Latinoamericanas
Los empresarios mexicanos reclaman al Gobierno oxígeno para afrontar la crisis
Los expertos sugieren medidas fiscales innovadoras para capear una recesión provocada por la pandemia
México.– México se prepara para entrar nuevamente en un terreno de crisis. Hacienda reconoció el miércoles, por primera vez desde la emergencia generada por la epidemia, que el país puede sufrir una caída de hasta un 3.9% del PIB. El cálculo sigue siendo optimista comparado a las previsiones de bancos e instituciones. Sin embargo, ya existe un consenso claro: la economía se va a detener casi por completo. Está en manos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador suavizar el duro golpe. Los empresarios han reclamado, hasta ahora sin éxito, medidas de apoyo fiscal. Por ello, el anuncio que el presidente hará el domingo, donde revelará las medidas de reactivación económica, ha despertado una gran expectación.
El desaire del presidente al empresariado llegó horas después de que la Administración les arrancara la promesa de no despedir empleados a lo largo del mes que dura la declaratoria de emergencia emitida el lunes. La noche de ese día, el canciller Marcelo Ebrard dijo que a nadie puede privarse de su salario hasta el 30 de abril. La promesa parece difícil de cumplir, sobre todo para un universo de casi cuatro millones de empresas pequeñas y medianas que concentran más del 70% del empleo. “A la mayoría les será muy difícil, si no imposible, sobrevivir a una condición de cero ingresos por ventas y a la vez sostener el 100% de sus plantillas laborales con el 100% del pago puntual de impuestos y contribuciones. Simplemente será imposible cumplir”, comenta Francisco Cervantes, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
Las pequeñas empresas ya sufren el desplome de ingresos y la escasa flexibilidad para reducir su plantilla laboral. Los empresarios subrayan la significancia de que el Gobierno haya declarado la “emergencia” sanitaria y no la “contingencia”. El segundo término, previsto en la Ley Federal del Trabajo, permite a los empresarios pagar a sus empleados el salario mínimo durante 30 días. Si la crisis se prolonga, pueden despedir al personal. “Se tienen todos los efectos de la contingencia, pero sin el nombre”, explica José Manuel López, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco). “Es deseable mantener la planta laboral, la pregunta es si lo deseable es posible”. La confederación estima en 243.500 millones de pesos, casi 10.000 millones de dólares, el impacto económico del 17 al 31 de marzo, justo antes de la declaración de la emergencia sanitaria.
Santiago Levy, investigador del Brookings Institution, considera que el principal objetivo del Gobierno debe ser ese: cero despidos y cero cierre de empresas. Procurar esto haría viable una recuperación económica para 2021, donde el país estaría de vuelta a un camino de crecimiento, mínimo pero crecimiento al fin. El experto alerta de que las particularidades de la crisis de la coronavirus obligan al Gobierno a evitar las socorridas medidas contracíclicas como son el aumento de la inversión pública o expandir los programas sociales. “Nada de eso ayuda a preservar empleos formales y que las empresas formales no quiebren en tres meses. Los programas sociales no son parte de la solución para esta crisis”, asegura.
Levy ha propuesto un agresivo plan de subsidios a las empresas. Este incluiría la suspensión durante meses de las aportaciones patronales a las cuentas de retiro y prestaciones de vivienda, lo que reduciría un 25% los costos. También propone una negociación de rebaja temporal de salarios para evitar despidos y que el Gobierno ofrezca pagar hasta un 10% de la nómina. Todo esto representaría una reducción en torno al 50% de los costos de las empresas en los duros meses por venir. “Mientras más cueste subsidiar a las empresas, mejor. Hay que innovar rápidamente y romper tabúes”, añade desde Washington.
Viridiana Ríos, analista y académica, propone combinar este tipo de ayudas con una futura reforma fiscal que aumente la presión impositiva sobre las grandes empresas y condonar impuestos hasta un nivel que permita el pago de las nóminas de los trabajadores. No obstante, como el resto de expertos consultados, cree que el Gobierno está obligado a adquirir deuda para evitar que la gigantesca fuerza laboral que vive en la informal se pauperice aún más. “No es suficiente el presupuesto de los programas prioritarios del Gobierno. Llegan a solo 20 millones de personas, en un país con 50 millones de pobres”, sostiene. La profesora asistente de Harvard ve con escepticismo el anuncio del domingo porque cree que le faltará fuerza ante las circunstancias. “En las previsiones de deuda para 2020, no hay adquisiciones importantes”, añade.
