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Opinión

Enfrentar el agravamiento de la crisis con voluntad de derrotar el COVID-19 y avanzar hacia un cambio radical

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Por Narciso Isa Conde

El impacto de la pandemia del COVID 19 ha desnudado, acelerado y agravado la profunda crisis de decadencia del capitalismo mundial.

Ha operado como un detonante de los ya desacreditados modelos neoliberales, provocando crisis de salud y deterioro económico-social en mayor escala.

Los sistemas públicos de salud y seguridad social, ya degradados por las privatizaciones y el ejercicio de la salud como negocio capitalista, han sido desbordados por el enorme número de personas infectadas.

La incertidumbre, el sufrimiento, la perspectiva de hambruna y la amenaza de muerte se apoderan de los pueblos maltratados por sistemas excluyentes e ineficaces frente a ésta y otras epidemias, incluido el nuestro.

La voracidad capitalista y la corrupción agregada, han provocado una crisis de existencia de la humanidad y una fragilidad de la vida en sociedad de tal profundidad, que cualquier aguacero, huracán, terremoto, tornado, epidemia y pandemia, pueden generar tragedias humanas y sociales tan dramáticas como la actual.

Las causas ya no se pueden ocultar.

El capitalismo crea riquezas generando pobreza social y ecológica.

Su razón de ser no son las necesidades humanas, si no las ganancias.

El GRAN CAPITAL es como una especie de Rey Midas, que en vez de convertir todas las cosas en oro, tiene el maleficio de convertirlas en mercancías, para ser ofertada en el altar del Dios Mercado y ser transmutada en lucro y ganancias privadas colosales de unos pocos.

Bajo esta racionalidad y esta lógica capitalista el neoliberalismo considera mercancías incluso a los seres humanos y sus derechos esenciales, a la Madre Tierra o Casa Común, a todo lo que se llame salud humana y ambiental, educación, alimentación, seguridad social, seguridad ciudadana, igualdad de género y ejercicio político.

Pervierte todo.

Convierte todo en negocio y fuente de lucro.

Exalta el yo y procura matar el nosotros/as.

Ataca a muerte la solidaridad humana.

El imperialismo ejecuta todo tipo de guerra sucia: económica, militar, cibernética, química, bacteriológica, viral, mediática… Pentagoniza y gansteriza la política exterior

· Aquellos vientos trajeron estos huracanes.

En ese contexto mundial la República Dominicana, subordinada a EE.UU, no solo no podía ser excepción, sino que se ha constituido en una muestra de altísima de degradación de la clase dominante-gobernante y un país con condiciones estructurales de altos riesgos y enorme vulnerabilidad frente a fenómenos naturales, epidemias y a pandemias como la del COVID 19 en expansión.

Las recetas neoliberales dejaron la economía y los servicios sociales a la deriva de un supuesto libre mercado controlado por las transnacionales y las grandes empresas capitalistas locales.

Durante años los diferentes gobiernos en RD han aplicado las políticas neoliberales privatizando servicios y empresas estatales.

Este accionar y pensamiento ideológico dio aquí el gran salto con la Constitución del 2010. El capitalismo neoliberal adquirió así rango constitucional e infectó todo el marco jurídico, económico y legislativo que rige el funcionamiento del Estado y la sociedad.

Todo esto se ha traducido en las siguientes realidades:

· Las leyes de salud y seguridad social, junto a todas las políticas públicas correspondientes, fomentan el lucro privado en lugar del bienestar colectivo.

· El sistema educativo, público y privado, fue Impregnado de una visión mercantilista, que en vez de formar seres humanos libres y solidarios, solo busca transmitir conocimientos técnicos y productivos que permitan engordar el Capital, a la vez que mercantiliza progresivamente la enseñanza.

· Las leyes electorales y el ejercicio de la política fueron contaminadas en alto grado por el mercantilismo político.

· El consumismo superfluo ha alcanzado niveles alarmantes.

· Los hábitos de consumo cambiaron para peor.

· La estructura social quedó disgregada y trituraron la cultura de solidaridad.

· El egoísmo ha sido inyectado en grandes dosis a la sociedad junto a la ambición por el dinero.

