Internacionales
El coronavirus rompe las costuras de la política migratoria de Trump
La pandemia lleva al Gobierno de Estados Unidos a llamar a médicos extranjeros y a blindar a inmigrantes indocumentados que trabajan en el campo
El presidente Donald Trump, en una de sus conferencias de prensa.JIM LO SCALZO / EFE
Washington / Los Ángeles.- La Administración Trump urge a los profesionales médicos extranjeros, sobre todo a aquellos que trabajan con la Covid-19, a contactar con los consulados para acelerar la tramitación de sus visados y que puedan incorporarse cuanto antes a la lucha de Estados Unidos contra el coronavirus. También califica de “esenciales” empleos, como la recogida de las cosechas, que sabe que hacen los inmigrantes indocumentados. Y anuncia que no realizará redadas en busca de sin papeles, para evitar que el temor de estos a acudir al médico genere focos de contagio.
La pandemia del coronavirus ha subrayado la importancia de los trabajadores inmigrantes en la economía estadounidense. Y ha puesto en evidencia algunas contradicciones en la política de mano dura con la inmigración que constituye uno de los pilares del discurso del presidente Donald Trump. Se da la paradoja de que, mientras la guardia fronteriza acelera la expulsión en caliente de los indocumentados retenidos en sus centros, la Administración poco menos que blinda a los indocumentados en el campo, y facilita la entrada a inmigrantes cualificados para paliar la escasez de profesionales médicos con los que combatir la pandemia en primera línea.
Ocurre justo en el momento en que el país se despierta del dulce sueño del pleno empleo, y se enfrenta a unas cifras de paro históricas. Más de 16 millones de personas, uno de cada 10 trabajadores del país, han solicitado la prestación por desempleo entre las dos últimas semanas de marzo y la primera de abril. Los expertos no dudan de que les seguirán millones más. Donald Trump, que ha hecho suyo el eslogan de “comprar estadounidense y contratar a estadounidense”, se encuentra ahora entre dos fuerzas: los empresarios que le urgen a relajar la mano dura con la inmigración para contener el descalabro de la economía, y los activistas anti inmigración, a los que ha azuzado durante más de tres años, que reaccionan airados a cualquier atisbo de cambio de actitud justo en el momento más crítico.
“Queremos que vengan”, dijo Trump, el 1 de abril, sobre los inmigrantes que vienen a trabajar al campo. “No estamos cerrando la frontera para que no pueda entrar toda esa gente. Han estado ahí años y años, y he dado mi palabra a los granjeros: van a continuar viniendo”.
En el campo de California está empezando estos días la recogida de la fresa. En dos semanas, serán las cerezas y los arándanos. En mayo, albaricoques y nectarinas. Un estudio de la Universidad de California calcula que trabajan 800.000 personas en la industria agrícola de ese Estado. La estimación más baja es que el 60% son indocumentados. Estos días de aislamiento, son las manos que garantizan que hay fruta y verdura fresca en los supermercados.
Estos trabajadores siempre han temido a la policía. Desde que California aprobó la orden de cuarentena, se añade otra razón para pedirles los papeles: la policía vigila que solo salgan a la calle trabajadores “esenciales”. La ironía del momento es que los indocumentados de los campos son a la vez trabajadores esenciales. Sin ellos no funciona la cadena de suministro de alimentos. “Si no fuera por ellos, cuánta gente se encontraría sin comida en la tienda”, dice por teléfono Manuel Cunha, presidente de Nisei Farmers League, un sindicato importante de Fresno, California.
Hace siete semanas, Cunha empezó a enviar a las asociaciones de productores una carta tipo para que la firmaran. Es una especie de salvoconducto. “En apenas un párrafo, se dice el nombre del trabajador, el granjero para el que trabaja y el teléfono. Si le para un agente de policía o del sheriff, solo tiene que enseñar la carta, llaman al granjero y este les confirma que esa persona se está desplazando a trabajar”. Las asociaciones han repartido las cartas entre las enormes producciones agrícolas de Fresno, afirma, y calcula que ya han impreso unas 400.000.
