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Los empresarios mexicanos reclaman al Gobierno oxígeno para afrontar la crisis

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Los expertos sugieren medidas fiscales innovadoras para capear una recesión provocada por la pandemia

México.– México se prepara para entrar nuevamente en un terreno de crisis. Hacienda reconoció el miércoles, por primera vez desde la emergencia generada por la epidemia, que el país puede sufrir una caída de hasta un 3.9% del PIB. El cálculo sigue siendo optimista comparado a las previsiones de bancos e instituciones. Sin embargo, ya existe un consenso claro: la economía se va a detener casi por completo. Está en manos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador suavizar el duro golpe. Los empresarios han reclamado, hasta ahora sin éxito, medidas de apoyo fiscal. Por ello, el anuncio que el presidente hará el domingo, donde revelará las medidas de reactivación económica, ha despertado una gran expectación.

El desaire del presidente al empresariado llegó horas después de que la Administración les arrancara la promesa de no despedir empleados a lo largo del mes que dura la declaratoria de emergencia emitida el lunes. La noche de ese día, el canciller Marcelo Ebrard dijo que a nadie puede privarse de su salario hasta el 30 de abril. La promesa parece difícil de cumplir, sobre todo para un universo de casi cuatro millones de empresas pequeñas y medianas que concentran más del 70% del empleo. “A la mayoría les será muy difícil, si no imposible, sobrevivir a una condición de cero ingresos por ventas y a la vez sostener el 100% de sus plantillas laborales con el 100% del pago puntual de impuestos y contribuciones. Simplemente será imposible cumplir”, comenta Francisco Cervantes, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Las pequeñas empresas ya sufren el desplome de ingresos y la escasa flexibilidad para reducir su plantilla laboral. Los empresarios subrayan la significancia de que el Gobierno haya declarado la “emergencia” sanitaria y no la “contingencia”. El segundo término, previsto en la Ley Federal del Trabajo, permite a los empresarios pagar a sus empleados el salario mínimo durante 30 días. Si la crisis se prolonga, pueden despedir al personal. “Se tienen todos los efectos de la contingencia, pero sin el nombre”, explica José Manuel López, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco). “Es deseable mantener la planta laboral, la pregunta es si lo deseable es posible”. La confederación estima en 243.500 millones de pesos, casi 10.000 millones de dólares, el impacto económico del 17 al 31 de marzo, justo antes de la declaración de la emergencia sanitaria.

Santiago Levy, investigador del Brookings Institution, considera que el principal objetivo del Gobierno debe ser ese: cero despidos y cero cierre de empresas. Procurar esto haría viable una recuperación económica para 2021, donde el país estaría de vuelta a un camino de crecimiento, mínimo pero crecimiento al fin. El experto alerta de que las particularidades de la crisis de la coronavirus obligan al Gobierno a evitar las socorridas medidas contracíclicas como son el aumento de la inversión pública o expandir los programas sociales. “Nada de eso ayuda a preservar empleos formales y que las empresas formales no quiebren en tres meses. Los programas sociales no son parte de la solución para esta crisis”, asegura.

Levy ha propuesto un agresivo plan de subsidios a las empresas. Este incluiría la suspensión durante meses de las aportaciones patronales a las cuentas de retiro y prestaciones de vivienda, lo que reduciría un 25% los costos. También propone una negociación de rebaja temporal de salarios para evitar despidos y que el Gobierno ofrezca pagar hasta un 10% de la nómina. Todo esto representaría una reducción en torno al 50% de los costos de las empresas en los duros meses por venir. “Mientras más cueste subsidiar a las empresas, mejor. Hay que innovar rápidamente y romper tabúes”, añade desde Washington.

Viridiana Ríos, analista y académica, propone combinar este tipo de ayudas con una futura reforma fiscal que aumente la presión impositiva sobre las grandes empresas y condonar impuestos hasta un nivel que permita el pago de las nóminas de los trabajadores. No obstante, como el resto de expertos consultados, cree que el Gobierno está obligado a adquirir deuda para evitar que la gigantesca fuerza laboral que vive en la informal se pauperice aún más. “No es suficiente el presupuesto de los programas prioritarios del Gobierno. Llegan a solo 20 millones de personas, en un país con 50 millones de pobres”, sostiene. La profesora asistente de Harvard ve con escepticismo el anuncio del domingo porque cree que le faltará fuerza ante las circunstancias. “En las previsiones de deuda para 2020, no hay adquisiciones importantes”, añade.

