Editorial
El coronavirus y las deudas sociales del Estado.
El Estado dominicano siempre ha acumulado grandes deudas sociales como consecuencia de las políticas económicas fundamentadas en la corrupción administrativa de los diferentes gobiernos que hemos tenido durante toda nuestra vida republicana.
Una expresión contundente de esa equivocada política económica ha sido el alto gasto público del Gobierno, cuya mayor focalización es en la nómina de las instituciones oficiales.
De manera, que los gobiernos que hemos padecido han manejado los recursos públicos como si no les importaran las grandes carencias de la población.
Ahora resulta que la economía nacional no sólo será deficitaria por las razones expuestas más arriba, sino también como consecuencia del impacto del coronavirus en la producción nacional y en consecuencia en la democracia.
Es innegable que el coronavirus ya le ha dado duro a toda la vida nacional, incluida la tranquilidad de la gente y para colmo podría imposibilitar que un derecho tan importante de la democracia, como es el de elegir y ser elegible, parece que también será afectado.
Son dos cuestiones vitales para que una sociedad civilizada pueda rápidamente levantar cabeza, para decirlo de alguna manera, pero el reto de que las elecciones puedan ser celebradas, dado que la democracia está tan sentida que ese podría constituirse en un golpe mortal para ella, sobre todo por lo que se derivaría de una posposición, que hasta pensarlo hace daño.
El coronavirus apenas comienza su recorrido por el territorio nacional, cuyas secuelas parece que será muy dolorosa, no sólo en lo que respecta a los daños a la economía, sino también en lo que más importa, como es la pérdida de vidas humanas.
Naturalmente, todo lo que se pueda decir en este momento cae en el campo de la especulación en torno al impacto de la enfermedad en la sociedad en lo que respecta a la generación de muertes, pero no así de los estragos que ya sufre la economía y la tranquilidad social.
La recuperación de la democracia de esta estocada dada por el coronavirus podría ser larga y tormentosa, sobre todo si se parte de la vocación antidemocrática de sectores de la vida nacional, que se retroalimentan con la herencia histórica-cultural del pueblo dominicano que ha vivido de dictaduras en dictaduras durante toda su vida republicana.
Todo el mundo sabe que hay sectores en la sociedad dominicana que siempre apuestan a bañarse en aguas sucias o en ríos revueltos, cuyas enseñanzas son muy aplicables a la circunstancia que hoy vive el país.
El dominicano debe seguir al pie de la letra los mandatos del Gobierno para ver que tan rápido salimos de este mal momento, porque la cuarentena es la única garantía de que haya menos contagio y menos muertes y la superación de las consecuencias de una pandemia que podría ser inolvidable por los daños que puede causar.
No hay otro manera de ver las cosas.
Que nadie crea que con la pretendida reforma fiscal sólo ha quedado desenmascarado Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, sino toda la clase política nacional.
Porque los que ahora simulan que la rechazan han intentado lo mismo en ocasiones anteriores.
En torno a la propuesta fiscal hay que meter en el mismo saco a todos los actores de la política partidista nacional.
En realidad, no hay diferencias entre unos y otros, porque peledeístas, perremeístas y los que conforman la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández no tienen ningún tipo de remordimiento cuando se trata de castigar al pueblo dominicano.
Que nadie se llame a engaños de que la flexibilización de los abusos contra la clase media y los más pobres va a cesar en el país.
El dispendio continuará a través de las llamadas «botellas», las cuales, para decir verdad, son difíciles de erradicar.
Pero lo que sí ha quedado demostrado es que si la gente reacciona puede detener los abusos en su contra.
Ahora falta ver cuál será el camino que escogerá el gobierno, pero ojalá que no sea la continuación del desbocado endeudamiento externo para cubrir el déficit y continuar con un gasto público de muy poca calidad
La carga impositiva, sobre todo la informal, sigue ahí vigente, principalmente con la intensificación de los apagones, lo que conlleva dotarse de inversores y plantas eléctricas.
