Santo Domingo, RD.-Son varios los partidos que están de acuerdo con la celebración de las elecciones generales en el mes de julio luego de la la aprobación por parte del senado de la extensión del estado de emergencia por un plazo máximo de 25 días, para contrarrestar el avance del coronavirus (Covid-19) en el país, las medidas especiales de aislamiento social estarían vigentes hasta el viernes 8 de mayo, siempre y cuando sea aprobadas por los diputados, dejando un margen de solo 9 días para el montaje de las elecciones congresuales y presidenciales pautadas a celebrarse el 17 de mayo.Más Noticias
Son varios los partidos que han pedido mover las elecciones para el mes de julio.
Santo Domingo, RD.-Son varios los partidos que están de acuerdo con la celebración de las elecciones generales en el mes de julio luego de la la aprobación por parte del senado de la extensión del estado de emergencia por un plazo máximo de 25 días, para contrarrestar el avance del coronavirus (Covid-19) en el país, las medidas especiales de aislamiento social estarían vigentes hasta el viernes 8 de mayo, siempre y cuando sea aprobadas por los diputados, dejando un margen de solo 9 días para el montaje de las elecciones congresuales y presidenciales pautadas a celebrarse el 17 de mayo.Ante esta situación, el pasado sábado el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) envió un comunicado a los partidos políticos en donde le otorga un plazo hasta el jueves para que estos entreguen su posición por escrito ante una posible suspensión de esos comicios.
Los Partidos Fuerza del Pueblo y Liberal Reformista (PLR) expresaron que optan porque las elecciones sean celebradas en el mes de julio, mientras que el Revolucionario Moderno (PRM) está supuesto «a reunirse en las próximas horas» para definir una posición.
A la posición de Fuerza del Pueblo se adhirió Fuerza Nacional Progresista, uno de sus aliados en la presente contienda electoral.
El partido Alianza País, que preside Guillermo Moreno, también pidió la posposición de los comicios para julio. La propuesta de la organización política es que los comicios generales presidenciales sean el 12 de julio.
Señaló que una segunda vuelta electoral podría realizarse en tiempo suficiente, ya que las nuevas autoridades deberán asumir el 16 de agosto próximo.
De su lado, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) solicitó una extensión al plazo otorgado por la JCE aunque adelantó que el país no está en condiciones de realizar elecciones en el corto plazo. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no ha fijado una posición, a pesar de los intentos de este diario.
Fuerza del Pueblo propuso a la JCE que se suspendan las elecciones presidenciales y congresuales pautadas a celebrarse el 17 de mayo próximo y sean movidas para el mes de julio.
La información las ofreció Franklin Almeyda, alto dirigente de dicho partido y representante del candidato a la presidencia Leonel Fernández ante la JCE, en su cuenta de Twitter.
Almeyda explicó que la posición de Fuerza del Pueblo es que los comicios se celebren el domingo 12 de julio y que en caso de una eventual segunda vuelta, esta se lleve a cabo el domingo 26 de julio.
La misma posición fue respaldada por el presidente del PLR, Amable Aristy y estableció que esa era la postura definitiva de su partido.
“No es un secreto saber que nuestro país no está en condiciones de celebrar unas elecciones por la pandemia. Por eso entendemos que estas deben de ser suspendidas y movidas para el 12 de julio con la posibilidad de que el 26 de julio se realice la eventual segunda vuelta”, dijo Aristy durante su intervención en la sesión de la Cámara del Senado donde conocen la solicitud de prórroga del Estado de Emergencia propuesta por el Gobierno Dominicano.
PRSC pide prorroga
El presidente del PRSC, Quique Antún dijo que el PRSC plantea que debería otorgarse un plazo hasta el martes después de Semana Santa para fijar una posición.
“A los fines de discutir en ese momento, con la debida frialdad, la fecha más adecuada para la celebración de dichos comicios, sin vulnerar los plazos establecidos en la Constitución de la República y preservando la vida de los electores”, dijo Antún.
