Latinoamericanas
Más de 100.000 familias indígenas de Colombia piden protección ante el coronavirus
La falta de agua potable y la desnutrición hacen más vulnerables a casi dos millones de indígenas. Hay dos casos de Covid-19 en la frontera colombo-venezolana
Bogotá.– En 1988 el pueblo indígena nukak, del sudeste de Colombia, tuvo su primer contacto con foráneos y, como consecuencia, una gripe devastó al menos a la mitad de su población. Para esa época, los sobrevivientes de este pueblo de cazadores y recolectores fueron empujados por colonos y grupos armados que se adueñaron de su selva y los obligaron a huir y asentarse por años en la ciudad de San José del Guaviare. Las noticias de una pandemia inédita que avanzaba rápidamente les trajo reminiscencias de ese pasado trágico y antes de que las autoridades civiles de Colombia cerraran fronteras o decidieran la cuarentena, varios de ellos se adentraron de nuevo en la selva para aislarse temporalmente. “El 18 de marzo, en una decisión autónoma, reunieron a las autoridades del departamento, y notificaron la decisión. Pero no es un retorno a sus territorios ancestrales, sino un aislamiento en sus resguardos que es de unas 980.000 hectáreas”, explicó Sandra Pérez Gómez, de la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública del Guaviare, que ha acompañado a estas comunidades. Les dieron algunas herramientas y medicamentos y se adentraron en lo que les queda de bosque.
Los riesgos varían dependiendo de la región pero llegan a todos. La primera alerta se dio en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, donde según el Ministerio de Salud hay dos indígenas de la etnia yukpa, que fueron confirmados con Covid-19. Según la autoridad nacional de salud, uno de ellos falleció, pero en la ciudad la información es confusa y se habla de un solo contagiado que sería un colono venezolano que vive entre los indígenas. Aunque la alcaldía se propone controlar la propagación, los yukpas tienen una cultura seminómada, lo que dificulta cualquier cuarentena. Los yukpas (colombianos y venezolanos) se encuentran en estado de indigencia hasta en 15 ciudades de Colombia, pero en el caso de los venezolanos además vienen y van. Y aunque el Gobierno colombiano cerró sus fronteras como parte de sus medidas para frenar la pandemia, abundan los cruces informales conocidos como trochas.
En ciudades capitales como Bogotá o Medellín, está el mayor peligro para los indígenas que viven en la indigencia. Desplazados por el conflicto armado, muchos mendigan o viven de la venta de artesanías. Pero sin clientes en las calles están pasando hambre y durmiendo apiñados en aceras. El miércoles, 500 familias de la comunidad embera fueron desalojados por dueños de hoteles al paso por no tener con qué pagar por una habitación. De acuerdo con la Onic, esto ocurre también en ciudades como Barranquilla o Cali y pueden convertirse en una bomba de tiempo. Las fronteras y la pobreza son otra de las preocupaciones. “Tenemos un caso dramático y es el de los indígenas pairobas en Puerto Carreño (Vichada), frontera con Venezuela, donde unas mil personas de esta comunidad indígena obtiene la comida de los basureros”, dice Wooriyu para señalar que la respuesta del Gobierno tiene que ser desde la seguridad alimentaria además del agua.
Hasta ahora, los indígenas se protegen con barricadas para evitar el ingreso de foráneos que puedan contagiarlos. Lo hace la Guardia Indígena del Cauca, en el suroeste del país, pero también la etnia wayú en La Guajira, norte de Colombia, donde también salen a las carreteras a protestar por la falta de agua potable. En esa región, que ha recibido el impacto de la migración, preocupa el estado de los hospitales. De acuerdo con Valenzuela, hay cinco para atender a toda la población de wayú que es de medio millón de personas, además de los migrantes.
Las peticiones al Gobierno de Iván Duque van desde la toma urgente de muestras de confirmación en comunidades que presentan altos índices de infecciones respiratorias, agua potable y alimentación hasta las labores de prevención en las lenguas de los indígenas. “El Ministerio de Defensa puso a disposición sus emisoras para que podamos dar información de prevención pero necesitamos que el presidente Iván Duque a través del Ministerio de Telecomunicaciones nos ayude a producir piezas en los 90 idiomas de las comunidades”, agregó Wooriyu, que habla en nombre de las más de 100.000 familias indígenas que temen al coronavirus.
elpais.com
- Por EUROPA PRESS
LIMA.- Al menos cinco personas han fallecido y otras dos han resultado heridas durante una intervención de las fuerzas de seguridad peruanas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una extensa área del centro y sur del país marcada por la presencia de redes del narcotráfico y remanentes insurgentes, según han indicado fuentes militares.
