Opinión
Cuba, Venezuela… ¡Tanto que las denigraron!
Por Narciso Isa Conde
Es difícil encontrar en la historia reciente de la humanidad dos países más atacados y denigrados que CUBA Y VENEZUELA por fuerzas, potencias, superpotencias, sistemas transnacionales y corporaciones tan poderosas como agresivas.
Dos países intensamente bloqueados.
Cercados.
Acosados.
Estrangulados
Agredidos.
Calumniados.
Difamados.
Toda una larga y persistente cruzada reaccionaria, ascendente y feroz.
Un intenso coro de mentiras, medias verdades y tergiversaciones abrumantes.
Sucesivas guerras de baja y mediana intensidad, de cuarta y quinta generación.
Guerras mediáticas, cibernéticas, financieras, químicas, psicológicas, biológicas, terroristas, magnicidas, militares, para-militares…
Una conjura de enormes dimensiones destinada a desacreditarlos, ocultar realidades, crear fantasías tenebrosas y aplastar la soberanía de ambas naciones latino-caribeñas.
Una confabulación internacional a cargo del imperialismo occidental con EEUU a la cabeza.
Departamento de Estado, Pentágono, CÍA, DEA, WALL STREET, FMI, BM, Unión Europea, OTAN, Israel MOSSAD, Grupo Lima, Colombia, sus “paracos” y sus bases gringas, derechas y ultraderechas continentales y mundiales, traidores y renegados, CNN, FOX, HERALD, VOA…todos perversamente apandillados contra dos proyectos de países y sociedades en procura de autodeterminación y justicia social.
Dos procesos de cambios trascendentes, con virtudes y defectos, logros y limitaciones, aciertos y errores… empeñados en un heroico combate desigual por el bienestar colectivo.
Dos transiciones revolucionarias difíciles, complejas, abarrotadas de aprendizajes, escollos, herencias negativas y adversidades provocadas por sus enemigos.
- DOS HAZAÑAS DE UN VALOR INCONMENSURABLE.
Sería muy tedioso hacer aquí menciones detalladas de tantas mentiras, descripciones calumniosas, expresiones de menosprecio; recurrentes campañas sobre el supuesto infierno fidelista y chavista, denuncias de penurias y miserias inexistentes, descalificaciones y maledicencias contra sus gobernantes, y comparaciones maliciosas frente a otras naciones bajo tutela imperial y gobiernos nefastos.
Pero es preciso destacar que sobrevivir, mostrando ante el mundo (¿gracias al COVID-19?) sus fortalezas y potencialidades emancipadoras, su acumulado social, su vocación solidaria, su capacidad de autoprotección y autodefensa de la salud de sus pueblos, no puede menos ser considerado en ambos casos –cada uno con sus particularidades- como una GRAN HAZAÑA.
El merito es muy grande porque en ambos casos no podían ser más fuertes las adversidades a vencer, ocasionadas por sendos bloqueos y sendas guerras económicas criminales de corte imperialista; esto es, por las precariedades materiales sufridas a causa del estrangulamiento comercial y financiero que golpearon a Cuba y Venezuela antes de la llegada del pernicioso CORONA VIRUS.
Sin embargo, esos ingredientes -dramáticamente adversos- no han estado presentes anticipadamente en las naciones más afectadas por la pandemia a escala mundial, algunas de ellas grandes potencias económicas, con enormes capitales y riquezas, grandes recursos acumulados e impresionante desarrollo tecno-científico.
Pero como el COVID 19 no es la crisis, sino un detonante-acelerador de la misma…
Como no es el causante de los deterioros de los sistemas de salud pública y seguridad social, sino un agente extraño que desnuda realidades…
Como no es causa de desigualdades, penurias sociales y vulnerabilidades especificas de la salud colectiva e individual en sociedades determinadas, sino agresión adicional que las desnuda…
Tampoco es capitalismo dependiente empobrecedor y colonizador, ni neoliberalismo privatizador, ni capitalismo ecocida y decadente…sino micro-organismo infeccioso sin antídoto para contrarrestarlo eficazmente en lo inmediato; con alto poder de contaminante, fuerte vocación genocida y mucha capacidad para generar una crisis colectiva de salud y el consiguiente desplome de la economía…
Entonces, en consecuencia, la pandemia por él provocada tiene dos impactos contradictorios: desnuda debilidades y saca a flota las fortalezas acumuladas en los diferentes sistemas económicos, sociales, políticos y culturales, respecto a la manera de gobernar y de relacionarse el Estado con la sociedad y la reacciones oportunas, eficaces o no de sus gobernantes.
CUBA y VENEZUELA, en sí mismas, y en comparación con una gran parte de los países afectados por la pandemia, han demostrado tener más fortalezas que debilidades y mayores ventajas relativas para controlarla y revertirla; a pesar de todo lo que le han hecho sus crueles e impenitentes enemigos.
