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Advierte actuará con mano dura contra los “depredadores”
Asegura someterá a la justicia a las granceras, empresas y particulares que violen las disposiciones establecidas
Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Las nuevas autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el país tienen el reto de enfrentar tres problemas fundamentales que repercuten en la salud y calidad de vida de los ciudadanos que, en palabras del titular de la cartera, son las acciones que atentan contra la conservación de las fuentes de aguas, el manejo inadecuado de los residuos sólidos y los efectos del cambio climático.
“A partir del mes próximo tomaremos medidas, porque si bien entendemos que esta actividad es importante para la industria de la construcción, y que hay modelos en el país que se hacen de forma sostenible, también hay casos que son parte de esquemas de corrupción y violación a los recursos. Vamos a llegar hasta el final para eliminar un problema que atenta contra la misma naturaleza”, advirtió. En ese sentido, dijo que próximamente se emitirá una resolución “para definir los alcances que tienen las personas que se dedican a este tipo de actividad. Los vamos a enfrentar y los vamos a someter a la justicia a los que depredan nuestros bosques”, reiteró.
Al ser abordado por el director del periódico elCaribe, Osvaldo Santana, sobre la intención de rescate de los ríos Ozama e Isabela, expresada en el recorrido que hizo recientemente el Presidente Luis Abinader a estas cuencas, informó que en los próximos días deberá producirse una modificación a los últimos decretos emitidos en la pasada gestión, que establecen las responsabilidades frente a esta problemática, a los fines de ajustarlos a la nueva realidad para que el Estado tenga un rol más activo de cara a presentar soluciones. “Desde la más alta posición pública del país, desde la Presidencia de la República, ya existe la voluntad política para primero unificar criterios en las entidades oficiales involucradas para tener una sola posición sobre la descontaminación del río Ozama”, expresó.
En ese sentido, Jorge Mera indicó que el ministerio trabaja en la identificación, evaluación y actualización de los estudios que tratan la problemática en estas riberas, para poder emprender desde el más alto grado de influencia oficial las acciones necesarias para detener la contaminación en estos ríos. Entiende que la cuenca del Ozama es fundamental para el desarrollo de la provincia Santo Domingo. “Los ríos Ozama e Isabela están altamente contaminados, como consecuencia de muchos años sin la debida atención por parte de las entidades involucradas en su protección”, deploró. Asimismo, dijo que el proceso de saneamiento de estas fuentes de aguas se llevará a cabo con la participación y consenso de instituciones, entre las cuales citó el Ministerio de la Presidencia, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), los Ayuntamientos del Distrito Nacional, de Santo Domingo Este y de Santo Domingo Norte, la Unidad para la Readecuación de La Barquita y Entornos (Urbe) y otras entidades no gubernamentales. “El río Ozama forma parte de los planes y propósitos de este Gobierno, para que en el curso de los próximos años comencemos a ver la descontaminación de esta importante fuente hidrográfica”, afirmó. En respuesta a la pregunta del subdirector de elCaribe, Héctor Linares, sobre las acciones a tomar contra las industrias que manejan inapropiadamente sus desechos, reconoció que hay empresas que vierten sus residuos a los ríos Ozama e Isabela, de las cuales dijo “es nuestra responsabilidad hacerles ver que lo que están haciendo es ilegal”.
Entre las acciones tomadas a los fines de proteger las áreas protegidas mencionó la intervención de más de 50 tareas del Parque Nacional Sierra de Bahoruco en Pedernales, donde eliminaron 2,000 plantas de aguacates sembradas ilegalmente. De igual manera se refirió al retiro de decenas de ocupantes del área protegida Gran Parque de las Américas en el sector Los Farallones, Santo Domingo Este. Aseguró que dicha acción se llevó a cabo sin mayores inconvenientes, tras agotar un amplio proceso de coordinación y planificación entre diversas instituciones del Estado.
