Opinión
Cuba, Venezuela… ¡Tanto que las denigraron!
Por Narciso Isa Conde
Es difícil encontrar en la historia reciente de la humanidad dos países más atacados y denigrados que CUBA Y VENEZUELA por fuerzas, potencias, superpotencias, sistemas transnacionales y corporaciones tan poderosas como agresivas.
Dos países intensamente bloqueados.
Cercados.
Acosados.
Estrangulados
Agredidos.
Calumniados.
Difamados.
Toda una larga y persistente cruzada reaccionaria, ascendente y feroz.
Un intenso coro de mentiras, medias verdades y tergiversaciones abrumantes.
Sucesivas guerras de baja y mediana intensidad, de cuarta y quinta generación.
Guerras mediáticas, cibernéticas, financieras, químicas, psicológicas, biológicas, terroristas, magnicidas, militares, para-militares…
Una conjura de enormes dimensiones destinada a desacreditarlos, ocultar realidades, crear fantasías tenebrosas y aplastar la soberanía de ambas naciones latino-caribeñas.
Una confabulación internacional a cargo del imperialismo occidental con EEUU a la cabeza.
Departamento de Estado, Pentágono, CÍA, DEA, WALL STREET, FMI, BM, Unión Europea, OTAN, Israel MOSSAD, Grupo Lima, Colombia, sus “paracos” y sus bases gringas, derechas y ultraderechas continentales y mundiales, traidores y renegados, CNN, FOX, HERALD, VOA…todos perversamente apandillados contra dos proyectos de países y sociedades en procura de autodeterminación y justicia social.
Dos procesos de cambios trascendentes, con virtudes y defectos, logros y limitaciones, aciertos y errores… empeñados en un heroico combate desigual por el bienestar colectivo.
Dos transiciones revolucionarias difíciles, complejas, abarrotadas de aprendizajes, escollos, herencias negativas y adversidades provocadas por sus enemigos.
- DOS HAZAÑAS DE UN VALOR INCONMENSURABLE.
Sería muy tedioso hacer aquí menciones detalladas de tantas mentiras, descripciones calumniosas, expresiones de menosprecio; recurrentes campañas sobre el supuesto infierno fidelista y chavista, denuncias de penurias y miserias inexistentes, descalificaciones y maledicencias contra sus gobernantes, y comparaciones maliciosas frente a otras naciones bajo tutela imperial y gobiernos nefastos.
Pero es preciso destacar que sobrevivir, mostrando ante el mundo (¿gracias al COVID-19?) sus fortalezas y potencialidades emancipadoras, su acumulado social, su vocación solidaria, su capacidad de autoprotección y autodefensa de la salud de sus pueblos, no puede menos ser considerado en ambos casos –cada uno con sus particularidades- como una GRAN HAZAÑA.
El merito es muy grande porque en ambos casos no podían ser más fuertes las adversidades a vencer, ocasionadas por sendos bloqueos y sendas guerras económicas criminales de corte imperialista; esto es, por las precariedades materiales sufridas a causa del estrangulamiento comercial y financiero que golpearon a Cuba y Venezuela antes de la llegada del pernicioso CORONA VIRUS.
Sin embargo, esos ingredientes -dramáticamente adversos- no han estado presentes anticipadamente en las naciones más afectadas por la pandemia a escala mundial, algunas de ellas grandes potencias económicas, con enormes capitales y riquezas, grandes recursos acumulados e impresionante desarrollo tecno-científico.
Pero como el COVID 19 no es la crisis, sino un detonante-acelerador de la misma…
Como no es el causante de los deterioros de los sistemas de salud pública y seguridad social, sino un agente extraño que desnuda realidades…
Como no es causa de desigualdades, penurias sociales y vulnerabilidades especificas de la salud colectiva e individual en sociedades determinadas, sino agresión adicional que las desnuda…
Tampoco es capitalismo dependiente empobrecedor y colonizador, ni neoliberalismo privatizador, ni capitalismo ecocida y decadente…sino micro-organismo infeccioso sin antídoto para contrarrestarlo eficazmente en lo inmediato; con alto poder de contaminante, fuerte vocación genocida y mucha capacidad para generar una crisis colectiva de salud y el consiguiente desplome de la economía…
Entonces, en consecuencia, la pandemia por él provocada tiene dos impactos contradictorios: desnuda debilidades y saca a flota las fortalezas acumuladas en los diferentes sistemas económicos, sociales, políticos y culturales, respecto a la manera de gobernar y de relacionarse el Estado con la sociedad y la reacciones oportunas, eficaces o no de sus gobernantes.
CUBA y VENEZUELA, en sí mismas, y en comparación con una gran parte de los países afectados por la pandemia, han demostrado tener más fortalezas que debilidades y mayores ventajas relativas para controlarla y revertirla; a pesar de todo lo que le han hecho sus crueles e impenitentes enemigos.
