Santo Domingo, RD.- En tiempos de coronavirus el presidente Medina hace su ingreso al Palacio Nacional a las 7:30 de la mañana cuando llega la “yipeta” marca Land Cruiser, con placa 001 y pintada con los tres colores de la Bandera Nacional, seguida de una pequeña flota de vehículos, se estaciona en el parqueo subterráneo del palacio presidencial, cuya puerta del copiloto se abre y es el mandatario que se desmonta, con guantes y mascarillas, para empezar su jornada laboral en tiempos de coronavirus.Más Noticias
El presidente y su rutina en medio de la pandemia del coronavirus.
Santo Domingo, RD.- En tiempos de coronavirus el presidente Medina hace su ingreso al Palacio Nacional a las 7:30 de la mañana cuando llega la “yipeta” marca Land Cruiser, con placa 001 y pintada con los tres colores de la Bandera Nacional, seguida de una pequeña flota de vehículos, se estaciona en el parqueo subterráneo del palacio presidencial, cuya puerta del copiloto se abre y es el mandatario que se desmonta, con guantes y mascarillas, para empezar su jornada laboral en tiempos de coronavirus.Asistido de los ministros Gustavo Montalvo y José Ramón Peralta, así como de sus colaboradores Carlos Pared Pérez y Robert de la Cruz, inicia una jornada extendida que le lleva hasta la noche en la casa de gobierno.
Ante la gravedad de la situación del coronavirus, el presidente tiene poco espacio para el descanso y hasta para dedicarle tiempo a su familia.
“Es mucho trabajo y el presidente le da seguimiento personalmente a cada uno de los temas que presentan las comisiones en esta emergencia por el coronavirus que impacta a toda la sociedad dominicana”, dijo a Listín Diario el ministro Administrativo de la Presidencia.
La situación de emergencia nacional le ha hecho variar su rutina. Atrás han quedado las visitas sorpresas y los viajes en helicópteros a diferentes zonas del país.
A partir de las nueve de la mañana de cada día el jefe del Estado comienza a despachar “de manera directa y personal” los asuntos más urgentes relacionados con el curso del Covid-19 y el impacto que va dejando en la economía la enfermedad que hasta ayer, de acuerdo con los registros de Salud Pública, ya había cobrado 10 muertos y 488 infectados.
Peralta, uno de sus más cercanos colaboradores, dice que ante el cúmulo de los asuntos de Estado que tiene que despachar cada día “sobre todo de temas relacionados con el coronavirus”, el presidente solo tiene un pequeño espacio para el almuerzo que lo hace en el Palacio junto a sus funcionarios más cercanos.
En torno al mandatario se han adoptado medidas de seguridad más extremas para protegerlo de cualquier tipo de contagio.
Lo primero es que la Presidencia restringió las visitas al mandatario y los que llegan hasta su despacho tienen que someterse, previamente, a un proceso de desinfección y son provistos de mascarillas y guantes.
En las reuniones en el despacho presidencial los asientos están dispuestos de manera tal que los que integran las comisiones quedan a una distancia bastante prudente del jefe del Estado, así como entre ellos.
“Funcionarios que habitualmente se reunían con Danilo para tratar asuntos de sus respectivas dependencias no visitan Palacio, porque los asuntos están concentrados en las instituciones responsables de combatir el coronavirus”, expreso Peralta.
Transcurrido el día y ya en la noche, con la carga de estrés que genera situaciones como las que viven en estos momentos los dominicanos, el presidente regresa a su casa dejando atrás una buena parte de los asuntos a los que tendrá que ponerle el frente a la mañana siguiente.
Una de las medidas que tomó el presidente Medina para combatir al Covid-19 fue el cierre de instituciones del Estado a partir del pasado el lunes 22 de marzo.
Las instituciones que mantienen suspendidas sus labores por completo son Acuario Nacional, Administración General del Parque Mirador del Norte, Archivo General de la Nación, Caja de Ahorro para Obreros y Monte de Piedad, Centro de Capacitación en Planificación en Política y Gestión Fiscal, Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial.
También el Centro Provincial para la Administración de los Fondos Mineros Sánchez Ramírez, la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia, Comisión Reguladira de Prácticas Desleales en el Comercio y Medidas de Salvaguarda, Consejo Dominicano de Pesca y Agricultura, Consejo Dominicano para la Calidad, Consejo Nacional de Competitividad, el Consejo Nacional de Discapacidad, Consejo Nacional para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Turismo.
