Internacionales
El coronavirus rompe las costuras de la política migratoria de Trump
La pandemia lleva al Gobierno de Estados Unidos a llamar a médicos extranjeros y a blindar a inmigrantes indocumentados que trabajan en el campo
El presidente Donald Trump, en una de sus conferencias de prensa.JIM LO SCALZO / EFE
Washington / Los Ángeles.- La Administración Trump urge a los profesionales médicos extranjeros, sobre todo a aquellos que trabajan con la Covid-19, a contactar con los consulados para acelerar la tramitación de sus visados y que puedan incorporarse cuanto antes a la lucha de Estados Unidos contra el coronavirus. También califica de “esenciales” empleos, como la recogida de las cosechas, que sabe que hacen los inmigrantes indocumentados. Y anuncia que no realizará redadas en busca de sin papeles, para evitar que el temor de estos a acudir al médico genere focos de contagio.
La pandemia del coronavirus ha subrayado la importancia de los trabajadores inmigrantes en la economía estadounidense. Y ha puesto en evidencia algunas contradicciones en la política de mano dura con la inmigración que constituye uno de los pilares del discurso del presidente Donald Trump. Se da la paradoja de que, mientras la guardia fronteriza acelera la expulsión en caliente de los indocumentados retenidos en sus centros, la Administración poco menos que blinda a los indocumentados en el campo, y facilita la entrada a inmigrantes cualificados para paliar la escasez de profesionales médicos con los que combatir la pandemia en primera línea.
Ocurre justo en el momento en que el país se despierta del dulce sueño del pleno empleo, y se enfrenta a unas cifras de paro históricas. Más de 16 millones de personas, uno de cada 10 trabajadores del país, han solicitado la prestación por desempleo entre las dos últimas semanas de marzo y la primera de abril. Los expertos no dudan de que les seguirán millones más. Donald Trump, que ha hecho suyo el eslogan de “comprar estadounidense y contratar a estadounidense”, se encuentra ahora entre dos fuerzas: los empresarios que le urgen a relajar la mano dura con la inmigración para contener el descalabro de la economía, y los activistas anti inmigración, a los que ha azuzado durante más de tres años, que reaccionan airados a cualquier atisbo de cambio de actitud justo en el momento más crítico.
“Queremos que vengan”, dijo Trump, el 1 de abril, sobre los inmigrantes que vienen a trabajar al campo. “No estamos cerrando la frontera para que no pueda entrar toda esa gente. Han estado ahí años y años, y he dado mi palabra a los granjeros: van a continuar viniendo”.
En el campo de California está empezando estos días la recogida de la fresa. En dos semanas, serán las cerezas y los arándanos. En mayo, albaricoques y nectarinas. Un estudio de la Universidad de California calcula que trabajan 800.000 personas en la industria agrícola de ese Estado. La estimación más baja es que el 60% son indocumentados. Estos días de aislamiento, son las manos que garantizan que hay fruta y verdura fresca en los supermercados.
Estos trabajadores siempre han temido a la policía. Desde que California aprobó la orden de cuarentena, se añade otra razón para pedirles los papeles: la policía vigila que solo salgan a la calle trabajadores “esenciales”. La ironía del momento es que los indocumentados de los campos son a la vez trabajadores esenciales. Sin ellos no funciona la cadena de suministro de alimentos. “Si no fuera por ellos, cuánta gente se encontraría sin comida en la tienda”, dice por teléfono Manuel Cunha, presidente de Nisei Farmers League, un sindicato importante de Fresno, California.
Hace siete semanas, Cunha empezó a enviar a las asociaciones de productores una carta tipo para que la firmaran. Es una especie de salvoconducto. “En apenas un párrafo, se dice el nombre del trabajador, el granjero para el que trabaja y el teléfono. Si le para un agente de policía o del sheriff, solo tiene que enseñar la carta, llaman al granjero y este les confirma que esa persona se está desplazando a trabajar”. Las asociaciones han repartido las cartas entre las enormes producciones agrícolas de Fresno, afirma, y calcula que ya han impreso unas 400.000.
Ha tenido que llegar una pandemia mundial para que las administraciones de Estados Unidos reconozcan por escrito que no se puede prescindir de los inmigrantes irregulares. Tampoco aterrorizarlos. El pasado 18 de marzo, la policía de inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) anunció que paralizaba las redadas y detenciones indiscriminadas de indocumentados. Solo seguirán adelante las detenciones de delincuentes peligrosos. El criterio en la presidencia de Trump es detener a la mayor cantidad de gente posible.
