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Cancelan empleados del Estado en condiciones de vulnerabilidad

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Santo Domingo, RD.-Los ojos llorosos y la cara de preocupación resaltaban entre los más de 100 empleados públicos que llegaban en horas de la mañana a las oficinas del Ministerio de Administración Pública (MAP), por motivo de sus cancelaciones en el Estado.

Entraban a la recepción, tomaban un turno y eran llamados por un guardia que los pasaba al departamento de Relaciones Laborales dónde les calcularían sus beneficios en amparo de la Ley de Función Pública y la Ley Orgánica de Administración Pública 247-12.

Algunos tenían desde el 2004 en el Estado, pero no eran empleados de carrera. Tal es el caso de un doctor que laboraba en el dispensario médico del Instituto Agrario Dominicano (IAD), desde hace 16 años.  Él estaba en proceso para ser empleado de carrera, pero una carta para prescindir de sus servicios le impidió ahora culminar su anhelada meta.

Benito Aquino trabajaba en el Estado desde 1991, pero el 1 de octubre de este año una triste noticia tocó su puerta: fue cancelado como servidor público. Desde 1991 al 1997 se había desempeñado como oficial verificador en la Dirección General de Aduanas (DGA), de 2001 al 2004 fue auxiliar en el Ministerio de Agricultura y desde  2004 al 2020 fue auxiliar administrativo en el Ministerio de Interior y Policía.

Aquino llegó al MAP con una certificación de cargos desempeñados en la función pública de la Contraloría General de la República, donde se informa que sus beneficios laborales por estos 29 años son de unos RD$95,000, de los cuales RD$37,374 serán por indemnización, RD$17,247 por vacaciones y RD$40,696 por el decreto 275-01. También tenía en su fólder una copia de su cédula y la carta de cancelación.

Este señor asegura que no era político ni era un puesto botella, y con un tono molesto indica “pero eso no les importa a ellos”, pues consideran que el empleado público que no es de carrera, aunque tenga más de 20 años en el Estado “se lo lleva San Quintín” (haciendo referencia a un dicho popular para denotar malos tiempos).

“Sin empleo y con una familia en esta situación. ¿Qué les importa a ellos? A ellos lo que les importa es cancelar la gente para meter a otros”, lamentó.

Mientras hablaba su tono de voz se hacía más fuerte y contaba que no valió la pena la capacitación que recibía mientras estaba en el Estado.

Otro señor era alcalde pedáneo de la comunidad Yubina, en el Ayuntamiento de Bayaguana, donde devengaba un salario de RD$3,500 mensuales. A su lado estaba sentada una señora que era conserje en el Ministerio de Educación ganando al mes RD$12,700.

“Son unos charlatanes. A mí me pagaron a final de septiembre porque pagaron tarde, como el día 29, y en la carta de cancelación me ponen que me despiden el 25 de agosto y no entiendo porque yo cobré mi mes y se lo enseñé a la gente de Recursos Humanos”, explica la señora que esperaba turno para que en el MAP le calcularan sus prestaciones laborales. Un hombre la escuchaba y asentaba sus comentarios con la cabeza, para luego contar a Listín Diario que fue cancelado del Instituto de Auxilios y Vivienda (Inavi), donde se desempeñaba como chófer.

Otros con la misma suerte
Listín Diario comprobó también el despido de otras personas que tenían menos años trabajando en el Estado. Un técnico de Comunicación que fue despedido de la Alcaldía de Santo Domingo Este se encontró con su pasado jefe, el director de Comunicaciones, que también fue cancelado y su reacción fue: “usted sabe, yo estoy disponible para cualquier chiripa que aparezca”.

El pasado técnico lamentó que de beneficios laborales, supuestamente solo le darían RD$22,000 cuando mensual él ganaba RD$16,000 y duró cuatro años en la alcaldía.

Estas personas deberán esperar que el MAP analice sus casos y determine cuánto dinero se les otorgará de beneficios laborales, proceso que podría durar hasta un mes.

La Ley de función pública
En el Estado hay cinco categorías de empleados según la contratación: de carrera administrativa, de estatuto simplificado (grupos ocupacionales, servicios generales y apoyo administrativo), de libre nombramiento y remoción (cargos de confianza), temporales y los que a la entrada de vigencia de la ley ocupaban cargos de carrera.  La respuesta del MAP durante la presencia del Listín Diario en la entidad fue: “las personas vienen para que les hagan el cálculo de sus beneficios laborales, que es el primer paso que se da cuando son desvinculadas del servicio.

Sepa más
Normativa de función pública
Indemnización

El cálculo de la indemnización se realizará con base al monto nominal del último sueldo.

Vacaciones
Los empleados desvinculados tendrán derecho a recibir el pago de sus vacaciones siempre que hayan servido un mínimo de seis meses dentro del año calendario correspondiente.

listindiario.com

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Si hay duda JCE pagaría prueba de paternidad.

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Santo Domingo, RD.-La Junta Central Electoral es facultada por la ley 4-23, sobre los actos del estado civil  a requerir a un juez la autorización de una prueba científica, cuando la declaración de nacimiento sea realizada por el presunto padre y el oficial civil tenga dudas sobre la paternidad.

