Opinión
Enfrentar el agravamiento de la crisis con voluntad de derrotar el COVID-19 y avanzar hacia un cambio radical
Por Narciso Isa Conde
El impacto de la pandemia del COVID 19 ha desnudado, acelerado y agravado la profunda crisis de decadencia del capitalismo mundial.
Ha operado como un detonante de los ya desacreditados modelos neoliberales, provocando crisis de salud y deterioro económico-social en mayor escala.
Los sistemas públicos de salud y seguridad social, ya degradados por las privatizaciones y el ejercicio de la salud como negocio capitalista, han sido desbordados por el enorme número de personas infectadas.
La incertidumbre, el sufrimiento, la perspectiva de hambruna y la amenaza de muerte se apoderan de los pueblos maltratados por sistemas excluyentes e ineficaces frente a ésta y otras epidemias, incluido el nuestro.
La voracidad capitalista y la corrupción agregada, han provocado una crisis de existencia de la humanidad y una fragilidad de la vida en sociedad de tal profundidad, que cualquier aguacero, huracán, terremoto, tornado, epidemia y pandemia, pueden generar tragedias humanas y sociales tan dramáticas como la actual.
Las causas ya no se pueden ocultar.
El capitalismo crea riquezas generando pobreza social y ecológica.
Su razón de ser no son las necesidades humanas, si no las ganancias.
El GRAN CAPITAL es como una especie de Rey Midas, que en vez de convertir todas las cosas en oro, tiene el maleficio de convertirlas en mercancías, para ser ofertada en el altar del Dios Mercado y ser transmutada en lucro y ganancias privadas colosales de unos pocos.
Bajo esta racionalidad y esta lógica capitalista el neoliberalismo considera mercancías incluso a los seres humanos y sus derechos esenciales, a la Madre Tierra o Casa Común, a todo lo que se llame salud humana y ambiental, educación, alimentación, seguridad social, seguridad ciudadana, igualdad de género y ejercicio político.
Pervierte todo.
Convierte todo en negocio y fuente de lucro.
Exalta el yo y procura matar el nosotros/as.
Ataca a muerte la solidaridad humana.
El imperialismo ejecuta todo tipo de guerra sucia: económica, militar, cibernética, química, bacteriológica, viral, mediática… Pentagoniza y gansteriza la política exterior
· Aquellos vientos trajeron estos huracanes.
En ese contexto mundial la República Dominicana, subordinada a EE.UU, no solo no podía ser excepción, sino que se ha constituido en una muestra de altísima de degradación de la clase dominante-gobernante y un país con condiciones estructurales de altos riesgos y enorme vulnerabilidad frente a fenómenos naturales, epidemias y a pandemias como la del COVID 19 en expansión.
Las recetas neoliberales dejaron la economía y los servicios sociales a la deriva de un supuesto libre mercado controlado por las transnacionales y las grandes empresas capitalistas locales.
Durante años los diferentes gobiernos en RD han aplicado las políticas neoliberales privatizando servicios y empresas estatales.
Este accionar y pensamiento ideológico dio aquí el gran salto con la Constitución del 2010. El capitalismo neoliberal adquirió así rango constitucional e infectó todo el marco jurídico, económico y legislativo que rige el funcionamiento del Estado y la sociedad.
Todo esto se ha traducido en las siguientes realidades:
· Las leyes de salud y seguridad social, junto a todas las políticas públicas correspondientes, fomentan el lucro privado en lugar del bienestar colectivo.
· El sistema educativo, público y privado, fue Impregnado de una visión mercantilista, que en vez de formar seres humanos libres y solidarios, solo busca transmitir conocimientos técnicos y productivos que permitan engordar el Capital, a la vez que mercantiliza progresivamente la enseñanza.
· Las leyes electorales y el ejercicio de la política fueron contaminadas en alto grado por el mercantilismo político.
· El consumismo superfluo ha alcanzado niveles alarmantes.
· Los hábitos de consumo cambiaron para peor.
· La estructura social quedó disgregada y trituraron la cultura de solidaridad.
· El egoísmo ha sido inyectado en grandes dosis a la sociedad junto a la ambición por el dinero.
