Editorial
Llover sobre mojado.
Desde hace años en la República Dominicana se ha advertido de las distorsiones que se producen en la sociedad con situaciones que se vuelven incontrolables por la anarquía en lo que respecta a la capacidad de regulación que debe tener el Estado.
Primero fueron las manipulaciones para escoger una Suprema Corte de Justicia que respondiera a los intereses del Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y luego fue el enjuiciamiento de los responsables de la corrupción con el caso ODEBRECHT.
Han habido otros procesos que también han dejado claro el peligro que corre el país con los déficits que sufre el Estado en cuanto a la justicia, el Poder Legislativo y por las bellaquerías de los que manejan el Poder Ejecutivo.
Ahora ha quedado al descubierto que a pesar de que se habla de muchas inauguraciones de hospitales, la realidad es que el país carece de un eficiente sistema sanitario, cuyos datos hablan por sí solos.
En la actualidad la República Dominicana ocupa uno de los últimos lugares en educación en el mundo, la impunidad que ha predominado frente a casos muy escándalosos de corrupción administrativa, tiene un nivel de fallecidos por coronavirus y con tendencia a subir de cerca de un cinco por ciento que es el tope que ha establecido la Organización Mundial de la Salud.
El cuadro dominicano es una consecuencia de los altos niveles de complicidad con que se ha manejado el Estado, porque cualquiera pudiera hablar de la letalidad de países como España e Italia, pero los factores que han incidido allí no es por un problema sistémico, sino por negligencia de sus gobernantes y por cuestiones que los distancian de la realidad del tercer mundo.
Además, la República Dominicana es un país con apenas algo más de diez millones de habitantes, mientras en estas naciones europeas hay cantidades superiores, donde enfrentar la pandemia es mucho más complejo y costoso.
La comparación debe hacerse con nuestros iguales y nos referimos a los países latinoamericanos, donde la letalidad supera ligeramente un 2 por ciento, lo cual revela que el país está por debajo de los niveles de eficiencia de los Estados de las naciones hermanas.
Aunque en estos momentos se impone combatir la pandemia con el protocolo establecido por instituciones como la Organización Mundial de la Salud, que va desde la cuarentena y la prevención, sobre todo con el lavado permanente de manos, pero lo cierto es que en la República Dominicana ya comienza la especulación, la desaparición de los utensilios médicos y el rebote de pacientes de clínicas privadas de contagiados con el Covid-19 como una forma de proteger su rentabilidad y evitar que el pánico ahuyente a sus clientes que les tienen terror a contagiarse, lo cual complica los efectos del coronavirus y de seguro provocará más víctimas.
Ojalá que la consecuencia no sea más lamentable de lo que cualquiera pueda pensar, porque la realidad es que en la República Dominicana tenemos un aumento desproporcionado de coronavirus, principalmente de muertes que no se corresponde con la dinámica de la enfermedad en los países latinoamericanos, sin tadavía haber llegado al pico de la infección, lo cual nos dice que la amenaza es mucho mayor de los vaticinios al respecto.
Frente a la realidad que nos golpea en este momento y que igual ha pasado en otros casos, que necesariamente no tienen nada que ver con el sector salud, se impone que el dominicano saque de abajo para cuidarse y combata la enfermedad y el dolor que es propio del Covid-19, el cual te aparta de las relaciones afectivas que son consustanciales a la vida humana, familiar, de amistad y de confraternidad con los demás, ya que nisiquiera se puede hacer acto de presencia ante el fallecimiento de un allegado, lo cual genera un estado de pánico y de anciedad que complica el panorama por las propias características de la cultura nacional
Aunque el título de este editorial no busca sobreponer los huracanes a otro fenómeno natural como son los terremotos, pero el mismo sólo persigue darle la trascendencia que tiene el problema de la falta de prevención que caracteriza al país.
Sin lugar a dudas que lo ocurrido en Venezuela debe servir de voz de alarma para el país, máxime que los terremotos están asociados a una falla tectónica que también abarca a la República Dominicana.
La cuestión es que cada vez que hay un evento de esta naturaleza resurgen las advertencias sobre el peligro que amenaza a la República Dominicana, cuya deficiencia es parte de un todo que no hay forma de superar por razones profundamente culturales.
Pero es que en esta materia como en ninguna otra el país no ha desarrollado políticas públicas dirigidas a construir una cultura de prevención que por lo menos evite que cualquier tragedia como resultado de un fenómeno natural como los terremotos se pueda llevar de paro medio país.