Además explicó que para el Partido Reformista lo más importante en las actuales circunstancias, más que las elecciones misas y más que el poder, es preservar la vida de todos los dominicanos y dominicanas.
“La vida de los dominicanos es más importante que la lucha por el poder y que el egoísmo que algunos pretenden hacer prevalecer por encima del interés nacional, llevándonos a una lucha electoral que, indudablemente, habrá de cambiar en todos los sentidos, la vida del pueblo dominicano”, agregó.
PRM se reunirá en las próximas horas
El delegado del PRM ante la JCE, Orlando Jorge Mera, dijo que en las próximas horas la dirección de ese partido se reunirá para fijar una posición en torno a la posible suspensión.
“Aunque el PRM se encuentra trabajando para plantear medidas para salir de esta crisis sanitaria, en las próximas horas nos estaremos reuniendo para fijar una posición”, expresó Mera.
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Banco agradece a autoridades por eficiencia en investigación del caso de acreditaciones irregulares
Santo Domingo, R.D.-La celeridad y el profesionalismo del Ministerio Público y la Policia Nacional fue reconocido por el Banco BHD en el proceso de investigación y persecución de los involucrados en el caso de acreditaciones irregulares por más de RD$ 200 millones en perjuicio de esa entidad y la entidad financiera expresó que se mantendrá trabajando y colaborando con estas instituciones hasta cerrar el caso.
Desde marzo pasado, tras una investigación interna, el BHD desvinculó por despido y posteriormente sometió a la justicia a un empleado acusado de realizar acreditaciones irregulares en beneficio de terceros a cambio de una retribución económica para sí mismo, violando la confianza que fue depositada en él a través de su rol.
También sometió a la justicia a un grupo de personas externas al banco que recibió los fondos irregulares. La denuncia formal fue colocada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional.
El BHD informó que, tan pronto detectó el movimiento irregular de acreditaciones, inició un proceso de investigación en coordinación con el Ministerio Público y notificó el hecho a la Superintendencia de Bancos.
La entidad indicó que, más allá de las pérdidas financieras, que fueron absorbidas por el Banco y que representan una fracción mínima de sus utilidades anuales dado el tamaño de la institución, se trata de una conducta inadmisible en una empresa que se ha caracterizado por hacer siempre lo correcto. También aseguró que los depósitos de los clientes están intactos y que nunca fueron tocados.
BHD reiteró su posición de cero tolerancia a cualquier conducta que comprometa la confianza y los valores institucionales, y su compromiso absoluto con una cultura organizacional sustentada en la ética, la transparencia y la responsabilidad.
SANTO DOMINGO.- Fueron detenidos los responsables de atacar e intimadar al chofer de un autobús escolar en un incidente ocurrido en el sector Cafe de Herrera de Santo Domingo Este, según lo anunció la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
“El comportamiento de turba iracunda tendrá su castigo”, expresó la funcionaria al confirmar que los implicados serán sometidos de inmediato ante el Ministerio Público.
El caso involucra al conductor Henrry González, quien fue agredido mientras trasladaba estudiantes hacia la escuela Rafaela Santaella, luego de un roce entre el autobús escolar y una motocicleta que presuntamente transitaba en vía contraria.
Según testigos, el motorista reaccionó de forma violenta y comenzó a golpear al conductor frente a varios menores que viajaban en el vehículo escolar. Posteriormente, otros motoconchistas se habrían sumado a la agresión, provocando escenas de pánico entre estudiantes y residentes de la zona.
Santo Domingo, R.D.-Precariedades extremas denunciaron jueces, juezas y servidores judiciales en el Placio de Justicia de Ciudad Nueva de la capital dominicana, la cual fue hecha con el lema «¡Que la dignidad comience por casa!», ya que dicen que el Consejo del Poder Judicial gasta millones de pesos en un árbol navideno, pero que no hay fondos para mejorar las condiciones de trabajo de los actores del sistema de justicia.