Además, la Dirección Ejecutiva de Comité Ejecutor de Infraestructura de Zona Turística, las direcciones de Bienes Nacionales, de Catastro Nacional, de Cine, de Cooperación Bilateral, de Cooperación Multilateral, de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas, General de Minería, el Fondo Nacional para el Medio Ambiente.
Los institutos Nacional de la Aguja, el Azucarero Dominicano, de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, de Formación Turística del Caribe, de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, de Investigadores Agropecuarias y Forestales, Dominicano del Café, para la Calidad, Duartiano, Geográfico Nacional, de la Administración Pública, Bienestar Magisterial, de Educación Física, de Formación de Capacitación de Magisterio, Nacional de la Vivienda, del Tabaco, el Superior de Formación Docente Salomón Ureña, Técnico Superior Comunitario, Tecnológico de las Américas, Jardín Botánico Nacional, Liga Municipal Dominicana, Lotería Nacional, el Ministerio de Cultura y sus dependencias, Ministerio de Deportes, Museo Nacional de Historia Natural, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, Oficinas Nacional de Propiedad Industrial y el Organismo Dominicano de Acreditaci
En un primero discurso a la nación el 17 de marzo pasado, el presidente Medina solicitó al Congreso la declaratoria de emergencia nacional para enfrentar el virus.
En una segunda alocución el pasado miércoles, el mandatario anunció el incremento del subsidio mediante la tarjeta Solidariadad de RD$1,500 a RD$5,000 para cerca de 800,000 familias.
Santo Domingo. – A partir del primero de agosto la Junta Central Electoral (JCE) tendrá nuevos horarios de atención en los Centros de Cedulación de Servicio Extendido (anteriormente denominados Centros de Servicios Continuos).
El Pleno de la JCE dispuso que los centros de servicio extendido ofrecerán atención a la ciudadanía de lunes a domingo, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche.
La medida aplicará a los centros ubicados en Barahona, Herrera, Distrito Nacional, La Romana, La Vega, Las Américas, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y Santiago.
En ese sentido, la JCE precisó que los ciudadanos con citas programadas en el horario de la madrugada (de 12:00 a. m. a 07:00 a. m.), podrán presentarse en cualquiera de los centros de cedulación, según el horario de servicio correspondiente, sin importar el mes de cumpleaños.
Santo Domingo.- Una accion directa de inconstitucionalidad sometió el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ante el Tribunal Constitucional una contra el artículo 310 del recién modificado Código Penal.
El recurso fue encabezado por Trajano Potentini, presidente del gremio, quien considera que su contenido entra en contradicción con garantías esenciales del orden constitucional, particularmente el derecho de defensa, el debido proceso y la dignidad del ejercicio profesional del derecho.
Potentini acudió a la sede de la jurisdicción constitucional acompañado de miembros de la directiva del gremio, presidentes de seccionales y de expresidentes del Colegio de Abogados, en una manifestación institucional con la que la organización procura defender no solamente las prerrogativas de los profesionales del derecho, sino también las garantías que asisten a toda persona que requiere representación y asistencia jurídica efectiva.
El presidente del CARD explicó que la acción constitucional tiene como propósito que el Tribunal Constitucional examine la compatibilidad del artículo impugnado con los principios, derechos y garantías consagrados por la Constitución dominicana, especialmente aquellos vinculados al libre y pleno ejercicio del derecho de defensa.
Dijo que cualquier regulación penal que pueda incidir sobre la actuación profesional de los abogados debe ser examinada con especial rigor constitucional, debido a que el abogado constituye una pieza esencial para hacer efectivo el acceso a la justicia.
Sostuvo que la defensa técnica no puede ser concebida como una concesión del Estado ni como una función secundaria dentro del sistema de justicia. Por el contrario, representa una garantía indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente sus derechos frente a una investigación, acusación o proceso judicial.
En ese contexto, el CARD considera necesario preservar un marco normativo que permita a los abogados ejercer sus funciones con independencia, seguridad jurídica y respeto a la naturaleza de su profesión.
Señaló que la controversia planteada trasciende los intereses particulares de los abogados. Según Potentini, cuando se afecta la independencia o la dignidad de quienes ejercen la defensa técnica también pueden verse comprometidos los derechos de los ciudadanos representados por esos profesionales.
Potentini destacó que la Constitución reconoce el debido proceso y el derecho de defensa como garantías fundamentales que deben observarse en toda actuación judicial y administrativa. En consecuencia, afirmó que las normas deben interpretarse de manera compatible con esos postulados.
La acción solicita la intervención del Tribunal Constitucional en su condición de órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Corresponderá a esa alta corte examinar los argumentos y determinar la conformidad o no de la disposición cuestionada con la Carta Sustantiva.