Todas las opresiones y discriminaciones: patriarcado machista, racismo, menosprecio por los niños/as, adolecentes y jóvenes… han sido usadas para el crecimiento de las fortunas y el poder a cargo del gran capital privado y la partidocracia. Y todas las crisis capitalistas son usadas para potenciar esas opresiones
El afán de lucro por vías legales e ilegales se disparó.
La corrupción se expandió en partidos, Estado, gobierno y en no pocas empresas privadas; siempre protegida por un régimen de impunidad.
Las desigualdades crecen y los de arriba se tornan cada vez más autoritarios, insensibles y deshumanizados; más propensos a considerar los cargos públicos, las finanzas del Estado, el patrimonio natural del país y los partidos políticos como patrimonio propio o de sus empresas y negocios.
Así se ha creado una asociación mafiosa entre la partidocracia, altos funcionarios, representantes del gran capital privado y políticos enriquecidos al vapor.
Y a consecuencia de esa perversa dinámica en la acumulación de riquezas y poder, la salud pública, la seguridad social, la educación, el régimen alimenticio, la seguridad ciudadana, las relaciones hombre-mujer, adultos machos-jóvenes y envejecientes, democracia-despotismo y, en fin, las condiciones de existencia del pueblo dominicano, se empeoran más de lo que estaban, empobreciendo enormes contingentes humanos.
El modelo de crecimiento del capitalismo -aun mostrando grados de acumulación y modernización superiores a los que precedieron la restructuración neoliberal- ha profundizado la crisis en todas las vertientes de nuestra existencia como pueblo, conformando una gran crisis múltiple: económica, social, ambiental, urbanística, moral y político institucional.
Además, la fragilidad de un crecimiento basado fundamentalmente en turismo, zonas francas, remesas, endeudamiento externo y dinero del lavado de la corrupción y la narco-corrupción, no ha tardado en evidenciarse y exhibir tendencias al desplome.
Hasta aquí los antecedentes más degradantes generados por esta dominación insoportable, a los que se le ha sumado la estremecedora invasión y propagación del COVID 19; propagación facilitada por la irresponsabilidad de los auspiciadores de las recién realizadas votaciones municipales, en medio de la pandemia y evidentes sus primeras señales en el territorio nacional.
De esa manera la crisis acumulada en las últimas décadas le creó las condiciones al Nuevo Corona Virus para generar una nueva y peligrosa fase de la crisis de salud, y precipitando de paso el desplome de la economía, afectando la mayoría de las fuentes del cacareado crecimiento y situando a nuestro país entre los peores impactados por la pandemia y entre los más incapacitados para detener la cadena de muertes y sufrimientos, la depresión económica y la hambruna que se avecina.
¡Que un virus, por contaminante y mortífero que sea, provoque este desastre, indica lo mal que ha sido gobernada esta sociedad!
· ¿QUÉ HACER? ¿CÓMO ACTUAR?
El Movimiento Caamañista-MC, en tan difíciles circunstancias tiene una enorme responsabilidad y un ineludible desafío, solo posible de abordar desde la firmeza, el espíritu subversivo y la creatividad teórica y política. Dispuesto a asumir ese compromiso junto a la IZQUIERDA REVOLUCIONARIA-IR, MANDO y todas las fuerzas políticas y sociales realmente transformadoras.
Estos conmovedores acontecimientos refuerzan la idea de que las sociedades capitalistas se están tornando cada vez más invivibles, enemigas de la existencia de los seres humanos en condiciones de salud y dignidad.
Esa realidad, cada vez más perceptible por más sectores, resulta en nuestro caso una oportunidad para sembrar y expandir conciencia política respecto a la necesidad de abolir este sistema, de construir nuevas vanguardias e impulsar las luchas de las fuerzas transformadoras con absoluta independencia de la partidocracia tradicional, del gran capital transnacional y local, y de todos los responsables de este desastre.
Una oportunidad para:
· ¡Sembrar democracia real y soberanía!
· ¡Sembrar anti-capitalismo y antiimperialismo!
· ¡Sembrar y expandir conciencia socialista desde el MC y las izquierdas transformadoras!
Una oportunidad para aprender de las luchas recién libradas: Los Haitises, Loma Miranda, Marcha Verde, Juventud Indignada…
· Para rescatar sus aportes valiosos y aprender de sus limitaciones políticas.
