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El coronavirus rompe las costuras de la política migratoria de Trump
La pandemia lleva al Gobierno de Estados Unidos a llamar a médicos extranjeros y a blindar a inmigrantes indocumentados que trabajan en el campo
El presidente Donald Trump, en una de sus conferencias de prensa.JIM LO SCALZO / EFE
Washington / Los Ángeles.- La Administración Trump urge a los profesionales médicos extranjeros, sobre todo a aquellos que trabajan con la Covid-19, a contactar con los consulados para acelerar la tramitación de sus visados y que puedan incorporarse cuanto antes a la lucha de Estados Unidos contra el coronavirus. También califica de “esenciales” empleos, como la recogida de las cosechas, que sabe que hacen los inmigrantes indocumentados. Y anuncia que no realizará redadas en busca de sin papeles, para evitar que el temor de estos a acudir al médico genere focos de contagio.
La pandemia del coronavirus ha subrayado la importancia de los trabajadores inmigrantes en la economía estadounidense. Y ha puesto en evidencia algunas contradicciones en la política de mano dura con la inmigración que constituye uno de los pilares del discurso del presidente Donald Trump. Se da la paradoja de que, mientras la guardia fronteriza acelera la expulsión en caliente de los indocumentados retenidos en sus centros, la Administración poco menos que blinda a los indocumentados en el campo, y facilita la entrada a inmigrantes cualificados para paliar la escasez de profesionales médicos con los que combatir la pandemia en primera línea.
Ocurre justo en el momento en que el país se despierta del dulce sueño del pleno empleo, y se enfrenta a unas cifras de paro históricas. Más de 16 millones de personas, uno de cada 10 trabajadores del país, han solicitado la prestación por desempleo entre las dos últimas semanas de marzo y la primera de abril. Los expertos no dudan de que les seguirán millones más. Donald Trump, que ha hecho suyo el eslogan de “comprar estadounidense y contratar a estadounidense”, se encuentra ahora entre dos fuerzas: los empresarios que le urgen a relajar la mano dura con la inmigración para contener el descalabro de la economía, y los activistas anti inmigración, a los que ha azuzado durante más de tres años, que reaccionan airados a cualquier atisbo de cambio de actitud justo en el momento más crítico.
“Queremos que vengan”, dijo Trump, el 1 de abril, sobre los inmigrantes que vienen a trabajar al campo. “No estamos cerrando la frontera para que no pueda entrar toda esa gente. Han estado ahí años y años, y he dado mi palabra a los granjeros: van a continuar viniendo”.
En el campo de California está empezando estos días la recogida de la fresa. En dos semanas, serán las cerezas y los arándanos. En mayo, albaricoques y nectarinas. Un estudio de la Universidad de California calcula que trabajan 800.000 personas en la industria agrícola de ese Estado. La estimación más baja es que el 60% son indocumentados. Estos días de aislamiento, son las manos que garantizan que hay fruta y verdura fresca en los supermercados.
Estos trabajadores siempre han temido a la policía. Desde que California aprobó la orden de cuarentena, se añade otra razón para pedirles los papeles: la policía vigila que solo salgan a la calle trabajadores “esenciales”. La ironía del momento es que los indocumentados de los campos son a la vez trabajadores esenciales. Sin ellos no funciona la cadena de suministro de alimentos. “Si no fuera por ellos, cuánta gente se encontraría sin comida en la tienda”, dice por teléfono Manuel Cunha, presidente de Nisei Farmers League, un sindicato importante de Fresno, California.
Hace siete semanas, Cunha empezó a enviar a las asociaciones de productores una carta tipo para que la firmaran. Es una especie de salvoconducto. “En apenas un párrafo, se dice el nombre del trabajador, el granjero para el que trabaja y el teléfono. Si le para un agente de policía o del sheriff, solo tiene que enseñar la carta, llaman al granjero y este les confirma que esa persona se está desplazando a trabajar”. Las asociaciones han repartido las cartas entre las enormes producciones agrícolas de Fresno, afirma, y calcula que ya han impreso unas 400.000.
Ha tenido que llegar una pandemia mundial para que las administraciones de Estados Unidos reconozcan por escrito que no se puede prescindir de los inmigrantes irregulares. Tampoco aterrorizarlos. El pasado 18 de marzo, la policía de inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) anunció que paralizaba las redadas y detenciones indiscriminadas de indocumentados. Solo seguirán adelante las detenciones de delincuentes peligrosos. El criterio en la presidencia de Trump es detener a la mayor cantidad de gente posible.