Todas las opresiones y discriminaciones: patriarcado machista, racismo, menosprecio por los niños/as, adolecentes y jóvenes… han sido usadas para el crecimiento de las fortunas y el poder a cargo del gran capital privado y la partidocracia. Y todas las crisis capitalistas son usadas para potenciar esas opresiones

El afán de lucro por vías legales e ilegales se disparó.

La corrupción se expandió en partidos, Estado, gobierno y en no pocas empresas privadas; siempre protegida por un régimen de impunidad.

Las desigualdades crecen y los de arriba se tornan cada vez más autoritarios, insensibles y deshumanizados; más propensos a considerar los cargos públicos, las finanzas del Estado, el patrimonio natural del país y los partidos políticos como patrimonio propio o de sus empresas y negocios.

Así se ha creado una asociación mafiosa entre la partidocracia, altos funcionarios, representantes del gran capital privado y políticos enriquecidos al vapor.

Y a consecuencia de esa perversa dinámica en la acumulación de riquezas y poder, la salud pública, la seguridad social, la educación, el régimen alimenticio, la seguridad ciudadana, las relaciones hombre-mujer, adultos machos-jóvenes y envejecientes, democracia-despotismo y, en fin, las condiciones de existencia del pueblo dominicano, se empeoran más de lo que estaban, empobreciendo enormes contingentes humanos.

El modelo de crecimiento del capitalismo -aun mostrando grados de acumulación y modernización superiores a los que precedieron la restructuración neoliberal- ha profundizado la crisis en todas las vertientes de nuestra existencia como pueblo, conformando una gran crisis múltiple: económica, social, ambiental, urbanística, moral y político institucional.

Además, la fragilidad de un crecimiento basado fundamentalmente en turismo, zonas francas, remesas, endeudamiento externo y dinero del lavado de la corrupción y la narco-corrupción, no ha tardado en evidenciarse y exhibir tendencias al desplome.

Hasta aquí los antecedentes más degradantes generados por esta dominación insoportable, a los que se le ha sumado la estremecedora invasión y propagación del COVID 19; propagación facilitada por la irresponsabilidad de los auspiciadores de las recién realizadas votaciones municipales, en medio de la pandemia y evidentes sus primeras señales en el territorio nacional.

De esa manera la crisis acumulada en las últimas décadas le creó las condiciones al Nuevo Corona Virus para generar una nueva y peligrosa fase de la crisis de salud, y precipitando de paso el desplome de la economía, afectando la mayoría de las fuentes del cacareado crecimiento y situando a nuestro país entre los peores impactados por la pandemia y entre los más incapacitados para detener la cadena de muertes y sufrimientos, la depresión económica y la hambruna que se avecina.

¡Que un virus, por contaminante y mortífero que sea, provoque este desastre, indica lo mal que ha sido gobernada esta sociedad!

· ¿QUÉ HACER? ¿CÓMO ACTUAR?

El Movimiento Caamañista-MC, en tan difíciles circunstancias tiene una enorme responsabilidad y un ineludible desafío, solo posible de abordar desde la firmeza, el espíritu subversivo y la creatividad teórica y política. Dispuesto a asumir ese compromiso junto a la IZQUIERDA REVOLUCIONARIA-IR, MANDO y todas las fuerzas políticas y sociales realmente transformadoras.

Estos conmovedores acontecimientos refuerzan la idea de que las sociedades capitalistas se están tornando cada vez más invivibles, enemigas de la existencia de los seres humanos en condiciones de salud y dignidad.

Esa realidad, cada vez más perceptible por más sectores, resulta en nuestro caso una oportunidad para sembrar y expandir conciencia política respecto a la necesidad de abolir este sistema, de construir nuevas vanguardias e impulsar las luchas de las fuerzas transformadoras con absoluta independencia de la partidocracia tradicional, del gran capital transnacional y local, y de todos los responsables de este desastre.

Una oportunidad para:

· ¡Sembrar democracia real y soberanía!

· ¡Sembrar anti-capitalismo y antiimperialismo!

· ¡Sembrar y expandir conciencia socialista desde el MC y las izquierdas transformadoras!

Una oportunidad para aprender de las luchas recién libradas: Los Haitises, Loma Miranda, Marcha Verde, Juventud Indignada…

· Para rescatar sus aportes valiosos y aprender de sus limitaciones políticas.

