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En la mira del Pepca RD$1,447.5 millones entregó Estado al PLD
- Corresponden a contribuciones económicas entregadas por la JCE entre los años 2012-2016
- Los recursos fueron manejados durante la presidencia en el PLD de Leonel Fernández
Las contribuciones económicas del Estado al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) objeto de investigación por la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa (Pepca), ascienden a los RD$1,447.5 millones y corresponden a la presidencia que en ese entonces ejercía el exmandatario Leonel Fernández.
Se trata de partidas entregadas al PLD a través de la Junta Central Electoral (JCE) entre los años 2012 y 2016, en cuyo periodo fungía como secretario de finanzas del partido Víctor Díaz Rúa.
Conforme a los reglamentos sobre la distribución de la contribución económica dictados por la JCE, el PLD recibió en el 2012 un monto de RD$374,189,333.33; entre el 2013 y 2015 se les entregaron por año RD$214,678,256.00 y en el 2016 fueron RD$429,356,512.80 para un total de RD$1,447,580,614.13.
Las pesquisas sobre los fondos al PLD se realizan a raíz de que el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Álvarez Pérez, externara a la procuradora general de la República, Miriam Germán, las trabas que puso la organización para la auditoría a los fondos públicos que recibió entre los años 2012 y 2016.
En consecuencia, la Pepca y la Dirección de Persecución requirieron al presidente interino del PLD, Temístocles Montás, así como al contralor, Francisco Liranzo, y el gerente financiero, Audilio Vargas, quienes fueron interrogados este jueves. Fueron en compañía de José Dantés Díaz y Juan Luis Bello, se la secretaría de asuntos jurídicos.
El político llegó a la Procuraduría General de la República a las 11:00 de la mañana, y según se informó ingresó por la parte trasera del edificio. Los interrogatorios fueron realizados por Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.
Temístocles Montás dio a conocer que durante su comparecencia ante la Procuraduría General de la República (PGR), explicó por qué no había sido posible realizar las auditorías de la Cámara de Cuentas a los fondos recibidos de la JCE en los períodos electorales de 2012 y 2016.
Precisó que durante su gestión de diez meses como presidente interino del PLD, solo recibió una comunicación de la Cámara de Cuentas para realizar las auditorías.
“Tan pronto recibimos la comunicación de la Cámara de Cuentas, instruimos a los departamentos contables y financieros del partido para que procedieran la coordinar los trabajos y recibir los equipos auditores”, dijo Montás en un comunicado de prensa.
Aclaró que desde agosto de 2014 hasta agosto de 2019, la Cámara de Cuentas remitió tres comunicaciones a las pasadas autoridades del PLD, en la persona de Leonel Fernández; pero que desconoce las razones por las cuales no obtemperaron el requerimiento.
Montás mostró su disposición de colaborar con el propósito de garantizar que los auditores puedan realizar su trabajo.
En el periodo 2012-2016, las contribuciones económicas del Estado se entregaban a los partidos en cumplimiento de la antigua Ley Electoral 275-97 que disponía el reparto de un 80% en partes iguales entre las organizaciones que obtuvieron más del 5% de los votos válidos emitidos en los últimos comicios. El restante 20% se dividía entre un 12% y 8% entre los demás partidos.
diariolibre.com
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Banco agradece a autoridades por eficiencia en investigación del caso de acreditaciones irregulares
Santo Domingo, R.D.-La celeridad y el profesionalismo del Ministerio Público y la Policia Nacional fue reconocido por el Banco BHD en el proceso de investigación y persecución de los involucrados en el caso de acreditaciones irregulares por más de RD$ 200 millones en perjuicio de esa entidad y la entidad financiera expresó que se mantendrá trabajando y colaborando con estas instituciones hasta cerrar el caso.
Desde marzo pasado, tras una investigación interna, el BHD desvinculó por despido y posteriormente sometió a la justicia a un empleado acusado de realizar acreditaciones irregulares en beneficio de terceros a cambio de una retribución económica para sí mismo, violando la confianza que fue depositada en él a través de su rol.
También sometió a la justicia a un grupo de personas externas al banco que recibió los fondos irregulares. La denuncia formal fue colocada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional.
El BHD informó que, tan pronto detectó el movimiento irregular de acreditaciones, inició un proceso de investigación en coordinación con el Ministerio Público y notificó el hecho a la Superintendencia de Bancos.
La entidad indicó que, más allá de las pérdidas financieras, que fueron absorbidas por el Banco y que representan una fracción mínima de sus utilidades anuales dado el tamaño de la institución, se trata de una conducta inadmisible en una empresa que se ha caracterizado por hacer siempre lo correcto. También aseguró que los depósitos de los clientes están intactos y que nunca fueron tocados.
BHD reiteró su posición de cero tolerancia a cualquier conducta que comprometa la confianza y los valores institucionales, y su compromiso absoluto con una cultura organizacional sustentada en la ética, la transparencia y la responsabilidad.