El Comando Especial Vraem ha señalado en un comunicado que el despliegue se llevó a cabo en respaldo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y con conocimiento del Ministerio Público, «el marco de las acciones de control territorial y lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID) y remanentes terroristas».
De acuerdo con la versión oficial, los hechos tuvieron lugar en una zona rural del distrito de Colcabamba, en la región de Huancavelica, donde una patrulla castrense «fue atacada con armamento por presuntos delincuentes vinculados a actividades ilícitas».
FUERZAS ARMADAS ADVIERTEN DE PELIGRO INMINENTE
Las Fuerzas Armadas han afirmado que respondieron a un «peligro inminente» y «en legítima defensa». No obstante, han reconocido que, como consecuencia del enfrentamiento, murieron «cinco personas presuntamente vinculadas a organizaciones terroristas», cuya identidad aún no ha sido confirmada. Asimismo, dos heridos fueron trasladados a un centro sanitario.
El comunicado añade que una persona fue arrestada y puesta a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes, mientras que no se registraron bajas entre los efectivos militares.
El mando militar ha reivindicado además que sus intervenciones «se ejecutan en estricto respeto a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y al marco legal vigente».
No obstante, medios locales han apuntado que el Ministerio Público ha iniciado investigaciones sobre lo ocurrido, ante versiones que señalan que la Policía no habría hallado ni drogas ni armamento en el vehículo en el que se desplazaban los fallecidos.
En este contexto, el Comando Especial ha destacado que en la zona se mantiene «un trabajo permanente, riguroso y de muy alto riesgo para garantizar el orden interno, enfrentar a las economías ilegales y proteger a la ciudadanía».
El Vraem, una región de selva montañosa que abarca territorios de cinco departamentos, concentra amplias plantaciones ilegales de hoja de coca -materia prima de la cocaína- y es considerado el principal enclave de los remanentes de Sendero Luminoso, que operan en alianza con organizaciones del narcotráfico, según han sugerido las autoridades.
of-am
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Ascienden a 19 los civiles muertos por ataque con bomba en la Vía Panamericana en Colombia
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Haití recibe el primer despliegue de nueva fuerza multinacional antipandillas de la ONU
Efe
Puerto Príncipe.- Haití recibió las primeras tropas, procedentes de Chad, de la Fuerza de Supresión de Pandillas (FSG) creada en 2025 por las Naciones Unidas, informó este miércoles el organismo.
La FSG dijo en un mensaje en X que «un destacamento de fuerzas chadianas (…) llegó, marcando el primer despliegue de tropas de la Fuerza de Represión de Pandillas ampliada», que sustituye a la Misión de Seguridad para Haití (MMS), también creada por la ONU y que no tuvo los resultados esperados en el combate contra las bandas.
Con una dotación total de 5.500 efectivos, la GSF tendrá como representante especial a Jack Christofides, que ya se encuentra en Haití, según informó en el mensaje el organismo.
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Esta misión toma el relevo de la MSS cuando las bandas han expandido su dominio este último año más allá de Puerto Príncipe, la capital de Haití, hacia los departamentos de Centro y Artibonite, en medio de altos niveles de violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de «autodefensa» que han causado 5.519 muertos y 2.608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año.
Enfrentamientos armados y una masacre
La Policía Nacional de Haití (PNH) informó precisamente este miércoles de enfrentamientos armados con pandilleros en el marco de una «gran operación» en el departamento de Artibonite, situado al norte de la capital y donde el domingo ocurrió la masacre de al menos 70 personas en un ataque atribuido al grupo armado ‘Gran Grif’, según denuncias de una ONG y la ONU.
El despliegue policial tiene lugar tras la masacre del domingo, denuncia un día después por la ONG Collectif Défenseurs Plus, que acusó al Gobierno haitiano de mostrar una «pasividad indignante que raya en la complicidad flagrante» ante la «barbarie» ocurrida en Arbonite.
Medidas en República Dominicana
En medio de la incertidumbre en Haití, la Cancillería dominicana informó este miércoles que el canciller Álvarez se reunió el lunes con el subsecretario general del Departamento de Apoyo Operacional de las Naciones Unidas, Atul Khare, para abordar el despliegue de la GSF.
En el encuentro se habló de las «facilidades» que podrían brindarse desde la República Dominicana para apoyar a la Fuerza, como el tránsito de personal y equipos, servicios médicos y el establecimiento de un gabinete de apoyo para la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (Unsoh), según indicó un comunicado.
Está cooperación con las GSF se «limita exclusivamente a respaldo desde República Dominicana», precisó el Ministerio de Exteriores.
Por su parte, el periódico dominicano ‘El Listín Diario’ publicó que la República Dominicana ha desplegado miles de soldados del Ejército a lo largo de la frontera con Haití para reforzar la seguridad ante el despliegue de la GSF.