Opinión
Cuba, Venezuela… ¡Tanto que las denigraron!
Por Narciso Isa Conde
Es difícil encontrar en la historia reciente de la humanidad dos países más atacados y denigrados que CUBA Y VENEZUELA por fuerzas, potencias, superpotencias, sistemas transnacionales y corporaciones tan poderosas como agresivas.
Dos países intensamente bloqueados.
Cercados.
Acosados.
Estrangulados
Agredidos.
Calumniados.
Difamados.
Toda una larga y persistente cruzada reaccionaria, ascendente y feroz.
Un intenso coro de mentiras, medias verdades y tergiversaciones abrumantes.
Sucesivas guerras de baja y mediana intensidad, de cuarta y quinta generación.
Guerras mediáticas, cibernéticas, financieras, químicas, psicológicas, biológicas, terroristas, magnicidas, militares, para-militares…
Una conjura de enormes dimensiones destinada a desacreditarlos, ocultar realidades, crear fantasías tenebrosas y aplastar la soberanía de ambas naciones latino-caribeñas.
Una confabulación internacional a cargo del imperialismo occidental con EEUU a la cabeza.
Departamento de Estado, Pentágono, CÍA, DEA, WALL STREET, FMI, BM, Unión Europea, OTAN, Israel MOSSAD, Grupo Lima, Colombia, sus “paracos” y sus bases gringas, derechas y ultraderechas continentales y mundiales, traidores y renegados, CNN, FOX, HERALD, VOA…todos perversamente apandillados contra dos proyectos de países y sociedades en procura de autodeterminación y justicia social.
Dos procesos de cambios trascendentes, con virtudes y defectos, logros y limitaciones, aciertos y errores… empeñados en un heroico combate desigual por el bienestar colectivo.
Dos transiciones revolucionarias difíciles, complejas, abarrotadas de aprendizajes, escollos, herencias negativas y adversidades provocadas por sus enemigos.
- DOS HAZAÑAS DE UN VALOR INCONMENSURABLE.
Sería muy tedioso hacer aquí menciones detalladas de tantas mentiras, descripciones calumniosas, expresiones de menosprecio; recurrentes campañas sobre el supuesto infierno fidelista y chavista, denuncias de penurias y miserias inexistentes, descalificaciones y maledicencias contra sus gobernantes, y comparaciones maliciosas frente a otras naciones bajo tutela imperial y gobiernos nefastos.
Pero es preciso destacar que sobrevivir, mostrando ante el mundo (¿gracias al COVID-19?) sus fortalezas y potencialidades emancipadoras, su acumulado social, su vocación solidaria, su capacidad de autoprotección y autodefensa de la salud de sus pueblos, no puede menos ser considerado en ambos casos –cada uno con sus particularidades- como una GRAN HAZAÑA.
El merito es muy grande porque en ambos casos no podían ser más fuertes las adversidades a vencer, ocasionadas por sendos bloqueos y sendas guerras económicas criminales de corte imperialista; esto es, por las precariedades materiales sufridas a causa del estrangulamiento comercial y financiero que golpearon a Cuba y Venezuela antes de la llegada del pernicioso CORONA VIRUS.
Sin embargo, esos ingredientes -dramáticamente adversos- no han estado presentes anticipadamente en las naciones más afectadas por la pandemia a escala mundial, algunas de ellas grandes potencias económicas, con enormes capitales y riquezas, grandes recursos acumulados e impresionante desarrollo tecno-científico.
