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En la mira del Pepca RD$1,447.5 millones entregó Estado al PLD
- Corresponden a contribuciones económicas entregadas por la JCE entre los años 2012-2016
- Los recursos fueron manejados durante la presidencia en el PLD de Leonel Fernández
Las contribuciones económicas del Estado al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) objeto de investigación por la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa (Pepca), ascienden a los RD$1,447.5 millones y corresponden a la presidencia que en ese entonces ejercía el exmandatario Leonel Fernández.
Se trata de partidas entregadas al PLD a través de la Junta Central Electoral (JCE) entre los años 2012 y 2016, en cuyo periodo fungía como secretario de finanzas del partido Víctor Díaz Rúa.
Conforme a los reglamentos sobre la distribución de la contribución económica dictados por la JCE, el PLD recibió en el 2012 un monto de RD$374,189,333.33; entre el 2013 y 2015 se les entregaron por año RD$214,678,256.00 y en el 2016 fueron RD$429,356,512.80 para un total de RD$1,447,580,614.13.
Las pesquisas sobre los fondos al PLD se realizan a raíz de que el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Álvarez Pérez, externara a la procuradora general de la República, Miriam Germán, las trabas que puso la organización para la auditoría a los fondos públicos que recibió entre los años 2012 y 2016.
En consecuencia, la Pepca y la Dirección de Persecución requirieron al presidente interino del PLD, Temístocles Montás, así como al contralor, Francisco Liranzo, y el gerente financiero, Audilio Vargas, quienes fueron interrogados este jueves. Fueron en compañía de José Dantés Díaz y Juan Luis Bello, se la secretaría de asuntos jurídicos.
El político llegó a la Procuraduría General de la República a las 11:00 de la mañana, y según se informó ingresó por la parte trasera del edificio. Los interrogatorios fueron realizados por Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.
Temístocles Montás dio a conocer que durante su comparecencia ante la Procuraduría General de la República (PGR), explicó por qué no había sido posible realizar las auditorías de la Cámara de Cuentas a los fondos recibidos de la JCE en los períodos electorales de 2012 y 2016.
Precisó que durante su gestión de diez meses como presidente interino del PLD, solo recibió una comunicación de la Cámara de Cuentas para realizar las auditorías.
“Tan pronto recibimos la comunicación de la Cámara de Cuentas, instruimos a los departamentos contables y financieros del partido para que procedieran la coordinar los trabajos y recibir los equipos auditores”, dijo Montás en un comunicado de prensa.
Aclaró que desde agosto de 2014 hasta agosto de 2019, la Cámara de Cuentas remitió tres comunicaciones a las pasadas autoridades del PLD, en la persona de Leonel Fernández; pero que desconoce las razones por las cuales no obtemperaron el requerimiento.
Montás mostró su disposición de colaborar con el propósito de garantizar que los auditores puedan realizar su trabajo.
En el periodo 2012-2016, las contribuciones económicas del Estado se entregaban a los partidos en cumplimiento de la antigua Ley Electoral 275-97 que disponía el reparto de un 80% en partes iguales entre las organizaciones que obtuvieron más del 5% de los votos válidos emitidos en los últimos comicios. El restante 20% se dividía entre un 12% y 8% entre los demás partidos.
diariolibre.com
Santo Domingo. – A partir del primero de agosto la Junta Central Electoral (JCE) tendrá nuevos horarios de atención en los Centros de Cedulación de Servicio Extendido (anteriormente denominados Centros de Servicios Continuos).
El Pleno de la JCE dispuso que los centros de servicio extendido ofrecerán atención a la ciudadanía de lunes a domingo, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche.
La medida aplicará a los centros ubicados en Barahona, Herrera, Distrito Nacional, La Romana, La Vega, Las Américas, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y Santiago.
En ese sentido, la JCE precisó que los ciudadanos con citas programadas en el horario de la madrugada (de 12:00 a. m. a 07:00 a. m.), podrán presentarse en cualquiera de los centros de cedulación, según el horario de servicio correspondiente, sin importar el mes de cumpleaños.
Santo Domingo.- Una accion directa de inconstitucionalidad sometió el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ante el Tribunal Constitucional una contra el artículo 310 del recién modificado Código Penal.
El recurso fue encabezado por Trajano Potentini, presidente del gremio, quien considera que su contenido entra en contradicción con garantías esenciales del orden constitucional, particularmente el derecho de defensa, el debido proceso y la dignidad del ejercicio profesional del derecho.
Potentini acudió a la sede de la jurisdicción constitucional acompañado de miembros de la directiva del gremio, presidentes de seccionales y de expresidentes del Colegio de Abogados, en una manifestación institucional con la que la organización procura defender no solamente las prerrogativas de los profesionales del derecho, sino también las garantías que asisten a toda persona que requiere representación y asistencia jurídica efectiva.
El presidente del CARD explicó que la acción constitucional tiene como propósito que el Tribunal Constitucional examine la compatibilidad del artículo impugnado con los principios, derechos y garantías consagrados por la Constitución dominicana, especialmente aquellos vinculados al libre y pleno ejercicio del derecho de defensa.
Dijo que cualquier regulación penal que pueda incidir sobre la actuación profesional de los abogados debe ser examinada con especial rigor constitucional, debido a que el abogado constituye una pieza esencial para hacer efectivo el acceso a la justicia.
