Latinoamericanas
Más de 100.000 familias indígenas de Colombia piden protección ante el coronavirus
La falta de agua potable y la desnutrición hacen más vulnerables a casi dos millones de indígenas. Hay dos casos de Covid-19 en la frontera colombo-venezolana
Bogotá.– En 1988 el pueblo indígena nukak, del sudeste de Colombia, tuvo su primer contacto con foráneos y, como consecuencia, una gripe devastó al menos a la mitad de su población. Para esa época, los sobrevivientes de este pueblo de cazadores y recolectores fueron empujados por colonos y grupos armados que se adueñaron de su selva y los obligaron a huir y asentarse por años en la ciudad de San José del Guaviare. Las noticias de una pandemia inédita que avanzaba rápidamente les trajo reminiscencias de ese pasado trágico y antes de que las autoridades civiles de Colombia cerraran fronteras o decidieran la cuarentena, varios de ellos se adentraron de nuevo en la selva para aislarse temporalmente. “El 18 de marzo, en una decisión autónoma, reunieron a las autoridades del departamento, y notificaron la decisión. Pero no es un retorno a sus territorios ancestrales, sino un aislamiento en sus resguardos que es de unas 980.000 hectáreas”, explicó Sandra Pérez Gómez, de la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública del Guaviare, que ha acompañado a estas comunidades. Les dieron algunas herramientas y medicamentos y se adentraron en lo que les queda de bosque.
Los riesgos varían dependiendo de la región pero llegan a todos. La primera alerta se dio en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, donde según el Ministerio de Salud hay dos indígenas de la etnia yukpa, que fueron confirmados con Covid-19. Según la autoridad nacional de salud, uno de ellos falleció, pero en la ciudad la información es confusa y se habla de un solo contagiado que sería un colono venezolano que vive entre los indígenas. Aunque la alcaldía se propone controlar la propagación, los yukpas tienen una cultura seminómada, lo que dificulta cualquier cuarentena. Los yukpas (colombianos y venezolanos) se encuentran en estado de indigencia hasta en 15 ciudades de Colombia, pero en el caso de los venezolanos además vienen y van. Y aunque el Gobierno colombiano cerró sus fronteras como parte de sus medidas para frenar la pandemia, abundan los cruces informales conocidos como trochas.
En ciudades capitales como Bogotá o Medellín, está el mayor peligro para los indígenas que viven en la indigencia. Desplazados por el conflicto armado, muchos mendigan o viven de la venta de artesanías. Pero sin clientes en las calles están pasando hambre y durmiendo apiñados en aceras. El miércoles, 500 familias de la comunidad embera fueron desalojados por dueños de hoteles al paso por no tener con qué pagar por una habitación. De acuerdo con la Onic, esto ocurre también en ciudades como Barranquilla o Cali y pueden convertirse en una bomba de tiempo. Las fronteras y la pobreza son otra de las preocupaciones. “Tenemos un caso dramático y es el de los indígenas pairobas en Puerto Carreño (Vichada), frontera con Venezuela, donde unas mil personas de esta comunidad indígena obtiene la comida de los basureros”, dice Wooriyu para señalar que la respuesta del Gobierno tiene que ser desde la seguridad alimentaria además del agua.
Hasta ahora, los indígenas se protegen con barricadas para evitar el ingreso de foráneos que puedan contagiarlos. Lo hace la Guardia Indígena del Cauca, en el suroeste del país, pero también la etnia wayú en La Guajira, norte de Colombia, donde también salen a las carreteras a protestar por la falta de agua potable. En esa región, que ha recibido el impacto de la migración, preocupa el estado de los hospitales. De acuerdo con Valenzuela, hay cinco para atender a toda la población de wayú que es de medio millón de personas, además de los migrantes.