Proteger a los trabajadores formales
La crisis que viene subrayará la dualidad de la economía mexicana, donde la informalidad, un 56% del mercado laboral, convive con los trabajadores formales. “En esta crisis no se puede olvidar a ninguno de los dos sectores”, señala Roberto Vélez, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Este think tank se ha sumado a las propuestas recientes con un documento respaldado por expertos y economistas de todos los polos ideológicos que coinciden en la urgencia de preservar los empleos formales. “La manera de proteger a los informales debe ser evitar que los empleados formales se conviertan en informales o pobres”, añade. De lo contrario, la base de informales, que deben ser la prioridad para un Gobierno de izquierdas, corre el riesgo de que se incremente sin control con la fuerza de un hoyo negro.
El centro de estudios, especializado en movilidad social, asegura que México llega poco preparado para la contingencia. Sin embargo, tiene un espacio fiscal cercano al 2.2% del PIB para endeudarse. La deuda podría cubrir algunas de las medidas mencionadas, como son la cobertura de cuotas obrero patronales, el otorgamiento de créditos fiscales y otras herramientas para subsidiar a las compañías en apuros. “El Gobierno cuenta con esta capacidad. Esto no mata la economía, sino amortigua la caída”, añade Vélez.
El endeudamiento, sin embargo, es uno de los enemigos de la ortodoxa política económica de López Obrador, marcada por la austeridad. Para evitar que salten las alarmas, Santiago Levy propone que la deuda venga acompañada de señales a los mercados de que no se perderá el control de las finanzas públicas. “Puede ser mediante la emisión de bonos para la emergencia sanitaria y de una sobretasa transitoria a los impuestos que será cubierta en 2021”, explica.
Los empresarios han reclamado la falta de claridad de la declaratoria de emergencia, que supuestamente servirá de hoja de ruta durante la emergencia. Las patronales confesaron su confusión por la ambigüedad del mensaje gubernamental y las restricciones a las actividades no esenciales. Los industriales de Nuevo León, uno de los motores económicos del país, sugirieron a sus socios una negociación con empleados y sindicatos para modificar las condiciones laborales durante la contingencia. Otras cámaras aseguran estar negociando con el Gobierno la ampliación de la lista de actividades esenciales para permitirles seguir en marcha.
El empresariado espera iniciativas a la altura de las circunstancias y comparables a las emprendidas por otros países de la región. Chile, por ejemplo, ha destinado recursos que equivalen al 4.7% de su PIB para atender la emergencia. Los esfuerzos de Brasil y Perú rondan en torno al 2%.
El Gobierno mexicano se ha limitado, de momento, a ampliar un programa existente de microcréditos. El anuncio de créditos de 25.000 pesos, unos mil dólares al disparado tipo de cambio de hoy, para un millón de empresas se queda corto. “Les va a servir solo a los autoempleados. Se necesitan créditos de mayor cuantía”, señala José Manuel López, de Concanaco. La relación del empresariado con López Obrador para el resto del sexenio está por definirse. El domingo será clave para lo que ha sido una tirante asociación.
elpais.com
Latinoamericanas
Nicaragua responde a RD tras condena a Daniel Ortega por afirmaciones sobre comicios
Agencia EFE
San José.-El Gobierno de Nicaragua arremetió este miércoles contra la República Dominicana por condenar en los términos «más enérgicos» las recientes declaraciones del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en las que afirmó que en ese país «no volverán a haber elecciones».
«Resulta increíble, a estas alturas de la historia, que un pueblo valiente y digno, como el pueblo dominicano, que ha sufrido dictaduras, invasiones e intervenciones imperiales, tenga voces vasallas y servidumbres vergonzosas instaladas en sus máximas instituciones», indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua en un comunicado.
«Hemos vivido las mismas miserias y los pueblos no tienen culpa de la deshonrosa conducta de ciertas figuras que creen ser de autoridad», señaló la cancillería nicaragüense.
«Como bien sabemos, hermanos dominicanos, el respeto al derecho ajeno, es la paz», añadió Managua.
La Cancillería dominicana anotó que una declaración de esa naturaleza, que un mandatario afirme que no volverán a haber elecciones, constituye un «abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense» a elegir libremente a sus gobernantes mediante elecciones periódicas, libres, justas, transparentes y plurales.
República Dominicana consideró que «ningún gobierno» puede arrogarse el derecho de privar a un pueblo de la posibilidad de expresar periódicamente su voluntad soberana mediante el voto, ni cerrar por decisión unilateral la vía electoral como mecanismo legítimo para la alternancia en el poder.
