Santo Domingo, RD.-Abogados constitucionalistas difieren en torno a la facultad que tiene la Junta Central Electoral para hacer la convocatoria extraordinaria para el día 5 de julio del presente año 2020, pero la clase política dominicana pareció tener un consenso sobre la necesidad que el órgano comicial tomara la señalada decisión.Más Noticias
Abogados constitucionalistas difieren sobre potestad de la JCE para posponer elecciones
Santo Domingo, RD.-Abogados constitucionalistas difieren en torno a la facultad que tiene la Junta Central Electoral para hacer la convocatoria extraordinaria para el día 5 de julio del presente año 2020, pero la clase política dominicana pareció tener un consenso sobre la necesidad que el órgano comicial tomara la señalada decisión.Los juristas tienen opiniones dividas también en torno a si era necesario que la Junta apodere al Congreso Nacional para que decida sobre la posposición de los comicios.
El abogado Cándido Simón fue de los primeros que fijó su posición sobre el tema, planteando que es inconstitucional la resolución de JCE que pospone las elecciones.
“La Constitución impide a la Junta Central Electoral modificar las fechas de las elecciones, debido a que las mismas están fijadas taxativamente por la Carta Sustantiva”, señaló Simón.
Ese criterio no es compartido por los abogados Jhon Garrido, José Reyes, y Carlos Pimentel (director ejecutivo de Participación Ciudadana). Mientras, el abogado Trajano Potentini sostiene que no se trata de enjuiciar si la medida es constitucional o no, sino de que nadie está obligado a lo imposible cuando se produce una situación de fuerza mayor, como la creada por el coronavirus.
El abogado Jhon Garrido sostiene que la resolución de la JCE que mueve las elecciones para julio es constitucional, convencional y apegada a los tratados, y convenciones internacionales que la República Dominicana ha reconocido.
“La Constitución adopta de forma indirecta el principio de unidad de la constitución, (ver art. 74.1). Es por ello, que no se puede leer el mandato que ordena celebrar elecciones cada cuatro años, sin armonizar con el mandato de preservar la salud o la dignidad humana (derecho a la salud)”, argumentó Garrido.
Explicó que cualquier institución de la administración pública tiene competencia para ejercer control convencional ex oficio y consideró que la JCE ejerció el control convencional implicando una normativa constitucional, porque de realizarse las elecciones se afectaría el derecho fundamental a la salud de las personas.
El abogado Trajano Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), consideró que postergar las elecciones fue una salida salomónica de la JCE, que contó con el consenso de los partidos políticos.
“Nadie está obligado a lo imposible, máxime cuando estamos en presencia de problema de fuerza mayor, que viene azotando casi a la totalidad del mundo y en particular a la República Dominicana, con un impacto demoledor en los ámbitos social, económico y hasta político, por los efecto y emergencia sanitaria del Coronavirus”, expuso·.
El jurista y catedrático universitario José Reyes, difiere del planteamiento de Simón sobre la inconstitucionalidad de la resolución de la JCE.
“La Constitución de la República establece en su artículo 209, el cual cita Simón, una fecha taxativa en cuanto a la celebración de elecciones, pero no es menos cierto que ese artículo en su numeral 3 reza de la siguiente manera: » En los casos de convocatoria extraordinaria y referendo, las Asambleas Electorales se reunirán a más tardar setenta días después de la publicación de la ley de convocatoria. No podrán coincidir las elecciones de autoridades con la celebración de referendo”, razonó.
También señala que la ley 15-19 en su artículo 18 numeral 7, otorga facultad al Pleno de la JCE para “convocar a elecciones extraordinarias cuando proceda de conformidad con la Constitución y la ley, dictando al efecto la correspondiente proclama”.
También indicó que fundamento el planteamiento de que el Congreso Nacional debe aprobar la proclama de las nuevas elecciones, pues sostiene que la dictada por la Junta no violenta el mandato constitucional.
