Editorial
El coronavirus y las deudas sociales del Estado.
El Estado dominicano siempre ha acumulado grandes deudas sociales como consecuencia de las políticas económicas fundamentadas en la corrupción administrativa de los diferentes gobiernos que hemos tenido durante toda nuestra vida republicana.
Una expresión contundente de esa equivocada política económica ha sido el alto gasto público del Gobierno, cuya mayor focalización es en la nómina de las instituciones oficiales.
De manera, que los gobiernos que hemos padecido han manejado los recursos públicos como si no les importaran las grandes carencias de la población.
Ahora resulta que la economía nacional no sólo será deficitaria por las razones expuestas más arriba, sino también como consecuencia del impacto del coronavirus en la producción nacional y en consecuencia en la democracia.
Es innegable que el coronavirus ya le ha dado duro a toda la vida nacional, incluida la tranquilidad de la gente y para colmo podría imposibilitar que un derecho tan importante de la democracia, como es el de elegir y ser elegible, parece que también será afectado.
Son dos cuestiones vitales para que una sociedad civilizada pueda rápidamente levantar cabeza, para decirlo de alguna manera, pero el reto de que las elecciones puedan ser celebradas, dado que la democracia está tan sentida que ese podría constituirse en un golpe mortal para ella, sobre todo por lo que se derivaría de una posposición, que hasta pensarlo hace daño.
El coronavirus apenas comienza su recorrido por el territorio nacional, cuyas secuelas parece que será muy dolorosa, no sólo en lo que respecta a los daños a la economía, sino también en lo que más importa, como es la pérdida de vidas humanas.
Naturalmente, todo lo que se pueda decir en este momento cae en el campo de la especulación en torno al impacto de la enfermedad en la sociedad en lo que respecta a la generación de muertes, pero no así de los estragos que ya sufre la economía y la tranquilidad social.
La recuperación de la democracia de esta estocada dada por el coronavirus podría ser larga y tormentosa, sobre todo si se parte de la vocación antidemocrática de sectores de la vida nacional, que se retroalimentan con la herencia histórica-cultural del pueblo dominicano que ha vivido de dictaduras en dictaduras durante toda su vida republicana.
Todo el mundo sabe que hay sectores en la sociedad dominicana que siempre apuestan a bañarse en aguas sucias o en ríos revueltos, cuyas enseñanzas son muy aplicables a la circunstancia que hoy vive el país.
El dominicano debe seguir al pie de la letra los mandatos del Gobierno para ver que tan rápido salimos de este mal momento, porque la cuarentena es la única garantía de que haya menos contagio y menos muertes y la superación de las consecuencias de una pandemia que podría ser inolvidable por los daños que puede causar.
No hay otro manera de ver las cosas.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.