Santiago, RD.-Con el propósito de evitar un mayor contagio, todas las entradas y salidas de San Francisco de Macorís fueron ocupadas ayer por un contingente de tropas militares y policiales que ya impusieron una restricción sobre la circulación de personas y vehículos.Más Noticias
La gran cantidad de casos de coronavirus aumenta tensión en SFM.
Santiago, RD.-Con el propósito de evitar un mayor contagio, todas las entradas y salidas de San Francisco de Macorís fueron ocupadas ayer por un contingente de tropas militares y policiales que ya impusieron una restricción sobre la circulación de personas y vehículos.A la ciudad solo pueden entrar personal de los organismos de socorro, medios de comunicación debidamente acreditados, y vehículos que distribuyen combustibles, alimentos y medicinas.
La tensión creció ayer en San Francisco de Macorís cuando se informó de que el director regional de Salud Pública con asiento en esa ciudad, Angel Federico Garbot, dio positivo al coronavirus y que fue trasladado a un centro de salud de Santo Domingo.
Contrario a días anteriores, en San Francisco de Macorís, casi todos los negocios estaban cerrados ayer y pocas personas circulaban por las calles, debido al control policíaco-militar existente.
Muchas personas de la provincia Duarte dicen que pese a lo que está ocurriendo en la zona, otras tantas se resignan a quedarse en sus casas, pero que lo están haciendo obligatoriamente por la vigilancia existente.
Las autoridades de Salud Pública en San Francisco de Macorís explicaron que la situación es mucho más grave de lo que se prevé.
En horas de la mañana, las calles lucían casi desoladas y después de las dos de la tarde la situación se agravó.
Muchas personas se quejaron de que desde antes de las 4.00 de la tarde, unidades militares y policiales reforzaron los operativos y que les advertían a los que conversaban en los frentes de sus residencias ó en las aceras que en 30 minutos todas tenían que recogerse en sus hogares.
Residentes de San Francisco de Macorís llamaron a programas interactivos de esa ciudad y Santiago para denunciar que lo que ocurre allí es “una dictadura”.
“A mi hijo y dos amigos de la Universidad se los llevaron presos porque conversaban frente a sus casas a las 7.00 de la noche en el barrio San Martín, en San Francisco de Macorís”, se quejó una dama que llamó al programa radial “En el mismo blanco”, de Santiago.
Otras personas, sin embargo, consideran positivas las medidas de las autoridades de intervenir la provincia Duarte y parte del Noreste, pero entienden que se les debe permitir trabajar, aunque con ciertas medidas de prevención.
Según el Ministerio de Salud Pública, Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago y San Francisco de Macorís ocupan los cuartos primeros lugares en casos de coronavirus.
Pero médicos dicen que la situación es mucha más grave en San Francisco de Macorís, porque su espacio es más pequeño que las tres primeras ciudades mencionadas y que allí hay más aglomeración de personas.
A este respecto, el asesor y expresidente de la regional Norte del Colegio Médico Dominicano (CMD), Manasé Peña, dijo que en lo que respeta al Gran Santo Domingo y Santiago, casi todo se distribuye por zonas y que por eso la aglomeración de personas es menor.
Al respecto, observó que debido a la cantidad de habitantes que tienen Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago, los casos de coronavirus de San Francisco de Macorís, en comparación a población, superan individualmente los que se han comprobados en esas tres grandes urbes dominicana.
La provincia Duarte, especialmente su municipio cabecera, San Francisco de Macorís, se ha convertido en la primera población golpeada por el impacto de la transmisión comunitaria, con 59 casos confirmados y 12 de las 20 muertes que han ocurrido en el país, para un 60% de las defunciones registradas.
Testimonios de personas afectadas e impactadas por muerte de algún familiar narrando las condiciones dramáticas en las que se encuentran aumentan y por diferentes medios, incluyendo personal de salud que aseguran los centros médicos registran una alta cantidad de infectados.