Sostuvo que la defensa técnica no puede ser concebida como una concesión del Estado ni como una función secundaria dentro del sistema de justicia. Por el contrario, representa una garantía indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente sus derechos frente a una investigación, acusación o proceso judicial.
En ese contexto, el CARD considera necesario preservar un marco normativo que permita a los abogados ejercer sus funciones con independencia, seguridad jurídica y respeto a la naturaleza de su profesión.
Señaló que la controversia planteada trasciende los intereses particulares de los abogados. Según Potentini, cuando se afecta la independencia o la dignidad de quienes ejercen la defensa técnica también pueden verse comprometidos los derechos de los ciudadanos representados por esos profesionales.
Potentini destacó que la Constitución reconoce el debido proceso y el derecho de defensa como garantías fundamentales que deben observarse en toda actuación judicial y administrativa. En consecuencia, afirmó que las normas deben interpretarse de manera compatible con esos postulados.
La acción solicita la intervención del Tribunal Constitucional en su condición de órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Corresponderá a esa alta corte examinar los argumentos y determinar la conformidad o no de la disposición cuestionada con la Carta Sustantiva.
El CARD informó que dará seguimiento al curso procesal de la acción y reiteró su confianza en que el debate jurídico permitirá delimitar adecuadamente el alcance de la disposición impugnada conforme a los principios del Estado social y democrático de derecho.
Santo Domingo, R.D.-En franca violacion del mandato constitucional del plazo de 48 horas para someter ante un juez competente a una persona detenida se produce con casos que tienen que sufrir que se tiempo de extienda por didas, semanas e incluso en meses, segun denuncia de muchos afectados.
Y cuando finalmente un tribunal ordena la libertad, salir del destacamento tampoco ocurre de inmediato.
La situación ha quedado evidenciada con los 13 ciudadanos que permanecen más de 30 días detenidos en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam, en Santo Domingo Este, sin haber sido sometidos al control de un juez y sin que existiera registro de un proceso penal en su contra.
Aunque un tribunal acogió el hábeas corpus presentado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y ordenó su libertad inmediata, varios días después la decisión aún se encuentra en proceso de ejecución.
La decisión legal de la liberación de los 13 detenidos ocurrió después de que una inspección de la Defensa Pública encontrara a 16 personas privadas de libertad en los destacamentos de Felicidad y Vietnam. Trece llevaban más de un mes detenidas sin haber comparecido ante un juez.
Durante la audiencia, el Ministerio Público informó al tribunal que no encontró solicitudes de medidas de coerción ni actuaciones procesales relacionadas con esas personas.
Según relataron, los agentes explicaron que el retraso obedecía a la falta de vehículos para trasladarlo hasta la fiscalía.
Sin embargo, cuando consultaron el sistema del Poder Judicial, descubrieron que tampoco existía una solicitud de medida de coerción depositada y ante esa situación, interpusieron un nuevo hábeas corpus.
Para la Defensa Pública, la ausencia de transporte se ha convertido en una de las explicaciones más frecuentes para justificar los retrasos.
«No había sucedido antes con esta magnitud. Ahora uno de los argumentos recurrentes es que no hay vehículos para trasladar a los detenidos», explicó Figuereo.
La defensora sostuvo que esa situación no solo afecta a quienes esperan ser presentados ante un juez por primera vez, sino también las audiencias de medidas de coerción.
«Si hay 65 audiencias fijadas, 45 o 50 terminan aplazándose por falta de traslado«, aseguró.
El hábeas corpus tampoco acelera siempre la libertad.
Las defensoras afirman que incluso cuando presentan acciones constitucionales para recuperar la libertad de un detenido, el proceso suele enfrentar nuevos obstáculos.
Según Figuereo, en algunos casos el Ministerio Público solicita aplazamientos de las audiencias de hábeas corpus para ganar tiempo.
«La táctica dilatoria que está haciendo el Ministerio Público es pedir aplazamiento para depositar la solicitud de medida de coerción. Cuando vuelve la audiencia, aparece el vehículo, trasladan al imputado y conocen la medida», afirmó.
El artículo 40 de la Constitución dispone que toda persona detenida debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas siguientes a su arresto.
El artículo 71 reconoce el hábeas corpus como el mecanismo para restablecer ese derecho cuando la privación de libertad es ilegal o irrazonable.
Sin embargo, para la Defensa Pública, las visitas diarias a los destacamentos muestran una realidad distinta.
Las inspecciones no solo verifican el tiempo de detención. También revisan si los privados de libertad han recibido alimentos, agua, atención médica y si han sido objeto de maltratos.
«Mucha gente ni siquiera sabe por qué está detenida o que tiene derecho a ser presentada ante un juez en 48 horas«, señaló la defensora pública Dilenny Morel.
La historia de los 13 ciudadanos resume la paradoja que describen las defensoras. Entraron a los destacamentos sin que posteriormente se formalizara un proceso judicial.
Un tribunal ordenó su libertad. Pero la ejecución de esa decisión también requirió nuevos trámites, seguimiento de los abogados y espera.
Para la Defensa Pública, esa secuencia refleja un problema que trasciende un caso particular: en algunos destacamentos dominicanos no solo resulta fácil entrar; también puede ser muy difícil salir, incluso cuando un juez ya ordenó la libertad.