Santiago, RD.-Con el propósito de evitar un mayor contagio, todas las entradas y salidas de San Francisco de Macorís fueron ocupadas ayer por un contingente de tropas militares y policiales que ya impusieron una restricción sobre la circulación de personas y vehículos.Más Noticias
La gran cantidad de casos de coronavirus aumenta tensión en SFM.
Santiago, RD.-Con el propósito de evitar un mayor contagio, todas las entradas y salidas de San Francisco de Macorís fueron ocupadas ayer por un contingente de tropas militares y policiales que ya impusieron una restricción sobre la circulación de personas y vehículos.A la ciudad solo pueden entrar personal de los organismos de socorro, medios de comunicación debidamente acreditados, y vehículos que distribuyen combustibles, alimentos y medicinas.
La tensión creció ayer en San Francisco de Macorís cuando se informó de que el director regional de Salud Pública con asiento en esa ciudad, Angel Federico Garbot, dio positivo al coronavirus y que fue trasladado a un centro de salud de Santo Domingo.
Contrario a días anteriores, en San Francisco de Macorís, casi todos los negocios estaban cerrados ayer y pocas personas circulaban por las calles, debido al control policíaco-militar existente.
Muchas personas de la provincia Duarte dicen que pese a lo que está ocurriendo en la zona, otras tantas se resignan a quedarse en sus casas, pero que lo están haciendo obligatoriamente por la vigilancia existente.
Las autoridades de Salud Pública en San Francisco de Macorís explicaron que la situación es mucho más grave de lo que se prevé.
En horas de la mañana, las calles lucían casi desoladas y después de las dos de la tarde la situación se agravó.
Muchas personas se quejaron de que desde antes de las 4.00 de la tarde, unidades militares y policiales reforzaron los operativos y que les advertían a los que conversaban en los frentes de sus residencias ó en las aceras que en 30 minutos todas tenían que recogerse en sus hogares.
Residentes de San Francisco de Macorís llamaron a programas interactivos de esa ciudad y Santiago para denunciar que lo que ocurre allí es “una dictadura”.
“A mi hijo y dos amigos de la Universidad se los llevaron presos porque conversaban frente a sus casas a las 7.00 de la noche en el barrio San Martín, en San Francisco de Macorís”, se quejó una dama que llamó al programa radial “En el mismo blanco”, de Santiago.
Otras personas, sin embargo, consideran positivas las medidas de las autoridades de intervenir la provincia Duarte y parte del Noreste, pero entienden que se les debe permitir trabajar, aunque con ciertas medidas de prevención.
Según el Ministerio de Salud Pública, Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago y San Francisco de Macorís ocupan los cuartos primeros lugares en casos de coronavirus.
Pero médicos dicen que la situación es mucha más grave en San Francisco de Macorís, porque su espacio es más pequeño que las tres primeras ciudades mencionadas y que allí hay más aglomeración de personas.
A este respecto, el asesor y expresidente de la regional Norte del Colegio Médico Dominicano (CMD), Manasé Peña, dijo que en lo que respeta al Gran Santo Domingo y Santiago, casi todo se distribuye por zonas y que por eso la aglomeración de personas es menor.
Al respecto, observó que debido a la cantidad de habitantes que tienen Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago, los casos de coronavirus de San Francisco de Macorís, en comparación a población, superan individualmente los que se han comprobados en esas tres grandes urbes dominicana.
La provincia Duarte, especialmente su municipio cabecera, San Francisco de Macorís, se ha convertido en la primera población golpeada por el impacto de la transmisión comunitaria, con 59 casos confirmados y 12 de las 20 muertes que han ocurrido en el país, para un 60% de las defunciones registradas.
Testimonios de personas afectadas e impactadas por muerte de algún familiar narrando las condiciones dramáticas en las que se encuentran aumentan y por diferentes medios, incluyendo personal de salud que aseguran los centros médicos registran una alta cantidad de infectados.
De las 12 defunciones ocurridas en San Francisco de Macorís, nueve pacientes tenían más de 60 años y alguna enfermedad crónica, de acuerdo a los detalles dados a conocer por el ministro de Salud Pública, doctor Rafael Sánchez Cárdenas.