El CARD informó que dará seguimiento al curso procesal de la acción y reiteró su confianza en que el debate jurídico permitirá delimitar adecuadamente el alcance de la disposición impugnada conforme a los principios del Estado social y democrático de derecho.
Santo Domingo, R.D.-En franca violacion del mandato constitucional del plazo de 48 horas para someter ante un juez competente a una persona detenida se produce con casos que tienen que sufrir que se tiempo de extienda por didas, semanas e incluso en meses, segun denuncia de muchos afectados.
Y cuando finalmente un tribunal ordena la libertad, salir del destacamento tampoco ocurre de inmediato.
La situación ha quedado evidenciada con los 13 ciudadanos que permanecen más de 30 días detenidos en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam, en Santo Domingo Este, sin haber sido sometidos al control de un juez y sin que existiera registro de un proceso penal en su contra.
Aunque un tribunal acogió el hábeas corpus presentado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y ordenó su libertad inmediata, varios días después la decisión aún se encuentra en proceso de ejecución.
La decisión legal de la liberación de los 13 detenidos ocurrió después de que una inspección de la Defensa Pública encontrara a 16 personas privadas de libertad en los destacamentos de Felicidad y Vietnam. Trece llevaban más de un mes detenidas sin haber comparecido ante un juez.
Durante la audiencia, el Ministerio Público informó al tribunal que no encontró solicitudes de medidas de coerción ni actuaciones procesales relacionadas con esas personas.
El tribunal ordenó la libertad de los 13 ciudadanos, pero el caso no fue el último. Días después, durante una nueva inspección en el destacamento de El Tamarindo, en Santo Domingo Este, las defensoras públicas encontraron a otro hombre que llevaba casi 12 días privado de libertad sin haber sido presentado ante un juez, en circunstancias similares a las detectadas previamente en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam.
Según relataron, los agentes explicaron que el retraso obedecía a la falta de vehículos para trasladarlo hasta la fiscalía.
Sin embargo, cuando consultaron el sistema del Poder Judicial, descubrieron que tampoco existía una solicitud de medida de coerción depositada y ante esa situación, interpusieron un nuevo hábeas corpus.
Para la Defensa Pública, la ausencia de transporte se ha convertido en una de las explicaciones más frecuentes para justificar los retrasos.
«No había sucedido antes con esta magnitud. Ahora uno de los argumentos recurrentes es que no hay vehículos para trasladar a los detenidos», explicó Figuereo.
La defensora sostuvo que esa situación no solo afecta a quienes esperan ser presentados ante un juez por primera vez, sino también las audiencias de medidas de coerción.
«Si hay 65 audiencias fijadas, 45 o 50 terminan aplazándose por falta de traslado«, aseguró.
El hábeas corpus tampoco acelera siempre la libertad.
Las defensoras afirman que incluso cuando presentan acciones constitucionales para recuperar la libertad de un detenido, el proceso suele enfrentar nuevos obstáculos.
Según Figuereo, en algunos casos el Ministerio Público solicita aplazamientos de las audiencias de hábeas corpus para ganar tiempo.
«La táctica dilatoria que está haciendo el Ministerio Público es pedir aplazamiento para depositar la solicitud de medida de coerción. Cuando vuelve la audiencia, aparece el vehículo, trasladan al imputado y conocen la medida», afirmó.
El artículo 40 de la Constitución dispone que toda persona detenida debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas siguientes a su arresto.
El artículo 71 reconoce el hábeas corpus como el mecanismo para restablecer ese derecho cuando la privación de libertad es ilegal o irrazonable.
Sin embargo, para la Defensa Pública, las visitas diarias a los destacamentos muestran una realidad distinta.
Las inspecciones no solo verifican el tiempo de detención. También revisan si los privados de libertad han recibido alimentos, agua, atención médica y si han sido objeto de maltratos.
«Mucha gente ni siquiera sabe por qué está detenida o que tiene derecho a ser presentada ante un juez en 48 horas«, señaló la defensora pública Dilenny Morel.
La historia de los 13 ciudadanos resume la paradoja que describen las defensoras. Entraron a los destacamentos sin que posteriormente se formalizara un proceso judicial.
Un tribunal ordenó su libertad. Pero la ejecución de esa decisión también requirió nuevos trámites, seguimiento de los abogados y espera.
Para la Defensa Pública, esa secuencia refleja un problema que trasciende un caso particular: en algunos destacamentos dominicanos no solo resulta fácil entrar; también puede ser muy difícil salir, incluso cuando un juez ya ordenó la libertad.