, de International Crisis Group, a DW Español, y reportes periodísticos difundidos por elCaribe.