El comunicado de ICE decía expresamente que no habrá detenciones cerca de servicios de salud, como hospitales. “La gente no debería evitar la atención médica por miedo a la actividad de la policía de inmigración”, afirma. El cambio de criterio, aunque temporal, extiende a la sanidad lo que ya era evidente en el ámbito de la seguridad pública en todas las grandes ciudades de EE UU, donde la policía no pide a nadie los papeles para que no tengan miedo de denunciar crímenes o testificar. A esto se le llama políticas de santuario y es una de las obsesiones de Trump. El coronavirus ha obligado a Trump a declarar de facto todos los hospitales santuarios.
La crisis también ha obligado al Gobierno a buscar fuera de sus fronteras profesionales con los que combatir la pandemia en los hospitales del país. “Animamos a los profesionales médicos que buscan trabajo en Estados Unidos con un visado de trabajo o de intercambio, especialmente aquellos que trabajan en temas de Covid-19, a contactar con la embajada o consulado más cercano para obtener una cita”. El mensaje lo lanzó el 26 de marzo el Departamento de Estado. Seis días antes, se habían suspendido los servicios rutinarios de visados en las embajadas de todo el mundo, reducidas a servicios esenciales y concentradas en la repatriación de estadounidenses.
El mensaje, publicado en la página web del Departamento de Estado y difundido por redes sociales, desató un aluvión de llamadas de profesionales médicos para interesarse por la aparente invitación a iniciar un proceso que, en condiciones normales, puede demorarse durante años. También críticas en las redes por lo que se interpretaba como la promoción de una fuga de cerebros que podría ser letal para países que luchan contra una pandemia que pone al límite sus recursos. Al día siguiente, el Departamento de Estado tuvo que emitir una “aclaración”: el mensaje se dirigía solo, dijeron, a aquellos profesionales que ya habían sido admitidos para trabajos o estudios en Estados Unidos.“Debo confesar que quizá lo que publicamos no era tan claro como debía haberlo sido”, reconocía Ian Brownlee, de la Oficina de Asuntos Consulares, en una sesión informativa telefónica con periodistas. “Se trata de gente que ya estaba lista para venir, no buscamos a otros”, aclaró. Preguntado acerca de por qué entonces publicar el anuncio, si no se estaba ofreciendo un tratamiento especial, Brownlee respondió que tendría que mirar “cómo todo esto sucedió”.
No ha sido la única medida reconsiderada (o aclarada) después de desatar una polémica. El 5 de marzo, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que aumentaría en 35.000 los visados para trabajadores temporales disponibles este año. Se trata de un visado que permite a los empleadores traer a trabajadores extranjeros para actividades temporales no agrícolas, como la hostelería o el turismo. Los empresarios suelen defender que se aumente el cupo, pero los partidarios de reducir la inmigración consideran que la práctica abarata los salarios e impide a los estadounidenses acceder a esos empleos.
El pasado 2 de abril, tras la publicación de los alarmantes datos de empleo, el Gobierno anunció que el plan de ampliar el cupo quedaba suspendido “debido a las actuales circunstancias económicas”. El problema es que muchos empresarios consideran que los trabajadores extranjeros son cruciales para determinados empleos que cuesta cubrir con ciudadanos estadounidenses. Y más cuando ahora pueden obtener más ingresos con las prestaciones de desempleo y otras ayudas contempladas en el gigantesco plan de estímulo a la economía. “Los inmigrantes están trabajando en los supermercados, en el campo, procesando la comida, en la construcción. Son las personas que, en momentos de emergencia, mantienen este país funcionando”, defiende Sindy Benavides, directora de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. “Confío en que esta crisis haga que, como sociedad, comprendamos esto”.
elpais.com
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EEUU anuncia endurecimiento de política de visados para América Latina y el Caribe
Agencia AFP
Washington, Estados Unidos.-Estados Unidos anunció este jueves un endurecimiento de su política de visados para América Latina y el Caribe que afecta en un primer momento a 26 personas, sin detallar nombres ni nacionalidades.
«Esta Administración negará a las potencias adversarias la capacidad de poseer o controlar activos vitales o de amenazar la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos en nuestra región», explica inicialmente el comunicado de prensa.
«En apoyo de este objetivo fundamental, el Departamento de Estado anuncia una expansión significativa de una política de restricción de visas ya existente», indicó.
El gobierno de Donald Trump ha utilizado varias veces la prerrogativa de dar o retirar visados.
El caso más sonado fue el del presidente colombiano Gustavo Petro, tras su presencia en una manifestación en las calles de Nueva York en septiembre al margen de la asamblea general de Naciones Unidas.