Destacó que el país cuenta con 127 áreas protegidas dispersas en todo el territorio nacional. “Las áreas protegidas fueron declaradas en los años 60, 70, 80 y 90 bajo la concepción de que el Estado debía proteger por tema de biodiversidad y por el nacimiento de los ríos. Al principio tuvo una visión de protección y conservación, ahora nosotros les estamos dando un giro para que puedan ser visitadas y conocidas por dominicanos y extranjeros, claro manteniendo la protección”. Dijo que en la actualidad se está disponiendo de un protocolo sanitario para que estas áreas puedan ser visitadas, paralelamente se puso en marcha un proceso de remozamiento de las instalaciones deterioradas.
“Estamos planteando lo que se conocería en la ley 64-00 como áreas de co-manejo. Es decir estaremos tocando puerta del sector privado para que muchas de esas áreas sean co-manejadas entre el sector público y empresas del sector privado”, expresó.
Jorge Mera junto al director de elCaribe, Osvaldo Santana, y los ejecutivos Héctor Linares y Héctor Marte.
Sectores deberán acatar Ley de Residuos Sólidos
Al referirse a la recientemente promulgada Ley de Residuos Sólidos, el funcionario recordó que las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo en la pasada gestión fueron rechazadas por realizarse fuera del plazo establecido. Indicó que en la misma se otorga un plazo de seis meses para que el Ministerio de Medio Ambiente emita la reglamentación de lugar, por lo que en los próximos días se estará contratando una firma asesora para la redacción del reglamento y de un cronograma para los procesos de consultas con los distintos sectores relacionados a la ley. “Este proceso lo queremos hacer con total transparencia y participación para que entre diciembre y enero tener el reglamento prácticamente listo”, puntualizó el político.
“Aquí vamos a enfrentar la ley duramente. El tema de los residuos sólidos es de vital importancia”, advirtió.
El ministro de Medio Ambiente consideró que el tema de los residuos sólidos, que incluyen los desechos hospitalarios y tóxicos, se ha manejado con poco criterio técnico y profesional. Adelantó que en los próximos meses se llevará a cabo un proceso de socialización con los representantes de clínicas y hospitales para “hacerles entender que deben tener los incineradores que puedan descomponer estos desechos que afectan la salud de los dominicano”.
Agregó que “la ley es dura respecto a las sanciones a las entidades que no cumplan con la disposición correcta de los residuos sólidos”.
Admite hay criterios diferentes en Ley Agua
Destacó que como país insular, la República Dominicana es afectada por el cambio climático. Al respecto dijo que la institución, junto a otras entidades como la Comisión del Cambio Climático, estará trabajando en la emisión de normativas y en la implementación de programas de reforestación. Sobre el proyecto de Ley de Agua, engavetado en el Congreso Nacional, observó que aún hay diferencias de criterios que impiden su esperada aprobación. En esa dirección, Héctor Marte, Jefe de Redacción de elCaribe, refirió a uno de los puntos más controversial de la iniciativa relativo a cuál entidad deberá regular el tema agua en el país, también hizo mención de la reciente creación de un gabinete para este sector. Al respecto dijo que el Presidente Luis Abinader designó oportunamente varios gabinetes sectoriales. “En materia de agua hay distintas entidades públicas relacionadas y es bueno que todos los participantes sepan lo que está haciendo cada quien”.
Permisología
En este corto tiempo hemos rechazado varias plantas de gas por no cumplir con los procedimientos”.
Eficiencia
Estamos trabajando en transformar la forma de contacto y respuesta a los usuarios”.
Reto
Tenemos que reducir sustancialmente el tiempo de respuesta en cuanto a la permisología”.
elcaribe.com.do
Santo Domingo, R.D.-Juan Carlos Bircann Sánchez, procurador general titular de la Procuraduría Regional de Santiago, solicitó este martes la designación de otros jueces en el turno de la tarde-noche en el tribunal de Atención Permanente en el distrito judicial de Valverde.
Bircann Sánchez explicó que con esa designación podrán canalizar las solicitudes que requieren autorización judicial.