Pero como el COVID 19 no es la crisis, sino un detonante-acelerador de la misma…
Como no es el causante de los deterioros de los sistemas de salud pública y seguridad social, sino un agente extraño que desnuda realidades…
Como no es causa de desigualdades, penurias sociales y vulnerabilidades especificas de la salud colectiva e individual en sociedades determinadas, sino agresión adicional que las desnuda…
Tampoco es capitalismo dependiente empobrecedor y colonizador, ni neoliberalismo privatizador, ni capitalismo ecocida y decadente…sino micro-organismo infeccioso sin antídoto para contrarrestarlo eficazmente en lo inmediato; con alto poder de contaminante, fuerte vocación genocida y mucha capacidad para generar una crisis colectiva de salud y el consiguiente desplome de la economía…
Entonces, en consecuencia, la pandemia por él provocada tiene dos impactos contradictorios: desnuda debilidades y saca a flota las fortalezas acumuladas en los diferentes sistemas económicos, sociales, políticos y culturales, respecto a la manera de gobernar y de relacionarse el Estado con la sociedad y la reacciones oportunas, eficaces o no de sus gobernantes.
CUBA y VENEZUELA, en sí mismas, y en comparación con una gran parte de los países afectados por la pandemia, han demostrado tener más fortalezas que debilidades y mayores ventajas relativas para controlarla y revertirla; a pesar de todo lo que le han hecho sus crueles e impenitentes enemigos.
Las cifras no mienten, ambas naciones están situadas entre las que pocos daños han sufrido en materia de salud y entre las que más solidaridad están brindando a los países más afectados, incluyendo a algunos con enormes riquezas acumuladas. A pesar de ser Cuba (turismo) y Venezuela (amplias fronteras) países con muchos vasos comunicantes con el exterior
Bajos índices de contagio, mayor masificación de las pruebas, mejores índices de recuperación de los afectados, baja tasa de personas fallecidas, mejor control, eficaz anticipación a la expansión, previsiones adecuadas, altos niveles de organización y disciplina, estrecha relaciones Estado-pueblo, y respuestas rápidas a los nuevos desafíos
- ¿CUALES HAN SIDO ESAS FORTALEZAS Y VENTAJAS RELATIVAS DE CUBA Y VENEZUELA?
A riesgo tanto de quedarme corto como de ciertas imprecisiones, me decido por incluir las siguientes características, dando por descontado las diferenciaciones y especificidades, y las particularidades de sus modelos políticos y de sus respectivas formaciones económicos-sociales:
-La sensibilidad social de quienes dirigen el Estado y las fuerzas políticas gobernantes.
-La preeminencia en esta situación de emergencia del derecho a la salud y a la vida del ser humano por encima del interés económico empresarial (privado y estatal), derivada de una concepción general que coloca al pueblo trabajador como centro de las políticas públicas.
-La decisión histórica de contrarrestar la estrategia neoliberal del capitalismo y su impronta privatizadora.
-La tendencia a la socialización e implementación de programas sociales y políticas públicas audaces; con énfasis en salud, educación, seguridad social, cultura y alimentación básica.
-La reducción de las desigualdades sociales y la exclusión social.
-Altos grados de organización popular-comunitaria conectada con la estatal.
-Valiosas experiencias acumuladas y calificada especialización en situaciones de desastre y momentos de emergencia.
-Amplio personal médico y para-médico especializado disponible, con alta vocación de servicio y espíritu de sacrificio; operando en sistemas de salud pública y seguridad social preservados del afán de lucro privado; total en Cuba, parcial pero muy vasto en Venezuela.
-Cultura solidaria en el plano nacional e internacional.
-Ejercicio de soberanía que les permite un justo aprovechamiento de la multipolaridad mundial y del respaldo de potencias emergentes que no condicionan la cooperación inter-estatal a los intereses del gran capital privado (casos China, Rusia, Irán…); lo que en el marco de esta pandemia, dada la experiencia acumulada por China, ha sido muy provechoso.
-Prevenciones, acopios, aprovisionamientos y medidas anticipadas contundentes, no condicionadas por intereses económicos u oportunismos políticos; lo que posibilitó contrarrestar la contaminación a tiempo, detectar los niveles de infección inicial y reducir su impacto mortal.