Las peticiones al Gobierno de Iván Duque van desde la toma urgente de muestras de confirmación en comunidades que presentan altos índices de infecciones respiratorias, agua potable y alimentación hasta las labores de prevención en las lenguas de los indígenas. “El Ministerio de Defensa puso a disposición sus emisoras para que podamos dar información de prevención pero necesitamos que el presidente Iván Duque a través del Ministerio de Telecomunicaciones nos ayude a producir piezas en los 90 idiomas de las comunidades”, agregó Wooriyu, que habla en nombre de las más de 100.000 familias indígenas que temen al coronavirus.
elpais.com
Latinoamericanas
El retraso en la campaña electoral en Haití aumenta la incertidumbre sobre los comicios
Latinoamericanas
Brasil irá a segunda vuelta: Bolsonaro aventaja a Lula en una cerrada elección presidencial
Agencia EFE
BRASILIA.– Brasil tendrá que esperar hasta el próximo 25 de octubre para definir quién ocupará la Presidencia de la República, luego de que ninguno de los principales candidatos alcanzara la mayoría necesaria para imponerse en la primera vuelta electoral celebrada este domingo.
El senador Flávio Bolsonaro se mantenía al frente del escrutinio sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aunque la diferencia entre ambos comenzó a reducirse a medida que avanzaba el conteo de los votos.
Con aproximadamente el 85 % de los sufragios contabilizados, Bolsonaro registraba un 48.47 %, frente al 43.49 % obtenido por Lula, resultados que dejaban a ambos por debajo del porcentaje requerido para ganar directamente la Presidencia.
Posteriormente, con más del 90 % del escrutinio procesado, la ventaja del senador se había estrechado todavía más, colocándose en torno al 47.8 %, mientras Lula superaba el 44 %, confirmando el escenario de una segunda ronda electoral.
De acuerdo con las normas electorales brasileñas, cuando ningún aspirante presidencial obtiene más de la mitad de los votos válidos en la primera vuelta, los dos candidatos más votados deben enfrentarse nuevamente. El Tribunal Superior Electoral establece que la segunda ronda de las elecciones de 2026 será celebrada el domingo 25 de octubre.
Una elección marcada por la polarización
La contienda enfrenta dos proyectos políticos claramente diferenciados.
Lula da Silva busca permanecer en el Palacio del Planalto y alcanzar un nuevo mandato presidencial, mientras Flávio Bolsonaro intenta llevar nuevamente al bolsonarismo al Poder Ejecutivo, esta vez encabezado por una nueva generación de la familia del expresidente Jair Bolsonaro.
La elección ha mostrado nuevamente la profunda división política de Brasil, con temas como la economía, el costo de vida, la seguridad ciudadana, la corrupción y las relaciones internacionales ocupando buena parte del debate electoral.
Cerca de 159 millones de brasileños estaban habilitados para participar en las elecciones generales de este domingo, en las que también fueron escogidos gobernadores, senadores y representantes legislativos.
Bolsonaro conserva la delantera, pero Lula acorta distancia
Durante las primeras horas del escrutinio, Bolsonaro llegó a mantener una ventaja considerable sobre Lula. Sin embargo, esa diferencia comenzó a reducirse conforme fueron incorporándose los resultados procedentes de distintas regiones del país.
El comportamiento del conteo convirtió la noche electoral en una jornada de expectativa, mientras las campañas de ambos candidatos seguían atentamente la actualización de los datos oficiales.
La Justicia Electoral brasileña inició la divulgación de los resultados después de las 5:00 de la tarde, hora de Brasilia, procesando progresivamente los boletines enviados desde los centros de votación del país y del exterior.
Brasil decidirá el 25 de octubre
Con la segunda vuelta confirmada, Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva tendrán ahora aproximadamente tres semanas para buscar el respaldo de los electores que apoyaron a otras candidaturas y de quienes todavía no tienen una decisión definitiva.
El resultado convierte el 25 de octubre de 2026 en una fecha decisiva para Brasil y para América Latina, debido al peso económico, político y geopolítico que posee la mayor nación de la región.
La primera vuelta deja a Bolsonaro en ventaja, pero también evidencia una competencia más cerrada de cara al balotaje.
Brasil entra así en una nueva etapa de campaña electoral en la que cada voto podría resultar determinante para definir quién gobernará el país durante el próximo período presidencial.