Según la nueva legislación, esa prueba científica será pagada con el presupuesto de la JCE.

“Si la declaración de nacimiento del niño o niña es realizada por el padre y el oficial del Estado Civil tuviese alguna duda sobre la paternidad, solicitará a la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, a los fines de que promueva ante el juez de paz del municipio correspondiente, la autorización de la prueba científica que permita establecer la paternidad, cuyo costo estará a cargo del presupuesto de la Junta Central Electoral (JCE)”, establece el artículo 73, en el párrafo III.

La norma legal también dispone, en el párrafo II del artículo 73, que “si el oficial civil tuviese alguna duda sobre la existencia del niño o la niña cuyo nacimiento se declara, podrá exigir su presentación inmediata.”

Mientras, en el párrafo I de ese mismo artículo, la norma legal señala si en las solicitudes de inscripción de nacimiento fuera de la jurisdicción donde ocurrió, existieran desavenencia entre los padres, será asentado en la oficialía de la demarcación donde se produjo el nacimiento.

La ley 4-23 obliga a registrar el nacimiento, además de los progenitores, al Ministerio de Salud, a los centros médicos, al personal de salud que haya intervenido en el parto cuando ocurriera fuera de un establecimiento médico, al pariente más cercano, o, en su defecto, cualquier persona mayor de edad que haya estado presente en el lugar del parto.

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Postergan para la próxima semana juicio de Operación 13.

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El juicio contra los imputados en el fraude de mas de 500 millones de pesos en un sorteo de la Lotería Nacional en el mes de mayo del 2021, fue aplazado por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional para el 13 de este mes de febrero.

La audiencia de este lunes, la tercera virtual consecutiva por razones de salud de una de las juezas, se realizó solo para recesar, según el abogado Plutarco Jáquez porque, según explicó, la ley estipula que luego de leerse la acusación, el juicio no debe detenerse por más de diez días porque se cae y hay que empezar de cero.

Solo a diez de los once imputados en el fraude se les conoce el juicio de fondo porque uno está prófugo.

Las juezas Claribel Nivar Arias (presidenta), Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, conocen el expediente presentado por el Ministerio Público, que ha nombrado el caso como Operación 13 por ser el bolo del fraude.

Jáquez es el abogado de Valentina Rosario Cruz, Rafael Mesa, Jonathan Brea y Carlos Berigüete.

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Proyecto Bachilleres Bilingües ya no va, dice el Inafocam

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Por no iniciarse en el tiempo previsto y por no estar contemplado en el Plan Operativo Anual del 2022,  fue suspendido el proyecto de capacitación de bachilleres bilingües productivos, según lo informó el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam).

De acuerdo con la entidad, para adjudicar el proyecto a Valdez Professional Training, SRL (PTS) fue necesaria una modificación presupuestaria que implicó el «desvío de RD$598 millones, equivalentes al 94 por ciento de los fondos del instituto», previamente destinados para la capacitación de los docentes a través de diplomados, talleres, seminarios y cursos en las diferentes áreas y líneas pedagógicas.

El Inafocam alegó que la gestión que encabeza Francisco Ramírez encontró varias irregularidades, entre ellas la discrepancia entre el tiempo establecido para los resultados del personal a ser impactado por la alegada capacitación y que, según PTS, en solo tres meses los participantes tendrían dominio del idioma, lo que es pedagógicamente improbable.

“La investigación comprobó que la contratación fue sometida mediante proceso de excepción como proveedor único marcado con la ficha Inafocam-PEPU-2022-0002, de fecha 21 de septiembre del 2022 en violación al artículo 3, numeral 6, del Reglamento 543-12 de la Ley 360-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones”, establece una nota de prensa del instituto.

Precisa que en la revisión y validación de la contratación se evidenció que, en reiterados momentos, tanto la Dirección General de Compras y Contrataciones como la Contraloría General de la República, realizaron observaciones al proceso que no fueron asumidas, y que la rescisión estuvo amparada en que dicho contrato tampoco cumple con el requisito de estar registrado ante la Contraloría General de la República.

La entidad dijo que la formación bilingüe sigue siendo una prioridad para la actual administración, poniendo como ejemplo que actualmente la empresa PTS cuenta con varios proyectos en ejecución y que solamente en diciembre pasado le fueron pagados a su propietario Juan Valdez, la suma de 17,534,050 millones de pesos por diplomados y seminarios impartidos.

Garantizó que la enseñanza del idioma inglés se realizará, pero siempre de acuerdo con el cumplimiento a las leyes, normas, ordenanzas y protocolos de transparencia y calidad.

En los tribunales

La Contraloría General de la República y las Direcciones de Presupuesto y Contrataciones Públicas cuestionaron el proceso de selección utilizado en un contrato entre el Inafocam y Valdez Professional Training Systems (PTS). El acuerdo está en los tribunales.

Juan Valdez, gerente de PTS, dijo al programa El Informe con Alicia Ortega que haría valer en los tribunales los derechos que tiene sobre el contrato firmado con el Inafocam y ya sometió ante el Tribunal Superior Administrativo al contralor de la República.

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