Es decir, Cuba y Venezuela se situaron entre los países que frente a la pandemia, y con anticipación a su propagación interna, supieron combinar a tiempo y eficazmente las medidas de pruebas masivas, cuarentena, buen nivel de recogimiento ciudadano, pruebas, restricciones de contactos, autoprotección personal y familiar, y cooperación armónica Estado-sociedad, con un suministro básico de alimentos, medios de vida y amplios servicios salud gratuitos y de buen nivel aun en medio de la parálisis o semi-parálisis económica.
Al parecer esa combinación es la clave, dado que en aquellos países donde no ella se ha logrado, es evidente que los resultados están distantes de controlar la pandemia en plazos aceptables, de detener y revertir a tiempo el incremento de la infección y el ascenso del número de muertes.
Ese ha sido el caso de no pocos países del llamado “primer mundo”, incluido EEUU-Italia-España-Francia-Alemania-Inglaterra, y de tantos otros de la periferia dependiente y neoliberalmente re-colonizados, como República Dominicana, y otros donde se impuso el poder de las derechas pro-imperialistas revirtiendo bruscamente los avances sociales alcanzados, como Ecuador y Brasil…para solo mencionar algunos ejemplos
A eso se le agregan las consecuencias de la pandemia sobre la economía, de cuyo impacto altamente negativo no están libres ni Cuba ni Venezuela, muy especialmente Cuba por el desplome del turismo. Pero el evidente e inevitable agravamiento de la situación económica-social en esos dos países hermanos, en un mundo interrelacionado, es otro tema merecedor de una especial atención y más espacio.
Adelanto sí que de todas maneras, tanto los actuales vínculos internacionales de Cuba y Venezuela como sus respectivos sistemas económico-sociales y regímenes políticos, y sus particulares experiencias en resistir y sobreponerse a peores agresiones y peores desplomes económicos que éste (recordemos el periodo especial en Cuba ante el colapso de la URSS y los países del Este Europeo, y la manera como Venezuela ha resistido las embestidas gringas), si bien auguran serias dificultades, también mayores posibilidades de recuperación que las que se vislumbran en la periferia “tercermundista” dependiente de EEUU y la Unión Europea.
Mientras, por el impero de una vocación de justicia y sensibilidad social, la carga adicional de los periodos especiales y las fases de emergencia, generalmente se asumen con alto sentido de equidad, procurando emparejar lo más posible el peso de los sacrificios.
Por Rommel Santos Diaz
El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo en cuenta las siguientes circunstancias:
- a)La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional;
- b)La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma;
- c)Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.
El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación se basará únicamente en lo señalado anteriormente, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.
Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento ya que:
- a)No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58 del Estatuto de Roma;
- b)La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma ; o
- c)El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen, notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 del Estatuto o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el artículo 13 del Estatuto de Roma.
Por otro lado, a petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 del Estatuto de Roma o del Consejo de Seguridad de conformidad con el artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con este mismo artículo y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión.
Además la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basará únicamente en el párrafo 1 c) o 2 c) del artículo 13 del Estatuto de Roma. En este caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.
Finalmente, el Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.
Por Isaías Ramos
Mil doscientos millones de pesos para señalización turística. A la vez, se denuncian escuelas de jornada extendida con carencias de agua, baños, aulas, comedores y espacios adecuados.
No son partidas presupuestarias jurídicamente intercambiables. Pero sí revelan algo más profundo: qué problemas reciben recursos y urgencia del Estado, y cuáles continúan esperando.
La pregunta es inevitable:
¿Para quién está funcionando nuestro crecimiento?
La República Dominicana ha crecido. Negarlo sería absurdo. Han aumentado el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones y el PIB. Pero durante más de tres décadas hemos confundido crecimiento con desarrollo, como si una cifra macroeconómica pudiera sustituir el bienestar de una familia.
Nuestra Constitución establece otra jerarquía. El artículo 8 dispone que la función esencial del Estado es proteger los derechos de la persona, respetar su dignidad y procurar su desarrollo dentro de un marco de justicia social y bienestar general. El artículo 217 ordena orientar el régimen económico hacia el desarrollo humano.