Ha tenido que llegar una pandemia mundial para que las administraciones de Estados Unidos reconozcan por escrito que no se puede prescindir de los inmigrantes irregulares. Tampoco aterrorizarlos. El pasado 18 de marzo, la policía de inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) anunció que paralizaba las redadas y detenciones indiscriminadas de indocumentados. Solo seguirán adelante las detenciones de delincuentes peligrosos. El criterio en la presidencia de Trump es detener a la mayor cantidad de gente posible.
El comunicado de ICE decía expresamente que no habrá detenciones cerca de servicios de salud, como hospitales. “La gente no debería evitar la atención médica por miedo a la actividad de la policía de inmigración”, afirma. El cambio de criterio, aunque temporal, extiende a la sanidad lo que ya era evidente en el ámbito de la seguridad pública en todas las grandes ciudades de EE UU, donde la policía no pide a nadie los papeles para que no tengan miedo de denunciar crímenes o testificar. A esto se le llama políticas de santuario y es una de las obsesiones de Trump. El coronavirus ha obligado a Trump a declarar de facto todos los hospitales santuarios.
La crisis también ha obligado al Gobierno a buscar fuera de sus fronteras profesionales con los que combatir la pandemia en los hospitales del país. “Animamos a los profesionales médicos que buscan trabajo en Estados Unidos con un visado de trabajo o de intercambio, especialmente aquellos que trabajan en temas de Covid-19, a contactar con la embajada o consulado más cercano para obtener una cita”. El mensaje lo lanzó el 26 de marzo el Departamento de Estado. Seis días antes, se habían suspendido los servicios rutinarios de visados en las embajadas de todo el mundo, reducidas a servicios esenciales y concentradas en la repatriación de estadounidenses.
El mensaje, publicado en la página web del Departamento de Estado y difundido por redes sociales, desató un aluvión de llamadas de profesionales médicos para interesarse por la aparente invitación a iniciar un proceso que, en condiciones normales, puede demorarse durante años. También críticas en las redes por lo que se interpretaba como la promoción de una fuga de cerebros que podría ser letal para países que luchan contra una pandemia que pone al límite sus recursos. Al día siguiente, el Departamento de Estado tuvo que emitir una “aclaración”: el mensaje se dirigía solo, dijeron, a aquellos profesionales que ya habían sido admitidos para trabajos o estudios en Estados Unidos.“Debo confesar que quizá lo que publicamos no era tan claro como debía haberlo sido”, reconocía Ian Brownlee, de la Oficina de Asuntos Consulares, en una sesión informativa telefónica con periodistas. “Se trata de gente que ya estaba lista para venir, no buscamos a otros”, aclaró. Preguntado acerca de por qué entonces publicar el anuncio, si no se estaba ofreciendo un tratamiento especial, Brownlee respondió que tendría que mirar “cómo todo esto sucedió”.
No ha sido la única medida reconsiderada (o aclarada) después de desatar una polémica. El 5 de marzo, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que aumentaría en 35.000 los visados para trabajadores temporales disponibles este año. Se trata de un visado que permite a los empleadores traer a trabajadores extranjeros para actividades temporales no agrícolas, como la hostelería o el turismo. Los empresarios suelen defender que se aumente el cupo, pero los partidarios de reducir la inmigración consideran que la práctica abarata los salarios e impide a los estadounidenses acceder a esos empleos.
El pasado 2 de abril, tras la publicación de los alarmantes datos de empleo, el Gobierno anunció que el plan de ampliar el cupo quedaba suspendido “debido a las actuales circunstancias económicas”. El problema es que muchos empresarios consideran que los trabajadores extranjeros son cruciales para determinados empleos que cuesta cubrir con ciudadanos estadounidenses. Y más cuando ahora pueden obtener más ingresos con las prestaciones de desempleo y otras ayudas contempladas en el gigantesco plan de estímulo a la economía. “Los inmigrantes están trabajando en los supermercados, en el campo, procesando la comida, en la construcción. Son las personas que, en momentos de emergencia, mantienen este país funcionando”, defiende Sindy Benavides, directora de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. “Confío en que esta crisis haga que, como sociedad, comprendamos esto”.
elpais.com
Estados Unidos.-La Corte Suprema de Estados Unidos consideró este martes ilegal la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, para limitar la ciudadanía de personas nacidas en territorio estadounidense como hijos de padres indocumentados o con visados temporales, un derecho que la corte considera consagrado en la Constitución.
