Opinión
Lavado por billones
Por Narciso Isa Conde
A un millón de millones en muchas partes del planeta le dicen billón, pero en EE.UU le llaman trillón.
De acuerdo a informes secretos filtrados, cinco Bancos Globales –el JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon– lavaron en años recientes un total de dos trillones de dólares procedentes de redes criminales, carteles de las drogas, funcionarios corruptos y empresarios mafiosos.
En un lenguaje racista a esas operaciones le han llamado “blanqueo” de “dinero negro”, otro valor negativo agregado a esos turbios manejos de poderosas facciones de un capital financiero global altamente gansterizado y evidentemente insubordinado frente las normas establecidas dentro de sus propios Estados imperialistas.
No valieron las advertencias, ni las multas anteriores, ni las amenazas de incriminación penal.
Ellos saben que muy raras veces las autoridades de sus países criminalizan los delitos de las elites capitalistas, por graves que sean.
La impunidad no es solo un mal del llamado “subdesarrollo”. El afán de de ganar y ganar y de amasar fortunas fabulosas otorga un poder por encima de todos los demás.
· CONFIRMACIÓN DE LA PODREDUMBRE CAPITALISTA.
El capitalismo imperialista se ha convertido en un sistema plagado de mafias empresariales y esta nueva denuncia sencillamente confirma esa realidad, la cual se ha tornado sumamente peligrosa.
La podredumbre se derrama y tiene dolientes hasta en las entrañas del mismo sistema, que por demás luce fracturado.
La competencia desleal genera intereses adversos y el alto grado de descomposición preocupa a ciertos guardianes de la estabilidad de la dominación en el contexto de una la multi-crisis de decadencia de la civilización capitalista realmente existente.
· LAS “FILTRACIONES” DE UN SISTEMA EN CRISIS HICIERON POSIBLE LA DENUNCIA.
La investigación estuvo a cargo de un Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el mismo de los papeles de Panamá.
La filtración de los informes, que nutrieron esa valiosa denuncia, es muy posible que tengan su origen en los adversarios de esos cinco bancos globales.
Pero también pueden obedecer a la alarma de otras facciones dominantes, que piensan y actúan más allá de los intereses propios, tratando de evitar un desbordamiento peligroso.
Ya es demasiado grande el abismo entre la economía real y el enorme volumen de dinero circulante, impregnado de una volatilidad electrónica insospechada y alimentada cada vez más por papeletas y capitales sucios.
La cultura especulativa-mafiosa conspira contra la cultura productiva-explotadora del capitalismo.
La financiarización del capitalismo, el parasitismo financiero -incluido el vertiginoso engorde bancario con la malsana práctica del “lavado”– se ha distanciado brutalmente de la economía productiva; y hay quienes quieren ponerle freno al riesgoso gigantismo de esa tendencia, para pasar a reforzar nuevamente la economía real basada fundamentalmente en la explotación y sobreexplotación del trabajo humano y de la naturaleza no humana.
· UN CHOQUE DE CONSECUENCIAS IMPREDECIBLES Y UNA DENUNCIA SALUDABLE.
El choque es entre colosos y todavía no es fácil predecir resultados en medio de una dura pelea por la hegemonía interna y el destino de una remodelación o reordenamiento interno de las fuerzas del capital a escala global; seriamente afectadas por la peor crisis en su accidentada existencia, en la que se destaca el deterioro ambiental que amenaza la vida planetaria.
El saldo inmediato es que el producto de la denuncia devela una parte de las entrañas podridas del sistema, junto a los autores y beneficiarios de estos delitos, aun sea de manera parcial y un tanto sesgada.
Aquí lo denunciado viene a darnos una manita en el contexto de una lucha inconclusa contra una corrupción y una impunidad que evidencian cada vez más su carácter estructural.
Alicia Ortega y su equipo del INFORME, que son partes -o más bien el capitulo dominicano del referido consorcio internacional de periodistas de la investigación- ha destacado que en esas filtraciones la República Dominicana aparece por lo menos con 7 reportes, con pagos y transacciones bancarias altamente sospechosas; aun sin incluir las empresas offshore que no tienen dirección en nuestro territorio, pero sí están vinculadas al país.