El comunicado de ICE decía expresamente que no habrá detenciones cerca de servicios de salud, como hospitales. “La gente no debería evitar la atención médica por miedo a la actividad de la policía de inmigración”, afirma. El cambio de criterio, aunque temporal, extiende a la sanidad lo que ya era evidente en el ámbito de la seguridad pública en todas las grandes ciudades de EE UU, donde la policía no pide a nadie los papeles para que no tengan miedo de denunciar crímenes o testificar. A esto se le llama políticas de santuario y es una de las obsesiones de Trump. El coronavirus ha obligado a Trump a declarar de facto todos los hospitales santuarios.
La crisis también ha obligado al Gobierno a buscar fuera de sus fronteras profesionales con los que combatir la pandemia en los hospitales del país. “Animamos a los profesionales médicos que buscan trabajo en Estados Unidos con un visado de trabajo o de intercambio, especialmente aquellos que trabajan en temas de Covid-19, a contactar con la embajada o consulado más cercano para obtener una cita”. El mensaje lo lanzó el 26 de marzo el Departamento de Estado. Seis días antes, se habían suspendido los servicios rutinarios de visados en las embajadas de todo el mundo, reducidas a servicios esenciales y concentradas en la repatriación de estadounidenses.
El mensaje, publicado en la página web del Departamento de Estado y difundido por redes sociales, desató un aluvión de llamadas de profesionales médicos para interesarse por la aparente invitación a iniciar un proceso que, en condiciones normales, puede demorarse durante años. También críticas en las redes por lo que se interpretaba como la promoción de una fuga de cerebros que podría ser letal para países que luchan contra una pandemia que pone al límite sus recursos. Al día siguiente, el Departamento de Estado tuvo que emitir una “aclaración”: el mensaje se dirigía solo, dijeron, a aquellos profesionales que ya habían sido admitidos para trabajos o estudios en Estados Unidos.“Debo confesar que quizá lo que publicamos no era tan claro como debía haberlo sido”, reconocía Ian Brownlee, de la Oficina de Asuntos Consulares, en una sesión informativa telefónica con periodistas. “Se trata de gente que ya estaba lista para venir, no buscamos a otros”, aclaró. Preguntado acerca de por qué entonces publicar el anuncio, si no se estaba ofreciendo un tratamiento especial, Brownlee respondió que tendría que mirar “cómo todo esto sucedió”.
No ha sido la única medida reconsiderada (o aclarada) después de desatar una polémica. El 5 de marzo, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que aumentaría en 35.000 los visados para trabajadores temporales disponibles este año. Se trata de un visado que permite a los empleadores traer a trabajadores extranjeros para actividades temporales no agrícolas, como la hostelería o el turismo. Los empresarios suelen defender que se aumente el cupo, pero los partidarios de reducir la inmigración consideran que la práctica abarata los salarios e impide a los estadounidenses acceder a esos empleos.
El pasado 2 de abril, tras la publicación de los alarmantes datos de empleo, el Gobierno anunció que el plan de ampliar el cupo quedaba suspendido “debido a las actuales circunstancias económicas”. El problema es que muchos empresarios consideran que los trabajadores extranjeros son cruciales para determinados empleos que cuesta cubrir con ciudadanos estadounidenses. Y más cuando ahora pueden obtener más ingresos con las prestaciones de desempleo y otras ayudas contempladas en el gigantesco plan de estímulo a la economía. “Los inmigrantes están trabajando en los supermercados, en el campo, procesando la comida, en la construcción. Son las personas que, en momentos de emergencia, mantienen este país funcionando”, defiende Sindy Benavides, directora de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. “Confío en que esta crisis haga que, como sociedad, comprendamos esto”.
elpais.com
Internacionales
Trump dice que Cuba es una «nación fallida» aunque no cree necesario un cambio de régimen
El presidente Donald Trump dijo el lunes que Cuba es una «nación fallida» y llamó a La Habana a hacer un acuerdo con Estados Unidos, aunque descartó una operación de cambio de régimen.
- «Cuba es ahora mismo una nación fallida«, declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One.
Sin embargo, al ser preguntado si Estados Unidos derrocaría al gobierno de Cuba, como Washington hizo cuando capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro, Trump dijo: «No creo que eso sea necesario».
Situación energética y económica en Cuba
Cuba enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo de Venezuela y ante la presión de Washington para evitar que otros países le vendan petróleo a la isla comunista.
«Es una amenaza humanitaria«, admitió Trump sobre la escasez de combustible.