La Constitución no coloca al ciudadano al servicio de la economía. Coloca la economía al servicio del ciudadano.
El crecimiento es un medio, no el fin de la República. Podemos exhibir excelentes indicadores mientras demasiados dominicanos compran agua, pagan de su bolsillo educación y salud y viven en comunidades donde el progreso parece pasar de largo.
El modelo ha consolidado rasgos de rentismo, extractivismo y exclusión. Extraemos minerales, pero también obtenemos rentas del agua, las costas, el suelo y el paisaje. Facilitamos inversiones, concedemos incentivos y construimos infraestructura pública. Eso puede ser legítimo y necesario. La pregunta es qué recibe la nación a cambio.
Las playas muestran esa contradicción con claridad. El artículo 15 de la Constitución las reconoce como bienes de dominio público y de libre acceso. Sin embargo, en distintos lugares el ciudadano encuentra dificultades para acceder a costas rodeadas por proyectos que monetizan aquello que pertenece a todos.
La empresa construyó el hotel.
Pero no construyó el mar.
No creó la playa.
No produjo el paisaje.
Cuando un bien natural colectivo se convierte de hecho en atributo de exclusividad comercial, debemos preguntar quién captura la renta, quién asume los costos y qué pierde la nación.
El turismo no es enemigo del país. La empresa privada tampoco. Necesitamos inversión que genere empleos dignos, fortalezca proveedores nacionales, contribuya fiscalmente, transfiera conocimientos, respete el medioambiente y deje comunidades más prósperas.
No queremos menos crecimiento. Queremos crecimiento que produzca desarrollo.
No queremos menos inversión. Queremos inversión que fortalezca a la nación que la hace posible.
No todo incremento del PIB equivale a mayor bienestar ni necesariamente a mayor riqueza nacional neta. Si al crecer agotamos acuíferos, degradamos costas, acumulamos pasivos ambientales o convertimos privilegios temporales en derechos permanentes, podemos contabilizar como progreso la pérdida de nuestro patrimonio. Ninguna nación puede llamar desarrollo a aquello que mejora las cuentas de esta generación a costa de la siguiente.
El Estado no está ausente. Está selectivamente presente.
Construye carreteras, facilita inversiones, protege propiedades, concede incentivos y promueve destinos. Y debe hacerlo. El problema es que demasiadas veces no muestra la misma eficacia y urgencia para garantizar agua potable, educación, salud, seguridad, saneamiento y servicios públicos dignos.
Ese desequilibrio erosiona la esencia del Estado social y democrático de derecho.
No necesitamos escoger entre empresa y pueblo, ni entre inversión y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. Debemos medir el éxito nacional no solo por cuánto crece la economía, sino por cómo crece, quién recibe sus beneficios, quién asume sus costos y qué deja en el país.
Eso exige proteger el acceso público a los bienes comunes; condicionar los incentivos fiscales a resultados verificables; incorporar los costos ambientales; promover empleo formal, encadenamientos productivos y contribución fiscal; y someter las grandes decisiones al interés general.
Pero la transformación no corresponde únicamente al Estado. Requiere ciudadanos dispuestos a vigilar, participar, exigir cuentas y defender aquello que pertenece a todos.
La República Dominicana necesita más que corregir políticas aisladas. Necesita un proyecto de nación capaz de unificar esfuerzos, ordenar prioridades y fijar metas para saldar una deuda social acumulada durante décadas: un proyecto que convierta crecimiento en desarrollo, desarrollo en derechos y derechos en oportunidades reales.
Ese proyecto no supone renunciar al turismo, al capital ni a empresas prósperas. Supone ponerlos al servicio de algo superior: una economía al servicio de una nación.
Debemos reconocer una verdad incómoda: hemos sido mucho más persistentes construyendo crecimiento que construyendo desarrollo.
Es tiempo de recuperar la jerarquía constitucional:
Primero la persona.
Primero su dignidad.
Primero el bien común.