· Para que la lucha y las exigencias contra los efectos agravantes del COVID 19 pueda ser asumida en dirección de generar la capacidad de autoprotección y autodefensa del pueblo trabajador y las capas media.
· Para fortalecer el propósito de echar abajo este régimen, desmontar esta institucionalidad corrompida, tirar al zafacón el modelo neoliberal y abrir el proceso transición hacia una nueva democracia.
· Para descartar conciliaciones, alianzas y blandenguerías con los responsables históricos y actuales de esta crisis.
· BATALLA DE IDEAS.
Mientras perdure el Estado de Emergencia, la imposibilidad de ejercer el derecho de reunión, movilización y rebelión, se impone desplegar la BATALLA DE IDEAS contra la clase dominante-gobernante, junto al análisis de los procesos, investigaciones científicas e impulso de medidas sociales realmente efectivas para detener el avance de la pandemia y revertirla.
En esta dirección presentamos las siguientes exigencias y emplazamientos:
1. Ejecución rápida de la decisión de generalizar en todo el país las pruebas gratuitas de detección del COVID 19, ya que está demostrado que los países que han sido más eficaces en la lucha contra la propagación de la pandemia han sido aquellos que han masificado las pruebas libre de costos.
2. Ampliación al máximo posible y de manera sostenida la cuarentena o recogimiento; asegurando cobertura total de alimentación a los hogares empobrecidos e impulsando alternativas al hacinamiento, la falta de agua y luz.
3. Garantizar de inmediato los medios de protección y mayores incentivos a todo el personal de salud, ampliando sus efectivos con nuevas contrataciones y procurando asesoría especializada, particularmente la cubana.
4. Establecer la absoluta gratuidad de todos los servicios de salud mientras duren los efectos de la pandemia.
5. Apelar a un abanico de tratamientos naturistas y convencionales de comprobada eficacia para reducir al mínimo la mortalidad, subvirtiendo los obstáculos impuestos por el afán de lucro de las corporaciones farmacéuticas.
6. Intervenir con esos fines todas las empresas privadas de la salud (clínicas, laboratorios, farmacias, empresas farmacéuticas, ARS…) a fin de que los servicios y medicamentos tengan precios exclusivamente para compensar costos de operaciones.
7. Prohibición categórica, mientras dure la emergencia, del aprovechamiento del dolor de la sociedad dándole continuidad a una campaña electoral que debe cesar, incluidas sus odiosas prácticas clientelistas disfrazadas de filantropía.
8. Crear el FONDO DE EMERGENCIA ESTATAL-PRIVADO destinado a detener la propagación del COVID 19 y a revertir el nocivo impacto económico de la pandemia en nuestro país; comprometiendo muchos más recursos que los ya anunciados y especializados con esos fines. Establecer mecanismos precisos de control y transparencia en su ejecución.
9. Prohibir tanto los despidos como las suspensiones de trabajadores/as sin sueldos. Garantizar, con ese fondo de emergencia, los salarios completos en todas las empresas paralizadas y semiparalizadas.
10. Proteger mediante exoneraciones temporales de impuestos y facilidades financieras-bancarias a las MyPIMES y a las COOPERATIVAS afectadas por la crisis.
· EL FINANCIAMIENTO EXTRAORDINARIO ES POSIBLE Y HAY QUE EXIGIRLO.
Los recursos necesarios para financiar todo lo relacionado con la situación de emergencia y la cuarentena, pueden proceder de las ganancias y ahorros de los grandes grupos económicos locales y de las transnacionales establecidas en el país (obligándolos a aportar), de la suspensión de los pagos de la deuda pública, externa e interna y la recuperación de fondos robados al Estado claramente identificables.
A eso deben agregársele fondos que se pueden obtenerse con un plan de ahorros y austeridad estatal, reduciendo sueldos de lujo y botellas, anulando el acuerdo de pago de 395 millones con ODEBRECH, reduciendo gastos de publicidad, traspasando partes de la asignaciones de Ministerios y entidades prácticamente paralizadas, recortando drásticamente el presupuesto electoral y las asignaciones a los partidos, especializando una parte de la enorme economía en la factura petrolera y de otras tantas fuentes parecidas.
