Santo Domingo, RD.-Abogados constitucionalistas difieren en torno a la facultad que tiene la Junta Central Electoral para hacer la convocatoria extraordinaria para el día 5 de julio del presente año 2020, pero la clase política dominicana pareció tener un consenso sobre la necesidad que el órgano comicial tomara la señalada decisión.Más Noticias
Abogados constitucionalistas difieren sobre potestad de la JCE para posponer elecciones
Santo Domingo, RD.-Abogados constitucionalistas difieren en torno a la facultad que tiene la Junta Central Electoral para hacer la convocatoria extraordinaria para el día 5 de julio del presente año 2020, pero la clase política dominicana pareció tener un consenso sobre la necesidad que el órgano comicial tomara la señalada decisión.Los juristas tienen opiniones dividas también en torno a si era necesario que la Junta apodere al Congreso Nacional para que decida sobre la posposición de los comicios.
El abogado Cándido Simón fue de los primeros que fijó su posición sobre el tema, planteando que es inconstitucional la resolución de JCE que pospone las elecciones.
“La Constitución impide a la Junta Central Electoral modificar las fechas de las elecciones, debido a que las mismas están fijadas taxativamente por la Carta Sustantiva”, señaló Simón.
Ese criterio no es compartido por los abogados Jhon Garrido, José Reyes, y Carlos Pimentel (director ejecutivo de Participación Ciudadana). Mientras, el abogado Trajano Potentini sostiene que no se trata de enjuiciar si la medida es constitucional o no, sino de que nadie está obligado a lo imposible cuando se produce una situación de fuerza mayor, como la creada por el coronavirus.
El abogado Jhon Garrido sostiene que la resolución de la JCE que mueve las elecciones para julio es constitucional, convencional y apegada a los tratados, y convenciones internacionales que la República Dominicana ha reconocido.
“La Constitución adopta de forma indirecta el principio de unidad de la constitución, (ver art. 74.1). Es por ello, que no se puede leer el mandato que ordena celebrar elecciones cada cuatro años, sin armonizar con el mandato de preservar la salud o la dignidad humana (derecho a la salud)”, argumentó Garrido.
Explicó que cualquier institución de la administración pública tiene competencia para ejercer control convencional ex oficio y consideró que la JCE ejerció el control convencional implicando una normativa constitucional, porque de realizarse las elecciones se afectaría el derecho fundamental a la salud de las personas.
El abogado Trajano Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), consideró que postergar las elecciones fue una salida salomónica de la JCE, que contó con el consenso de los partidos políticos.
“Nadie está obligado a lo imposible, máxime cuando estamos en presencia de problema de fuerza mayor, que viene azotando casi a la totalidad del mundo y en particular a la República Dominicana, con un impacto demoledor en los ámbitos social, económico y hasta político, por los efecto y emergencia sanitaria del Coronavirus”, expuso·.
El jurista y catedrático universitario José Reyes, difiere del planteamiento de Simón sobre la inconstitucionalidad de la resolución de la JCE.
“La Constitución de la República establece en su artículo 209, el cual cita Simón, una fecha taxativa en cuanto a la celebración de elecciones, pero no es menos cierto que ese artículo en su numeral 3 reza de la siguiente manera: » En los casos de convocatoria extraordinaria y referendo, las Asambleas Electorales se reunirán a más tardar setenta días después de la publicación de la ley de convocatoria. No podrán coincidir las elecciones de autoridades con la celebración de referendo”, razonó.
También señala que la ley 15-19 en su artículo 18 numeral 7, otorga facultad al Pleno de la JCE para “convocar a elecciones extraordinarias cuando proceda de conformidad con la Constitución y la ley, dictando al efecto la correspondiente proclama”.
También indicó que fundamento el planteamiento de que el Congreso Nacional debe aprobar la proclama de las nuevas elecciones, pues sostiene que la dictada por la Junta no violenta el mandato constitucional.
El abogado Carlos Pimentel, quien es director ejecutivo del movimiento cívico Participación Ciudadana, señaló que la posposición de las elecciones en el marco de este periodo de emergencia por el coronavirus no debió ir al Congreso Nacional para su aprobación.
Expuso que la posposición del certamen electoral está dentro del marco de las funciones y competencias de la JCE.
“La norma sustantiva le da a la JCE no solo la facultad de dirigir, organizar y supervisar los procesos electorales, sino también un poder reglamentario, y tiene la facultad, según la ley 15-19, de disponer cuantas medidas considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral”, puntualizó.
Indicó que no hay duda de que se ha presentado una dificultad de fuerza mayor, que no hay forma de que la Junta pueda continuar con un proceso electoral, porque se está ante una crisis sanitaria global.
En cambio, planteó que si se tratara de una posposición que se extendiera más allá del período de toma de posesión, 16 de agosto, habría que acudir al Congreso Nacional y que esto implicaría una reforma a la constitución y a la ley de régimen electoral, pero que esto solo sería posible en el marco de un gran acuerdo.
Santo Domingo, R.D.-En una ofensiva contra el comercial ilegal, que incluye el alcohol adulterado, cigarrillos y contrabando de medicamentos, más de 2.3 millones de productos ilícitos fueron sacados de circulación durante operativos desplegados en la Semana Santa 2026.