Cuba, con 9,6 millones de habitantes, dejó de recibir petróleo de su principal aliado Venezuela luego de la caída de Maduro en una incursión militar estadounidense en Caracas el 3 de enero.
Agencia AP
Moscú, Rusia.-Los dolientes se reunieron en Moscú el lunes para conmemorar dos años de la muerte bajo custodia del líder opositor ruso Alexei Navalny, bajo la sombra de una represión del Kremlin y apenas dos días después que un nuevo análisis reforzara las sospechas de que fue asesinado mediante envenenamiento.
Navalny murió en una colonia penal del Ártico el 16 de febrero de 2024 cuando cumplía una condena de 19 años de prisión que muchos creían motivada políticamente. Su muerte a los 47 años dejó a la oposición rusa sin liderazgo y dividida, luchando por construir un frente eficaz o unido sin una de sus figuras más visibles y carismáticas.
En el segundo aniversario de la muerte de Navalny, analizamos la investigación más reciente sobre su causa y las repercusiones políticas que continúan, tanto dentro de Rusia como fuera de ella.
Partidarios de Navalny le rinden homenaje en toda Rusia
La madre de Navalny, Lyudmila Navalnaya, y la suegra del líder opositor, Alla Abrosimova, estuvieron entre los dolientes que depositaron flores en su tumba. Un montículo de ramos se elevaba por encima de los espesos bancos de nieve que cubrían el cementerio Borisovsky de Moscú.
Representantes de varias embajadas europeas también le rindieron homenaje, observados por una presencia de seguridad llamativamente alta. Más tarde, un pequeño coro se reunió para cantar junto a la tumba de Navalny.
Al dirigirse a la multitud, Lyudmila Navalnaya reiteró su convicción de que su hijo fue asesinado por las autoridades rusas, una hipótesis que también ha sido respaldada por varios países europeos en los últimos días.
“Sabíamos que nuestro hijo no simplemente murió en prisión”, afirmó. “Fue asesinado”.
El Kremlin ha negado las acusaciones y ha sostenido que Navalny murió por causas naturales.
También se depositaron flores en el monumento a las víctimas de la represión política en San Petersburgo. Más tarde, el acceso al lugar fue bloqueado con vallas temporales, reportaron medios locales.
Naciones europeas afirman que Navalny fue envenenado
El aniversario coincide con la publicación de una declaración conjunta de cinco países europeos que señaló que Navalny fue envenenado por el Kremlin con una toxina rara y letal que se encuentra en la piel de las ranas dardo venenosas.
Los ministerios de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y los Países Bajos indicaron el sábado que el análisis en laboratorios europeos de muestras tomadas del cuerpo de Navalny “confirmó de manera concluyente la presencia de epibatidina”. La neurotoxina secretada por ranas dardo en Sudamérica no se encuentra de forma natural en Rusia, añadieron.
La declaración conjunta afirmó: “Rusia tenía los medios, el motivo y la oportunidad de administrar este veneno”.
En un homenaje escrito a Navalny el lunes, el presidente francés Emmanuel Macron también vinculó al Kremlin con la muerte del líder opositor.
“Hace dos años, el mundo se enteró de la muerte de Alexei Navalny. Rindo homenaje a su memoria”, escribió Macron en redes sociales. “Dije entonces que creía que su muerte lo decía todo sobre la debilidad del Kremlin y su miedo a cualquier oponente. Ahora está claro que esta muerte fue premeditada.
“La verdad siempre prevalece, mientras esperamos que la justicia haga lo mismo”, añadió.
Moscú ha negado categóricamente su implicación en la muerte de Navalny, al afirmar que el político se sintió mal después de salir a caminar.
Al ser cuestionado por periodistas el lunes sobre las acusaciones, el portavoz presidencial señaló que el Kremlin “no acepta tales acusaciones”.
“Las consideramos sesgadas e infundadas. De hecho, las rechazamos de manera tajante”, manifestó.
El anuncio del sábado se produjo cuando la viuda de Navalny, Yulia Navalnaya, asistía a la Conferencia de Seguridad de Múnich en Alemania. Ella dijo que estuvo “segura desde el primer día” de que su esposo había sido envenenado, “pero ahora hay pruebas”.
“Putin mató a Alexei con un arma química”, escribió en redes sociales, y describió al líder ruso como “un asesino” que “debe rendir cuentas”.
