Latinoamericanas
Los empresarios mexicanos reclaman al Gobierno oxígeno para afrontar la crisis
Los expertos sugieren medidas fiscales innovadoras para capear una recesión provocada por la pandemia
México.– México se prepara para entrar nuevamente en un terreno de crisis. Hacienda reconoció el miércoles, por primera vez desde la emergencia generada por la epidemia, que el país puede sufrir una caída de hasta un 3.9% del PIB. El cálculo sigue siendo optimista comparado a las previsiones de bancos e instituciones. Sin embargo, ya existe un consenso claro: la economía se va a detener casi por completo. Está en manos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador suavizar el duro golpe. Los empresarios han reclamado, hasta ahora sin éxito, medidas de apoyo fiscal. Por ello, el anuncio que el presidente hará el domingo, donde revelará las medidas de reactivación económica, ha despertado una gran expectación.
El desaire del presidente al empresariado llegó horas después de que la Administración les arrancara la promesa de no despedir empleados a lo largo del mes que dura la declaratoria de emergencia emitida el lunes. La noche de ese día, el canciller Marcelo Ebrard dijo que a nadie puede privarse de su salario hasta el 30 de abril. La promesa parece difícil de cumplir, sobre todo para un universo de casi cuatro millones de empresas pequeñas y medianas que concentran más del 70% del empleo. “A la mayoría les será muy difícil, si no imposible, sobrevivir a una condición de cero ingresos por ventas y a la vez sostener el 100% de sus plantillas laborales con el 100% del pago puntual de impuestos y contribuciones. Simplemente será imposible cumplir”, comenta Francisco Cervantes, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
Las pequeñas empresas ya sufren el desplome de ingresos y la escasa flexibilidad para reducir su plantilla laboral. Los empresarios subrayan la significancia de que el Gobierno haya declarado la “emergencia” sanitaria y no la “contingencia”. El segundo término, previsto en la Ley Federal del Trabajo, permite a los empresarios pagar a sus empleados el salario mínimo durante 30 días. Si la crisis se prolonga, pueden despedir al personal. “Se tienen todos los efectos de la contingencia, pero sin el nombre”, explica José Manuel López, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco). “Es deseable mantener la planta laboral, la pregunta es si lo deseable es posible”. La confederación estima en 243.500 millones de pesos, casi 10.000 millones de dólares, el impacto económico del 17 al 31 de marzo, justo antes de la declaración de la emergencia sanitaria.
Santiago Levy, investigador del Brookings Institution, considera que el principal objetivo del Gobierno debe ser ese: cero despidos y cero cierre de empresas. Procurar esto haría viable una recuperación económica para 2021, donde el país estaría de vuelta a un camino de crecimiento, mínimo pero crecimiento al fin. El experto alerta de que las particularidades de la crisis de la coronavirus obligan al Gobierno a evitar las socorridas medidas contracíclicas como son el aumento de la inversión pública o expandir los programas sociales. “Nada de eso ayuda a preservar empleos formales y que las empresas formales no quiebren en tres meses. Los programas sociales no son parte de la solución para esta crisis”, asegura.
Levy ha propuesto un agresivo plan de subsidios a las empresas. Este incluiría la suspensión durante meses de las aportaciones patronales a las cuentas de retiro y prestaciones de vivienda, lo que reduciría un 25% los costos. También propone una negociación de rebaja temporal de salarios para evitar despidos y que el Gobierno ofrezca pagar hasta un 10% de la nómina. Todo esto representaría una reducción en torno al 50% de los costos de las empresas en los duros meses por venir. “Mientras más cueste subsidiar a las empresas, mejor. Hay que innovar rápidamente y romper tabúes”, añade desde Washington.