· Para que la lucha y las exigencias contra los efectos agravantes del COVID 19 pueda ser asumida en dirección de generar la capacidad de autoprotección y autodefensa del pueblo trabajador y las capas media.

· Para fortalecer el propósito de echar abajo este régimen, desmontar esta institucionalidad corrompida, tirar al zafacón el modelo neoliberal y abrir el proceso transición hacia una nueva democracia.

· Para descartar conciliaciones, alianzas y blandenguerías con los responsables históricos y actuales de esta crisis.

· BATALLA DE IDEAS.

Mientras perdure el Estado de Emergencia, la imposibilidad de ejercer el derecho de reunión, movilización y rebelión, se impone desplegar la BATALLA DE IDEAS contra la clase dominante-gobernante, junto al análisis de los procesos, investigaciones científicas e impulso de medidas sociales realmente efectivas para detener el avance de la pandemia y revertirla.

En esta dirección presentamos las siguientes exigencias y emplazamientos:

1. Ejecución rápida de la decisión de generalizar en todo el país las pruebas gratuitas de detección del COVID 19, ya que está demostrado que los países que han sido más eficaces en la lucha contra la propagación de la pandemia han sido aquellos que han masificado las pruebas libre de costos.

2. Ampliación al máximo posible y de manera sostenida la cuarentena o recogimiento; asegurando cobertura total de alimentación a los hogares empobrecidos e impulsando alternativas al hacinamiento, la falta de agua y luz.

3. Garantizar de inmediato los medios de protección y mayores incentivos a todo el personal de salud, ampliando sus efectivos con nuevas contrataciones y procurando asesoría especializada, particularmente la cubana.

4. Establecer la absoluta gratuidad de todos los servicios de salud mientras duren los efectos de la pandemia.

5. Apelar a un abanico de tratamientos naturistas y convencionales de comprobada eficacia para reducir al mínimo la mortalidad, subvirtiendo los obstáculos impuestos por el afán de lucro de las corporaciones farmacéuticas.

6. Intervenir con esos fines todas las empresas privadas de la salud (clínicas, laboratorios, farmacias, empresas farmacéuticas, ARS…) a fin de que los servicios y medicamentos tengan precios exclusivamente para compensar costos de operaciones.

7. Prohibición categórica, mientras dure la emergencia, del aprovechamiento del dolor de la sociedad dándole continuidad a una campaña electoral que debe cesar, incluidas sus odiosas prácticas clientelistas disfrazadas de filantropía.

8. Crear el FONDO DE EMERGENCIA ESTATAL-PRIVADO destinado a detener la propagación del COVID 19 y a revertir el nocivo impacto económico de la pandemia en nuestro país; comprometiendo muchos más recursos que los ya anunciados y especializados con esos fines. Establecer mecanismos precisos de control y transparencia en su ejecución.

9. Prohibir tanto los despidos como las suspensiones de trabajadores/as sin sueldos. Garantizar, con ese fondo de emergencia, los salarios completos en todas las empresas paralizadas y semiparalizadas.

10. Proteger mediante exoneraciones temporales de impuestos y facilidades financieras-bancarias a las MyPIMES y a las COOPERATIVAS afectadas por la crisis.

· EL FINANCIAMIENTO EXTRAORDINARIO ES POSIBLE Y HAY QUE EXIGIRLO.

Los recursos necesarios para financiar todo lo relacionado con la situación de emergencia y la cuarentena, pueden proceder de las ganancias y ahorros de los grandes grupos económicos locales y de las transnacionales establecidas en el país (obligándolos a aportar), de la suspensión de los pagos de la deuda pública, externa e interna y la recuperación de fondos robados al Estado claramente identificables.

A eso deben agregársele fondos que se pueden obtenerse con un plan de ahorros y austeridad estatal, reduciendo sueldos de lujo y botellas, anulando el acuerdo de pago de 395 millones con ODEBRECH, reduciendo gastos de publicidad, traspasando partes de la asignaciones de Ministerios y entidades prácticamente paralizadas, recortando drásticamente el presupuesto electoral y las asignaciones a los partidos, especializando una parte de la enorme economía en la factura petrolera y de otras tantas fuentes parecidas.