Y entonces el mercado, la inversión y el crecimiento como instrumentos para alcanzarlos.
Al final, la historia no nos preguntará cuánto creció la economía. Nos preguntará qué país dejamos.
Entonces tendremos que responder:
¿De qué sirvió crecer si, mientras crecíamos, fuimos perdiendo aquello que pertenecía a todos?
Ante esa pregunta, la indiferencia no debe ser una opción.
Por Oscar López Reyes
En 1976, en Barahona yo ganaba 100 pesos mensuales en dos trabajos –en el gobierno y en un medio de comunicación- cubría holgadamente los gastos de mi recién formada familia de cuatro miembros, y me sobraba dinero. Caminaba las calles del pueblo como un privilegiado, sin deudas ni estrés. Dormía como un lirón por el estilo de vida sobrio y albergaba una gran esperanza en el futuro.
Como en la mayoría de las casas, en la mía no había televisión, teléfono, nevera, aire acondicionado y mucho menos un vehículo de motor. Tampoco estufa, licuadora, inversor ni botellones de agua, porque por una tubería llegaba sin pagar un solo centavo, igual que la basura, y se pagaban chelitos por el consumo de luz. En el liceo no se cobraba.
En los patios de las dos casas alquiladas donde vivía, en las céntricas calles Colón casi esquina Duvergé y Jaime Mota casi esquina José María Cabral, había frondosos árboles de mangos y limoncillos (quenepas), y en la última anafres (hornillos para cocinar con carbón) y una letrina surtida con periódicos y fundas de papel –provenientes de colmados- para el aseo defecatorio.
Esos pliegos sanitarios representaban una muestra de progreso, porque en las afueras de la ciudad y en las lomas, como Chene, en Enriquillo, para la limpieza tras las necesidades fisiológicas se acudía, en los montes, a piedras, hojas verdes, tusas de maíz y troncos leñosos -en forma giratoria- que se ramificaban desde el suelo.
Entre 1973-1976 en colmados y almacenes –no existían supermercados- se compraban menos de 20 productos hogareños, con precios establecidos por la Dirección General de Control de Precios. Una libra de arroz costaba 8 centavos, una libra de habichuelas 7 centavos, una libra de azúcar 4 cheles, una libra de carne 10 cheles y una botella de aceite comestible valía 30 centavos.
A primera hora de la mañana y en la tardecita se vendía a 8 y 10 cheles una botella o litro de leche de vaca, bien pura, acabada de llegar en bidones desde fincas ganaderas de Amador Pons, Sarita Báez, Buchinche Pérez Espinosa, los hermanos Milongo y Napó (Napoleón) Pérez, los hermanos Dámaso y Zulema López (mis tíos) y otros.
Los gastos eran restringidos, y los regalos escasos, porque muy pocos celebraban cumpleaños o visitaban restaurantes. Predominaba el consumo de helados, principalmente los domingos, antes y después de las retretas del Parque Central.
Esos precios son recordados por mercaderes y amas de casa de la época, debido a que no existían estadísticas de la canasta básica de consumo en pesos dominicanos, en virtud de que, justamente en 1976, el Banco Central fue cuando inició la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH).
A la postre, la compra alimenticia mensual para ocho personas –porque había que separar manjares para los vecinos más cercanos y los padres de los esposos- ascendía a menos de 20 pesos mensuales. Otros gastos: Un par de zapatos de la fábrica gubernamental Fac Doc costaba 4 pesos, y cuando al prestamista “Viste Encuero”, muy conocido en el mercado público y los predios judiciales de Barahona, los días 25 –fecha de pago en el gobierno- le avanzaban 50 centavos de un crédito de 7 pesos, los aceptaba gustosamente.
En esos años, el peso dominicano tenía una paridad con el dólar estadounidense, o sea, uno por uno. Para las transacciones cotidianas, junto a las monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, la de un centavo circuló hasta 1987, con la efigie de Caonabo, cuyo poder adquisitivo fue anulado por la inflación, aunque no se conoce la emisión de una resolución definitiva del Banco Central que la despoje de su poder liberatorio.
