Santo Domingo, RD.-Los ojos llorosos y la cara de preocupación resaltaban entre los más de 100 empleados públicos que llegaban en horas de la mañana a las oficinas del Ministerio de Administración Pública (MAP), por motivo de sus cancelaciones en el Estado.Más Noticias
Cancelan empleados del Estado en condiciones de vulnerabilidad
Santo Domingo, RD.-Los ojos llorosos y la cara de preocupación resaltaban entre los más de 100 empleados públicos que llegaban en horas de la mañana a las oficinas del Ministerio de Administración Pública (MAP), por motivo de sus cancelaciones en el Estado.Entraban a la recepción, tomaban un turno y eran llamados por un guardia que los pasaba al departamento de Relaciones Laborales dónde les calcularían sus beneficios en amparo de la Ley de Función Pública y la Ley Orgánica de Administración Pública 247-12.
Algunos tenían desde el 2004 en el Estado, pero no eran empleados de carrera. Tal es el caso de un doctor que laboraba en el dispensario médico del Instituto Agrario Dominicano (IAD), desde hace 16 años. Él estaba en proceso para ser empleado de carrera, pero una carta para prescindir de sus servicios le impidió ahora culminar su anhelada meta.
Benito Aquino trabajaba en el Estado desde 1991, pero el 1 de octubre de este año una triste noticia tocó su puerta: fue cancelado como servidor público. Desde 1991 al 1997 se había desempeñado como oficial verificador en la Dirección General de Aduanas (DGA), de 2001 al 2004 fue auxiliar en el Ministerio de Agricultura y desde 2004 al 2020 fue auxiliar administrativo en el Ministerio de Interior y Policía.
Aquino llegó al MAP con una certificación de cargos desempeñados en la función pública de la Contraloría General de la República, donde se informa que sus beneficios laborales por estos 29 años son de unos RD$95,000, de los cuales RD$37,374 serán por indemnización, RD$17,247 por vacaciones y RD$40,696 por el decreto 275-01. También tenía en su fólder una copia de su cédula y la carta de cancelación.
Este señor asegura que no era político ni era un puesto botella, y con un tono molesto indica “pero eso no les importa a ellos”, pues consideran que el empleado público que no es de carrera, aunque tenga más de 20 años en el Estado “se lo lleva San Quintín” (haciendo referencia a un dicho popular para denotar malos tiempos).
“Sin empleo y con una familia en esta situación. ¿Qué les importa a ellos? A ellos lo que les importa es cancelar la gente para meter a otros”, lamentó.
Mientras hablaba su tono de voz se hacía más fuerte y contaba que no valió la pena la capacitación que recibía mientras estaba en el Estado.
Otro señor era alcalde pedáneo de la comunidad Yubina, en el Ayuntamiento de Bayaguana, donde devengaba un salario de RD$3,500 mensuales. A su lado estaba sentada una señora que era conserje en el Ministerio de Educación ganando al mes RD$12,700.
“Son unos charlatanes. A mí me pagaron a final de septiembre porque pagaron tarde, como el día 29, y en la carta de cancelación me ponen que me despiden el 25 de agosto y no entiendo porque yo cobré mi mes y se lo enseñé a la gente de Recursos Humanos”, explica la señora que esperaba turno para que en el MAP le calcularan sus prestaciones laborales. Un hombre la escuchaba y asentaba sus comentarios con la cabeza, para luego contar a Listín Diario que fue cancelado del Instituto de Auxilios y Vivienda (Inavi), donde se desempeñaba como chófer.
Otros con la misma suerte
Listín Diario comprobó también el despido de otras personas que tenían menos años trabajando en el Estado. Un técnico de Comunicación que fue despedido de la Alcaldía de Santo Domingo Este se encontró con su pasado jefe, el director de Comunicaciones, que también fue cancelado y su reacción fue: “usted sabe, yo estoy disponible para cualquier chiripa que aparezca”.
El pasado técnico lamentó que de beneficios laborales, supuestamente solo le darían RD$22,000 cuando mensual él ganaba RD$16,000 y duró cuatro años en la alcaldía.
