Opinión
Bolivia y Chile: la ola transformadora se reactiva en nuestra América
“No hay dudas de que en forma creciente nuestros pueblos no quieren vivir bajo la recolonización neoliberal ni tutelados por partidocracias conservadoras, cual sea su intensidad opresiva; menos aún cuando la “vuelta al pasado” es peor que un simple retroceso.”
El ciclo de rebeldías populares que inició la revolución cubana no se ha cerrado.
El imperialismo estadounidense no ha podido consolidar los resultados de su contraataque feroz a nivel regional. De nuevo comienza a perder terreno
Pudo desplazar temporalmente del poder estatal no pocos procesos de autodeterminación y reformas anti-neoliberales, pero sin lograr vencer la resistencia popular a sus designios y sin poder imponer una gobernabilidad colonizadora estable.
Las diversas modalidades de golpes contra-reformas y contra-revolucionarios, sus variadas fórmulas de retrocesos agravados -todas cargadas de un neoliberalismo más duro, una recolonización más drástica y una alianza público-privada de corte fascistoide y mafioso- han enfrentado altos niveles de impugnación popular; y; en varios casos, han revertido, o están a punto de revertir, la reciente imposiciones imperiales ( México, Argentina, Bolivia y Chile); en otros, la pelea sigue y las protestas se radicalizan en forma recurrente (Honduras, Haití, Paraguay, Brasil, Ecuador, Colombia…)
El agresivo acoso contra Venezuela bolivariana y Cuba revolucionaria ha devenido en reiterados fracasos.
Ahora la formidable combinación de avalanchas populares callejeras y “pelas” electorales en Bolivia y en Chile, apuntan hacia un nuevo auge dentro de un largo ciclo de rebeldías populares y hacia una reactivación de su más reciente oleada por la nueva independencia y modelos económicos sociales con justicia social.
· LA IMPOSICIÓN DE UN NEOLIBERALISMO PEOR, Y UNA RECOLONIZACIÓN MÁS DRÁSTICA, AGRAVAN LA CONFRONTACIÓN.
El capitalismo imperialista occidental y sus expresiones locales-dependientes no cuentan con fórmulas ajenas a un neoliberalismo altamente desacreditado, repudiado e impregnado del reforzamiento de un “Destino Manifiesto”, que choca frontalmente con las ansias de autodeterminación de nuestros pueblos.
Pero resulta que a más neoliberalismo, a más conservadurismo (clasista, patriarcal, racista y ecocida…), y a más recolonización, mayor es la tendencia a la ingobernabilidad de los resultados de su rapaz contra-ofensiva y mayor la profundidad de su crisis de decadencia.
Esto ha sido así -incluso en plazos relativamente cortos- en casos donde los errores, las inconsistencias políticas y las fallas ético-morales de los llamados modelos post-neoliberales y/o progresistas, les facilitaron a EEUU, a las derechas y ultraderechas continentales, retrocesos temporales que no tardaron en recrear la indignación popular; tal y como aconteció en Argentina y como acontece ahora en Bolivia y podría producirse en Brasil, Honduras, Paraguay y Ecuador, entre otros casos no necesariamente idénticos.
No hay dudas de que en forma creciente nuestros pueblos no quieren vivir bajo la recolonización neoliberal ni tutelados por partidocracias conservadoras, cual sea su intensidad opresiva; menos aún cuando la “vuelta al pasado” es peor que un simple retroceso.
Es un nivel superior de capitalismo mafioso, de coloniaje, de privatización y saqueo de patrimonio público y recursos naturales; a base de mayor represión con alta dosis neofascista.
Es un conjunto de vieja y nuevas prácticas de corrupción impune, asociaciones delictivas público-privadas que anulan lo que resta de rol social y nacional del Estado, minería destructiva; privatización del agua, del suelo y del subsuelo; mayor crisis ambiental, alta dosis de racismo, homofobia, xenofobia, violencia de género y manipulación de las pandemias (ahora de la COVID 19) como una especie de ajuste global empobrecedor de pueblos. Todo esto no pocas veces acompañado de una religiosidad fundamentalista inducida desde las jerarquías eclesiales conservadoras y los órganos de inteligencia estadounidense.
· EL SIGNIFICADO DE LAS CONTRAPARTIDAS POPULARES EN CHILE Y BOLIVIA.
En Chile la respuesta popular tiene características de “ajuste de cuentas” con la larga oscuridad pinochetista-neoliberal, recientemente recrudecida en su vertiente socioeconómica y cultural por la ultraderecha conservadora; valioso “ajuste de cuentas” desde la indignación popular-nacional acumulada, que apunta hacia una gran transformación constitucional bajo vigilancia y presión extra-institucional del pueblo trabajador y sus diversos movimientos sociales, persistentemente insumisos y movilizados.
En Bolivia asume la condición de un contundente contragolpe de los pueblos originarios y la sociedad excluida y maltratada, que defendieron con garras anti-imperialistas, en calles, campos y urnas… lo heroicamente conquistado.
En ambos casos, cada uno con sus particularidades y distancias, están pendientes grandes y diferenciadas transformaciones institucionales y estructurales, cambios profundos en la formación económico-social, en el sistema político y el poder militar. Pero todo eso está en las calles, gestándose un poder popular paralelo, con capacidad de presionar e influir sobre la representación institucional surgida en las votaciones. Importantes aportes al acervo de la creatividad popular latino-caribeña, en gestación también en otros países de la región.
Es evidente que la radicalidad antiimperialista del pueblo boliviano está por encima de los productos institucionales de estos comicios en cuanto a las tonalidades del nuevo gobierno y a la representación partidista en los organismos del Estado; lo que indudablemente tiene que ver con las características de las fuerzas políticas más influyentes en la competencia electoral propiamente dicha.
En Chile está pendiente ese tema en cuanto a la representación y correlación de fuerzas en las próximas elecciones a la Convención Constituyente, como también respecto a los contenidos de la nueva Constitución. Pero de todas maneras la fuerzas populares desatadas en las rebeliones recientes y la capacidad demostrada para influir ejerciendo democracia de calle, es una señal esperanzadora; aun con los déficits que presenta frente a la capacidad militar y al despliegue de violencia a cargo de las derechas y EEUU.
En ambos casos -y en muchos más- sigue presente el reto de la conformación de las nuevas vanguardias antiimperialistas y anticapitalistas con capacidad de acción integral; esto es, avances pendientes en factores de conducción, articulación y creación de conciencia política alternativa en los movimientos sociales en lucha y en todas las fuerzas potencialmente transformadoras, garantía del salto de lo puramente reformista o reformador a lo consistentemente socialista-revolucionario, que incluye lo político-militar.
Mientras, lo acontecido recientemente, rebasa las fronteras de esos países hermanos, porque además de estimular otros procesos de resistencia e indignación popular, revela que en Nuestra América está nuevamente en tren de convertir en realidad el ideal bolivariano y guevarista de forjar una Patria Grande Liberada del Norte Revuelto y Brutal y su “Destino Manifiesto” bajo el ominoso lema de “América para los gringos”.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.