Las autoridades, apoyados por los organismos de socorro del país al municipio, con una desinfección masiva, incluyendo al centro de salud privado Siglo XXl, traslado de positivos y contactos a áreas de aislamientos, ampliación de los recursos de tratamiento y aumento de los diagnósticos.
Cárdenas explicó que en esa provincia se han establecido niveles de aislamiento de pacientes positivos, sintomáticos, asintomáticos y contactos directos para evitar contagios.
Explicó que las personas han sido ubicadas en un habitacional de 10 conjunto de apartamientos, separando los positivos leves o asintomáticos, los sintomáticos sin pruebas y los positivos sintomáticos.
El aislamiento, advirtió, se extenderá a todos los municipios y provincias que sea necesario, igual que las cuarentenas, toque de queda y cierre de municipios y provincias. Por otro lado, Cardenas negó que la paciente de Villa Rivas fue la responsable del foco de transmisión comunitaria.
Santo Domingo. – A partir del primero de agosto la Junta Central Electoral (JCE) tendrá nuevos horarios de atención en los Centros de Cedulación de Servicio Extendido (anteriormente denominados Centros de Servicios Continuos).
El Pleno de la JCE dispuso que los centros de servicio extendido ofrecerán atención a la ciudadanía de lunes a domingo, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche.
La medida aplicará a los centros ubicados en Barahona, Herrera, Distrito Nacional, La Romana, La Vega, Las Américas, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y Santiago.
En ese sentido, la JCE precisó que los ciudadanos con citas programadas en el horario de la madrugada (de 12:00 a. m. a 07:00 a. m.), podrán presentarse en cualquiera de los centros de cedulación, según el horario de servicio correspondiente, sin importar el mes de cumpleaños.
Santo Domingo.- Una accion directa de inconstitucionalidad sometió el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ante el Tribunal Constitucional una contra el artículo 310 del recién modificado Código Penal.
El recurso fue encabezado por Trajano Potentini, presidente del gremio, quien considera que su contenido entra en contradicción con garantías esenciales del orden constitucional, particularmente el derecho de defensa, el debido proceso y la dignidad del ejercicio profesional del derecho.
Potentini acudió a la sede de la jurisdicción constitucional acompañado de miembros de la directiva del gremio, presidentes de seccionales y de expresidentes del Colegio de Abogados, en una manifestación institucional con la que la organización procura defender no solamente las prerrogativas de los profesionales del derecho, sino también las garantías que asisten a toda persona que requiere representación y asistencia jurídica efectiva.
El presidente del CARD explicó que la acción constitucional tiene como propósito que el Tribunal Constitucional examine la compatibilidad del artículo impugnado con los principios, derechos y garantías consagrados por la Constitución dominicana, especialmente aquellos vinculados al libre y pleno ejercicio del derecho de defensa.
Dijo que cualquier regulación penal que pueda incidir sobre la actuación profesional de los abogados debe ser examinada con especial rigor constitucional, debido a que el abogado constituye una pieza esencial para hacer efectivo el acceso a la justicia.
Sostuvo que la defensa técnica no puede ser concebida como una concesión del Estado ni como una función secundaria dentro del sistema de justicia. Por el contrario, representa una garantía indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente sus derechos frente a una investigación, acusación o proceso judicial.
En ese contexto, el CARD considera necesario preservar un marco normativo que permita a los abogados ejercer sus funciones con independencia, seguridad jurídica y respeto a la naturaleza de su profesión.
Señaló que la controversia planteada trasciende los intereses particulares de los abogados. Según Potentini, cuando se afecta la independencia o la dignidad de quienes ejercen la defensa técnica también pueden verse comprometidos los derechos de los ciudadanos representados por esos profesionales.
Potentini destacó que la Constitución reconoce el debido proceso y el derecho de defensa como garantías fundamentales que deben observarse en toda actuación judicial y administrativa. En consecuencia, afirmó que las normas deben interpretarse de manera compatible con esos postulados.
La acción solicita la intervención del Tribunal Constitucional en su condición de órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Corresponderá a esa alta corte examinar los argumentos y determinar la conformidad o no de la disposición cuestionada con la Carta Sustantiva.
El CARD informó que dará seguimiento al curso procesal de la acción y reiteró su confianza en que el debate jurídico permitirá delimitar adecuadamente el alcance de la disposición impugnada conforme a los principios del Estado social y democrático de derecho.