El abogado Carlos Pimentel, quien es director ejecutivo del movimiento cívico Participación Ciudadana, señaló que la posposición de las elecciones en el marco de este periodo de emergencia por el coronavirus no debió ir al Congreso Nacional para su aprobación.
Expuso que la posposición del certamen electoral está dentro del marco de las funciones y competencias de la JCE.
“La norma sustantiva le da a la JCE no solo la facultad de dirigir, organizar y supervisar los procesos electorales, sino también un poder reglamentario, y tiene la facultad, según la ley 15-19, de disponer cuantas medidas considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral”, puntualizó.
Indicó que no hay duda de que se ha presentado una dificultad de fuerza mayor, que no hay forma de que la Junta pueda continuar con un proceso electoral, porque se está ante una crisis sanitaria global.
En cambio, planteó que si se tratara de una posposición que se extendiera más allá del período de toma de posesión, 16 de agosto, habría que acudir al Congreso Nacional y que esto implicaría una reforma a la constitución y a la ley de régimen electoral, pero que esto solo sería posible en el marco de un gran acuerdo.
Más Noticias
En un 86 por ciento se redujeron casos de dengue con relación al 2023 en Hospital Hugo Mendoza.
Santo Domingo, R.D.-Sólo 329 casos de dengue ha atendido el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza en lo que va del ano, lo que representa una reducción significativa en comparación con los 2,416 recibidos el año pasado.
En ese sentido, la directora del centro de salud, Dhamelisse Then, aseguró que esta baja se atribuye a las estrategias implementadas por el Ministerio de Salud Pública, que incluyen la eliminación de criaderos de mosquitos, campañas de concienciación comunitaria y una vigilancia epidemiológica robusta.
«Estas medidas han sido fundamentales para prevenir brotes significativos y mantener la enfermedad bajo control», expresó la galena a través de una nota de prensa.
Asimismo, destacó el fortalecimiento de la Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricas en la Red Pública, gracias al Servicio Nacional de Salud (SNS), lo que representa un aumento del 95 % en la disponibilidad de espacios para la atención crítica pediátrica. Además, subrayó que el personal del centro ha recibido capacitación en el curso sobre abordaje de dengue de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), lo que asegura una atención especializada y actualizada para cada caso.
«La reducción en los casos de dengue es fruto del esfuerzo coordinado entre el Ministerio de Salud Pública y la ciudadanía. Este logro demuestra la efectividad de las campañas de prevención y el compromiso de la población en adoptar prácticas de higiene y eliminar criaderos de mosquitos. Seguimos exhortando a la ciudadanía mantener esta colaboración para asegurar el bienestar de todos», agregó Then.
Se recuerda que, hasta la semana epidemiológica 43, República Dominicana registra 9,846 casos sospechosos de dengue, con 1,203 casos confirmados por laboratorio.
En contraste, la Región de las Américas ha experimentado un aumento considerable en los casos de dengue durante 2024. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), hasta la semana epidemiológica 39, se reportaron 12,027,427 casos sospechosos en la región, lo que representa un incremento del 215 % en comparación con el mismo período de 2023.
Santo Domingo, R.D.-Un hombre, identificado como Wady Infante Saviñón, de 47 anos de edad, falleció tras recibir dos disparos al intentar frustrar un asalto a su hijo en el sector Arroyo Hondo 11 del Distrito Nacional.
El suceso ocurrió alrededor de las 12:00 del mediodía de este miércoles en la plaza Thesalia, cuando los asaltantes llegaron a bordo de una motocicleta al referido lugar.
Cristofer Joel Infante, hijo de la víctima y quien tiene un negocio en la plaza, relató los hechos a Diario Libre. Dijo que mientras ocurría el asalto, su padre, quien estaba cerca de él, intentó intervenir para detener a uno de los asaltantes, pero fue impactado con dos disparos.