La no observancia de medidas del tipo de las que estamos exigiendo, la continuidad de la indolencia y la irresponsabilidad gubernamental -mezcladas con nuevas modalidades de corrupción- abrirán paso a la aceleración de la hambruna y al crecimiento de la indignación colectiva.

La imposición de más sacrificios a los pobres y muy pobres, acompañados como ya lo están, de una descarada corruptela oficial en las compras y contrataciones de emergencia, auguran una justificada rebeldía popular e incluso asaltos masivos a establecimiento de expendio de alimentos.

· HACIA EL CAMBIO RADICAL

Mientras perdure este momento excepcional hay que estar alerta y es obligatorio, además de emplazar a quienes detentan el poder, instrumentar de inmediato las nuevas modalidades de comunicación, auto-organización y presión popular que contribuyan a la auto-defensa colectiva de la vida y la salud; siempre teniendo presente la posibilidad de precipitación de estallidos o revueltas sociales de gran envergadura a consecuencia de la desesperación provocada por la indolencia de quienes ejercen el poder y poseen grandes fortunas.

Una vez contenida y revertida la propagación de la infección, en medio de una crisis de legitimidad mayor y de las secuelas de este trauma mundial, se abriría otra fase de la lucha popular, en la que el MC será firme abanderado del desplazamiento de este régimen político y este sistema institucional, a través del ejercicio consecuente la DEMOCRACIA DE CALLE, del despliegue de movilizaciones, protestas y rebeldías populares.

Y frente a las perspectivas de imposibilidad de realización de las elecciones presidenciales y congresuales de mayo próximo y ante las pretensiones del PLD danilista de permanecer en el gobierno, el MC asumirá sin vacilaciones la lucha por el establecimiento de un GOBIERNO PROVISIONAL DE EMERGENCIA, que dé respuesta a la profunda y multifacética crisis heredada de esta conmoción y sus antecedentes.

Asumirá con firmeza renovada todo lo que contribuya al inicio transformaciones estructurales vía UN CAMBIO RADICAL que incluye un PROCESO CONSTITUYENTE con todos sus atributos: ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA por elección y participación popular, NUEVA CONSTITUCIÓN, NUEVA INSTITUCIONALIDAD Y NUEVAS ELECCIONES con nuevas reglas de juego.

Abrazado a los héroes y heroínas de la Patria, en este mes del Abril Heroico, al compas de los latidos del corazón del pueblo y solidarios con todos los pueblos de Nuestra América y del Mundo, seguros de su acompañamiento en medio de crisis parecidas, el Movimiento Caamañista- MC jura dar esta pelea hasta la victoria final.

¡HACIA ATRÁS, JAMAS; HACIA ADELANTE, SIEMPRE!

¡HACIA EL CAMBIO RADICAL!

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Opinión

Investigación  y  enjuiciamiento de la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Diaz

El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una  investigación  a menos  que determine que no existe fundamento razonable para proceder a  ella  con arreglo en cuenta las  siguientes  circunstancias:

  1. a)La información de que dispone constituye  fundamento razonable para creer que se ha cometido  o se está  cometiendo un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional;
  2. b)La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma;
  3. c)Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.

El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación se basará únicamente en lo señalado anteriormente, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.

Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento ya que:

  1. a)No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58 del Estatuto de Roma;
  2. b)La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma ; o
  3. c)El enjuiciamiento no redundaría  en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen, notificará su conclusión  motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad  con el artículo 14 del Estatuto  o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto  en el artículo 13 del Estatuto de Roma.

Por otro lado, a petición  del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 del Estatuto de Roma o del Consejo de Seguridad de conformidad con el artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar  la decisión  del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con  este mismo artículo  y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión.

Además la Sala de Cuestiones Preliminares  podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación  si dicha decisión se basará únicamente en el párrafo 1 c) o  2 c)  del artículo 13 del Estatuto de Roma. En este caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.

Finalmente, el Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.

rommelsantosdiaz@gmail.com

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Opinión

El país que crece mientras se despoja

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Por Isaías Ramos

Mil doscientos millones de pesos para señalización turística. A la vez, se denuncian escuelas de jornada extendida con carencias de agua, baños, aulas, comedores y espacios adecuados.