La no observancia de medidas del tipo de las que estamos exigiendo, la continuidad de la indolencia y la irresponsabilidad gubernamental -mezcladas con nuevas modalidades de corrupción- abrirán paso a la aceleración de la hambruna y al crecimiento de la indignación colectiva.
La imposición de más sacrificios a los pobres y muy pobres, acompañados como ya lo están, de una descarada corruptela oficial en las compras y contrataciones de emergencia, auguran una justificada rebeldía popular e incluso asaltos masivos a establecimiento de expendio de alimentos.
· HACIA EL CAMBIO RADICAL
Mientras perdure este momento excepcional hay que estar alerta y es obligatorio, además de emplazar a quienes detentan el poder, instrumentar de inmediato las nuevas modalidades de comunicación, auto-organización y presión popular que contribuyan a la auto-defensa colectiva de la vida y la salud; siempre teniendo presente la posibilidad de precipitación de estallidos o revueltas sociales de gran envergadura a consecuencia de la desesperación provocada por la indolencia de quienes ejercen el poder y poseen grandes fortunas.
Una vez contenida y revertida la propagación de la infección, en medio de una crisis de legitimidad mayor y de las secuelas de este trauma mundial, se abriría otra fase de la lucha popular, en la que el MC será firme abanderado del desplazamiento de este régimen político y este sistema institucional, a través del ejercicio consecuente la DEMOCRACIA DE CALLE, del despliegue de movilizaciones, protestas y rebeldías populares.
Y frente a las perspectivas de imposibilidad de realización de las elecciones presidenciales y congresuales de mayo próximo y ante las pretensiones del PLD danilista de permanecer en el gobierno, el MC asumirá sin vacilaciones la lucha por el establecimiento de un GOBIERNO PROVISIONAL DE EMERGENCIA, que dé respuesta a la profunda y multifacética crisis heredada de esta conmoción y sus antecedentes.
Asumirá con firmeza renovada todo lo que contribuya al inicio transformaciones estructurales vía UN CAMBIO RADICAL que incluye un PROCESO CONSTITUYENTE con todos sus atributos: ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA por elección y participación popular, NUEVA CONSTITUCIÓN, NUEVA INSTITUCIONALIDAD Y NUEVAS ELECCIONES con nuevas reglas de juego.
Abrazado a los héroes y heroínas de la Patria, en este mes del Abril Heroico, al compas de los latidos del corazón del pueblo y solidarios con todos los pueblos de Nuestra América y del Mundo, seguros de su acompañamiento en medio de crisis parecidas, el Movimiento Caamañista- MC jura dar esta pelea hasta la victoria final.
¡HACIA ATRÁS, JAMAS; HACIA ADELANTE, SIEMPRE!
¡HACIA EL CAMBIO RADICAL!
Por José Cabral
Por doquier se escucha la misma queja de que la sociedad dominicana ha desarrollado una cultura del engaño y el fraude.
Este problema tiene necesariamente que generar mucha preocupación y angustia, porque lo que ocurre nadie se atreve a negar que es una amenaza latente en contra de todos y cada uno de los dominicanos.
El país está atrapado por los cuatro puntos cardinales, cuyas consecuencias impactan a los de abajo, los del medio y los de arriba social y económicamente hablando.
Y esto hay que traerlo a colación porque si vamos a los tribunales en busca de justicia es el mismo escenario de la negación de derechos y justificación y estimulación de lo mal hecho.
No importa el circulo en que uno se mueva, el lenguaje es el mismo, la justificación de lo injustificable.
Es una cultura que no es fácil de erradicar, ya que los principales promotores del robo, el fraude e incluso de los asesinatos porque estimulan la vía de hecho, son los tribunales penales.
Son escenarios con un nivel de solemnidad que engañan al más inteligente y bonito, como el debate presidencial, cuyos participantes y aspirantes a dirigir el país, quienes debían estar presos en vez de aparecer por televisión para justificar sus aspiraciones, son los mejores exponentes de la «decencia nacional».
Es “cogío# que estamos, no parece haber escapatorias porque esas conductas los primeros en legitimarlas y justificarlas son los propios ciudadanos, los votantes, los perjudicados con unas acciones que dañan toda la nación.
La verdad que no se ve clara la salida a esta situación que genera una gran incertidumbre, ya que es muy poco lo que sirve.