SANTO DOMINGO.- Fueron detenidos los responsables de atacar e intimadar al chofer de un autobús escolar en un incidente ocurrido en el sector Cafe de Herrera de Santo Domingo Este, según lo anunció la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
“El comportamiento de turba iracunda tendrá su castigo”, expresó la funcionaria al confirmar que los implicados serán sometidos de inmediato ante el Ministerio Público.
El caso involucra al conductor Henrry González, quien fue agredido mientras trasladaba estudiantes hacia la escuela Rafaela Santaella, luego de un roce entre el autobús escolar y una motocicleta que presuntamente transitaba en vía contraria.
Según testigos, el motorista reaccionó de forma violenta y comenzó a golpear al conductor frente a varios menores que viajaban en el vehículo escolar. Posteriormente, otros motoconchistas se habrían sumado a la agresión, provocando escenas de pánico entre estudiantes y residentes de la zona.
Santo Domingo, R.D.-Precariedades extremas denunciaron jueces, juezas y servidores judiciales en el Placio de Justicia de Ciudad Nueva de la capital dominicana, la cual fue hecha con el lema «¡Que la dignidad comience por casa!», ya que dicen que el Consejo del Poder Judicial gasta millones de pesos en un árbol navideno, pero que no hay fondos para mejorar las condiciones de trabajo de los actores del sistema de justicia.
A través del documento titulado «Manifiesto por la Dignidad de la Justicia«, leído por la jueza Suinda Brito, el colectivo declaró su profunda preocupación y el agotamiento acumulado ante las precarias condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales en las que desempeñan sus delicadas funciones.
El documento enfatiza que la administración de justicia no puede sostenerse de forma exclusiva sobre la base de la vocación y el sacrificio personal de quienes operan el sistema.
Sostienen que esto provoca que un solo servidor o magistrado termine asumiendo la carga laboral de dos, tres o hasta cuatro personas.
Los sueldos percibidos están completamente desactualizados frente al constante aumento del costo de la vida y no guardan coherencia con la alta responsabilidad de sus cargos.
Aducen que una fuga constante de personal administrativo debido al desgaste laboral crónico.
Abandono severo de las plantas físicas de múltiples tribunales a nivel nacional y desprotección en los palacios de justicia.
Uno de los puntos más álgidos y contundentes del manifiesto radica en la abierta denuncia a la disparidad económica existente dentro del Poder Judicial.
Los manifestantes contrastaron la realidad de los tribunales frente a las esferas de dirección interna, detallando que ciertos secretarios o empleados administrativos de la cúpula devengan salarios que superan con creces los de cualquier juez o jueza titular.
Asimismo, criticaron con severidad que mientras los juzgados operan con carencias básicas, las altas direcciones cuentan con presupuestos millonarios destinados a gastos de viajes, hospedajes, restaurantes, publicidad, eventos e influencers.
Como ejemplo de este desvío de prioridades, revelaron la indignante inversión de cerca de 11 millones de pesos en la instalación de un árbol navideño institucional, catalogado por los servidores como una ofensa frente a las urgencias operativas del sistema.
Los magistrados aclararon que esta protesta surge tras años de haber agotado todos los canales institucionales formales, solicitudes y llamados al diálogo por parte de las asociaciones judiciales, los cuales fueron históricamente recibidos con «silencio, indiferencia, irrespeto y desdén institucional».
De igual forma, expresaron su enérgico rechazo a las respuestas que el Consejo del Poder Judicial (CPJ) emitió el pasado 19 de mayo, calificándolas de «imprecisas, condicionadas e ineficaces».
Detallaron que la propuesta de indexación salarial quedó sujeta de forma incierta a la aprobación de un presupuesto complementario por parte del Ministerio de Hacienda, sin plazos ni parámetros claros de ejecución.
Las medidas de movilidad judicial se redujeron a una indefinida «hoja de ruta» sujeta a futuros procesos participativos, careciendo de acciones específicas inmediatas.
Se omitieron temas trascendentales como la eliminación de la ilegal suplencia horizontal, la desigualdad generada por el actual manual de salarios y la movilidad de la carrera administrativa.
El manifiesto concluye con una advertencia contundente por parte del cuerpo judicial, afirmando que este movimiento es solo el inicio de una lucha firme y que no se dejarán amedrentar ni desmayarán hasta recibir soluciones ejecutables y hechos concretos.
«Porque no puede haber justicia verdadera donde quienes la sirven son tratados con indiferencia. No puede haber Estado de Derecho donde el derecho se aplica a todos menos a quienes lo custodian. No puede haber dignidad para el ciudadano si el juez que lo escucha, el alguacil que notifica, el secretario que certifica y el conserje que abre las puertas del tribunal cada mañana, no tienen dignidad propia», sentencia el enérgico cierre del documento.
Previo, a la lectura del manifiesto se entorno el himno nacional y el himno del Poder Judicial.