Hace décadas que se repiten las mismas advertencias y alertas e incluso se han creado leyes para disminuir el impacto de un terremoto de alta potencia como el de más de siete grados ocurrido en Venezuela, pero las mismas, como prácticamente todas las del sistema jurídico nacional, son letra muerta.
De manera, que con el discurrir de los años las construcciones a troche y moche han seguido su curso como si ese comportamiento no tuviera ninguna importancia y sólo se esperan los daños como resultado de un terremoto de alta magnitud como se espera en algún momento en el territorio nacional.
Un buen ejemplo del descuido o negligencia de las autoridades edilicias y del gobierno central son las torres construidos en urbanizaciones como “La Trinitaria de Santiago”, pese a que ya los expertos han advertido de que las mismas se levantan sin tomar en cuenta en su diseño el tipo de suelo que hay en la zona.
Ya ha habido hechos que deben servir de escarmiento a las autoridades para que pare la imprudencia de construir sin miramiento, como fue el desplome de la construcción de un hotel en la calle Del Sol de Santiago por la misma causa del tipo de suelo, pero lo ocurrido sirvió de poco.
El problema está nuevamente sobre el tapete por la gran tragedia que se ha producido en Venezuela, pero la preocupación durará muy poco tiempo, ya que al cabo de los días ya se retorna a la normalidad acostumbrada y se olvidan las construcciones que amenazan la vida de mucha gente por tratarse de una imprudencia que no valora la advertencia de los expertos en la materia.
Sólo falta que la verdad, que ojalá Dios no quiera que así sea, le dé en la cara muy duro a las autoridades nacionales que no hacen el menor esfuerzo para evitarle un gran dolor de cabeza a la sociedad dominicana.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso porque el que tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica o que no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora y que deja en una situación difícil la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también que atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.
La no ejecución de las leyes y la violación de las mismas son, sin lugar a dudas, el principal perfil de un Estado no viable, como ocurre en los países del tercer mundo, incluida la República Dominicana.
En el país se activa la acción del Estado después de ocurrida la tragedia, tanto a nivel público como privado, cuyos buenos ejemplos al respecto son la tragedia del Jet Set y los feminicidios, entre otros delitos y crimines que no tienen un régimen de consecuencia.
Todo como resultado de una cultura que tiene una explicación histórica que ha sido concretada con la expresión popular de que el dominicano le ponga candidato a la casa después que le roban.
Por esta razón el fenómeno se repite permanentemente sin que se produzca la capacidad y la fuerza institucional de ponerle coto a la impunidad que abraza a toda la sociedad dominicana.
El asunto se complica porque quien debe velar por la aplicación de la ley es el primero que la viola, es decir, que el Estado en vez de promover el valor del cumplimiento del orden legal es el primero que no lo respeta.
Esta realidad no es exclusiva para la aplicación de las leyes adjetivas, las llamadas organicas y ordinarias, sino que tampoco se respeta la Constitución de la República, la cual es violada regularmente hasta por propio presidente de la República.
De manera, que se trata de una cultura, de un problema integral que erosiona la credibilidad de la democracia, lo que la lleva a perder su legitimidad, cuyos funcionarios electos carecen del nivel de aprobación que valida el sistema.
Por esta razón no hay nada que funcione, porque todo el que va al poder piensa que llegó ahí para toda la vida y se preocupa muy poco porque las leyes se ejecutan como mandan sus textos.
La cuestión es que el partido del sistema que llega al poder se incorpora a una cadena de complicidad que necesariamente tiene que fortalecer para evitar su enjuiciamiento por la comisión de graves violaciones a la ley, lo cual involucra a los tres poderes del Estado, como ocurre en la actualidad.
Ahí está la razón de que en las encuestas de medición electoral esté prácticamente empatado el ninguno en aceptación popular con el partido oficial, lo que está explicada en que en el país prevalece a nivel político el clientelismo y el que tiene el control del Estado puede manejar los recursos públicos para promover ese antivalor que daña tanto a la democracia, lo cual, naturalmente, es transitorio y circunstancial.
La impunidad es lo que provoca que la autoridad no tenga mucho interés en la ejecución de la ley, lo que estimula fenómenos como los feminicidios y la relación sentimental entre hombres mayores y mujeres adolescentes o niñas menores de 16 años, cuyo impacto social es demoledor para cualquier sociedad que busque su desarrollo humano.