Navalny fue objetivo de un envenenamiento anterior en 2020, con un agente nervioso, en un ataque que atribuyó al Kremlin, que siempre negó su participación. Su familia y sus aliados lucharon para que fuera trasladado en avión a Alemania para recibir tratamiento y recuperarse. Cinco meses después, regresó a Rusia, donde fue arrestado de inmediato y encarcelado durante los últimos tres años de su vida.
Oposición rusa lucha por iniciar un nuevo capítulo
Los aliados más cercanos de Navalny, así como otros miembros clave de la oposición rusa, continúan ahora su lucha desde el exilio.
A muchos se les han impuesto largas condenas de prisión en ausencia en Rusia y no pueden regresar a casa. Algunos han sido designados “terroristas y extremistas” por las autoridades, una etiqueta que también se aplicó a Navalny en enero de 2022.
Sin embargo, la oposición rusa no ha logrado formar un frente unido ni un plan de acción claro contra el Kremlin. En su lugar, grupos rivales han intercambiado acusaciones que algunos ven como intentos de desacreditarse entre sí y disputar influencia.
En una pequeña victoria para los activistas opositores, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), principal organismo europeo de derechos humanos, anunció a finales de enero la creación de un nuevo órgano —la Plataforma de Diálogo con las Fuerzas Democráticas Rusas— encargado de dar voz a los rusos de la oposición y una plataforma formal para interactuar con legisladores europeos.
Se ha presentado como una victoria para los rusos contrarios a la guerra, pero también atrajo críticas, ya que el órgano no fue elegido democráticamente. Miembros de la organización anticorrupción de Navalny también están ausentes del grupo.
En una declaración para conmemorar la muerte de Navalny, miembros rusos de la APCE señalaron que su muerte fue “un eslabón inevitable en una cadena de crímenes sistémicos del régimen del Kremlin contra sus propios ciudadanos y los ciudadanos de Estados extranjeros”.
“Alexei Navalny dio su vida por una Rusia libre”, indicó la declaración. “Estamos obligados a garantizar que su muerte no haya sido en vano”.
Internacionales
Bruselas investiga a Shein por diseño «adictivo» y la acusa de venta de productos ilegales
Agencia EFE
La Comisión Europea (CE) anunció este martes la apertura de una investigación a la plataforma china Shein por lo que considera un «diseño adictivo», su falta de transparencia sobre sistemas de recomendación y la venta de artículos ilegales que incluyen «material de abuso sexual infantil».
La apertura de un procedimiento formal se centra en los sistemas que tiene la plataforma para limitar la venta de productos ilegales en la Unión Europea (UE), incluido «el contenido que podría constituir material de abuso sexual infantil, como muñecas sexuales», informó este martes la CE en un comunicado.
La investigación abierta en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA) está orientada a los «riesgos» relacionados con lo que Bruselas considera «un diseño adictivo del servicio», incluida la concesión de puntos o recompensas a los consumidores por su participación, así como en «los problemas que tiene Shein para mitigar estos riesgos».
«Las características adictivas podrían tener un impacto negativo en el bienestar de los usuarios y la protección del consumidor en línea«, explicó el Ejecutivo comunitario.
Por último, la Comisión investigará la transparencia de los sistemas de recomendación que Shein utiliza para proponer productos a los usuarios, ya que, según la DSA, la plataforma «debe revelar los principales parámetros utilizados (…) y debe proporcionar a los usuarios al menos una opción fácilmente accesible que no se base en el perfilado para cada sistema de recomendación».
Recopilación de pruebas
Tras la apertura del procedimiento formal, la Comisión continuará reuniendo pruebas a través de solicitudes de información adicionales a Shein o a terceros, así como a través de la realización de «actividades de seguimiento o entrevistas».
Esta investigación faculta a la Comisión para adoptar nuevas medidas, incluidas cautelares, así como aceptar los compromisos de Shein «a fin de remediar las cuestiones objeto del procedimiento».
La duración de la investigación no está contemplada en la DSA, y depende de varios factores, como la complejidad del asunto, el grado de cooperación de la empresa afectada y el ejercicio de los derechos de defensa de la misma.
En noviembre del pasado año, la CE solicitó información a Shein por tercera vez sobre las medidas que está llevando a cabo para prevenir que los menores tengan acceso a bienes ilegales, «en particular muñecas sexuales de apariencia infantil y armas».
Bruselas dio este paso después de que el Gobierno de Francia iniciase los trámites ante los tribunales para bloquear a Shein en ese país y tras la reunión que la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de la política digital, Henna Virkkunen, mantuvo con la ministra delegada para Asuntos Digitales francesa, Anne Le Henanff, para analizar la cuestión.