Haga una reflexión y escoja el escenario que le parezca y comprobará que cualquiera se llena de pesimismo si es que usted ama el aspecto humano de la vida, de lo contrario tal vez no se alarme.
Por Isaías Ramos
El 14 de enero de este año, nuestra nación fue víctima de una de las peores ignominias que puede sufrir nuestra frágil democracia: la ruptura de nuestra Carta Magna. Con la promulgación de la Ley 1-24, que pretende instaurar la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se busca intimidar a la población y consolidar una tiranía que creíamos superada hace más de seis décadas.
Esta ley desafía abiertamente la Constitución que nos rige. Según el artículo 261, el sistema de inteligencia debe estar subordinado a instituciones independientes, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, asegurando así su supervisión y alineación con el interés nacional. No obstante, el artículo 8 de la Ley 1-24 coloca la DNI directamente bajo el presidente, otorgándole un poder ilimitado que es tanto peligroso como inestable.
La historia nos ofrece lecciones claras sobre los peligros de un poder sin restricciones. Tácito, el historiador romano, advirtió: «El poder nunca es estable cuando es ilimitado». Este poder concentrado en una sola figura no solo va en contra de nuestras leyes fundamentales, sino que es una receta para el abuso y la corrupción.
Esta ley se levanta como un monstruo de múltiples cabezas que, de no ser detenido, destruirá los cimientos de esta débil democracia, llevándose consigo nuestra libertad y nuestros derechos más preciados: nuestra dignidad.
La implementación de esta ley podría llevarnos por un camino oscuro, similar al sufrido por ciudadanos en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde los servicios de inteligencia se han utilizado como herramientas para reprimir la disidencia y mantener a los líderes autoritarios en el poder.
La historia reciente de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida arbitrariamente, y de algunos dirigentes de la líder opositora María Corina Machado en un país bajo un régimen con leyes similares, nos sirve como un presagio sombrío de lo que podría suceder aquí. Sus experiencias de miedo, represión y violencia son un claro recordatorio de lo que está en juego.
Es imperativo que reconsideremos esta legislación y evaluemos sus impactos potenciales no solo en nuestra seguridad, sino en nuestra libertad.
El Frente Cívico y Social (FCS) comprende profundamente estas consecuencias y, por eso, instamos a la población a tomar una postura firme. Si esta ley no es derogada o modificada para alinearse con nuestros principios constitucionales antes de las elecciones del 19 de mayo, llamamos a la ciudadanía a abstenerse de votar o emitir un voto nulo. Esta acción de desobediencia civil no es solo un derecho, sino un deber cívico.
El sistema actual nos desmoraliza, nos lleva a vivir en un estado de desestabilización y crisis, causando miedo y terror que nos quitan el poder de razonar y pensar en lo verdaderamente importante.
De continuar indiferentes ante este enorme desafío, visualizamos un futuro donde el miedo y la represión se convertirán en la norma, y donde las libertades que tanto costaron conquistar serán solo un recuerdo lejano. Frente a este escenario, debemos recordar que aún tenemos la oportunidad de redirigir el rumbo de nuestra nación.
Defender nuestra libertad es ahora. No podemos permitir que las sombras de un pasado autoritario oscurezcan nuestro presente y nuestro futuro. Alcémonos con valor y compromiso, preparados para actuar y proteger lo que más valoramos. Solo así podremos superar las adversidades y fortalecer los pilares de nuestra democracia.
En el FCS estamos muy claros de que el futuro está en nuestras manos, y el momento de actuar es ahora. No esperemos más para defender nuestro sistema democrático y asegurar un mañana más prometedor y justo para todos. ¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 77 del Estatuto de Roma faculta a la CPI para imponer la condena de cadena perpetua, pero solo en aquellos casos en que se justifique debido a la extrema gravedad del crimen y las circunstancias individuales del condenado.
De otra manera, la pena máxima para los delitos del Estatuto de Roma es de 30 años de prisión. Algunas constituciones prohíben la cadena perpetua o el término de 30 años de prisión por considerar que estas penas no prevén una oportunidad para la rehabilitación, o que no son proporcionales con la naturaleza del crimen.