Santo Domingo, R.D.-En franca violacion del mandato constitucional del plazo de 48 horas para someter ante un juez competente a una persona detenida se produce con casos que tienen que sufrir que se tiempo de extienda por didas, semanas e incluso en meses, segun denuncia de muchos afectados.
Y cuando finalmente un tribunal ordena la libertad, salir del destacamento tampoco ocurre de inmediato.
La situación ha quedado evidenciada con los 13 ciudadanos que permanecen más de 30 días detenidos en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam, en Santo Domingo Este, sin haber sido sometidos al control de un juez y sin que existiera registro de un proceso penal en su contra.
Aunque un tribunal acogió el hábeas corpus presentado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y ordenó su libertad inmediata, varios días después la decisión aún se encuentra en proceso de ejecución.
La decisión legal de la liberación de los 13 detenidos ocurrió después de que una inspección de la Defensa Pública encontrara a 16 personas privadas de libertad en los destacamentos de Felicidad y Vietnam. Trece llevaban más de un mes detenidas sin haber comparecido ante un juez.
Durante la audiencia, el Ministerio Público informó al tribunal que no encontró solicitudes de medidas de coerción ni actuaciones procesales relacionadas con esas personas.
El tribunal ordenó la libertad de los 13 ciudadanos, pero el caso no fue el último. Días después, durante una nueva inspección en el destacamento de El Tamarindo, en Santo Domingo Este, las defensoras públicas encontraron a otro hombre que llevaba casi 12 días privado de libertad sin haber sido presentado ante un juez, en circunstancias similares a las detectadas previamente en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam.
Según relataron, los agentes explicaron que el retraso obedecía a la falta de vehículos para trasladarlo hasta la fiscalía.
Sin embargo, cuando consultaron el sistema del Poder Judicial, descubrieron que tampoco existía una solicitud de medida de coerción depositada y ante esa situación, interpusieron un nuevo hábeas corpus.
Para la Defensa Pública, la ausencia de transporte se ha convertido en una de las explicaciones más frecuentes para justificar los retrasos.
«No había sucedido antes con esta magnitud. Ahora uno de los argumentos recurrentes es que no hay vehículos para trasladar a los detenidos», explicó Figuereo.
La defensora sostuvo que esa situación no solo afecta a quienes esperan ser presentados ante un juez por primera vez, sino también las audiencias de medidas de coerción.
«Si hay 65 audiencias fijadas, 45 o 50 terminan aplazándose por falta de traslado«, aseguró.
El hábeas corpus tampoco acelera siempre la libertad.
Las defensoras afirman que incluso cuando presentan acciones constitucionales para recuperar la libertad de un detenido, el proceso suele enfrentar nuevos obstáculos.
Según Figuereo, en algunos casos el Ministerio Público solicita aplazamientos de las audiencias de hábeas corpus para ganar tiempo.
«La táctica dilatoria que está haciendo el Ministerio Público es pedir aplazamiento para depositar la solicitud de medida de coerción. Cuando vuelve la audiencia, aparece el vehículo, trasladan al imputado y conocen la medida», afirmó.
El artículo 40 de la Constitución dispone que toda persona detenida debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas siguientes a su arresto.
El artículo 71 reconoce el hábeas corpus como el mecanismo para restablecer ese derecho cuando la privación de libertad es ilegal o irrazonable.
Sin embargo, para la Defensa Pública, las visitas diarias a los destacamentos muestran una realidad distinta.
Las inspecciones no solo verifican el tiempo de detención. También revisan si los privados de libertad han recibido alimentos, agua, atención médica y si han sido objeto de maltratos.
«Mucha gente ni siquiera sabe por qué está detenida o que tiene derecho a ser presentada ante un juez en 48 horas«, señaló la defensora pública Dilenny Morel.
La historia de los 13 ciudadanos resume la paradoja que describen las defensoras. Entraron a los destacamentos sin que posteriormente se formalizara un proceso judicial.
Un tribunal ordenó su libertad. Pero la ejecución de esa decisión también requirió nuevos trámites, seguimiento de los abogados y espera.
Para la Defensa Pública, esa secuencia refleja un problema que trasciende un caso particular: en algunos destacamentos dominicanos no solo resulta fácil entrar; también puede ser muy difícil salir, incluso cuando un juez ya ordenó la libertad.