No son partidas presupuestarias jurídicamente intercambiables. Pero sí revelan algo más profundo: qué problemas reciben recursos y urgencia del Estado, y cuáles continúan esperando.

La pregunta es inevitable:

¿Para quién está funcionando nuestro crecimiento?

La República Dominicana ha crecido. Negarlo sería absurdo. Han aumentado el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones y el PIB. Pero durante más de tres décadas hemos confundido crecimiento con desarrollo, como si una cifra macroeconómica pudiera sustituir el bienestar de una familia.

Nuestra Constitución establece otra jerarquía. El artículo 8 dispone que la función esencial del Estado es proteger los derechos de la persona, respetar su dignidad y procurar su desarrollo dentro de un marco de justicia social y bienestar general. El artículo 217 ordena orientar el régimen económico hacia el desarrollo humano.

La Constitución no coloca al ciudadano al servicio de la economía. Coloca la economía al servicio del ciudadano.

El crecimiento es un medio, no el fin de la República. Podemos exhibir excelentes indicadores mientras demasiados dominicanos compran agua, pagan de su bolsillo educación y salud y viven en comunidades donde el progreso parece pasar de largo.

El modelo ha consolidado rasgos de rentismo, extractivismo y exclusión. Extraemos minerales, pero también obtenemos rentas del agua, las costas, el suelo y el paisaje. Facilitamos inversiones, concedemos incentivos y construimos infraestructura pública. Eso puede ser legítimo y necesario. La pregunta es qué recibe la nación a cambio.

Las playas muestran esa contradicción con claridad. El artículo 15 de la Constitución las reconoce como bienes de dominio público y de libre acceso. Sin embargo, en distintos lugares el ciudadano encuentra dificultades para acceder a costas rodeadas por proyectos que monetizan aquello que pertenece a todos.

La empresa construyó el hotel.

Pero no construyó el mar.

No creó la playa.

No produjo el paisaje.

Cuando un bien natural colectivo se convierte de hecho en atributo de exclusividad comercial, debemos preguntar quién captura la renta, quién asume los costos y qué pierde la nación.

El turismo no es enemigo del país. La empresa privada tampoco. Necesitamos inversión que genere empleos dignos, fortalezca proveedores nacionales, contribuya fiscalmente, transfiera conocimientos, respete el medioambiente y deje comunidades más prósperas.

No queremos menos crecimiento. Queremos crecimiento que produzca desarrollo.

No queremos menos inversión. Queremos inversión que fortalezca a la nación que la hace posible.

No todo incremento del PIB equivale a mayor bienestar ni necesariamente a mayor riqueza nacional neta. Si al crecer agotamos acuíferos, degradamos costas, acumulamos pasivos ambientales o convertimos privilegios temporales en derechos permanentes, podemos contabilizar como progreso la pérdida de nuestro patrimonio. Ninguna nación puede llamar desarrollo a aquello que mejora las cuentas de esta generación a costa de la siguiente.

El Estado no está ausente. Está selectivamente presente.

Construye carreteras, facilita inversiones, protege propiedades, concede incentivos y promueve destinos. Y debe hacerlo. El problema es que demasiadas veces no muestra la misma eficacia y urgencia para garantizar agua potable, educación, salud, seguridad, saneamiento y servicios públicos dignos.

Ese desequilibrio erosiona la esencia del Estado social y democrático de derecho.

No necesitamos escoger entre empresa y pueblo, ni entre inversión y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. Debemos medir el éxito nacional no solo por cuánto crece la economía, sino por cómo crece, quién recibe sus beneficios, quién asume sus costos y qué deja en el país.

Eso exige proteger el acceso público a los bienes comunes; condicionar los incentivos fiscales a resultados verificables; incorporar los costos ambientales; promover empleo formal, encadenamientos productivos y contribución fiscal; y someter las grandes decisiones al interés general.

Pero la transformación no corresponde únicamente al Estado. Requiere ciudadanos dispuestos a vigilar, participar, exigir cuentas y defender aquello que pertenece a todos.

La República Dominicana necesita más que corregir políticas aisladas. Necesita un proyecto de nación capaz de unificar esfuerzos, ordenar prioridades y fijar metas para saldar una deuda social acumulada durante décadas: un proyecto que convierta crecimiento en desarrollo, desarrollo en derechos y derechos en oportunidades reales.

