Opinión
Enfrentar el agravamiento de la crisis con voluntad de derrotar el COVID-19 y avanzar hacia un cambio radical
Por Narciso Isa Conde
El impacto de la pandemia del COVID 19 ha desnudado, acelerado y agravado la profunda crisis de decadencia del capitalismo mundial.
Ha operado como un detonante de los ya desacreditados modelos neoliberales, provocando crisis de salud y deterioro económico-social en mayor escala.
Los sistemas públicos de salud y seguridad social, ya degradados por las privatizaciones y el ejercicio de la salud como negocio capitalista, han sido desbordados por el enorme número de personas infectadas.
La incertidumbre, el sufrimiento, la perspectiva de hambruna y la amenaza de muerte se apoderan de los pueblos maltratados por sistemas excluyentes e ineficaces frente a ésta y otras epidemias, incluido el nuestro.
La voracidad capitalista y la corrupción agregada, han provocado una crisis de existencia de la humanidad y una fragilidad de la vida en sociedad de tal profundidad, que cualquier aguacero, huracán, terremoto, tornado, epidemia y pandemia, pueden generar tragedias humanas y sociales tan dramáticas como la actual.
Las causas ya no se pueden ocultar.
El capitalismo crea riquezas generando pobreza social y ecológica.
Su razón de ser no son las necesidades humanas, si no las ganancias.
El GRAN CAPITAL es como una especie de Rey Midas, que en vez de convertir todas las cosas en oro, tiene el maleficio de convertirlas en mercancías, para ser ofertada en el altar del Dios Mercado y ser transmutada en lucro y ganancias privadas colosales de unos pocos.
Bajo esta racionalidad y esta lógica capitalista el neoliberalismo considera mercancías incluso a los seres humanos y sus derechos esenciales, a la Madre Tierra o Casa Común, a todo lo que se llame salud humana y ambiental, educación, alimentación, seguridad social, seguridad ciudadana, igualdad de género y ejercicio político.
Pervierte todo.
Convierte todo en negocio y fuente de lucro.
Exalta el yo y procura matar el nosotros/as.
Ataca a muerte la solidaridad humana.
El imperialismo ejecuta todo tipo de guerra sucia: económica, militar, cibernética, química, bacteriológica, viral, mediática… Pentagoniza y gansteriza la política exterior
· Aquellos vientos trajeron estos huracanes.
En ese contexto mundial la República Dominicana, subordinada a EE.UU, no solo no podía ser excepción, sino que se ha constituido en una muestra de altísima de degradación de la clase dominante-gobernante y un país con condiciones estructurales de altos riesgos y enorme vulnerabilidad frente a fenómenos naturales, epidemias y a pandemias como la del COVID 19 en expansión.
Las recetas neoliberales dejaron la economía y los servicios sociales a la deriva de un supuesto libre mercado controlado por las transnacionales y las grandes empresas capitalistas locales.
Durante años los diferentes gobiernos en RD han aplicado las políticas neoliberales privatizando servicios y empresas estatales.
Este accionar y pensamiento ideológico dio aquí el gran salto con la Constitución del 2010. El capitalismo neoliberal adquirió así rango constitucional e infectó todo el marco jurídico, económico y legislativo que rige el funcionamiento del Estado y la sociedad.
Todo esto se ha traducido en las siguientes realidades:
· Las leyes de salud y seguridad social, junto a todas las políticas públicas correspondientes, fomentan el lucro privado en lugar del bienestar colectivo.
· El sistema educativo, público y privado, fue Impregnado de una visión mercantilista, que en vez de formar seres humanos libres y solidarios, solo busca transmitir conocimientos técnicos y productivos que permitan engordar el Capital, a la vez que mercantiliza progresivamente la enseñanza.
· Las leyes electorales y el ejercicio de la política fueron contaminadas en alto grado por el mercantilismo político.
· El consumismo superfluo ha alcanzado niveles alarmantes.
· Los hábitos de consumo cambiaron para peor.
· La estructura social quedó disgregada y trituraron la cultura de solidaridad.
· El egoísmo ha sido inyectado en grandes dosis a la sociedad junto a la ambición por el dinero.
Todas las opresiones y discriminaciones: patriarcado machista, racismo, menosprecio por los niños/as, adolecentes y jóvenes… han sido usadas para el crecimiento de las fortunas y el poder a cargo del gran capital privado y la partidocracia. Y todas las crisis capitalistas son usadas para potenciar esas opresiones
El afán de lucro por vías legales e ilegales se disparó.
La corrupción se expandió en partidos, Estado, gobierno y en no pocas empresas privadas; siempre protegida por un régimen de impunidad.
Las desigualdades crecen y los de arriba se tornan cada vez más autoritarios, insensibles y deshumanizados; más propensos a considerar los cargos públicos, las finanzas del Estado, el patrimonio natural del país y los partidos políticos como patrimonio propio o de sus empresas y negocios.
Así se ha creado una asociación mafiosa entre la partidocracia, altos funcionarios, representantes del gran capital privado y políticos enriquecidos al vapor.