Las cifras no mienten, ambas naciones están situadas entre las que pocos daños han sufrido en materia de salud y entre las que más solidaridad están brindando a los países más afectados, incluyendo a algunos con enormes riquezas acumuladas. A pesar de ser Cuba (turismo) y Venezuela (amplias fronteras) países con muchos vasos comunicantes con el exterior
Bajos índices de contagio, mayor masificación de las pruebas, mejores índices de recuperación de los afectados, baja tasa de personas fallecidas, mejor control, eficaz anticipación a la expansión, previsiones adecuadas, altos niveles de organización y disciplina, estrecha relaciones Estado-pueblo, y respuestas rápidas a los nuevos desafíos
- ¿CUALES HAN SIDO ESAS FORTALEZAS Y VENTAJAS RELATIVAS DE CUBA Y VENEZUELA?
A riesgo tanto de quedarme corto como de ciertas imprecisiones, me decido por incluir las siguientes características, dando por descontado las diferenciaciones y especificidades, y las particularidades de sus modelos políticos y de sus respectivas formaciones económicos-sociales:
-La sensibilidad social de quienes dirigen el Estado y las fuerzas políticas gobernantes.
-La preeminencia en esta situación de emergencia del derecho a la salud y a la vida del ser humano por encima del interés económico empresarial (privado y estatal), derivada de una concepción general que coloca al pueblo trabajador como centro de las políticas públicas.
-La decisión histórica de contrarrestar la estrategia neoliberal del capitalismo y su impronta privatizadora.
-La tendencia a la socialización e implementación de programas sociales y políticas públicas audaces; con énfasis en salud, educación, seguridad social, cultura y alimentación básica.
-La reducción de las desigualdades sociales y la exclusión social.
-Altos grados de organización popular-comunitaria conectada con la estatal.
-Valiosas experiencias acumuladas y calificada especialización en situaciones de desastre y momentos de emergencia.
-Amplio personal médico y para-médico especializado disponible, con alta vocación de servicio y espíritu de sacrificio; operando en sistemas de salud pública y seguridad social preservados del afán de lucro privado; total en Cuba, parcial pero muy vasto en Venezuela.
-Cultura solidaria en el plano nacional e internacional.
-Ejercicio de soberanía que les permite un justo aprovechamiento de la multipolaridad mundial y del respaldo de potencias emergentes que no condicionan la cooperación inter-estatal a los intereses del gran capital privado (casos China, Rusia, Irán…); lo que en el marco de esta pandemia, dada la experiencia acumulada por China, ha sido muy provechoso.
-Prevenciones, acopios, aprovisionamientos y medidas anticipadas contundentes, no condicionadas por intereses económicos u oportunismos políticos; lo que posibilitó contrarrestar la contaminación a tiempo, detectar los niveles de infección inicial y reducir su impacto mortal.
Es decir, Cuba y Venezuela se situaron entre los países que frente a la pandemia, y con anticipación a su propagación interna, supieron combinar a tiempo y eficazmente las medidas de pruebas masivas, cuarentena, buen nivel de recogimiento ciudadano, pruebas, restricciones de contactos, autoprotección personal y familiar, y cooperación armónica Estado-sociedad, con un suministro básico de alimentos, medios de vida y amplios servicios salud gratuitos y de buen nivel aun en medio de la parálisis o semi-parálisis económica.
Al parecer esa combinación es la clave, dado que en aquellos países donde no ella se ha logrado, es evidente que los resultados están distantes de controlar la pandemia en plazos aceptables, de detener y revertir a tiempo el incremento de la infección y el ascenso del número de muertes.
Ese ha sido el caso de no pocos países del llamado “primer mundo”, incluido EEUU-Italia-España-Francia-Alemania-Inglaterra, y de tantos otros de la periferia dependiente y neoliberalmente re-colonizados, como República Dominicana, y otros donde se impuso el poder de las derechas pro-imperialistas revirtiendo bruscamente los avances sociales alcanzados, como Ecuador y Brasil…para solo mencionar algunos ejemplos
A eso se le agregan las consecuencias de la pandemia sobre la economía, de cuyo impacto altamente negativo no están libres ni Cuba ni Venezuela, muy especialmente Cuba por el desplome del turismo. Pero el evidente e inevitable agravamiento de la situación económica-social en esos dos países hermanos, en un mundo interrelacionado, es otro tema merecedor de una especial atención y más espacio.
Adelanto sí que de todas maneras, tanto los actuales vínculos internacionales de Cuba y Venezuela como sus respectivos sistemas económico-sociales y regímenes políticos, y sus particulares experiencias en resistir y sobreponerse a peores agresiones y peores desplomes económicos que éste (recordemos el periodo especial en Cuba ante el colapso de la URSS y los países del Este Europeo, y la manera como Venezuela ha resistido las embestidas gringas), si bien auguran serias dificultades, también mayores posibilidades de recuperación que las que se vislumbran en la periferia “tercermundista” dependiente de EEUU y la Unión Europea.
Mientras, por el impero de una vocación de justicia y sensibilidad social, la carga adicional de los periodos especiales y las fases de emergencia, generalmente se asumen con alto sentido de equidad, procurando emparejar lo más posible el peso de los sacrificios.
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?