Estas personas deberán esperar que el MAP analice sus casos y determine cuánto dinero se les otorgará de beneficios laborales, proceso que podría durar hasta un mes.
La Ley de función pública
En el Estado hay cinco categorías de empleados según la contratación: de carrera administrativa, de estatuto simplificado (grupos ocupacionales, servicios generales y apoyo administrativo), de libre nombramiento y remoción (cargos de confianza), temporales y los que a la entrada de vigencia de la ley ocupaban cargos de carrera. La respuesta del MAP durante la presencia del Listín Diario en la entidad fue: “las personas vienen para que les hagan el cálculo de sus beneficios laborales, que es el primer paso que se da cuando son desvinculadas del servicio.
Sepa más
Normativa de función pública
Indemnización
El cálculo de la indemnización se realizará con base al monto nominal del último sueldo.
Vacaciones
Los empleados desvinculados tendrán derecho a recibir el pago de sus vacaciones siempre que hayan servido un mínimo de seis meses dentro del año calendario correspondiente.
listindiario.com
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Banco agradece a autoridades por eficiencia en investigación del caso de acreditaciones irregulares
Santo Domingo, R.D.-La celeridad y el profesionalismo del Ministerio Público y la Policia Nacional fue reconocido por el Banco BHD en el proceso de investigación y persecución de los involucrados en el caso de acreditaciones irregulares por más de RD$ 200 millones en perjuicio de esa entidad y la entidad financiera expresó que se mantendrá trabajando y colaborando con estas instituciones hasta cerrar el caso.
Desde marzo pasado, tras una investigación interna, el BHD desvinculó por despido y posteriormente sometió a la justicia a un empleado acusado de realizar acreditaciones irregulares en beneficio de terceros a cambio de una retribución económica para sí mismo, violando la confianza que fue depositada en él a través de su rol.
También sometió a la justicia a un grupo de personas externas al banco que recibió los fondos irregulares. La denuncia formal fue colocada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional.
El BHD informó que, tan pronto detectó el movimiento irregular de acreditaciones, inició un proceso de investigación en coordinación con el Ministerio Público y notificó el hecho a la Superintendencia de Bancos.
La entidad indicó que, más allá de las pérdidas financieras, que fueron absorbidas por el Banco y que representan una fracción mínima de sus utilidades anuales dado el tamaño de la institución, se trata de una conducta inadmisible en una empresa que se ha caracterizado por hacer siempre lo correcto. También aseguró que los depósitos de los clientes están intactos y que nunca fueron tocados.
BHD reiteró su posición de cero tolerancia a cualquier conducta que comprometa la confianza y los valores institucionales, y su compromiso absoluto con una cultura organizacional sustentada en la ética, la transparencia y la responsabilidad.
SANTO DOMINGO.- Fueron detenidos los responsables de atacar e intimadar al chofer de un autobús escolar en un incidente ocurrido en el sector Cafe de Herrera de Santo Domingo Este, según lo anunció la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
“El comportamiento de turba iracunda tendrá su castigo”, expresó la funcionaria al confirmar que los implicados serán sometidos de inmediato ante el Ministerio Público.
El caso involucra al conductor Henrry González, quien fue agredido mientras trasladaba estudiantes hacia la escuela Rafaela Santaella, luego de un roce entre el autobús escolar y una motocicleta que presuntamente transitaba en vía contraria.
Según testigos, el motorista reaccionó de forma violenta y comenzó a golpear al conductor frente a varios menores que viajaban en el vehículo escolar. Posteriormente, otros motoconchistas se habrían sumado a la agresión, provocando escenas de pánico entre estudiantes y residentes de la zona.
Santo Domingo, R.D.-Precariedades extremas denunciaron jueces, juezas y servidores judiciales en el Placio de Justicia de Ciudad Nueva de la capital dominicana, la cual fue hecha con el lema «¡Que la dignidad comience por casa!», ya que dicen que el Consejo del Poder Judicial gasta millones de pesos en un árbol navideno, pero que no hay fondos para mejorar las condiciones de trabajo de los actores del sistema de justicia.