En plena pugna verbal entre Trump y Petro, el Departamento de Estado le retiró al mes siguiente su visado y anunció además sanciones contra él y miembros de su familia, por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Esas sanciones fueron retiradas luego, como parte del proceso de normalización de las relaciones entre ambos presidentes que desembocó en una invitación a Petro a la Casa Blanca.
Si bien en el caso del presidente colombiano el gobierno estadounidense brindó información pública, el Departamento de Estado ha destacado que no está obligado a dar nombres, por motivos de confidencialidad.
«No divulgaremos los nombres de individuos afectados por esta política de restricción de visas», explicó una fuente del Departamento de Estado a la AFP bajo anonimato.
«Esta política ampliada nos permite restringir las visas estadounidenses de nacionales de países de nuestra región que (…) financien, proporcionen apoyo significativo o lleven a cabo actividades que sean adversas a los intereses de Estados Unidos en nuestro hemisferio y que los socaven», añade el texto.
«Para demostrar nuestro compromiso con esta política ampliada, hemos tomado medidas para imponer restricciones de visa a 26 personas en todo nuestro hemisferio que han participado en estas actividades», añadió, sin más precisiones.
«La Administración Trump utilizará todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional», explicó.
Estados Unidos levantó el miércoles las sanciones contra la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder después de que Washington derrocara a su predecesor, Nicolás Maduro, en una operación militar en enero.
Según una publicación en el sitio web de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el nombre de Rodríguez fue eliminado de la «Lista de Nacionales Especialmente Designados».
Rodríguez celebró la decisión y escribió en X que formaba parte de la «normalización y fortalecimiento» de las relaciones bilaterales.
Las relaciones entre Washington y Caracas se han estrechado desde el derrocamiento de Maduro, y Rodríguez ha accedido a las exigencias del presidente estadounidense Donald Trump de que Caracas abra su industria energética a las empresas estadounidenses.
Rodríguez fue vicepresidente de Maduro y fue sancionado por Washington por ser un funcionario clave en su gobierno, junto con otros funcionarios como el exministro de Defensa Vladimir Padrino López y el ministro del Interior Diosdado Cabello.
Rodríguez despidió a López a mediados de marzo, pero ella ha tenido que mantenerse en una posición delicada entre las exigencias de Washington y las de sus propios partidarios desde el derrocamiento de Maduro.
Cabello, que sigue en el cargo, es considerada una de sus principales partidarias.
El lunes, la embajada de Estados Unidos en Caracas reanudó sus operaciones tras permanecer cerrada durante siete años, según informó el Departamento de Estado.
La reapertura se produjo tras la operación militar estadounidense que detuvo a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas el 3 de enero, y los trasladó a Nueva York para que se enfrentaran a cargos de narcotráfico que ellos niegan.
Según las autoridades venezolanas, la operación causó la m
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“Si cruzan el río, serán enjuiciados”: altavoces alertan a migrantes en travesía para entrar a EEUU
Texas, Estados Unidos.-“Atención: el río es una zona militarizada. Una regla de seguridad, de propiedad de defensa, que prohíbe la entrada por el río. Entrando por esta área constituye una violación de esta regla. Si cruzan el río, estarán entrando ilegalmente y serán enjuiciados”.
La advertencia irrumpe en el silencio del amanecer. Se transmite desde altavoces de alta potencia instalados en puntos estratégicos del Valle del Río Grande, en el sur de Texas. Su alcance es tal que puede escucharse desde territorio mexicano, a varios kilómetros de distancia.
El mensaje se repite cada minuto, sin parar. Su propósito es frenar a quienes intentan cruzar de manera irregular la frontera sur entre Estados Unidos y México.
Decenas de estos altavoces están distribuidos a lo largo de la zona fronteriza. Las autoridades los colocan en puntos considerados vulnerables o de alto flujo migratorio: desde áreas remotas, donde los migrantes avanzan a pie, hasta tramos estratégicos del río Bravo.
Es jueves. Son las 7:11 de la mañana en Granjeno, Texas. El sol aún no sale. Un grupo de periodistas latinoamericanos, acompañado por agentes migratorios, observa uno de estos altavoces durante un recorrido por la frontera sur.
“Por aquí cruzan muchos (migrantes)”, dice la oficial Susana González, especialista de la Oficina Asuntos Públicos de la Patrulla Fronteriza.
Frontera sur de Estados Unidos.Sauro Scalella/ LD
Los altavoces están instalados en torres verticales sobre pequeños remolques.
