Santo Domingo, RD.-Los ojos llorosos y la cara de preocupación resaltaban entre los más de 100 empleados públicos que llegaban en horas de la mañana a las oficinas del Ministerio de Administración Pública (MAP), por motivo de sus cancelaciones en el Estado.Más Noticias
Cancelan empleados del Estado en condiciones de vulnerabilidad
Santo Domingo, RD.-Los ojos llorosos y la cara de preocupación resaltaban entre los más de 100 empleados públicos que llegaban en horas de la mañana a las oficinas del Ministerio de Administración Pública (MAP), por motivo de sus cancelaciones en el Estado.Entraban a la recepción, tomaban un turno y eran llamados por un guardia que los pasaba al departamento de Relaciones Laborales dónde les calcularían sus beneficios en amparo de la Ley de Función Pública y la Ley Orgánica de Administración Pública 247-12.
Algunos tenían desde el 2004 en el Estado, pero no eran empleados de carrera. Tal es el caso de un doctor que laboraba en el dispensario médico del Instituto Agrario Dominicano (IAD), desde hace 16 años. Él estaba en proceso para ser empleado de carrera, pero una carta para prescindir de sus servicios le impidió ahora culminar su anhelada meta.
Benito Aquino trabajaba en el Estado desde 1991, pero el 1 de octubre de este año una triste noticia tocó su puerta: fue cancelado como servidor público. Desde 1991 al 1997 se había desempeñado como oficial verificador en la Dirección General de Aduanas (DGA), de 2001 al 2004 fue auxiliar en el Ministerio de Agricultura y desde 2004 al 2020 fue auxiliar administrativo en el Ministerio de Interior y Policía.
Aquino llegó al MAP con una certificación de cargos desempeñados en la función pública de la Contraloría General de la República, donde se informa que sus beneficios laborales por estos 29 años son de unos RD$95,000, de los cuales RD$37,374 serán por indemnización, RD$17,247 por vacaciones y RD$40,696 por el decreto 275-01. También tenía en su fólder una copia de su cédula y la carta de cancelación.
Este señor asegura que no era político ni era un puesto botella, y con un tono molesto indica “pero eso no les importa a ellos”, pues consideran que el empleado público que no es de carrera, aunque tenga más de 20 años en el Estado “se lo lleva San Quintín” (haciendo referencia a un dicho popular para denotar malos tiempos).
“Sin empleo y con una familia en esta situación. ¿Qué les importa a ellos? A ellos lo que les importa es cancelar la gente para meter a otros”, lamentó.
Mientras hablaba su tono de voz se hacía más fuerte y contaba que no valió la pena la capacitación que recibía mientras estaba en el Estado.
Otro señor era alcalde pedáneo de la comunidad Yubina, en el Ayuntamiento de Bayaguana, donde devengaba un salario de RD$3,500 mensuales. A su lado estaba sentada una señora que era conserje en el Ministerio de Educación ganando al mes RD$12,700.
“Son unos charlatanes. A mí me pagaron a final de septiembre porque pagaron tarde, como el día 29, y en la carta de cancelación me ponen que me despiden el 25 de agosto y no entiendo porque yo cobré mi mes y se lo enseñé a la gente de Recursos Humanos”, explica la señora que esperaba turno para que en el MAP le calcularan sus prestaciones laborales. Un hombre la escuchaba y asentaba sus comentarios con la cabeza, para luego contar a Listín Diario que fue cancelado del Instituto de Auxilios y Vivienda (Inavi), donde se desempeñaba como chófer.
Otros con la misma suerte
Listín Diario comprobó también el despido de otras personas que tenían menos años trabajando en el Estado. Un técnico de Comunicación que fue despedido de la Alcaldía de Santo Domingo Este se encontró con su pasado jefe, el director de Comunicaciones, que también fue cancelado y su reacción fue: “usted sabe, yo estoy disponible para cualquier chiripa que aparezca”.