A través del documento titulado «Manifiesto por la Dignidad de la Justicia«, leído por la jueza Suinda Brito, el colectivo declaró su profunda preocupación y el agotamiento acumulado ante las precarias condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales en las que desempeñan sus delicadas funciones.
El documento enfatiza que la administración de justicia no puede sostenerse de forma exclusiva sobre la base de la vocación y el sacrificio personal de quienes operan el sistema.
«La justicia requiere condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales que permitan ofrecer un servicio oportuno, eficiente e imparcial, tomando en cuenta la dignidad de quienes hacen que el servicio judicial sea una realidad», reza textualmente el comunicado.
Los firmantes desglosaron una alarmante lista de carencias diarias que entorpecen el correcto ejercicio de sus funciones y que debilitan al sistema de manera progresiva:
Sostienen que esto provoca que un solo servidor o magistrado termine asumiendo la carga laboral de dos, tres o hasta cuatro personas.
Los sueldos percibidos están completamente desactualizados frente al constante aumento del costo de la vida y no guardan coherencia con la alta responsabilidad de sus cargos.
Aducen que una fuga constante de personal administrativo debido al desgaste laboral crónico.
Abandono severo de las plantas físicas de múltiples tribunales a nivel nacional y desprotección en los palacios de justicia.
Uno de los puntos más álgidos y contundentes del manifiesto radica en la abierta denuncia a la disparidad económica existente dentro del Poder Judicial.
Los manifestantes contrastaron la realidad de los tribunales frente a las esferas de dirección interna, detallando que ciertos secretarios o empleados administrativos de la cúpula devengan salarios que superan con creces los de cualquier juez o jueza titular.
Asimismo, criticaron con severidad que mientras los juzgados operan con carencias básicas, las altas direcciones cuentan con presupuestos millonarios destinados a gastos de viajes, hospedajes, restaurantes, publicidad, eventos e influencers.
Como ejemplo de este desvío de prioridades, revelaron la indignante inversión de cerca de 11 millones de pesos en la instalación de un árbol navideño institucional, catalogado por los servidores como una ofensa frente a las urgencias operativas del sistema.
Los magistrados aclararon que esta protesta surge tras años de haber agotado todos los canales institucionales formales, solicitudes y llamados al diálogo por parte de las asociaciones judiciales, los cuales fueron históricamente recibidos con «silencio, indiferencia, irrespeto y desdén institucional».
De igual forma, expresaron su enérgico rechazo a las respuestas que el Consejo del Poder Judicial (CPJ) emitió el pasado 19 de mayo, calificándolas de «imprecisas, condicionadas e ineficaces».
Detallaron que la propuesta de indexación salarial quedó sujeta de forma incierta a la aprobación de un presupuesto complementario por parte del Ministerio de Hacienda, sin plazos ni parámetros claros de ejecución.
Las medidas de movilidad judicial se redujeron a una indefinida «hoja de ruta» sujeta a futuros procesos participativos, careciendo de acciones específicas inmediatas.
Se omitieron temas trascendentales como la eliminación de la ilegal suplencia horizontal, la desigualdad generada por el actual manual de salarios y la movilidad de la carrera administrativa.
El manifiesto concluye con una advertencia contundente por parte del cuerpo judicial, afirmando que este movimiento es solo el inicio de una lucha firme y que no se dejarán amedrentar ni desmayarán hasta recibir soluciones ejecutables y hechos concretos.
«Porque no puede haber justicia verdadera donde quienes la sirven son tratados con indiferencia. No puede haber Estado de Derecho donde el derecho se aplica a todos menos a quienes lo custodian. No puede haber dignidad para el ciudadano si el juez que lo escucha, el alguacil que notifica, el secretario que certifica y el conserje que abre las puertas del tribunal cada mañana, no tienen dignidad propia», sentencia el enérgico cierre del documento.
Previo, a la lectura del manifiesto se entorno el himno nacional y el himno del Poder Judicial.