De las 12 defunciones ocurridas en San Francisco de Macorís, nueve pacientes tenían más de 60 años y alguna enfermedad crónica, de acuerdo a los detalles dados a conocer por el ministro de Salud Pública, doctor Rafael Sánchez Cárdenas.
Las autoridades, apoyados por los organismos de socorro del país al municipio, con una desinfección masiva, incluyendo al centro de salud privado Siglo XXl, traslado de positivos y contactos a áreas de aislamientos, ampliación de los recursos de tratamiento y aumento de los diagnósticos.
Cárdenas explicó que en esa provincia se han establecido niveles de aislamiento de pacientes positivos, sintomáticos, asintomáticos y contactos directos para evitar contagios.
Explicó que las personas han sido ubicadas en un habitacional de 10 conjunto de apartamientos, separando los positivos leves o asintomáticos, los sintomáticos sin pruebas y los positivos sintomáticos.
El aislamiento, advirtió, se extenderá a todos los municipios y provincias que sea necesario, igual que las cuarentenas, toque de queda y cierre de municipios y provincias. Por otro lado, Cardenas negó que la paciente de Villa Rivas fue la responsable del foco de transmisión comunitaria.
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Banco agradece a autoridades por eficiencia en investigación del caso de acreditaciones irregulares
Santo Domingo, R.D.-La celeridad y el profesionalismo del Ministerio Público y la Policia Nacional fue reconocido por el Banco BHD en el proceso de investigación y persecución de los involucrados en el caso de acreditaciones irregulares por más de RD$ 200 millones en perjuicio de esa entidad y la entidad financiera expresó que se mantendrá trabajando y colaborando con estas instituciones hasta cerrar el caso.
Desde marzo pasado, tras una investigación interna, el BHD desvinculó por despido y posteriormente sometió a la justicia a un empleado acusado de realizar acreditaciones irregulares en beneficio de terceros a cambio de una retribución económica para sí mismo, violando la confianza que fue depositada en él a través de su rol.
También sometió a la justicia a un grupo de personas externas al banco que recibió los fondos irregulares. La denuncia formal fue colocada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional.
El BHD informó que, tan pronto detectó el movimiento irregular de acreditaciones, inició un proceso de investigación en coordinación con el Ministerio Público y notificó el hecho a la Superintendencia de Bancos.
La entidad indicó que, más allá de las pérdidas financieras, que fueron absorbidas por el Banco y que representan una fracción mínima de sus utilidades anuales dado el tamaño de la institución, se trata de una conducta inadmisible en una empresa que se ha caracterizado por hacer siempre lo correcto. También aseguró que los depósitos de los clientes están intactos y que nunca fueron tocados.
BHD reiteró su posición de cero tolerancia a cualquier conducta que comprometa la confianza y los valores institucionales, y su compromiso absoluto con una cultura organizacional sustentada en la ética, la transparencia y la responsabilidad.
SANTO DOMINGO.- Fueron detenidos los responsables de atacar e intimadar al chofer de un autobús escolar en un incidente ocurrido en el sector Cafe de Herrera de Santo Domingo Este, según lo anunció la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
“El comportamiento de turba iracunda tendrá su castigo”, expresó la funcionaria al confirmar que los implicados serán sometidos de inmediato ante el Ministerio Público.
El caso involucra al conductor Henrry González, quien fue agredido mientras trasladaba estudiantes hacia la escuela Rafaela Santaella, luego de un roce entre el autobús escolar y una motocicleta que presuntamente transitaba en vía contraria.
Según testigos, el motorista reaccionó de forma violenta y comenzó a golpear al conductor frente a varios menores que viajaban en el vehículo escolar. Posteriormente, otros motoconchistas se habrían sumado a la agresión, provocando escenas de pánico entre estudiantes y residentes de la zona.
Santo Domingo, R.D.-Precariedades extremas denunciaron jueces, juezas y servidores judiciales en el Placio de Justicia de Ciudad Nueva de la capital dominicana, la cual fue hecha con el lema «¡Que la dignidad comience por casa!», ya que dicen que el Consejo del Poder Judicial gasta millones de pesos en un árbol navideno, pero que no hay fondos para mejorar las condiciones de trabajo de los actores del sistema de justicia.
