Santo Domingo, RD.-Los ojos llorosos y la cara de preocupación resaltaban entre los más de 100 empleados públicos que llegaban en horas de la mañana a las oficinas del Ministerio de Administración Pública (MAP), por motivo de sus cancelaciones en el Estado.Más Noticias
Cancelan empleados del Estado en condiciones de vulnerabilidad
Santo Domingo, RD.-Los ojos llorosos y la cara de preocupación resaltaban entre los más de 100 empleados públicos que llegaban en horas de la mañana a las oficinas del Ministerio de Administración Pública (MAP), por motivo de sus cancelaciones en el Estado.Entraban a la recepción, tomaban un turno y eran llamados por un guardia que los pasaba al departamento de Relaciones Laborales dónde les calcularían sus beneficios en amparo de la Ley de Función Pública y la Ley Orgánica de Administración Pública 247-12.
Algunos tenían desde el 2004 en el Estado, pero no eran empleados de carrera. Tal es el caso de un doctor que laboraba en el dispensario médico del Instituto Agrario Dominicano (IAD), desde hace 16 años. Él estaba en proceso para ser empleado de carrera, pero una carta para prescindir de sus servicios le impidió ahora culminar su anhelada meta.
Benito Aquino trabajaba en el Estado desde 1991, pero el 1 de octubre de este año una triste noticia tocó su puerta: fue cancelado como servidor público. Desde 1991 al 1997 se había desempeñado como oficial verificador en la Dirección General de Aduanas (DGA), de 2001 al 2004 fue auxiliar en el Ministerio de Agricultura y desde 2004 al 2020 fue auxiliar administrativo en el Ministerio de Interior y Policía.
Aquino llegó al MAP con una certificación de cargos desempeñados en la función pública de la Contraloría General de la República, donde se informa que sus beneficios laborales por estos 29 años son de unos RD$95,000, de los cuales RD$37,374 serán por indemnización, RD$17,247 por vacaciones y RD$40,696 por el decreto 275-01. También tenía en su fólder una copia de su cédula y la carta de cancelación.
Este señor asegura que no era político ni era un puesto botella, y con un tono molesto indica “pero eso no les importa a ellos”, pues consideran que el empleado público que no es de carrera, aunque tenga más de 20 años en el Estado “se lo lleva San Quintín” (haciendo referencia a un dicho popular para denotar malos tiempos).
“Sin empleo y con una familia en esta situación. ¿Qué les importa a ellos? A ellos lo que les importa es cancelar la gente para meter a otros”, lamentó.
Mientras hablaba su tono de voz se hacía más fuerte y contaba que no valió la pena la capacitación que recibía mientras estaba en el Estado.
Otro señor era alcalde pedáneo de la comunidad Yubina, en el Ayuntamiento de Bayaguana, donde devengaba un salario de RD$3,500 mensuales. A su lado estaba sentada una señora que era conserje en el Ministerio de Educación ganando al mes RD$12,700.
“Son unos charlatanes. A mí me pagaron a final de septiembre porque pagaron tarde, como el día 29, y en la carta de cancelación me ponen que me despiden el 25 de agosto y no entiendo porque yo cobré mi mes y se lo enseñé a la gente de Recursos Humanos”, explica la señora que esperaba turno para que en el MAP le calcularan sus prestaciones laborales. Un hombre la escuchaba y asentaba sus comentarios con la cabeza, para luego contar a Listín Diario que fue cancelado del Instituto de Auxilios y Vivienda (Inavi), donde se desempeñaba como chófer.
Otros con la misma suerte
Listín Diario comprobó también el despido de otras personas que tenían menos años trabajando en el Estado. Un técnico de Comunicación que fue despedido de la Alcaldía de Santo Domingo Este se encontró con su pasado jefe, el director de Comunicaciones, que también fue cancelado y su reacción fue: “usted sabe, yo estoy disponible para cualquier chiripa que aparezca”.
El pasado técnico lamentó que de beneficios laborales, supuestamente solo le darían RD$22,000 cuando mensual él ganaba RD$16,000 y duró cuatro años en la alcaldía.
Estas personas deberán esperar que el MAP analice sus casos y determine cuánto dinero se les otorgará de beneficios laborales, proceso que podría durar hasta un mes.
La Ley de función pública
En el Estado hay cinco categorías de empleados según la contratación: de carrera administrativa, de estatuto simplificado (grupos ocupacionales, servicios generales y apoyo administrativo), de libre nombramiento y remoción (cargos de confianza), temporales y los que a la entrada de vigencia de la ley ocupaban cargos de carrera. La respuesta del MAP durante la presencia del Listín Diario en la entidad fue: “las personas vienen para que les hagan el cálculo de sus beneficios laborales, que es el primer paso que se da cuando son desvinculadas del servicio.
Sepa más
Normativa de función pública
Indemnización
El cálculo de la indemnización se realizará con base al monto nominal del último sueldo.
Vacaciones
Los empleados desvinculados tendrán derecho a recibir el pago de sus vacaciones siempre que hayan servido un mínimo de seis meses dentro del año calendario correspondiente.
listindiario.com
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
«Hay que decir que quienes aprobaron la ley de Contrataciones en el 2006, en el mismo año la modificaron y la extirparon, le eliminaron el régimen de consecuencias. En el 2006, con esa acción, se sembró el régimen de impunidad en la República Dominicana«, afirmó.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.