Y a consecuencia de esa perversa dinámica en la acumulación de riquezas y poder, la salud pública, la seguridad social, la educación, el régimen alimenticio, la seguridad ciudadana, las relaciones hombre-mujer, adultos machos-jóvenes y envejecientes, democracia-despotismo y, en fin, las condiciones de existencia del pueblo dominicano, se empeoran más de lo que estaban, empobreciendo enormes contingentes humanos.
El modelo de crecimiento del capitalismo -aun mostrando grados de acumulación y modernización superiores a los que precedieron la restructuración neoliberal- ha profundizado la crisis en todas las vertientes de nuestra existencia como pueblo, conformando una gran crisis múltiple: económica, social, ambiental, urbanística, moral y político institucional.
Además, la fragilidad de un crecimiento basado fundamentalmente en turismo, zonas francas, remesas, endeudamiento externo y dinero del lavado de la corrupción y la narco-corrupción, no ha tardado en evidenciarse y exhibir tendencias al desplome.
Hasta aquí los antecedentes más degradantes generados por esta dominación insoportable, a los que se le ha sumado la estremecedora invasión y propagación del COVID 19; propagación facilitada por la irresponsabilidad de los auspiciadores de las recién realizadas votaciones municipales, en medio de la pandemia y evidentes sus primeras señales en el territorio nacional.
De esa manera la crisis acumulada en las últimas décadas le creó las condiciones al Nuevo Corona Virus para generar una nueva y peligrosa fase de la crisis de salud, y precipitando de paso el desplome de la economía, afectando la mayoría de las fuentes del cacareado crecimiento y situando a nuestro país entre los peores impactados por la pandemia y entre los más incapacitados para detener la cadena de muertes y sufrimientos, la depresión económica y la hambruna que se avecina.
¡Que un virus, por contaminante y mortífero que sea, provoque este desastre, indica lo mal que ha sido gobernada esta sociedad!
· ¿QUÉ HACER? ¿CÓMO ACTUAR?
El Movimiento Caamañista-MC, en tan difíciles circunstancias tiene una enorme responsabilidad y un ineludible desafío, solo posible de abordar desde la firmeza, el espíritu subversivo y la creatividad teórica y política. Dispuesto a asumir ese compromiso junto a la IZQUIERDA REVOLUCIONARIA-IR, MANDO y todas las fuerzas políticas y sociales realmente transformadoras.
Estos conmovedores acontecimientos refuerzan la idea de que las sociedades capitalistas se están tornando cada vez más invivibles, enemigas de la existencia de los seres humanos en condiciones de salud y dignidad.
Esa realidad, cada vez más perceptible por más sectores, resulta en nuestro caso una oportunidad para sembrar y expandir conciencia política respecto a la necesidad de abolir este sistema, de construir nuevas vanguardias e impulsar las luchas de las fuerzas transformadoras con absoluta independencia de la partidocracia tradicional, del gran capital transnacional y local, y de todos los responsables de este desastre.
Una oportunidad para:
· ¡Sembrar democracia real y soberanía!
· ¡Sembrar anti-capitalismo y antiimperialismo!
· ¡Sembrar y expandir conciencia socialista desde el MC y las izquierdas transformadoras!
Una oportunidad para aprender de las luchas recién libradas: Los Haitises, Loma Miranda, Marcha Verde, Juventud Indignada…
· Para rescatar sus aportes valiosos y aprender de sus limitaciones políticas.
· Para que la lucha y las exigencias contra los efectos agravantes del COVID 19 pueda ser asumida en dirección de generar la capacidad de autoprotección y autodefensa del pueblo trabajador y las capas media.
· Para fortalecer el propósito de echar abajo este régimen, desmontar esta institucionalidad corrompida, tirar al zafacón el modelo neoliberal y abrir el proceso transición hacia una nueva democracia.
· Para descartar conciliaciones, alianzas y blandenguerías con los responsables históricos y actuales de esta crisis.
· BATALLA DE IDEAS.
Mientras perdure el Estado de Emergencia, la imposibilidad de ejercer el derecho de reunión, movilización y rebelión, se impone desplegar la BATALLA DE IDEAS contra la clase dominante-gobernante, junto al análisis de los procesos, investigaciones científicas e impulso de medidas sociales realmente efectivas para detener el avance de la pandemia y revertirla.
En esta dirección presentamos las siguientes exigencias y emplazamientos:
1. Ejecución rápida de la decisión de generalizar en todo el país las pruebas gratuitas de detección del COVID 19, ya que está demostrado que los países que han sido más eficaces en la lucha contra la propagación de la pandemia han sido aquellos que han masificado las pruebas libre de costos.
2. Ampliación al máximo posible y de manera sostenida la cuarentena o recogimiento; asegurando cobertura total de alimentación a los hogares empobrecidos e impulsando alternativas al hacinamiento, la falta de agua y luz.
3. Garantizar de inmediato los medios de protección y mayores incentivos a todo el personal de salud, ampliando sus efectivos con nuevas contrataciones y procurando asesoría especializada, particularmente la cubana.