El pasado técnico lamentó que de beneficios laborales, supuestamente solo le darían RD$22,000 cuando mensual él ganaba RD$16,000 y duró cuatro años en la alcaldía.
Estas personas deberán esperar que el MAP analice sus casos y determine cuánto dinero se les otorgará de beneficios laborales, proceso que podría durar hasta un mes.
La Ley de función pública
En el Estado hay cinco categorías de empleados según la contratación: de carrera administrativa, de estatuto simplificado (grupos ocupacionales, servicios generales y apoyo administrativo), de libre nombramiento y remoción (cargos de confianza), temporales y los que a la entrada de vigencia de la ley ocupaban cargos de carrera. La respuesta del MAP durante la presencia del Listín Diario en la entidad fue: “las personas vienen para que les hagan el cálculo de sus beneficios laborales, que es el primer paso que se da cuando son desvinculadas del servicio.
Sepa más
Normativa de función pública
Indemnización
El cálculo de la indemnización se realizará con base al monto nominal del último sueldo.
Vacaciones
Los empleados desvinculados tendrán derecho a recibir el pago de sus vacaciones siempre que hayan servido un mínimo de seis meses dentro del año calendario correspondiente.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader sostuvo que “nunca” cambiaría los términos de elección de un candidato presidencial establecidos en la Constitución de la República para «beneficiarse».
Al responder una pregunta de los medios de comunicación, el mandatario indicó que solamente realizará dos cambios a la Constitución actual: uno que implica la forma en que se escoge la figura del Procurador General de la República, y otro que colocaría un «candado» para que ningún mandatario pueda cambiar «a conveniencia» los corrientes metodos de elección y reelección estipulados en la Carta Magna.
“El candado es para que nadie, aunque tenga mayoría o una inmensa mayoría, no se anime a querer cambiar los términos de elección, sino ya que se quede con los ocho años y nunca jamás y eso yo lo voy a respetar ”, expresó Abinader al responder a la pregunta de una posible modificación para cambiar la Constitución del país.
Durante La Semanal de este lunes, celebrado en Santiago, el presidente Abinader señaló la necesidad de un palacio de la policía para Santiago, la que consideró como una de las obras más importantes que tiene previsto en su plan de gobierno.
“Es una barbaridad como está la policía en Santiago, es una de las urgencias de Santiago pero está en la lista corta para iniciar tan pronto tengamos la posibilidad”, dijo.
Santo Domingo, R.D.-La gran cantidad de recursos públicos usados en la actual campaña electoral fue criticado por Participación Ciudadana, cuya organización comparó ese abuso con lo ocurrido durante los últimos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido Revolucionario Moderno.
«En la partida destinada a “publicidad, impresión y encuadernación” en el 2021 se gastó la suma RD$3,621 millones, monto que se incrementó a RD$6,375 millones en el 2022 y RD$8,786 millones en el 2023», señala la organización.
El uso irregular de los recursos públicos en favor del partido o bloque dominante es una práctica muy arraigada en la historia política dominicana, alcanzando niveles cada vez más escandalosos, durante los pasados gobiernos del PLD y en el actual. Que los programas públicos se utilizan deliberadamente con intenciones de influir sobre el electorado, se pone en evidencia solo con ver que se intensifican en la medida en que se acercan las elecciones.
A manera de ejemplo, en la partida destinada a “publicidad, impresión y encuadernación” en el 2021 se gastó la suma RD$3,621 millones, monto que se incrementó a RD$6,375 millones en el 2022 y RD$8,786 millones en el 2023. De todo lo gastado en dicho año, el 74% tuvo lugar en la segunda mitad. Se advierte que casi todo lo computado en esta partida, el 86 por ciento, corresponde a publicidad y propaganda.
Para este 2024 el presupuesto consigna RD$8,163 millones destinados a “publicidad, impresión y encuadernación”, de los cuales en los primeros tres meses y 12 días ya se gastaron 2,790 millones de pesos, particularmente en los meses de febrero y marzo, cuando se intensificó.