Destacan sobre todo los reportes vinculados a los sobornos de ODEBRECHT, inseparables de sobrevaluaciones y financiamientos electorales que superan los dos mil millones de dólares; y que específicamente mencionan las transferencias de fondos a la firma INGENIEROS ESTRELLA del magnate Manuel Estrella, a la empresa de CONRADO PITALUGA, socio y asesor de Díaz Rúa (uno de los testaferros del ex -presidente Leonel Fernández) y a varios CODINOME protegidos por el Procurador Jean Alain Rodríguez y por el propio ex-presidente Danilo Medina, recientemente desplazado del trono de la corruptela estatal-privada.
¡Valiosa contribución en momentos en que se reabre el proceso judicial contra los incriminados por la estafa ODEBRECHT, con una Procuraduría temporalmente en manos idóneas para intentar hacer justicia sin exclusiones!
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD.
Las escaseces de divisas, alimentos, medicamentos, salarios y servicios públicos, como la electricidad, etc., predominan y se agravan en Cuba, donde no ha estallado una poblada contra el orden socio-político instaurado principalmente por la comprensión ciudadana del inhumano bloqueo económico-financiero y comercial de Estados Unidos y su inspiración en el líder histórico de su Revolución, Fidel Alejandro Castro Ruz. Ese prodigio comprueba el poder de la ideología y la herencia de los sistemas de valores como pilares para mantener el control del Estado.
Por Rommel Santos Diaz
La naturaleza sui generis de los tribunales Ad-Hoc los constituye al mismo tiempo como jurisdicciones que tienen un carácter limitado tanto ratione temporis como ratione loci.El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia solo tiene competencia para juzgar los crímenes cometidos a partir del 1 de enero de 1991 en el territorio de la Ex República Federal Socialista de Yugoslavia mientras que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda tiene una competencia temporal aún más restringida dado que sólo puede juzgar los crímenes cometidos durante el año 1994 en el territorio de Ruanda.
Por su parte, la Corte Penal Internacional es un tribunal permanente que tiene una competencia ratione temporis de carácter prospectivo, vale decir, se aplica sólo a los crímenes cometidos luego del 1 de julio del 2002, fecha de la entrada en vigor de su Estatuto. Además, su competencia ratione loci se basa en el principio de territorialidad y no en el principio de jurisdicción universal.
Por otro lado, conviene destacar que la forma de creación de los tribunales penales internacionales determina a su vez el modo como estos tribunales internacionales se relacionan con las jurisdicciones internas.
Así por ejemplo, la Corte Penal Internacional se rige por el principio de complementariedad en relación a la jurisdicción interna de los Estados. Esto tiene particular relevancia en los casos de competencia concurrente con la jurisdicción nacional, dado que la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional no es complementaria de la jurisdicción nacional, sino que en su lugar se trata de una jurisdicción internacional que tiene primacía sobre las instancias nacionales.
Lo anterior permite que en cualquier estado de un proceso ante un tribunal nacional tanto el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda puedan requerir a los tribunales nacionales la remisión del caso a sus respectivas competencias.
En relación a la existencia de mecanismos de cooperación judicial entre los tribunales penales internacionales, es pertinente subrayar que esta instituciones responden a principios distintos de aquellos que son propios del derecho penal internacional propios del derecho internacional privado y es en esta línea conservadora que ninguno de los estatutos de los tribunales internacionales contiene disposiciones específicas sobre cooperación entre ellos.
Así por ejemplo, el Estatuto de Roma regula las relaciones de cooperación y asistencia judicial sólo entre los Estados Parte y la Corte Penal Internacional y conforme al Artículo 2 de su Estatuto, se prevé en virtud del acuerdo entre la CPI y las Naciones Unidas, relaciones de cooperación con esta organización internacional.
Por tanto, el tratado de Roma no contiene referencias relativas a la forma como la Corte Penal Internacional podría vincularse con otros tribunales del sistema de justicia penal internacional.
Finalmente, tal como se observa en las líneas precedentes no existe un vínculo normativo entre la Corte Penal Internacional y los tribunales Ad-Hoc . No obstante, es innegable que la valiosa y extensa jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda servirán como referente en el desarrollo del trabajo jurisprudencial de la CPI.