4. Establecer la absoluta gratuidad de todos los servicios de salud mientras duren los efectos de la pandemia.
5. Apelar a un abanico de tratamientos naturistas y convencionales de comprobada eficacia para reducir al mínimo la mortalidad, subvirtiendo los obstáculos impuestos por el afán de lucro de las corporaciones farmacéuticas.
6. Intervenir con esos fines todas las empresas privadas de la salud (clínicas, laboratorios, farmacias, empresas farmacéuticas, ARS…) a fin de que los servicios y medicamentos tengan precios exclusivamente para compensar costos de operaciones.
7. Prohibición categórica, mientras dure la emergencia, del aprovechamiento del dolor de la sociedad dándole continuidad a una campaña electoral que debe cesar, incluidas sus odiosas prácticas clientelistas disfrazadas de filantropía.
8. Crear el FONDO DE EMERGENCIA ESTATAL-PRIVADO destinado a detener la propagación del COVID 19 y a revertir el nocivo impacto económico de la pandemia en nuestro país; comprometiendo muchos más recursos que los ya anunciados y especializados con esos fines. Establecer mecanismos precisos de control y transparencia en su ejecución.
9. Prohibir tanto los despidos como las suspensiones de trabajadores/as sin sueldos. Garantizar, con ese fondo de emergencia, los salarios completos en todas las empresas paralizadas y semiparalizadas.
10. Proteger mediante exoneraciones temporales de impuestos y facilidades financieras-bancarias a las MyPIMES y a las COOPERATIVAS afectadas por la crisis.
· EL FINANCIAMIENTO EXTRAORDINARIO ES POSIBLE Y HAY QUE EXIGIRLO.
Los recursos necesarios para financiar todo lo relacionado con la situación de emergencia y la cuarentena, pueden proceder de las ganancias y ahorros de los grandes grupos económicos locales y de las transnacionales establecidas en el país (obligándolos a aportar), de la suspensión de los pagos de la deuda pública, externa e interna y la recuperación de fondos robados al Estado claramente identificables.
A eso deben agregársele fondos que se pueden obtenerse con un plan de ahorros y austeridad estatal, reduciendo sueldos de lujo y botellas, anulando el acuerdo de pago de 395 millones con ODEBRECH, reduciendo gastos de publicidad, traspasando partes de la asignaciones de Ministerios y entidades prácticamente paralizadas, recortando drásticamente el presupuesto electoral y las asignaciones a los partidos, especializando una parte de la enorme economía en la factura petrolera y de otras tantas fuentes parecidas.
La no observancia de medidas del tipo de las que estamos exigiendo, la continuidad de la indolencia y la irresponsabilidad gubernamental -mezcladas con nuevas modalidades de corrupción- abrirán paso a la aceleración de la hambruna y al crecimiento de la indignación colectiva.
La imposición de más sacrificios a los pobres y muy pobres, acompañados como ya lo están, de una descarada corruptela oficial en las compras y contrataciones de emergencia, auguran una justificada rebeldía popular e incluso asaltos masivos a establecimiento de expendio de alimentos.
· HACIA EL CAMBIO RADICAL
Mientras perdure este momento excepcional hay que estar alerta y es obligatorio, además de emplazar a quienes detentan el poder, instrumentar de inmediato las nuevas modalidades de comunicación, auto-organización y presión popular que contribuyan a la auto-defensa colectiva de la vida y la salud; siempre teniendo presente la posibilidad de precipitación de estallidos o revueltas sociales de gran envergadura a consecuencia de la desesperación provocada por la indolencia de quienes ejercen el poder y poseen grandes fortunas.
Una vez contenida y revertida la propagación de la infección, en medio de una crisis de legitimidad mayor y de las secuelas de este trauma mundial, se abriría otra fase de la lucha popular, en la que el MC será firme abanderado del desplazamiento de este régimen político y este sistema institucional, a través del ejercicio consecuente la DEMOCRACIA DE CALLE, del despliegue de movilizaciones, protestas y rebeldías populares.
Y frente a las perspectivas de imposibilidad de realización de las elecciones presidenciales y congresuales de mayo próximo y ante las pretensiones del PLD danilista de permanecer en el gobierno, el MC asumirá sin vacilaciones la lucha por el establecimiento de un GOBIERNO PROVISIONAL DE EMERGENCIA, que dé respuesta a la profunda y multifacética crisis heredada de esta conmoción y sus antecedentes.
Asumirá con firmeza renovada todo lo que contribuya al inicio transformaciones estructurales vía UN CAMBIO RADICAL que incluye un PROCESO CONSTITUYENTE con todos sus atributos: ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA por elección y participación popular, NUEVA CONSTITUCIÓN, NUEVA INSTITUCIONALIDAD Y NUEVAS ELECCIONES con nuevas reglas de juego.
Abrazado a los héroes y heroínas de la Patria, en este mes del Abril Heroico, al compas de los latidos del corazón del pueblo y solidarios con todos los pueblos de Nuestra América y del Mundo, seguros de su acompañamiento en medio de crisis parecidas, el Movimiento Caamañista- MC jura dar esta pelea hasta la victoria final.
¡HACIA ATRÁS, JAMAS; HACIA ADELANTE, SIEMPRE!
¡HACIA EL CAMBIO RADICAL!
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?