Las acciones fueron ejecutadas a través de 19 allanamientos simultáneos y la inspección de 189 establecimientos previamente identificados por labores de inteligencia en distintas zonas del país, incluyendo áreas vulnerables y puntos fronterizos
Entre los productos incautados figuran 10,756 botellas y latas de bebidas alcohólicas —incluyendo cervezas, ron y whisky— que carecían de registro sanitario o presentaban etiquetado irregular, lo que las convierte en potencialmente peligrosas para el consumo humano.
A esto se suman 76 litros de clerén, una bebida de fabricación clandestina asociada a intoxicaciones graves, y un total de 2,290,103 cigarrillos introducidos de manera ilegal al país.
Los operativos estuvieron encabezados por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) y el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor).
El impacto de las jornadas también se extendió al ámbito de la salud pública con 38,572 unidades de medicamentos y estimulantes sexuales sin garantías de calidad ocupados, además de otros productos de consumo masivo en condiciones inadecuadas.
En el marco de las intervenciones, 15 personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público por presuntas violaciones a la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, que sanciona este tipo de prácticas.
Los despliegues incluyeron la movilización de 267 efectivos especializados en distintas regiones del país, así como vigilancia en puntos de control para supervisar el transporte de combustibles y mercancías, con el objetivo de prevenir irregularidades durante el asueto.
Aunque las autoridades señalaron que no se registraron muertes por consumo de alcohol adulterado durante la Semana Santa, los decomisos evidencian la magnitud de un mercado ilegal que sigue operando con fuerza, especialmente en períodos de alta circulación de personas, donde aumentan los riesgos para la salud y la seguridad.
Santo Domingo.-Tras cumplir condenas por distintos delitos en ese territorio, un grupo de 62 ciudadanos dominicanos fue repatriado al país.
La aeronave, fletada por las autoridades estadounidenses, aterrizó pasado el mediodía en el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez, con 60 hombres y dos mujeres a bordo, quienes habían estado recluidos en diferentes cárceles del sistema penitenciario norteamericano.
Refuerzan seguridad en aeropuertos dominicanos por Semana Santa
De acuerdo con informes preliminares, los repatriados fueron trasladados desde centros correccionales ubicados en varios estados hacia instalaciones de concentración migratoria, previo a su retorno definitivo a la República Dominicana.
En los primeros tres meses de 2026, más de 450 dominicanos han sido deportados tras cumplir condenas en Estados Unidos, reflejando la persistencia de la migración y los riesgos asociados a la inserción irregular o delictiva en el extranjero.
Gran parte de los detenidos fue arrestada durante operativos realizados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en ciudades con alta presencia de la diáspora dominicana como Nueva York, Boston, Chicago y el estado de Nueva Jersey.
Posteriormente, fueron trasladados a un centro de procesamiento en Haina, donde serán sometidos a procesos de registro, depuración e interrogatorios para determinar si tienen asuntos pendientes con la justicia dominicana.
Este tipo de operativos plantea desafíos en materia de seguridad y reinserción social, al tiempo que reabre el debate sobre las condiciones que enfrentan los dominicanos en el exterior y la necesidad de fortalecer políticas de prevención.
Mientras tanto, las autoridades locales se preparan para recibir nuevos grupos en las próximas semanas, en un flujo constante que, según se ha establecido, se produce cada martes con la llegada de aeronaves que trasladan a nacionales tras cumplir sus condenas en Estados Unidos.
Santo Somingo, R.D.-Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas, participó en una misa conmemorativa por el fallecimiento de su hijo, Eduardo Guarionex Estrella, y su nuera, Alexandra Grullón Segura, quienes murieron en la tragedia del Jet Set.
Estrella tuvo la oportunidad de hablar a los presentes y explicó sobre cómo el dolor y la tristeza siguen vigentes un año después de aquel fatídico 8 de abril de 2025.
“Sabía que esto iba a ser difícil, pero no tan difícil. No hay día del mundo para nosotros, en la casa, camino al trabajo, hablando con los amigos y familiares, que no nos venga a la memoria alguna situación de ellos (Guarionex y Alexandra)”, reveló.
De igual forma, expresó que el infortunio ha unido a las dos familias (Grullón y Estrella), pero aún así la falta de la pareja es notoria para ellos, amigos y cercanos.
“Nunca habrá forma de sustituirlos a ellos, ellos marcaron con su comportamiento, con su humildad, con su carisma, con su honestidad y eso por más que uno quiera explicación, no hay como explicarlo”, aseguró.
El homenaje fue llevado a cabo en la Parroquia Jesús Sumo y Eterno Sacerdote y contó con la asistencia de Raquel Peña, vicepresidenta de la República; Manuel Grullón, presidente del Banco Popular y Melba Segura de Grullón, madre de Alexandra Grullón Segura.
El titular del Ministerio de Obras Públicas dijo que esperan “que la justicia dominicana actúe como debe de actuar” dentro del caso que involucra a los hermanos Maribel y Antonio Espaillat, propietarios del centro nocturno.
“Nosotros esperamos que la justicia dominicana actúe como debe de actuar y no como esperamos los familiares, sino como espera la sociedad, como espera el pueblo dominicano; porque si esa justicia no actúa, va a actuar la justicia divina y ahí no valen medios de comunicación, ahí no valen tráficos de influencias. Todo en la vida se paga”, enfatizó.
También aseveró que ambas familias sienten indignación por el hecho: «Hay que estar en el alma, en el corazón y en el interior de cada uno de nosotros para que sepan lo indignados que nos sentimos. Nosotros como familia seguimos fuertes y lo hemos entendido porque creemos en Dios, porque somos familia de fe, sino fuéramos familia de fe tal vez actuáramos de otra manera«, mencionó.