Detalló que desde hace un tiempo se ha hecho difícil para el Ministerio Público obtener algunas de esas autorizaciones, ya que el horario de servicio termina a las 4:30 de la tarde.
Indicó que en el mismo distrito la labor judicial sería más eficiente si el Tribunal Colegiado operara por más tiempo. Actualmente, dicha sala solo trabaja dos días a la semana.
Bircann Sánchez planteó que con la implementación de mejoras en el funcionamiento del servicio judicial, como la designación de jueces fijos en la sala unipersonal y la ampliación del horario de atención, se podrán obtener resultados significativos.
El procurador general titular de la Procuraduría Regional de Santiago, que también abarca la provincia Valverde, hizo la solicitud durante los actos con motivo al Día del Poder Judicial.
En su intervención, el funcionario también se refirió al tema de la violencia de género. Consideró que ese tema sigue como tarea pendiente, aunque, según dice, este año lograron avances significativos.
Expresa la necesidad de que en ese tipo de delitos se concientice más a los jueces y fiscales.
«Aparte de las actitudes que revictimizan a las usuarias en algunas salas de audiencias, existe un divorcio con los estándares probatorios y la doctrina jurisprudencial trazada por la Suprema Corte de Justicia en esta materia», declaró.
Aseguró que en su despacho tiene disponibles las pruebas documentales de lo que está afirmando.
Santo Domingo, R.D.-Tras tres reclusos sufrir sobredosis por consumo de drogas, ha quedado en evidencia un grave problema que afecta las cárceles dominicanas, lo cual ha permitido observar la competencia en torno a este flagelo a partir de lo ocurrido en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta de Moca.
Este no es un fenómeno nuevo; a lo largo de los años, múltiples denuncias han revelado la presencia de sustancias ilícitas dentro de los centros penitenciarios del país, a pesar de los esfuerzos por mejorar el sistema de seguridad.
El dirigente comunitario Guanchi Comprés, de Los Peregrinos de Moca, dio a conocer el caso el lunes 6 de enero, señalando que los internos involucrados en este suceso se encontraban en el módulo dos del penal cuando se produjo la sobredosis.
El incidente ha puesto de relieve no solo el problema del consumo de drogas en las cárceles dominicanas, sino también las graves fallas de seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta.
El dirigente destacó que las cámaras de vigilancia del penal están inoperativas desde hace más de una década, lo que dificulta cualquier intento de esclarecer los hechos. “¿Cómo pueden investigar este hecho si no tienen medios para saber lo que ocurrió?”, cuestionó Comprés, exigiendo una respuesta clara de las autoridades.
“Pedimos el traslado inmediato de todos los agentes de este centro, que son cómplices de lo que pasa”, añadió el dirigente, subrayando que el director del penal, aunque honesto, no tiene control total sobre lo que ocurre en las instalaciones.
Un problema de drogas que no es nuevo en las cárceles de RD
Este caso en Moca se suma a una serie de denuncias similares que han salido a la luz en otros centros penitenciarios de República Dominicana en los últimos años. En marzo de 2024, se reveló que en la cárcel de San Francisco de Macorís los reclusos tenían acceso a drogas y otros artículos ilícitos gracias a mafias internas y la complicidad de algunos agentes penitenciarios.
Por otro lado, en noviembre de 2024, la Penitenciaría Nacional de La Victoria se vio envuelta en una denuncia sobre la venta ilegal de bebidas alcohólicas, drogas y estimulantes sexuales dentro del recinto. Las sustancias ingresaban al penal a través de redes de contrabando, lo que ponía en peligro la seguridad y el orden dentro de la cárcel.
Incluso en el 2021, el Departamento de Estado de los Estados Unidos denunció el tráfico de drogas, armas, prostitución y abusos sexuales dentro de las cárceles de República Dominicana, describiendo un panorama de sobrepoblación y falta de control en los centros del viejo modelo penitenciario, como la emblemática Penitenciaría de La Victoria.