El Poder Ejecutivo acaba de someter al Congreso Nacional la tan esperada reforma fiscal, la cual parece tener algunas bondades, pero que no queda claro qué se persigue con la misma, porque no alcanza ni para cubrir el déficit fiscal que tiene el país desde hace varias décadas que lo sumerge en un endeudamiento peligroso.
Es como buscarle una solución a media al problema, porque a pesar de que sólo se busca recaudar 122 mil millones de pesos con la misma, nadie sabe cuál es la respuesta ante un déficit fiscal que representa más del doble de esa suma.
El meta-mensaje de la reforma fiscal es que el Gobierno de Luis Abinader parece estar enamorado del endeudamiento externo, porque esa reforma tributaria no conduce a otro camino que a buscar más dinero prestado.
Pero eso no es todo, porque el Gobierno habla de una mayor inversión social con un déficit fiscal que duplica la suma que se busca recaudar.
Lo otro es que no se han eliminado todas las exenciones que atrofia la economía nacional, cuyos principales beneficiarios son sectores que sólo buscan alimentarse personal y empresarialmente de los recursos públicos.
Son preguntas que el presidente Luis Abinader debe responderles a los amplios sectores de la vida nacional que se niegan a someterse a mayores sacrificios con resultados insatisfactorios.
A las actuales autoridades nacionales y también a las pasadas se les enrostra que adolecen de lo que se podría definir como una cultura nacional, que no es otra cosa que la carencia de planificación estratégica.
Todo es al azar, cuya debilidad ha exhibido el actual Gobierno hasta más no poder y la reforma fiscal, aunque tenga sus bondades o consideraciones hacia el ciudadano, adolece de debilidades que tienen que ser explicadas.
Es importante que esta reforma fiscal se rija por los principios tributarios de legalidad, equidad y transparencia, porque de lo contrario los resultados podrían ser muy dolorosos para la sociedad dominicana.
La suerte está echada y sólo se espera que por lo menos en este caso haya un manejo idóneo y sensato para que no ocurra lo que se produjo en otras ocasiones, que la reforma fiscal ha significado un profundo dolor de cabeza para todos y cada uno de los dominicanos.
La incapacidad del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) deja huellas en la administración pública, lo cual ahora queda claro con el hecho de que un hijo de un cuadro de ese partido haya penetrado la seguridad nacional de una forma que debe preocupar a cualquiera.
Ello así, porque el señor Jochy Gómez, con una fama reconocida en estas andanzas, no sólo estafa al Estado a través de su contrato con el Intrant, sino que también firma otro con el Ministerio de Defensa, mediante el cual obtenía información sensible y se la vendía a particulares y al propio presidente de la República.
Esta realidad indica que los dominicanos en términos de seguridad nacional estamos prácticamente en pañales, sin ninguna garantía de nada, porque es probable que ahí esté la explicación de que muchos narcotraficantes nunca pueden ser apresados a la hora de que sus residencias o negocios son allanados.
Evidentemente que grupos como éste del crimen organizado sólo buscan dinero, les vendían información a personas del bajo mundo para que abandonaran la zona donde iban a ser perseguidos y apresados.
Pero, además, si este grupo maneja la información sensible del Ministerio de Defensa, entonces que se podía esperar de otras instancias inferiores que responden a sus mandatos.
De manera, que esta irregularidad indica hasta dónde institucionalmente el país está mal.
Porque la verdad es que cualquier “carajo a la vela”, para usar una expresión popular, que tenga el control de las informaciones que generan los organismos que manejan la seguridad nacional, habla de lo mal que está el país.
En este caso no sólo deben investigarse los que han sido imputados hasta el momento, sino que el asunto debe llegar hasta las altas instancias del Gobierno.
E incluso el propio presidente de la República debe ser llamado para que dé una explicación de semejante irregularidad.
En cualquier país que se respete, el presidente tiene que dar una explicación a la sociedad.
Pero no cualquier explicación.