Aquellos conmemorados, bien recordados y limpiecitos 100 pesos mensuales: 60 de la Corte de Apelación (no se registraba ninguna deducción de impuestos sobre la renta ni de seguridad social) y 40 pesos de Radio Barahona equivalen, a junio de 2026, a 125 mil 898 pesos con 56 centavos nominales, calculando el Índice de Precios al Consumidor, año por año, el valor del capital y el efecto inflacionario. A este último salario, la Dirección General de Impuestos Internos le reduce a 98 mil 400 pesos con 44 centavos, porque se le aplica un descuento de 27 mil 498 pesos con 12 por aportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).
¡Ah, consumismo y lujos!
¡Uy, prima del dólar!
¡Guau, globalización!
Entre 1973 y 1976 yo andaba despacio, a pie, relax y divertido, de un sitio a otro por las calles de Barahona como un afortunado, porque en la Corte de Apelación (juicios penales y civiles) me desempeñaba como mecanógrafo y mensajero ocasional, ya que estaba responsabilizado de buscar, el 25 de cada mes en las oficinas de Correo, los cheques de los jueces Federico Neftalio Cuello López (Nene), Doro Buenaventura Vásquez, Máximo Deñó, Rafael Dotel Recio y David Vicente Vidal Matos, y el procurador general de ese tribunal, Secundino Gómez Pérez (Jumito), máximas autoridades judiciales de la provincia.
El día 25, los magistrados arribaban a la Corte más temprano que nunca, caminando desde sus casas, sin parafernalias. Recuerdo cuando los secretarios de la Corte, Rafael Alfredo Pérez Rocha (Fellito Tinina), y la Procuraduría, Alejandro Rocha Peña (Mingolito), les entregaban a los jueces los emolumentos que devengaban: unos 250 pesos. Fungían como alguaciles Rafael Matos (Alito), Ignacio Mota y Luis Marino Arias. De unos 20 empleados de ese tribunal, solo sobreviven este último, hoy notario público; el extogado David Vidal, la entonces escribiente Teresa Peña y este servidor.
Yo era el menor de edad y el de más bajo salario: 60 pesos mensuales, el mínimo estatal, y cumplía el horario de 7:30 a.m. a 1:30 p. m. En la segunda jornada laboraba, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, como secretario auxiliar de Rodolfo Z. Lama Jaar, propietario de Radio Barahona, Radio Pedernales, Radio Jimaní y Radio Neyba. Redactaba cartas, anuncios y notas luctuosas, nutrido por mis primeras prácticas escriturales en los clubes culturales y en los murales de la Juventud Comunista (Pacoredo) del liceo secundario Federico Henríquez y Carvajal.
El 11 de febrero de 2026 -justo 50 años después, porque ingresé en el citado mes- volví a las oficinas de la Corte de Apelación de Barahona y la nostalgia me envolvió con los cambios experimentados: existía uno que otro escritorio de caoba, pero ni en sombra las máquinas mecánicas Olympia, Olivetti y Remington, y prácticamente todos los jueces y empleados de 1973-1976 viajaron a un espacio inhóspito. El salario mínimo es de 20 mil 500 pesos y los titulares de Corte de Apelación ganan desde 260 mil 859 hasta más de 362 mil 304 pesos.
Albricias: Aparecieron los datos de mi ingreso al Poder Judicial, y me expidieron la certificación pertinente. El juez presidente de la Cámara Penal de la Corte y juez coordinador del Departamento Judicial (Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia), Joselín Moreta Carrasco, me dispensó la más esplendorosa atención. Lo que no dijo el texto fue que fui cancelado -el más próspero premio de mi vida, porque tuve que emigrar forzosamente a Santo Domingo- por negarme a ingresar al Partido Reformista del gobernante presidente Joaquín Balaguer. ¡Qué vida Balaguer!
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.