El silencio del sistema penitenciario ante las denuncias
El sistema penitenciario de la República Dominicana ha sido blanco de múltiples críticas por su incapacidad para erradicar el consumo de drogas y otros ilícitos dentro de sus recintos. Aunque las autoridades han intentado implementar reformas, como la creación del Nuevo Modelo Penitenciario, los problemas persisten.
En varios casos, la complicidad entre reclusos y agentes penitenciarios ha permitido que sustancias ilícitas sigan entrando a las cárceles. Tambien, en la cárcel de Neiba, agentes de la policía y el Ministerio Público incautaron armas, drogas y otros objetos prohibidos.
Además, la falta de una respuesta oficial y la escasa transparencia en cuanto a las investigaciones sobre estos hechos contribuyen a la desconfianza en el sistema. Aunque el Ministerio de Justicia y la Dirección General de Prisiones han prometido tomar medidas para mejorar la seguridad, la situación sigue siendo grave.
Santo Domingo, R.D.-Fue convertido en ley este martes por la Cámara de Diputados un proyecto legislativo que tiene el objetivo de modificar la Ley Orgánica 138-11 del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a través de la cual se altera la integración del pleno y el mecanismo de elección del procurador General de la República (PGR).
Esta iniciativa, propuesta por el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos; y el senador Omar Fernández, es una respuesta al dictamen colocado el pasado 27 de octubre en el artículo 171 de la Constitución dominicana, luego de ser promulgada por el Poder Ejecutivo la cuadragésima modificación.
¿Quiénes integrarán el CNM?
Este órgano constitucional está conformado, además, por el presidente de la República, quien lo encabeza; el presidente del Senado; un senador del bloque político opositor; el presidente de la Cámara de Diputados; un diputado de bancada no oficialista y un magistrado de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Dentro de las funciones del CNM se encuentra designar los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), del TC y sus suplentes. Al igual que elegir al titular de la PGR y la mitad de los procuradores adjuntos, a propuesta de jefe del Estado.
Abstención
La alteración al artículo 16 ordena que “en todos los casos”, en los cuales un miembro del CNM aspire o acepte su postulación como juez o procurador general deberá abstenerse de participar en la elección de este puesto.
“Tampoco podrá participar en la elección de un candidato a juez o al cargo de Procurador General de la República o uno de sus procuradores adjuntos, cuando le unan vínculos sanguíneos o de afinidad hasta el cuarto grado inclusive”, indica el párrafo de este apartado.
Procurador
Esta pieza indica con claridad que el gobernante será quien deba presentar en modo de propuesta al ciudadano que dirigirá la PGR. Sin embargo, precisa que, aun siendo aprobado en ambas cámaras del Congreso Nacional, el CNM deberá desarrollar un reglamento para determinar cuál será el mecanismo que utilizará el primer mandatario.
La etapa de selección pasará por un proceso de entrevistas en el que participarán los 8 integrantes del órgano y deberá realizarse durante los primeros 100 días de promulgada la Carta Magna, que culminan a finales de enero del 2025.
El Consejo Nacional de la Magistratura designará al Procurador General de la República y la mitad de los procuradores adjuntos por un periodo de dos años.
Este plazo tendrá un carácter de inamovilidad, a excepción de que decidan rectificar al ciudadano en el puesto.
Importancia del reglamento
El CNM deberá en un plazo “máximo” de 30 días adecuar el reglamento de aplicación del marco legal de esta entidad independiente del tren gubernamental, según establece la pieza legislativa.
Posible salida de Miriam Germán
Abinader reveló el pasado 12 de agosto que le pediría a la procuradora general, Miriam Germán Brito, que continué en el cargo, hasta tanto se den las modificaciones a la Constitución que pretende el mandatario.
A lo que Brito respondió días después aceptando la solicitud anunciada por el presidente Abinader.
No obstante, no adelantó si optaría nuevamente por ocupar la posición, ni tampoco el gobernante ha anunciado a quien presentará ante el CNM.