Proteger a los trabajadores formales

La crisis que viene subrayará la dualidad de la economía mexicana, donde la informalidad, un 56% del mercado laboral, convive con los trabajadores formales. “En esta crisis no se puede olvidar a ninguno de los dos sectores”, señala Roberto Vélez, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Este think tank se ha sumado a las propuestas recientes con un documento respaldado por expertos y economistas de todos los polos ideológicos que coinciden en la urgencia de preservar los empleos formales. “La manera de proteger a los informales debe ser evitar que los empleados formales se conviertan en informales o pobres”, añade. De lo contrario, la base de informales, que deben ser la prioridad para un Gobierno de izquierdas, corre el riesgo de que se incremente sin control con la fuerza de un hoyo negro.

El centro de estudios, especializado en movilidad social, asegura que México llega poco preparado para la contingencia. Sin embargo, tiene un espacio fiscal cercano al 2.2% del PIB para endeudarse. La deuda podría cubrir algunas de las medidas mencionadas, como son la cobertura de cuotas obrero patronales, el otorgamiento de créditos fiscales y otras herramientas para subsidiar a las compañías en apuros. “El Gobierno cuenta con esta capacidad. Esto no mata la economía, sino amortigua la caída”, añade Vélez.

El endeudamiento, sin embargo, es uno de los enemigos de la ortodoxa política económica de López Obrador, marcada por la austeridad. Para evitar que salten las alarmas, Santiago Levy propone que la deuda venga acompañada de señales a los mercados de que no se perderá el control de las finanzas públicas. “Puede ser mediante la emisión de bonos para la emergencia sanitaria y de una sobretasa transitoria a los impuestos que será cubierta en 2021”, explica.

Los empresarios han reclamado la falta de claridad de la declaratoria de emergencia, que supuestamente servirá de hoja de ruta durante la emergencia. Las patronales confesaron su confusión por la ambigüedad del mensaje gubernamental y las restricciones a las actividades no esenciales. Los industriales de Nuevo León, uno de los motores económicos del país, sugirieron a sus socios una negociación con empleados y sindicatos para modificar las condiciones laborales durante la contingencia. Otras cámaras aseguran estar negociando con el Gobierno la ampliación de la lista de actividades esenciales para permitirles seguir en marcha.

El empresariado espera iniciativas a la altura de las circunstancias y comparables a las emprendidas por otros países de la región. Chile, por ejemplo, ha destinado recursos que equivalen al 4.7% de su PIB para atender la emergencia. Los esfuerzos de Brasil y Perú rondan en torno al 2%.

El Gobierno mexicano se ha limitado, de momento, a ampliar un programa existente de microcréditos. El anuncio de créditos de 25.000 pesos, unos mil dólares al disparado tipo de cambio de hoy, para un millón de empresas se queda corto. “Les va a servir solo a los autoempleados. Se necesitan créditos de mayor cuantía”, señala José Manuel López, de Concanaco. La relación del empresariado con López Obrador para el resto del sexenio está por definirse. El domingo será clave para lo que ha sido una tirante asociación.

elpais.com

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Casi 5,000 venezolanos asesinados en Latinoamérica tras ola migratoria

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EFE
Caracas.-La comisión especial de la Asamblea Nacional (AN/Parlamento) de Venezuela que investiga crímenes contra migrantes aseguró este martes que 4,918 venezolanos han sido asesinados en varias naciones de Latinoamérica en el marco de la ola migratoria que ha vivido el país petrolero en la última década, si bien la instancia no aclaró el periodo exacto del reporte de estos casos.

«Podemos decir que a la fecha tenemos 4,918 venezolanos y venezolanas que, lamentablemente, han sido asesinados en territorio colombiano, peruano, ecuatoriano y otros de la región», afirmó el presidente de esta comisión legislativa, Julio Chávez, en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Chávez aseguró que cuentan con los datos de cada asesinato registrado y los nombres de las víctimas, así como la ubicación en la que tuvieron lugar los hechos, «lo que permite la posibilidad de elevar el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI)», esto según una nota de prensa de la AN.

Igualmente, indicó que la comisión que preside trabaja en un proyecto de ley para «reinsertar a los migrantes que en forma masiva desean retornar» a la nación caribeña.