Sería difícil argumentar que los largos periodos de prisión son desproporcionados respecto a la mayoría de los crímenes de la competencia de la CPI, particularmente cuando la cadena perpetua debe ser justificada por la ̈extrema gravedad del crimen ̈. Tal condena solo se impondrá a aquellos que tengan el más alto nivel de responsabilidad en la comisión de los mas graves crímenes, tales como el genocidio.
Adicionalmente, el Estatuto de Roma prevé la posibilidad de la rehabilitación. Según el artículo 110, la Corte deberá revisar todas las condenas de prisión cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua para determinar si esta puede reducirse.
En el punto anterior la CPI considera estos aspectos como si la persona hubiese asistido a la Corte con la localización de cualquier bien objeto de una multa, decomiso u órdenes de reparación que pudiesen beneficiar a la víctima.
La CPI también podrá tomar en consideración ¨otros factores indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba, que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena¨
Por consiguiente una cadena perpetua podría reducirse a 25 años de prisión en algunos casos. Si la CPI decide no reducir la sentencia de la persona después de la primera revisión, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.
Durante las negociaciones sobre las penas de la CPI, muchos Estados estuvieron a favor de la aplicación de la pena de muerte en los casos extremos. El numero de Estados con pena de muerte es poco menor que el de aquellos que no tienen pena de muerte.
No existe la oportunidad para rehabilitación alguna cuando se impone la pena de muerte. Por ende la cadena perpetua con la posibilidad de reducirla a 25 años, es un compromiso razonable entre la pena de muerte y la prisión máxima de 30 años.
Los Estados deberán recordar que el artículo 80 del Estatuto de Roma expresamente establece que el Estatuto no afecta la aplicación por parte de los Estados de aquellas penas prescritas por su propio derecho interno , ni afecta la ley de aquellos Estados que no impongan las penas prescritas en el Estatuto de Roma.
Los Estados Partes no deben imponer las mismas penas por los mismos delitos en su jurisdicción, ni deberán aplicar las condenas de prisión a no ser que voluntariamente lo quieran hacer. En este caso, los Estados podrán también especificar las condiciones bajo las cuales aceptarían a las personas condenadas, inclusive la condición de no aplicar la cadena perpetua.
Por consiguiente, los Estados Partes que cuenten con las disposiciones constitucionales que prohíban la imposición de la cadena perpetua solo necesitaran permitir la excepción de entregar a la persona a la CPI, pese a que tal persona pueda ser condenada a cadena perpetua.
Los Estados Partes del Estatuto de Roma deberán entregar a la persona acusada a la CPI cuando ésta así lo solicite, aún si existe la posibilidad de que dicha persona sea condenada a cadena perpetua.
En el caso de muchos Estados, la potestad de la CPI para imponer la cadena perpetua no necesitará la aplicación de medidas legislativas particulares. Sin embargo, en algunos Estados la constitución explícitamente prohíbe la extradición de una persona a un Estado donde se aplica esta pena , o que declara la cadena perpetua como un castigo cruel. Estos Estados cuentan con dos opciones:
- a)Establecer claramente, en la norma que implemente el Estatuto, la distinción entre la extradición de una persona a otro Estado y la entrega de una persona a la Corte Penal Internacional.
Algunos Estados podrán realizar esta distinción en su legislación, lo cual les permitiría entregar personas a la CPI aunque existan una restricción a la ¨extradicion¨de personas a tribunales que impongan la pena de cadena perpetua. Esto les permitiría mantenerla prohibición de extraditar una persona a un tribunal extranjero, sin interferir con la habilidad de cooperar plenamente con la CPI.
- b)La reforma a la Constitución podría ser mínima, dirigida solo a la introducción de una excepción al principio. Podría especificarse que la cadena perpetua impuesta por la CPI de conformidad con el Estatuto de Roma para algunos de los crímenes allí enumerados no viola la Constitución.
Debería también mencionarse que el Estado puede entregar a la persona acusada a la CPI a pesar de que exista la posibilidad de la cadena perpetua. La enmienda constitucional podría también mencionar que la CPI puede reducir la condena después de 25 años, existiendo así la posibilidad de la rehabilitación.
Finalmente, la ventaja de una reforma constitucional que elimina cualquier posibilidad de un conflicto normativo, garantiza que los tribunales nacionales dicten sus fallos de conformidad con sus obligaciones legales establecidas en el Estatuto de Roma.