Ese proyecto no supone renunciar al turismo, al capital ni a empresas prósperas. Supone ponerlos al servicio de algo superior: una economía al servicio de una nación.

Debemos reconocer una verdad incómoda: hemos sido mucho más persistentes construyendo crecimiento que construyendo desarrollo.

Es tiempo de recuperar la jerarquía constitucional:

Primero la persona.

Primero su dignidad.

Primero el bien común.

Y entonces el mercado, la inversión y el crecimiento como instrumentos para alcanzarlos.

Al final, la historia no nos preguntará cuánto creció la economía. Nos preguntará qué país dejamos.

Entonces tendremos que responder:

¿De qué sirvió crecer si, mientras crecíamos, fuimos perdiendo aquello que pertenecía a todos?

Ante esa pregunta, la indiferencia no debe ser una opción.

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Opinión

Ganaba 100 pesos mensuales (1973-76) y me sobraba dinero

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Por Oscar López Reyes

En 1976, en Barahona yo ganaba 100 pesos mensuales en dos trabajos –en el gobierno y en un medio de comunicación- cubría holgadamente los gastos de mi recién formada familia de cuatro miembros, y me sobraba dinero. Caminaba las calles del pueblo como un privilegiado, sin deudas ni estrés. Dormía como un lirón por el estilo de vida sobrio y albergaba una gran esperanza en el futuro.

Como en la mayoría de las casas, en la mía no había televisión, teléfono, nevera, aire acondicionado y mucho menos un vehículo de motor. Tampoco estufa, licuadora, inversor ni botellones de agua, porque por una tubería llegaba sin pagar un solo centavo, igual que la basura, y se pagaban chelitos por el consumo de luz. En el liceo no se cobraba.

En los patios de las dos casas alquiladas donde vivía, en las céntricas calles Colón casi esquina Duvergé y Jaime Mota casi esquina José María Cabral, había frondosos árboles de mangos y limoncillos (quenepas), y en la última anafres (hornillos para cocinar con carbón) y una letrina surtida con periódicos y fundas de papel –provenientes de colmados- para el aseo defecatorio.

Esos pliegos sanitarios representaban una muestra de progreso, porque en las afueras de la ciudad y en las lomas, como Chene, en Enriquillo, para la limpieza tras las necesidades fisiológicas se acudía, en los montes, a piedras, hojas verdes, tusas de maíz y troncos leñosos -en forma giratoria- que se ramificaban desde el suelo.

Entre 1973-1976 en colmados y almacenes –no existían supermercados- se compraban menos de 20 productos hogareños, con precios establecidos por la Dirección General de Control de Precios. Una libra de arroz costaba 8 centavos, una libra de habichuelas 7 centavos, una libra de azúcar 4 cheles, una libra de carne 10 cheles y una botella de aceite comestible valía 30 centavos.

A primera hora de la mañana y en la tardecita se vendía a 8 y 10 cheles una botella o litro de leche de vaca, bien pura, acabada de llegar en bidones desde fincas ganaderas de Amador Pons, Sarita Báez, Buchinche Pérez Espinosa, los hermanos Milongo y Napó (Napoleón) Pérez, los hermanos Dámaso y Zulema López (mis tíos) y otros.

Los gastos eran restringidos, y los regalos escasos, porque muy pocos celebraban cumpleaños o visitaban restaurantes. Predominaba el consumo de helados, principalmente los domingos, antes y después de las retretas del Parque Central.

Esos precios son recordados por mercaderes y amas de casa de la época, debido a que no existían estadísticas de la canasta básica de consumo en pesos dominicanos, en virtud de que, justamente en 1976, el Banco Central fue cuando inició la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH).

A la postre, la compra alimenticia mensual para ocho personas –porque había que separar manjares para los vecinos más cercanos y los padres de los esposos- ascendía a menos de 20 pesos mensuales. Otros gastos: Un par de zapatos de la fábrica gubernamental Fac Doc costaba 4 pesos, y cuando al prestamista “Viste Encuero”, muy conocido en el mercado público y los predios judiciales de Barahona, los días 25 –fecha de pago en el gobierno- le avanzaban 50 centavos de un crédito de 7 pesos, los aceptaba gustosamente.