Además de emitir ese tipo de alertas, las torres también funcionan como sistemas de rescate. Con solo presionar un botón rojo, se activa una señal hacia la Patrulla Fronteriza, mientras una voz automatizada responde en 10 idiomas —entre ellos español, inglés, mandarín y portugués—: “Por favor, mantenga la calma. La ayuda está en camino. Es importante que no se vaya”.
En total, hay 79 torres desplegadas en el sector, según datos oficiales.
El sistema está diseñado para asistir a cualquier persona en peligro, especialmente migrantes que enfrentan situaciones críticas como la deshidratación. En lo que va de 2026, la Patrulla Fronteriza ha encontrado al menos 15 cuerpos a lo largo del valle, una cifra que ya supera la registrada en todo el año fiscal 2025, cuando se localizaron ocho.
El sector del Valle del Río Grande ha sido durante muchos años uno de los principales puntos de entrada para migrantes provenientes de Centroamericana y Sudamérica.
Hace apenas tres o cuatro años, la Patrulla Fronteriza detenía entre 2,000 y 3,000 personas al día en esta zona, explica Rod Kise, portavoz de la Oficina de Asuntos Públicos de la agencia federal en ese sector.
Hoy, el panorama es distinto.
Tras el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, el flujo ha disminuido drásticamente.
El muro que construye la gestión del presidente Donald Trump es más alto y robusto que los anterioressauro scalella/ld.
“Ahora estamos viendo entre 50 y 70 migrantes diarios”, señala Kise. “Desde que esta administración comenzó, los números han bajado considerablemente”.
Aun así, el Valle del Río Grande continúa siendo el sector con mayor número de detenciones. En lo que va del año fiscal, las autoridades han arrestado a 5,832 migrantes en esta área, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La mayoría proviene de México.
Entre ellos, también hay dominicanos: al menos 28 han sido detenidos en el año fiscal 2026 tras intentar cruzar ilegalmente las aguas del río Bravo, según Kise.
Los periodistas también recorren un tramo abierto en la ribera del río Bravo, justo debajo del puente internacional McAllen-Hidalgo, que conecta con Reynosa, en Tamaulipas, México.
El paisaje es rural: hierba alta, matorrales y un camino marcado que desemboca en el río por donde migrantes ya han cruzado irregularmente, según las autoridades. En el suelo quedan rastros de ese cruce silencioso.
“Podemos observar aquí un poco de basura. Lo que normalmente las personas cargan: agua, algún tipo de comida, sueros. Esta es basura que queda de toda la actividad (migratoria) que vemos aquí”, explica González, mientras ilumina el área con un foco.
Susana González, especialista de la Oficina Asuntos Públicos de la Patrulla Fronteriza.Sauro Scalella/LD.
Al otro lado de la orilla, ya en territorio mexicano, González señala que, aunque algunas personas aparentan estar pescando o simplemente pasando el rato, en muchos casos “están vigilando el movimiento” de los agentes para “informar si va a cruzar un grupo” de migrantes.
Quienes logran cruzar el río Bravo se enfrentan a otro desafío. Del otro lado les espera un terreno seco y difícil, lleno de plantas con espinas y animales salvajes como víboras, insectos, garrapatas e incluso ocelotes.
En medio de ese entorno, los agentes de la Patrulla Fronteriza buscan señales que indiquen por dónde han pasado los migrantes. González lo explica: “Nos enfocamos en las ramitas de los árboles. Si está rota en una dirección. Son detalles que son parte de nuestro entrenamiento y los vamos mejorando día a día”.
Las huellas también son importantes. Por la forma y lo recientes que se vean, los agentes pueden saber si alguien pasó por algún lado hace poco. Pero muchos migrantes intentan evitar ser detectados colocando cartón en la suela de sus zapatos, para no dejar marcas en el suelo.
El río, sin embargo, cuenta con sensores de movimiento y gran parte del valle está cubierto por cámaras de vigilancia que operan las 24 horas. A esto se suma un sistema de monitoreo constante.
“Desde el primer nivel contamos con sensores a lo largo del monte que mandan la señal (de movimiento). Otro nivel viene siendo el sistema de cámaras ubicadas (por ejemplo) en el puente. También tenemos las torres (de vigilancia). Y también contamos con asistencia de helicópteros”, detalla González.
A nivel general, en todas las zonas fronterizas, las autoridades estadounidenses han detenido 27,879 migrantes durante el presente año fiscal, de los cuales 18,900 son mexicanos.
La visita de los reporteros internacionales formó parte de un programa de cobertura sobre inmigración organizado por el Departamento de Estado estadounidense y la firma de periodismo Inquire First, que se extendió por una semana.