Viridiana Ríos, analista y académica, propone combinar este tipo de ayudas con una futura reforma fiscal que aumente la presión impositiva sobre las grandes empresas y condonar impuestos hasta un nivel que permita el pago de las nóminas de los trabajadores. No obstante, como el resto de expertos consultados, cree que el Gobierno está obligado a adquirir deuda para evitar que la gigantesca fuerza laboral que vive en la informal se pauperice aún más. “No es suficiente el presupuesto de los programas prioritarios del Gobierno. Llegan a solo 20 millones de personas, en un país con 50 millones de pobres”, sostiene. La profesora asistente de Harvard ve con escepticismo el anuncio del domingo porque cree que le faltará fuerza ante las circunstancias. “En las previsiones de deuda para 2020, no hay adquisiciones importantes”, añade.
Proteger a los trabajadores formales
La crisis que viene subrayará la dualidad de la economía mexicana, donde la informalidad, un 56% del mercado laboral, convive con los trabajadores formales. “En esta crisis no se puede olvidar a ninguno de los dos sectores”, señala Roberto Vélez, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Este think tank se ha sumado a las propuestas recientes con un documento respaldado por expertos y economistas de todos los polos ideológicos que coinciden en la urgencia de preservar los empleos formales. “La manera de proteger a los informales debe ser evitar que los empleados formales se conviertan en informales o pobres”, añade. De lo contrario, la base de informales, que deben ser la prioridad para un Gobierno de izquierdas, corre el riesgo de que se incremente sin control con la fuerza de un hoyo negro.
El centro de estudios, especializado en movilidad social, asegura que México llega poco preparado para la contingencia. Sin embargo, tiene un espacio fiscal cercano al 2.2% del PIB para endeudarse. La deuda podría cubrir algunas de las medidas mencionadas, como son la cobertura de cuotas obrero patronales, el otorgamiento de créditos fiscales y otras herramientas para subsidiar a las compañías en apuros. “El Gobierno cuenta con esta capacidad. Esto no mata la economía, sino amortigua la caída”, añade Vélez.
El endeudamiento, sin embargo, es uno de los enemigos de la ortodoxa política económica de López Obrador, marcada por la austeridad. Para evitar que salten las alarmas, Santiago Levy propone que la deuda venga acompañada de señales a los mercados de que no se perderá el control de las finanzas públicas. “Puede ser mediante la emisión de bonos para la emergencia sanitaria y de una sobretasa transitoria a los impuestos que será cubierta en 2021”, explica.
Los empresarios han reclamado la falta de claridad de la declaratoria de emergencia, que supuestamente servirá de hoja de ruta durante la emergencia. Las patronales confesaron su confusión por la ambigüedad del mensaje gubernamental y las restricciones a las actividades no esenciales. Los industriales de Nuevo León, uno de los motores económicos del país, sugirieron a sus socios una negociación con empleados y sindicatos para modificar las condiciones laborales durante la contingencia. Otras cámaras aseguran estar negociando con el Gobierno la ampliación de la lista de actividades esenciales para permitirles seguir en marcha.
El empresariado espera iniciativas a la altura de las circunstancias y comparables a las emprendidas por otros países de la región. Chile, por ejemplo, ha destinado recursos que equivalen al 4.7% de su PIB para atender la emergencia. Los esfuerzos de Brasil y Perú rondan en torno al 2%.
El Gobierno mexicano se ha limitado, de momento, a ampliar un programa existente de microcréditos. El anuncio de créditos de 25.000 pesos, unos mil dólares al disparado tipo de cambio de hoy, para un millón de empresas se queda corto. “Les va a servir solo a los autoempleados. Se necesitan créditos de mayor cuantía”, señala José Manuel López, de Concanaco. La relación del empresariado con López Obrador para el resto del sexenio está por definirse. El domingo será clave para lo que ha sido una tirante asociación.
elpais.com
Latinoamericanas
Delegación de RD participa en el Foro de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles
PANAMÁ.– Una delegación de alto nivel de la República Dominicana, encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, participa en el Foro de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C), que reúne en Panamá a autoridades de defensa y seguridad de cerca de 18 países del hemisferio para fortalecer la cooperación regional frente al narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
Junto al ministro Fernández Onofre integran la delegación dominicana el viceministro de Seguridad Interior del Ministerio de Interior y Policía, Edwin Eusebio Féliz Brito; el director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Luis Soto; el director de Inteligencia del Ministerio de Defensa, general de brigada Enrique Armando Aguilera Trujillo, ERD; y el enlace de la República Dominicana para la iniciativa Escudo de las Américas, general de brigada Edgar Tiburcio.