El dictamen reconoce que «los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están ‘sujetos a la jurisdicción'» por lo que «son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda».
La decisión fue adoptada por cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados que componen la corte y mantiene una interpretación de la Constitución que durante más de 150 años considera estadounidense a casi cualquier persona —existen excepciones como los hijos de funcionarios diplomáticos— que nazca dentro de la nación.
El juez Brett Kavanaugh disintió en parte al no compartir la concepción maximalista de la cláusula de ciudadanía al tiempo que no respalda el decreto de Trump que eliminaría de facto la ciudadanía por nacimiento.
Otros tres jueces considerados conservadores disintieron del voto de la mayoría al no reconocer la ciudadanía por nacimiento «totalmente» automática.
Trump había prometido en campaña limitar la ciudadanía automática para hijos de migrantes irregulares, una medida que firmó el mismo día en que asumió su segundo mandato, el 20 de enero de 2025 y que inauguró un periodo de restrictivas políticas antimigratorias.
La orden, que afectaría a unos 255,000 niños al año, queda anulada con la decisión de hoy del Supremo, que analiza en el fallo qué significa ser ciudadano estadounidense y concluye «que alguien nacido en Estados Unidos y sometido a sus leyes entra en el ámbito de la ciudadanía por nacimiento».
Trump acudió el pasado mes de abril a la sesión pública de la Corte Suprema en la que se debatió la legalidad de la orden, la primera vez que un mandatario estadounidense en ejercicio presencia argumentos orales ante el alto tribunal.
El mandatario estadounidense ha argumentado que la Decimocuarta Enmienda se ha malinterpretado y ha asegurado que EE. UU. es el único país que otorga el derecho de ciudadanía de manera automática cuando en su suelo, un argumento falso, puesto que una treintena de países en todo el mundo también reconocen ese derecho.
Trump ha asegurado que la Decimocuarta Enmienda, que se aprobó tras la Guerra Civil para corregir el fallo «Dred Scott contra Sanford» de 1857 y garantizar ciudadanía a los antiguos esclavos y sus descendientes, solo pretendía otorgar la ciudadanía «a hijos de esclavos».
Estados Unidos.-Estados Unidos anunció este lunes que suspendió por dos meses sus sanciones al petróleo iraní, y aseguró que Irán volverá a recibir a inspectores nucleares de la ONU, tras unas conversaciones en Suiza destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio.
«Todas las transacciones» que antes estaban «prohibidas» relativas a la producción, la venta y el transporte de hidrocarburos de origen iraní «están autorizadas hasta el 21 de agosto a las 00H01», hora de Washington, indica una licencia publicada en el sitio del Departamento del Tesoro estadounidense, responsable de la gestión de las sanciones económicas.
El precio del petróleo Brent del mar del Norte, que este lunes ya cotizaba en torno a los 80 dólares el barril -tras haber alcanzado un pico de 126 dólares a finales de abril a causa de la guerra-, cayó tras el anuncio a 77,6 dólares.
La semana pasada, Irán y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento que sentaba las bases para las negociaciones, tras casi 40 días de ataques seguidos de semanas de un alto al fuego violado con frecuencia.
La nueva fase de diálogo comenzó el domingo en Suiza, con el objetivo de alcanzar en un plazo de 60 días prorrogable un acuerdo definitivo en cuestiones como el programa nuclear iraní o las sanciones internacionales contra Teherán.
«Sentamos bases muy buenas para un acuerdo final exitoso», declaró JD Vance a los periodistas en el lujoso resort de Burgenstock, cerca de Lucerna, en los Alpes suizos, donde tienen lugar las conversaciones.
«El acuerdo final es la casa. Aún no construimos la casa, pero pusimos unos cimientos sólidos para llegar a un buen resultado para el pueblo estadounidense», añadió.
El vicepresidente aseguró, por ejemplo, que Irán había aceptado el regreso al país de los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).
«Es un hito importante para el pueblo estadounidense y el primer paso hacia la desnuclearización permanente», dijo.