«El día anterior habíamos acordado una venta de un vehículo Honda Accord 2016 blanco y nos citamos con el comprador en la plaza, donde tengo mi negocio de celulares. En medio de la negociación, llegaron dos hombres en una motocicleta, me apuntaron con un arma y me despojaron de todas las prendas que llevaba«, narró Cristofer Joel.
Entre los objetos robados detalló un reloj valorado en 13,500 dólares, dos anillos valuados en 100,000 pesos y 120,000 pesos, cada uno; dos cadenas con valor de 200,000 pesos, y un guillo valorado en 60,000 pesos, sumando un total de aproximadamente 1,150,000 pesos en pertenencias, según dijo Cristofer Joel Infante.
Explicó que su padre fue trasladado en una ambulancia al hospital Hospital Salvador Bienvenido Gautier, donde murió durante la cirugía.
Investigación del caso
Infante indicó que se reportó el atraco a las autoridades, quienes comenzaron una investigación del caso.
El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que agentes policiales, bajo la coordinación del Ministerio Público, profundizan las investigaciones para identificar a los que cometieron los hechos.
Pesqueira señaló que agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y representantes del órgano persecutor han realizado levantamientos de cámaras de vigilancia y entrevistas a varias personas.
Las autoridades han interrogado a todos los presentes en la plaza, incluyendo al posible comprador del vehículo. También mantienen detenido a un guardia de seguridad de uno de los establecimientos de la plaza.
Velatorio
Los restos de Wady Infante Saviñón serán velados el día de mañana en una ceremonia íntima.
Cristofer Joel Infante expresó que la pérdida de su padre ha dejado una «profunda tristeza en la familia» y en quienes lo conocían, describiéndolo como un hombre trabajador y comprometido, que «solía acompañarme diariamente en el negocio».
Santo Domingo, RD – Por más de seiscientos noventa y seis millones de pesos rentó la Dirección General de Pasaportes (DGP), bajo la dirección de Lorenzo David Ramírez Uribe, según el contrato de arrendamiento firmado por un edificio en el sector Ensanche Naco de Santo Domingo por un periodo de cinco años con opción a compra.
El acuerdo firmado entre la DGP y la empresa Inmobiliaria Reservas S.A., establece un alquiler de RD$696,930,106.86 por cinco años, lo que equivale a RD$8,941,575.69 mensuales. Este contrato incluye el costo del alquiler del edificio, así como el mantenimiento de las instalaciones.
El inmueble está ubicado en la Avenida Roberto Pastoriza, casi esquina con la Avenida Tiradentes, y cuenta con aproximadamente 9,832 m² de construcción. Además, el edificio incluye 135 parqueos y varios niveles dedicados a oficinas administrativas, además de un terreno adicional de 1,080 m² que será utilizado para el almacenamiento y parqueo.
Características del contrato
El inmueble arrendado, conocido como Edificio EPOKAL 253, tiene once niveles, de los cuales dos están destinados para uso comercial y nueve para oficinas. Según el contrato, el arrendador garantiza a la Dirección General de Pasaportes el uso pacífico del inmueble durante los próximos cinco años.
Además, se establece una cláusula que otorga a la DGP la opción de compra al final del periodo de arrendamiento, con un precio negociado en base a una tasación independiente.
El contrato también contempla incrementos anuales del 5% en el costo del alquiler y el mantenimiento, lo que refleja la tasa de inflación y la depreciación del valor del dólar estadounidense, dado que los pagos se realizarán en pesos dominicanos pero indexados al dólar.
Impacto y justificación del alquiler
Este contrato se enmarca en un contexto de búsqueda de un espacio adecuado para centralizar las oficinas administrativas de Pasaportes. El mismo tiene la finalidad de mejorar los servicios y la atención al ciudadano.
Si la DGP no decide comprar el inmueble, el contrato se renovará automáticamente por otros cinco años. Este contrato contara con una revisión del precio de alquiler, ajustado a la depreciación de la moneda y otros factores económicos.