«El Gobierno dominicano hace un llamado a las autoridades nicaragüenses a rectificar esta posición y garantizar plenamente los derechos políticos y las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense, incluyendo su derecho a participar en elecciones auténticas, competitivas y democráticas», indicó la Cancillería del país caribeño.
Este miércoles, el titular de la Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento), el sandinista Gustavo Porras, dijo que sí se celebrarán elecciones en Nicaragua pero bajo un nuevo marco constitucional que las blinden de la injerencia extranjera y de los «traidores a la patria» en el país.
«Lo importante es que dejemos en rango constitucional de que en este país no podemos aceptar elecciones donde participen golpistas, traidores a la patria, donde participen partidos y organismos financiados con dinero extranjero, con potencias extranjeras, por organismos extranjeros», subrayó Porras.
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Crisis demográfica: Cuba cierra 2025 con 68.051 nacimientos y 9,4 millones de habitantes
La Habana (EFE).- Cuba cerró el 2025 con apenas 68.051 nacimientos, la cifra más baja en décadas, y una población de 9,4 millones de personas, informaron este lunes medios estatales.
De acuerdo con datos del Centro de Estudios Demográficos (Cedem) de la isla, difundidos por el diario oficial Granma, la tendencia a la baja “es clara”, con 99.000 nacimientos en 2021; en 2022, fueron reportados unos 95.000; mientras que en 2024 la cifra cayó a poco más de 71.000; finalmente el pasado año cerró con 68.051 nacimientos.
Esa es “la cifra más baja en décadas, contrastada con las 134.354 defunciones, lo que evidencia un decrecimiento natural”, señala el artículo que cita a varios investigadores del Cedem.
Puntualiza, además, que el país caribeño abrió el año 2026 con 9.436.440 personas y la isla “enfrenta una realidad compleja marcada por la baja fecundidad, el envejecimiento poblacional y un saldo migratorio negativo que redefine las estructuras sociales y económicas”.
Al respecto, la investigadora del Cedem, Arelis Mora, señaló que la población menor de 35 años representa un 38,4% del total, y detalló que el grupo de cero a cuatro años es el que menos representatividad tiene, “consecuencia directa de la baja fecundidad” en el país.
Además, indicó que, al cierre de 2024, el 50 % de las personas que se movieron fuera de la isla eran jóvenes menores de 35 años.
Las cifras confirman la tendencia al envejecimiento y decrecimiento poblacional en la isla debido a la migración y un mayor número de muertes que nacimientos.
El Gobierno calcula que más de tres millones de cubanos viven en el extranjero, la mitad de los cuales tienen residencia en el país; mientras que 1,1 millón no poseen residencia efectiva en la isla.
Por su parte, la subdirectora del Cedem, Matilde Molina, resaltó que “uno de los desafíos más sensibles en Cuba es la fecundidad adolescente”, una situación que calificó de un “problema social que va más allá de la salud”.
Molina puntualizó que, en 2024, la tasa fue de 47,1 nacimientos por cada 1.000 adolescentes y pese a que “hubo una disminución, el peso relativo de este grupo en la fecundidad total del país aumentó”.
Según estima el demógrafo independiente cubano Juan Carlos Albizu-Campos, tras una caída del 18 % entre 2022 y 2023, la población total de la isla estaría cifrada en los 8,6 millones, lejos de los 9,4 que han anunciado las cifras oficiales.
El doblete sísmico registrado en Venezuela el pasado 24 de junio ha dejado 4.561 personas fallecidas, 16.740 heridas, 17.907 sin vivienda y 190 edificaciones colapsadas, informó este lunes el presidente de la Asamblea Nacional de ese país suramericano, Jorge Rodríguez.
De acuerdo con el parte oficial difundido por el funcionario este lunes, desde el primer día de la tragedia, 6.462 personas han sido rescatadas de entre los escombros, se ha atendido a 128.324 familias y se han dispuesto 107 campamentos transitorios, en los que permanecen alojados 20.231 ciudadanos.
Sismos mortíferos
La tarde del 24 de junio, dos terremotos de magnitud de 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia. Según los especialistas se trata de un fenómeno poco común conocido como ‘doblete sísmico’.
Los sismos han sido catalogados como los más potentes en Venezuela en 126 años. Los dos terremotos y sus réplicas provocaron múltiples víctimas fatales y heridos, así como el colapso de edificaciones y daños en infraestructuras críticas.