En esos años, el peso dominicano tenía una paridad con el dólar estadounidense, o sea, uno por uno. Para las transacciones cotidianas, junto a las monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, la de un centavo circuló hasta 1987, con la efigie de Caonabo, cuyo poder adquisitivo fue anulado por la inflación, aunque no se conoce la emisión de una resolución definitiva del Banco Central que la despoje de su poder liberatorio.

Aquellos conmemorados, bien recordados y limpiecitos 100 pesos mensuales: 60 de la Corte de Apelación (no se registraba ninguna deducción de impuestos sobre la renta ni de seguridad social) y 40 pesos de Radio Barahona equivalen, a junio de 2026, a 125 mil 898 pesos con 56 centavos nominales, calculando el Índice de Precios al Consumidor, año por año, el valor del capital y el efecto inflacionario. A este último salario, la Dirección General de Impuestos Internos le reduce a 98 mil 400 pesos con 44 centavos, porque se le aplica un descuento de 27 mil 498 pesos con 12 por aportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).

¡Ah, consumismo y lujos!

¡Uy, prima del dólar!

¡Guau, globalización!

Entre 1973 y 1976 yo andaba despacio, a pie, relax y divertido, de un sitio a otro por las calles de Barahona como un afortunado, porque en la Corte de Apelación (juicios penales y civiles) me desempeñaba como mecanógrafo y mensajero ocasional, ya que estaba responsabilizado de buscar, el 25 de cada mes en las oficinas de Correo, los cheques de los jueces Federico Neftalio Cuello López (Nene), Doro Buenaventura Vásquez, Máximo Deñó, Rafael Dotel Recio y David Vicente Vidal Matos, y el procurador general de ese tribunal, Secundino Gómez Pérez (Jumito), máximas autoridades judiciales de la provincia.

El día 25, los magistrados arribaban a la Corte más temprano que nunca, caminando desde sus casas, sin parafernalias. Recuerdo cuando los secretarios de la Corte, Rafael Alfredo Pérez Rocha (Fellito Tinina), y la Procuraduría, Alejandro Rocha Peña (Mingolito), les entregaban a los jueces los emolumentos que devengaban: unos 250 pesos. Fungían como alguaciles Rafael Matos (Alito), Ignacio Mota y Luis Marino Arias. De unos 20 empleados de ese tribunal, solo sobreviven este último, hoy notario público; el extogado David Vidal, la entonces escribiente Teresa Peña y este servidor.

Yo era el menor de edad y el de más bajo salario: 60 pesos mensuales, el mínimo estatal, y cumplía el horario de 7:30 a.m. a 1:30 p. m. En la segunda jornada laboraba, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, como secretario auxiliar de Rodolfo Z. Lama Jaar, propietario de Radio Barahona, Radio Pedernales, Radio Jimaní y Radio Neyba. Redactaba cartas, anuncios y notas luctuosas, nutrido por mis primeras prácticas escriturales en los clubes culturales y en los murales de la Juventud Comunista (Pacoredo) del liceo secundario Federico Henríquez y Carvajal.

El 11 de febrero de 2026 -justo 50 años después, porque ingresé en el citado mes- volví a las oficinas de la Corte de Apelación de Barahona y la nostalgia me envolvió con los cambios experimentados: existía uno que otro escritorio de caoba, pero ni en sombra las máquinas mecánicas Olympia, Olivetti y Remington, y prácticamente todos los jueces y empleados de 1973-1976 viajaron a un espacio inhóspito. El salario mínimo es de 20 mil 500 pesos y los titulares de Corte de Apelación ganan desde 260 mil 859 hasta más de 362 mil 304 pesos.

Albricias: Aparecieron los datos de mi ingreso al Poder Judicial, y me expidieron la certificación pertinente. El juez presidente de la Cámara Penal de la Corte y juez coordinador del Departamento Judicial (Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia), Joselín Moreta Carrasco, me dispensó la más esplendorosa atención. Lo que no dijo el texto fue que fui cancelado -el más próspero premio de mi vida, porque tuve que emigrar forzosamente a Santo Domingo- por negarme a ingresar al Partido Reformista del gobernante presidente Joaquín Balaguer. ¡Qué vida Balaguer!

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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.

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