«Estamos estudiando las políticas para recibir y reinsertar a esos migrantes. El 70 % que tenemos registrados en Argentina están dispuestos a regresar a Venezuela y eso mismo ocurre con migrantes en otros países. Estamos adecuando la normativa legal venezolana para reinsertarlos», apuntó.

Esta comisión especial, siempre según la AN, se instaló el pasado noviembre y se encarga de investigar crímenes contra migrantes venezolanos.

Según la última actualización de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para los Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), del pasado 12 de julio, 6.150.000 personas, aproximadamente, han abandonado el país petrolero, de las que 5.090.000 viven en América Latina y el Caribe.

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Catorce dominicanos son arrestados en Puerto Rico por transportar cocaína valorada en 22 millones de dólares

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EFE

Los detenidos son 14 hombres, todos ellos ciudadanos de República Dominicana, quienes enfrentan un proceso federal en Puerto Rico.

San Juan, PR.-La Guardia Costera estadounidense en Puerto Rico informó este martes que en recientes operaciones en alta mar incautó tres cargamentos de cocaína, valorados en 22 millones de dólares, y detuvo a 14 personas.

La tripulación del guardacostas Joseph Tezanos y los agentes de la Fuerza de Ataque del Corredor del Caribe descargaron en San Juan la víspera un total de 2,425 libras (1,100 kilogramos) de cocaína, según el comunicado de la Guardia Costera.

Los detenidos son 14 hombres, todos ellos ciudadanos de República Dominicana, quienes enfrentan un proceso federal en Puerto Rico.

La mayor incautación tuvo lugar el pasado 3 de agosto, cuando los guardacostas aprehendieron 1,653 libras (750 kilogramos) en el mar al norte de Aguadilla, en el noroeste de Puerto Rico.

Tras detectar una embarcación sospechosa, se procedió a la detención de sus cuatro tripulantes, que arrojaron al agua los fardos con la droga.

Los otros operativos tuvieron lugar a finales de julio en aguas de la isla puertorriqueña de Desecheo y al noroeste de Aguadilla.

En Desecheo, los guardacostas arrestaron a cuatro supuestos contrabandistas e incautaron ocho fardos de cocaína que pesaban aproximadamente 441 libras (200 kilogramos).

En la intervención en Aguadilla, los agentes detuvieron a seis hombres y recuperaron 330 libras (150 kilogramos) de cocaína.

«Estoy orgulloso de la profesionalidad y el desempeño del patrullero Joseph Tezanos al aprehender a 14 contrabandistas y evitar que estas drogas lleguen a las costas y calles de Puerto Rico», dijo en la nota el capitán José Díaz, comandante del Sector de la Guardia Costera de San Juan.

Los agentes especiales que apoyan a la Fuerza de Ataque del Corredor del Caribe están liderando la investigación de este caso.

El área marítima que separa República Dominicana de Puerto Rico es una ruta habitual del tráfico de drogas.

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Petro pide terminar con fracasada guerra antidrogas al asumir presidencia de Colombia

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AFP

En ese sentido, propuso cambiar el «fracaso por un éxito» y terminar la guerra antinarcóticos «por una política de prevención fuerte del consumo en las sociedades desarrolladas».

Bogota, Colombia.-El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, planteó en su discurso de investidura acabar con la fracasada «guerra antidrogas» en el mundo y pasar a una «política de prevención fuerte del consumo» en los países desarrollados.

«Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado», dijo el primer mandatario de izquierda del país con la mayor producción mundial de cocaína.

Sin mencionar a Estados Unidos, el principal consumidor de la droga que se procesa en Colombia, Petro cuestionó las «cuatro décadas» de persecución antidrogas que ha alentado Washington.

«La guerra contra las drogas fortaleció las mafias y debilitó los Estados», apuntó, añadiendo que en ese tiempo un «millón de latinoamericanos» han sido asesinados y 70.000 norteamericanos mueren «por sobredosis cada año»

«¿Vamos a esperar que otro millón de latinoamericanos caigan asesinados y que se eleven a 200.000 los muertos por sobredosis en Estados Unidos cada año?», añadió en su primer discurso como jefe de Estado.

En ese sentido, propuso cambiar el «fracaso por un éxito» y terminar la guerra antinarcóticos «por una política de prevención fuerte del consumo en las sociedades desarrolladas».

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Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
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