Las cifras no mienten, ambas naciones están situadas entre las que pocos daños han sufrido en materia de salud y entre las que más solidaridad están brindando a los países más afectados, incluyendo a algunos con enormes riquezas acumuladas. A pesar de ser Cuba (turismo) y Venezuela (amplias fronteras) países con muchos vasos comunicantes con el exterior
Bajos índices de contagio, mayor masificación de las pruebas, mejores índices de recuperación de los afectados, baja tasa de personas fallecidas, mejor control, eficaz anticipación a la expansión, previsiones adecuadas, altos niveles de organización y disciplina, estrecha relaciones Estado-pueblo, y respuestas rápidas a los nuevos desafíos
- ¿CUALES HAN SIDO ESAS FORTALEZAS Y VENTAJAS RELATIVAS DE CUBA Y VENEZUELA?
A riesgo tanto de quedarme corto como de ciertas imprecisiones, me decido por incluir las siguientes características, dando por descontado las diferenciaciones y especificidades, y las particularidades de sus modelos políticos y de sus respectivas formaciones económicos-sociales:
-La sensibilidad social de quienes dirigen el Estado y las fuerzas políticas gobernantes.
-La preeminencia en esta situación de emergencia del derecho a la salud y a la vida del ser humano por encima del interés económico empresarial (privado y estatal), derivada de una concepción general que coloca al pueblo trabajador como centro de las políticas públicas.
-La decisión histórica de contrarrestar la estrategia neoliberal del capitalismo y su impronta privatizadora.
-La tendencia a la socialización e implementación de programas sociales y políticas públicas audaces; con énfasis en salud, educación, seguridad social, cultura y alimentación básica.
-La reducción de las desigualdades sociales y la exclusión social.
-Altos grados de organización popular-comunitaria conectada con la estatal.
-Valiosas experiencias acumuladas y calificada especialización en situaciones de desastre y momentos de emergencia.
-Amplio personal médico y para-médico especializado disponible, con alta vocación de servicio y espíritu de sacrificio; operando en sistemas de salud pública y seguridad social preservados del afán de lucro privado; total en Cuba, parcial pero muy vasto en Venezuela.
-Cultura solidaria en el plano nacional e internacional.
-Ejercicio de soberanía que les permite un justo aprovechamiento de la multipolaridad mundial y del respaldo de potencias emergentes que no condicionan la cooperación inter-estatal a los intereses del gran capital privado (casos China, Rusia, Irán…); lo que en el marco de esta pandemia, dada la experiencia acumulada por China, ha sido muy provechoso.
-Prevenciones, acopios, aprovisionamientos y medidas anticipadas contundentes, no condicionadas por intereses económicos u oportunismos políticos; lo que posibilitó contrarrestar la contaminación a tiempo, detectar los niveles de infección inicial y reducir su impacto mortal.
Es decir, Cuba y Venezuela se situaron entre los países que frente a la pandemia, y con anticipación a su propagación interna, supieron combinar a tiempo y eficazmente las medidas de pruebas masivas, cuarentena, buen nivel de recogimiento ciudadano, pruebas, restricciones de contactos, autoprotección personal y familiar, y cooperación armónica Estado-sociedad, con un suministro básico de alimentos, medios de vida y amplios servicios salud gratuitos y de buen nivel aun en medio de la parálisis o semi-parálisis económica.
Al parecer esa combinación es la clave, dado que en aquellos países donde no ella se ha logrado, es evidente que los resultados están distantes de controlar la pandemia en plazos aceptables, de detener y revertir a tiempo el incremento de la infección y el ascenso del número de muertes.
Ese ha sido el caso de no pocos países del llamado “primer mundo”, incluido EEUU-Italia-España-Francia-Alemania-Inglaterra, y de tantos otros de la periferia dependiente y neoliberalmente re-colonizados, como República Dominicana, y otros donde se impuso el poder de las derechas pro-imperialistas revirtiendo bruscamente los avances sociales alcanzados, como Ecuador y Brasil…para solo mencionar algunos ejemplos
A eso se le agregan las consecuencias de la pandemia sobre la economía, de cuyo impacto altamente negativo no están libres ni Cuba ni Venezuela, muy especialmente Cuba por el desplome del turismo. Pero el evidente e inevitable agravamiento de la situación económica-social en esos dos países hermanos, en un mundo interrelacionado, es otro tema merecedor de una especial atención y más espacio.
Adelanto sí que de todas maneras, tanto los actuales vínculos internacionales de Cuba y Venezuela como sus respectivos sistemas económico-sociales y regímenes políticos, y sus particulares experiencias en resistir y sobreponerse a peores agresiones y peores desplomes económicos que éste (recordemos el periodo especial en Cuba ante el colapso de la URSS y los países del Este Europeo, y la manera como Venezuela ha resistido las embestidas gringas), si bien auguran serias dificultades, también mayores posibilidades de recuperación que las que se vislumbran en la periferia “tercermundista” dependiente de EEUU y la Unión Europea.
Mientras, por el impero de una vocación de justicia y sensibilidad social, la carga adicional de los periodos especiales y las fases de emergencia, generalmente se asumen con alto sentido de equidad, procurando emparejar lo más posible el peso de los sacrificios.
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?