De esta manera, en el segundo semestre del año pasado, cuando las elecciones estaban más cerca, se gastó casi el triple que en el primero, y en lo que va del 2024 seis veces más que en igual período del año anterior.
La publicidad oficial suele incluir, de forma velada o expresa, informaciones sobre supuestos “logros gubernamentales” que no son otra cosa que propaganda electoral, incluso utilizando expresamente cifras tendentes a abultar los éxitos, expuestos en páginas de periódicos y espacios en los medios audiovisuales y plataformas.
No es que no se hiciera en los pasados gobiernos, e incluso a veces más en términos relativos, sino que lo esperable por parte de la ciudadanía es que las prácticas incorrectas sean corregidas en vez de replicadas igual o peor.
Insistimos en que los datos expuestos provienen de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, por lo que no se incluyen los montos dispuestos a este fin por las instituciones autónomas, los ayuntamientos, los bancos del Estado y los fideicomisos públicos, que también incluyen habitualmente la contratación de publicidad. Es decir, probablemente el presupuesto asignado a este fin es mucho mayor.
Otra práctica histórica que también persiste es aprovechar con fines electorales diversos programas públicos, principalmente en los de bienestar social, a pesar de algunos intentos legales o de las autoridades electorales. Sin embargo, resulta difícil extraer conclusiones en base a las estadísticas disponibles, debido a que dicho uso queda englobado dentro de grandes partidas de gastos que incluyen programas legítimos del Estado, como inversiones públicas, programas sociales y subsidios gubernamentales, pero que son utilizados habitualmente como medios para favorecer adeptos o promocionar candidatos oficiales.
Particularmente destaca la partida destinada a “ayudas y donaciones a personas”, que, si bien se refiere a programas legítimos que ayudan a combatir la pobreza, también se usan habitualmente de manera selectiva para favorecer políticamente al gobierno de turno. En la misma se gastaron 52,000 millones de pesos en el pasado año 2023 y 11,594 millones en los primeros dos meses de este año, registrándose un incremento de 20% respecto a enero-febrero del 2023.
Santo Domingo, R.D.-Este martes la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura un proyecto de ley que crea el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y elimina la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet).
De acuerdo con el proyecto, elaborado por el diputado Gilberto Balbuena, el nuevo Indomet estará adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, que ejercerá una potestad de tutela para verificar el funcionamiento de la nueva entidad.
Entre sus funciones, el Indomet deberá establecer estaciones de observación para monitorear el estado del tiempo, mantener sistemas permanentes de telecomunicación, emitir informes de alerta temprana, expedir certificaciones de datos meteorológicos, suministrar asistencia técnica a la navegación aérea y asesorar a las autoridades.
Asimismo, el Indomet deberá mantener una capacitación constante en materia de meteorología, gestionar becas para cursos de meteorología que se impartan en el exterior y realizar estudios meteorológicos.
Si el Indomet es creado mediante ley, tendrá un consejo directivo que servirá como la máxima autoridad del instituto y que estará compuesto por el ministro de Medio Ambiente, el ministro de la Presidencia, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Relaciones Exteriores, el director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y el director ejecutivo del Indomet.
En caso de ser creado, las atribuciones del consejo incluirán el establecimiento de lineamientos en meteorología, revisar y actualizar los planes de contigencia, conocer el régimen de sueldos de Indomet, someter una terna al Poder Ejecutivo para escoger al director del Indomet y aprobar contrataciones de asesores para la entidad.
Para su sustento, los recursos económicos del nuevo instituto provendrán del Presupuesto General del Estado y de aportes de otras instituciones públicas y privadas.
En sus artículos finales, el proyecto dispone que en un plazo de un año el Poder Ejecutivo deberá trasladar las apropiaciones de la Onamet al Indomet hasta que se apruebe el presupuesto estatal del año próximo.
«Todas las responsabilidades y atribuciones que las leyes y decretos le asignan a Onamet pasarán a su continuador institucional, el Indomet», señala la pieza.