Latinoamericanas
Tres dominicanos enfrentan prisión provisional en Panamá por presunta red de reclutamiento para combatir en Rusia
Fiscalía sostiene que los imputados captaban panameños por redes sociales y les ofrecían pagos para viajar a la zona de guerra
Ciudad de Panamá.– Tres ciudadanos dominicanos fueron enviados a detención provisional en Panamá, acusados de formar parte de una presunta estructura dedicada a reclutar personas para viajar a Rusia y participar en el conflicto bélico contra Ucrania.
Los imputados fueron identificados como Joselyn Ramírez, Rolando Newball y María Inés García, contra quienes un juez de garantías admitió cargos relacionados con trata de personas y asociación ilícita, según informó la Procuraduría General de la Nación de Panamá.
La investigación forma parte de las acciones desarrolladas por las autoridades panameñas contra redes que presuntamente captaban ciudadanos mediante ofertas económicas para desplazarlos hacia territorio ruso con fines militares.
Fiscalía habla de transferencias superiores a US$800,000
Durante la audiencia, la fiscal especializada contra la delincuencia organizada Elizabeth Carrión sostuvo que los procesados habrían recibido transferencias superiores a 800,000 dólares destinadas a financiar y organizar el reclutamiento de panameños.
De acuerdo con la investigación citada por La Prensa de Panamá, a algunos de los reclutados se les ofrecían pagos de alrededor de US$2,000 y US$3,000 para incorporarse al conflicto armado.
Las autoridades sostienen que las personas captadas no necesariamente recibían el dinero prometido una vez llegaban a la zona de combate.
Contactaban a posibles reclutas por TikTok
Según la tesis de la Fiscalía, la estructura utilizaba redes sociales, entre ellas TikTok, para contactar a ciudadanos interesados en viajar al extranjero bajo promesas de remuneración.
Entre los panameños señalados como víctimas figuran Octavio Carrillo, Rafael Ulises y José Montenegro, residentes en la provincia de Bocas del Toro.
La investigación sostiene que fueron convencidos de trasladarse hasta la ciudad de Panamá para gestionar pasaportes, boletos aéreos y documentación relacionada con supuestos contratos para prestar servicios en el conflicto.
Posteriormente fueron llevados a un establecimiento de alojamiento en Tocumen, desde donde se habrían coordinado diferentes aspectos logísticos del viaje.
Dos hombres abandonaron el alojamiento y alertaron a la Policía
De acuerdo con la Fiscalía, dos de las personas reclutadas decidieron abandonar el lugar donde permanecían hospedadas y buscaron ayuda de las autoridades al sospechar que podían ser víctimas de explotación.
Un tercer hombre sí habría viajado a Rusia.
Las investigaciones señalan que esa persona no recibió el dinero que supuestamente le habían ofrecido y posteriormente solicitó asistencia a las autoridades panameñas para regresar al país.
Panamá investiga una red más amplia
El caso forma parte de una investigación mayor relacionada con la captación de ciudadanos panameños para incorporarlos al conflicto entre Rusia y Ucrania.
La Procuraduría panameña informó que la denominada Operación Rescate Soberano permitió realizar allanamientos y aprehensiones relacionadas con el presunto reclutamiento de personas con fines militares.
Las autoridades también han documentado otros procesos judiciales vinculados a personas presuntamente reclutadas mediante promesas económicas para viajar a Rusia.
Conflicto ya ha dejado panameños muertos y desaparecidos
La preocupación de las autoridades panameñas ha aumentado ante la presencia de ciudadanos de ese país en la zona de guerra.
Un informe citado por La Prensa señaló recientemente que seis panameños habían muerto y otros 15 figuraban como desaparecidos, mientras decenas permanecían vinculados a las zonas de combate en Rusia y Ucrania.
El Gobierno panameño también ha solicitado públicamente cooperación para facilitar el regreso seguro de sus ciudadanos involucrados en el conflicto.
La investigación contra los tres dominicanos continúa abierta y las acusaciones deberán ser demostradas ante los tribunales panameños. Los imputados conservan su presunción de inocencia mientras avance el proceso.