A través del documento titulado «Manifiesto por la Dignidad de la Justicia«, leído por la jueza Suinda Brito, el colectivo declaró su profunda preocupación y el agotamiento acumulado ante las precarias condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales en las que desempeñan sus delicadas funciones.
El documento enfatiza que la administración de justicia no puede sostenerse de forma exclusiva sobre la base de la vocación y el sacrificio personal de quienes operan el sistema.
«La justicia requiere condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales que permitan ofrecer un servicio oportuno, eficiente e imparcial, tomando en cuenta la dignidad de quienes hacen que el servicio judicial sea una realidad», reza textualmente el comunicado.
Los firmantes desglosaron una alarmante lista de carencias diarias que entorpecen el correcto ejercicio de sus funciones y que debilitan al sistema de manera progresiva:
Sostienen que esto provoca que un solo servidor o magistrado termine asumiendo la carga laboral de dos, tres o hasta cuatro personas.
Los sueldos percibidos están completamente desactualizados frente al constante aumento del costo de la vida y no guardan coherencia con la alta responsabilidad de sus cargos.
Aducen que una fuga constante de personal administrativo debido al desgaste laboral crónico.
Abandono severo de las plantas físicas de múltiples tribunales a nivel nacional y desprotección en los palacios de justicia.
Uno de los puntos más álgidos y contundentes del manifiesto radica en la abierta denuncia a la disparidad económica existente dentro del Poder Judicial.
Los manifestantes contrastaron la realidad de los tribunales frente a las esferas de dirección interna, detallando que ciertos secretarios o empleados administrativos de la cúpula devengan salarios que superan con creces los de cualquier juez o jueza titular.
Asimismo, criticaron con severidad que mientras los juzgados operan con carencias básicas, las altas direcciones cuentan con presupuestos millonarios destinados a gastos de viajes, hospedajes, restaurantes, publicidad, eventos e influencers.
Como ejemplo de este desvío de prioridades, revelaron la indignante inversión de cerca de 11 millones de pesos en la instalación de un árbol navideño institucional, catalogado por los servidores como una ofensa frente a las urgencias operativas del sistema.
Los magistrados aclararon que esta protesta surge tras años de haber agotado todos los canales institucionales formales, solicitudes y llamados al diálogo por parte de las asociaciones judiciales, los cuales fueron históricamente recibidos con «silencio, indiferencia, irrespeto y desdén institucional».
De igual forma, expresaron su enérgico rechazo a las respuestas que el Consejo del Poder Judicial (CPJ) emitió el pasado 19 de mayo, calificándolas de «imprecisas, condicionadas e ineficaces».
Detallaron que la propuesta de indexación salarial quedó sujeta de forma incierta a la aprobación de un presupuesto complementario por parte del Ministerio de Hacienda, sin plazos ni parámetros claros de ejecución.
Las medidas de movilidad judicial se redujeron a una indefinida «hoja de ruta» sujeta a futuros procesos participativos, careciendo de acciones específicas inmediatas.
Se omitieron temas trascendentales como la eliminación de la ilegal suplencia horizontal, la desigualdad generada por el actual manual de salarios y la movilidad de la carrera administrativa.
El manifiesto concluye con una advertencia contundente por parte del cuerpo judicial, afirmando que este movimiento es solo el inicio de una lucha firme y que no se dejarán amedrentar ni desmayarán hasta recibir soluciones ejecutables y hechos concretos.
«Porque no puede haber justicia verdadera donde quienes la sirven son tratados con indiferencia. No puede haber Estado de Derecho donde el derecho se aplica a todos menos a quienes lo custodian. No puede haber dignidad para el ciudadano si el juez que lo escucha, el alguacil que notifica, el secretario que certifica y el conserje que abre las puertas del tribunal cada mañana, no tienen dignidad propia», sentencia el enérgico cierre del documento.
Previo, a la lectura del manifiesto se entorno el himno nacional y el himno del Poder Judicial.