Editorial
Llover sobre mojado.
Desde hace años en la República Dominicana se ha advertido de las distorsiones que se producen en la sociedad con situaciones que se vuelven incontrolables por la anarquía en lo que respecta a la capacidad de regulación que debe tener el Estado.
Primero fueron las manipulaciones para escoger una Suprema Corte de Justicia que respondiera a los intereses del Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y luego fue el enjuiciamiento de los responsables de la corrupción con el caso ODEBRECHT.
Han habido otros procesos que también han dejado claro el peligro que corre el país con los déficits que sufre el Estado en cuanto a la justicia, el Poder Legislativo y por las bellaquerías de los que manejan el Poder Ejecutivo.
Ahora ha quedado al descubierto que a pesar de que se habla de muchas inauguraciones de hospitales, la realidad es que el país carece de un eficiente sistema sanitario, cuyos datos hablan por sí solos.
En la actualidad la República Dominicana ocupa uno de los últimos lugares en educación en el mundo, la impunidad que ha predominado frente a casos muy escándalosos de corrupción administrativa, tiene un nivel de fallecidos por coronavirus y con tendencia a subir de cerca de un cinco por ciento que es el tope que ha establecido la Organización Mundial de la Salud.
El cuadro dominicano es una consecuencia de los altos niveles de complicidad con que se ha manejado el Estado, porque cualquiera pudiera hablar de la letalidad de países como España e Italia, pero los factores que han incidido allí no es por un problema sistémico, sino por negligencia de sus gobernantes y por cuestiones que los distancian de la realidad del tercer mundo.
Además, la República Dominicana es un país con apenas algo más de diez millones de habitantes, mientras en estas naciones europeas hay cantidades superiores, donde enfrentar la pandemia es mucho más complejo y costoso.
La comparación debe hacerse con nuestros iguales y nos referimos a los países latinoamericanos, donde la letalidad supera ligeramente un 2 por ciento, lo cual revela que el país está por debajo de los niveles de eficiencia de los Estados de las naciones hermanas.
Aunque en estos momentos se impone combatir la pandemia con el protocolo establecido por instituciones como la Organización Mundial de la Salud, que va desde la cuarentena y la prevención, sobre todo con el lavado permanente de manos, pero lo cierto es que en la República Dominicana ya comienza la especulación, la desaparición de los utensilios médicos y el rebote de pacientes de clínicas privadas de contagiados con el Covid-19 como una forma de proteger su rentabilidad y evitar que el pánico ahuyente a sus clientes que les tienen terror a contagiarse, lo cual complica los efectos del coronavirus y de seguro provocará más víctimas.
Ojalá que la consecuencia no sea más lamentable de lo que cualquiera pueda pensar, porque la realidad es que en la República Dominicana tenemos un aumento desproporcionado de coronavirus, principalmente de muertes que no se corresponde con la dinámica de la enfermedad en los países latinoamericanos, sin tadavía haber llegado al pico de la infección, lo cual nos dice que la amenaza es mucho mayor de los vaticinios al respecto.
Frente a la realidad que nos golpea en este momento y que igual ha pasado en otros casos, que necesariamente no tienen nada que ver con el sector salud, se impone que el dominicano saque de abajo para cuidarse y combata la enfermedad y el dolor que es propio del Covid-19, el cual te aparta de las relaciones afectivas que son consustanciales a la vida humana, familiar, de amistad y de confraternidad con los demás, ya que nisiquiera se puede hacer acto de presencia ante el fallecimiento de un allegado, lo cual genera un estado de pánico y de anciedad que complica el panorama por las propias características de la cultura nacional
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.