El encuentro, celebrado los días 11 y 12 de agosto, tiene como anfitrión al Gobierno de Panamá y se desarrolla en el contexto de los esfuerzos de cooperación hemisférica impulsados a través de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles.
El foro cuenta con una representación de alto nivel de los Estados Unidos, encabezada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), general Francis Donovan; y la enviada especial de los Estados Unidos para Escudo de las Américas, Kristi Noem, junto a otras autoridades civiles y militares vinculadas a la seguridad y defensa del hemisferio.
La presencia de estas autoridades, junto a ministros de Defensa y Seguridad, jefes militares y responsables de inteligencia de los países participantes, confiere al encuentro un elevado valor estratégico como espacio para establecer mecanismos de coordinación y definir respuestas comunes frente a amenazas que trascienden las fronteras nacionales.
Asimismo, permite posicionar los intereses de seguridad de la República Dominicana dentro de las discusiones hemisféricas y continuar fortaleciendo las capacidades nacionales para la vigilancia y protección de sus espacios terrestre, marítimo y aéreo, particularmente frente al narcotráfico, el tráfico ilícito y otras manifestaciones del crimen organizado.
La participación de la delegación dominicana en el Foro A3C reafirma la disposición del Gobierno dominicano de continuar trabajando junto a sus socios regionales bajo principios de cooperación, coordinación y respeto a la soberanía de los Estados, entendiendo que la seguridad hemisférica requiere esfuerzos compartidos y capacidades cada vez más integradas frente a amenazas comunes.
Bogotá..- Al menos 132 personas murieron y más de 570 resultaron heridas en Colombia por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes el país, según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).
Pereira, capital del departamento de Risaralda, que limita con San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, que se produjo a las 07:34 hora local (12:34 GMT) concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 60 fallecidos, según la información.
La cifra aportada por esa institución solo recoge el desglose de las capitales del país, por lo que el balance no incluye las cifras de muertos y heridos en pueblos y localidades aledañas, que también sufrieron colapsos de edificios y daños en su infraestructura hospitalaria, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.
En Pereira, además de los 60 fallecidos, hay 16 personas atrapadas en el Megacable (teleférico público), dos edificios colapsados y 15 puntos críticos en los que continúan las labores de rescate, mientras que el aeropuerto internacional Matecaña permanece cerrado por daños en su cubierta.
Agencia EFE
Caracas.- El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace casi un mes en la zona norte de Venezuela ascendió este miércoles a 5.398, después de que las autoridades sumaran 52 fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.
Entretanto, el número de heridos se mantiene en 16.740, según el diputado, quien publicó el balance en su cuenta de Telegram.
El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó que 17.907 personas perdieron sus viviendas, un número que se había mantenido igual desde el pasado 7 de julio y que este martes bajó a 17.265.
De momento, hay 23.335 personas en 107 campamentos transitorios, 213 más que el martes, mientras 128.324 familias han sido atendidas por las autoridades.
Además, este desastre dejó unos 856 edificios afectados y 190 colapsados, según el balance oficial, que también registra 1.463 réplicas -58 más respecto al anterior- desde el doble terremoto del pasado 24 de junio.
El lunes, más de 240 familias recibieron las primeras viviendas entregadas por el Gobierno a afectados por los terremotos, en un acto que encabezó Delcy Rodríguez junto a su hermano en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas.
Las autoridades no ofrecen cifras de desaparecidos, pero la iniciativa ciudadana ‘Desparecidos Terremoto Venezuela’, una web donde se reporta a personas en paradero desconocido tras los terremotos, registra a más de 29.000 a las que no se ha podido contactar.
Según cifras no confirmadas que recibió la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en junio pasado, el número de desaparecidos por los terremotos podría ascender a 50.000.
Víctimas sin identificar están siendo enterradas en varias fosas recientemente abiertas en un cementerio municipal del estado La Guaira, según informaron a EFE varios testigos a principios de este mes.