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Editorial

Llover sobre mojado.

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Desde hace años en la República Dominicana se ha advertido de las distorsiones que se producen en la sociedad con situaciones que se vuelven incontrolables por la anarquía en lo que respecta a la capacidad de regulación que debe tener el Estado.

Primero fueron las manipulaciones para escoger una Suprema Corte de Justicia que respondiera a los intereses del Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y luego fue el enjuiciamiento de los responsables de la corrupción con el caso ODEBRECHT.

Han habido otros procesos que también han dejado claro el peligro que corre el país con los déficits que sufre el Estado en cuanto a la justicia, el Poder Legislativo y  por las bellaquerías de los que manejan el Poder Ejecutivo.

Ahora ha quedado al descubierto que a pesar de que se habla de muchas inauguraciones de hospitales, la realidad es que el país carece de un eficiente sistema sanitario, cuyos datos hablan por sí solos.

En la actualidad la República Dominicana  ocupa uno de los últimos lugares en educación en el mundo, la impunidad que ha predominado frente a casos muy escándalosos de corrupción administrativa, tiene un nivel de fallecidos por coronavirus y con tendencia a subir de cerca de un cinco por ciento que es el tope que ha establecido la Organización Mundial de la Salud.

El cuadro dominicano es una consecuencia de los altos niveles de complicidad con que se ha manejado el Estado, porque cualquiera pudiera hablar de la letalidad de países como España e Italia, pero los factores que han incidido allí no es por un problema sistémico, sino por negligencia de sus gobernantes y por cuestiones que los distancian de la realidad del tercer mundo.

Además, la República Dominicana es un país con apenas algo más de diez millones de habitantes, mientras en estas naciones europeas hay cantidades superiores, donde enfrentar la pandemia es mucho más complejo y costoso.

La comparación  debe hacerse  con nuestros iguales y nos referimos a los países latinoamericanos, donde la letalidad supera   ligeramente   un 2 por ciento, lo cual revela que el país está por debajo de los niveles de eficiencia de los Estados de las naciones hermanas.

Aunque en estos momentos se impone combatir la pandemia con el protocolo establecido por instituciones como la Organización Mundial de la Salud, que va desde la cuarentena y la prevención, sobre todo con el lavado permanente de manos, pero lo cierto es que en la República Dominicana ya comienza la especulación, la desaparición de los utensilios médicos y el rebote de pacientes de clínicas privadas de contagiados con el Covid-19 como una forma de proteger su rentabilidad y evitar que el pánico ahuyente a sus clientes que les tienen terror a contagiarse, lo cual complica los efectos del coronavirus y de seguro provocará más víctimas.

Ojalá que la consecuencia no sea más lamentable de lo que cualquiera pueda pensar, porque la realidad es que en la República Dominicana tenemos un aumento desproporcionado de coronavirus, principalmente de muertes que no se corresponde con la dinámica de la enfermedad en los países latinoamericanos,  sin tadavía haber llegado al pico de la infección, lo cual nos   dice que la amenaza es mucho mayor de los vaticinios al respecto.

Frente a la realidad que nos golpea en este momento y que   igual ha pasado en otros casos, que necesariamente no tienen nada que ver con el sector salud, se impone que el dominicano saque de abajo para cuidarse y  combata la enfermedad y el dolor que es propio del Covid-19, el cual  te aparta de las relaciones afectivas que son consustanciales a la vida humana, familiar, de amistad y de confraternidad con los demás, ya que nisiquiera se puede hacer acto de presencia ante el fallecimiento de un allegado, lo cual genera un estado de pánico y de anciedad que complica el panorama  por las propias características de la cultura nacional 

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Editorial

La solemnidad de una justicia con pies de barro.

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La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.

Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.

El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.

Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.

El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,

Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.

Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,

En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.

Ahora mismo puede decirse  con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.

Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana

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Editorial

Un problema que no se ve a simple vista.

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La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.

Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.

La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.

El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.

De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.

Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.

De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.

Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.

La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.

Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.

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Editorial

El Oncológico es un espejo de un problema de un gran alcance.

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No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.

Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.

Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.

Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en  realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.

Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.

El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.

El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.

Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.

Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural,  es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que  ponen en tela de juicio las  bases de la dominicanidad.

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