A través del documento titulado «Manifiesto por la Dignidad de la Justicia«, leído por la jueza Suinda Brito, el colectivo declaró su profunda preocupación y el agotamiento acumulado ante las precarias condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales en las que desempeñan sus delicadas funciones.
El documento enfatiza que la administración de justicia no puede sostenerse de forma exclusiva sobre la base de la vocación y el sacrificio personal de quienes operan el sistema.
«La justicia requiere condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales que permitan ofrecer un servicio oportuno, eficiente e imparcial, tomando en cuenta la dignidad de quienes hacen que el servicio judicial sea una realidad», reza textualmente el comunicado.
Los firmantes desglosaron una alarmante lista de carencias diarias que entorpecen el correcto ejercicio de sus funciones y que debilitan al sistema de manera progresiva:
Sostienen que esto provoca que un solo servidor o magistrado termine asumiendo la carga laboral de dos, tres o hasta cuatro personas.
Los sueldos percibidos están completamente desactualizados frente al constante aumento del costo de la vida y no guardan coherencia con la alta responsabilidad de sus cargos.
Aducen que una fuga constante de personal administrativo debido al desgaste laboral crónico.
Abandono severo de las plantas físicas de múltiples tribunales a nivel nacional y desprotección en los palacios de justicia.
Uno de los puntos más álgidos y contundentes del manifiesto radica en la abierta denuncia a la disparidad económica existente dentro del Poder Judicial.
Los manifestantes contrastaron la realidad de los tribunales frente a las esferas de dirección interna, detallando que ciertos secretarios o empleados administrativos de la cúpula devengan salarios que superan con creces los de cualquier juez o jueza titular.
Asimismo, criticaron con severidad que mientras los juzgados operan con carencias básicas, las altas direcciones cuentan con presupuestos millonarios destinados a gastos de viajes, hospedajes, restaurantes, publicidad, eventos e influencers.
Como ejemplo de este desvío de prioridades, revelaron la indignante inversión de cerca de 11 millones de pesos en la instalación de un árbol navideño institucional, catalogado por los servidores como una ofensa frente a las urgencias operativas del sistema.
Los magistrados aclararon que esta protesta surge tras años de haber agotado todos los canales institucionales formales, solicitudes y llamados al diálogo por parte de las asociaciones judiciales, los cuales fueron históricamente recibidos con «silencio, indiferencia, irrespeto y desdén institucional».
De igual forma, expresaron su enérgico rechazo a las respuestas que el Consejo del Poder Judicial (CPJ) emitió el pasado 19 de mayo, calificándolas de «imprecisas, condicionadas e ineficaces».
Detallaron que la propuesta de indexación salarial quedó sujeta de forma incierta a la aprobación de un presupuesto complementario por parte del Ministerio de Hacienda, sin plazos ni parámetros claros de ejecución.
Las medidas de movilidad judicial se redujeron a una indefinida «hoja de ruta» sujeta a futuros procesos participativos, careciendo de acciones específicas inmediatas.
Se omitieron temas trascendentales como la eliminación de la ilegal suplencia horizontal, la desigualdad generada por el actual manual de salarios y la movilidad de la carrera administrativa.
El manifiesto concluye con una advertencia contundente por parte del cuerpo judicial, afirmando que este movimiento es solo el inicio de una lucha firme y que no se dejarán amedrentar ni desmayarán hasta recibir soluciones ejecutables y hechos concretos.
«Porque no puede haber justicia verdadera donde quienes la sirven son tratados con indiferencia. No puede haber Estado de Derecho donde el derecho se aplica a todos menos a quienes lo custodian. No puede haber dignidad para el ciudadano si el juez que lo escucha, el alguacil que notifica, el secretario que certifica y el conserje que abre las puertas del tribunal cada mañana, no tienen dignidad propia», sentencia el enérgico cierre del documento.
Previo, a la lectura del manifiesto se entorno el himno nacional y el himno del Poder Judicial.