Teherán, que no confirmó esta información, suspendió hace un año su cooperación con esa agencia de la ONU y prohibió a sus inspectores acceder a instalaciones nucleares clave bombardeadas por Estados Unidos e Israel durante la guerra de 12 días de 2025.
El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, afirmó este lunes que se produjo «una muy breve discusión sobre el tema nuclear, pero no se discutieron detalles» y las conversaciones sobre ese asunto no han comenzado.
– «Avances animadores» –
En las semanas y días previos a las reuniones entre Irán y Estados Unidos, los repetidos enfrentamientos en Líbano amenazaron con hacer descarrilar las conversaciones, con amenazas iraníes de volver a bloquear el estrecho de Ormuz.
El acuerdo establece el cese de hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano, una de las principales reclamaciones de Teherán.
Pero los dirigentes israelíes manifestaron su desacuerdo con el texto e insisten en que sus tropas continúen ocupando el sur del Líbano, donde combaten al movimiento proiraní Hezbolá.
Pakistán y Catar, como países mediadores, aseguran que Teherán y Washington establecieron líneas de comunicación para atacar las hostilidades en territorio libanés y mantener abierto el estrecho de Ormuz.
A principios de la guerra, Irán cerró esa vía por la que antes circulaba un 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial, lo que sacudió fuertemente la economía.
En las conversaciones en Suiza, las partes definieron «una hoja de ruta para alcanzar un pacto final en 60 días», indicaron Pakistán y Catar en un comunicado.
«Se han logrado avances alentadores, incluyendo la creación de un mecanismo para futuras conversaciones técnicas», agregaron, y citaron un canal de contactos para «evitar incidentes y fallas de comunicación» en el estrecho de Ormuz.
En el frente libanés, se creó una célula de gestión del conflicto en ese país, donde no se reportaron ataques israelíes ni combates el lunes por la mañana.
Desde el 2 de marzo, las operaciones israelíes en Líbano han matado a 4.106 personas, según el último balance del ministerio libanés de Salud. En el mismo período de tiempo, el ejército israelí informó el deceso de 36 militares.
Además, más de 11.000 edificios del sur de Líbano quedaron «completamente destruidos» por la guerra, indicaron este lunes el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Consejo Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Líbano, un instituto público.
Ambas entidades evaluaron en 1.380 millones de dólares el costo de los daños causados por el conflicto.
«La incansable mediación pakistaní y catarí propició grandes avances para terminar la guerra en Líbano», comentó en X el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, tras la cita en Suiza.
«Se eximen las exportaciones de petróleo y petroquímicos, se levanta el bloqueo, se levantan algunos activos congelados y se pone en marcha un importante plan de reconstrucción y desarrollo para Irán», agregó.
JD Vance prometió no obstante que su país se asegurará de que el descongelamiento de activos «no [contribuirá] a financiar el terrorismo».
Agencia AFP
Whashington, EEUU. –El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este lunes que espera «con ganas» poder trabajar con el presidente electo colombiano, el ultraderechista Abelardo de la Espriella.
«¡Felicito a ‘El Tigre’!», como se conoce a De la Espriella, declaró Trump en su plataforma Truth Social.
«Espero con ganas de trabajar para construir una relación poderosa entre Colombia y Estados Unidos, que traerá nuevos niveles de grandeza a nuestros dos países», añadió el mandatario republicano, que respaldó rápidamente a De la Espriella en cuanto surgió en los sondeos.
Trump explicó a la prensa luego en el Despacho Oval que De la Espriella lo llamó para agradecerle su apoyo el domingo tras conocerse los resultados de la segunda vuelta de los comicios.
«Cuando la gente me aprecia, los aprecio. Así de simple. Me dijo cosas lindas acerca de mí y acerca del trabajo que hemos hecho en Estados Unidos», comentó.
Washington «espera impulsar la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos», indicó el domingo el secretario de Estado, Marco Rubio, poco después de anunciarse provisionalmente el triunfo del abogado conservador de 47 años.
Abelardo de la Espriella ha manifestado sin ambages que está dispuesto a bombardear a las bases de los grupos guerrilleros aún en rebeldía, y de los narcos, con el apoyo de las fuerzas armadas estadounidenses, como ya sucede en el vecino Ecuador.