Opinión
Bolivia y Chile: la ola transformadora se reactiva en nuestra América
“No hay dudas de que en forma creciente nuestros pueblos no quieren vivir bajo la recolonización neoliberal ni tutelados por partidocracias conservadoras, cual sea su intensidad opresiva; menos aún cuando la “vuelta al pasado” es peor que un simple retroceso.”
El ciclo de rebeldías populares que inició la revolución cubana no se ha cerrado.
El imperialismo estadounidense no ha podido consolidar los resultados de su contraataque feroz a nivel regional. De nuevo comienza a perder terreno
Pudo desplazar temporalmente del poder estatal no pocos procesos de autodeterminación y reformas anti-neoliberales, pero sin lograr vencer la resistencia popular a sus designios y sin poder imponer una gobernabilidad colonizadora estable.
Las diversas modalidades de golpes contra-reformas y contra-revolucionarios, sus variadas fórmulas de retrocesos agravados -todas cargadas de un neoliberalismo más duro, una recolonización más drástica y una alianza público-privada de corte fascistoide y mafioso- han enfrentado altos niveles de impugnación popular; y; en varios casos, han revertido, o están a punto de revertir, la reciente imposiciones imperiales ( México, Argentina, Bolivia y Chile); en otros, la pelea sigue y las protestas se radicalizan en forma recurrente (Honduras, Haití, Paraguay, Brasil, Ecuador, Colombia…)
El agresivo acoso contra Venezuela bolivariana y Cuba revolucionaria ha devenido en reiterados fracasos.
Ahora la formidable combinación de avalanchas populares callejeras y “pelas” electorales en Bolivia y en Chile, apuntan hacia un nuevo auge dentro de un largo ciclo de rebeldías populares y hacia una reactivación de su más reciente oleada por la nueva independencia y modelos económicos sociales con justicia social.
· LA IMPOSICIÓN DE UN NEOLIBERALISMO PEOR, Y UNA RECOLONIZACIÓN MÁS DRÁSTICA, AGRAVAN LA CONFRONTACIÓN.
El capitalismo imperialista occidental y sus expresiones locales-dependientes no cuentan con fórmulas ajenas a un neoliberalismo altamente desacreditado, repudiado e impregnado del reforzamiento de un “Destino Manifiesto”, que choca frontalmente con las ansias de autodeterminación de nuestros pueblos.
Pero resulta que a más neoliberalismo, a más conservadurismo (clasista, patriarcal, racista y ecocida…), y a más recolonización, mayor es la tendencia a la ingobernabilidad de los resultados de su rapaz contra-ofensiva y mayor la profundidad de su crisis de decadencia.
Esto ha sido así -incluso en plazos relativamente cortos- en casos donde los errores, las inconsistencias políticas y las fallas ético-morales de los llamados modelos post-neoliberales y/o progresistas, les facilitaron a EEUU, a las derechas y ultraderechas continentales, retrocesos temporales que no tardaron en recrear la indignación popular; tal y como aconteció en Argentina y como acontece ahora en Bolivia y podría producirse en Brasil, Honduras, Paraguay y Ecuador, entre otros casos no necesariamente idénticos.
No hay dudas de que en forma creciente nuestros pueblos no quieren vivir bajo la recolonización neoliberal ni tutelados por partidocracias conservadoras, cual sea su intensidad opresiva; menos aún cuando la “vuelta al pasado” es peor que un simple retroceso.
Es un nivel superior de capitalismo mafioso, de coloniaje, de privatización y saqueo de patrimonio público y recursos naturales; a base de mayor represión con alta dosis neofascista.
Es un conjunto de vieja y nuevas prácticas de corrupción impune, asociaciones delictivas público-privadas que anulan lo que resta de rol social y nacional del Estado, minería destructiva; privatización del agua, del suelo y del subsuelo; mayor crisis ambiental, alta dosis de racismo, homofobia, xenofobia, violencia de género y manipulación de las pandemias (ahora de la COVID 19) como una especie de ajuste global empobrecedor de pueblos. Todo esto no pocas veces acompañado de una religiosidad fundamentalista inducida desde las jerarquías eclesiales conservadoras y los órganos de inteligencia estadounidense.
· EL SIGNIFICADO DE LAS CONTRAPARTIDAS POPULARES EN CHILE Y BOLIVIA.
En Chile la respuesta popular tiene características de “ajuste de cuentas” con la larga oscuridad pinochetista-neoliberal, recientemente recrudecida en su vertiente socioeconómica y cultural por la ultraderecha conservadora; valioso “ajuste de cuentas” desde la indignación popular-nacional acumulada, que apunta hacia una gran transformación constitucional bajo vigilancia y presión extra-institucional del pueblo trabajador y sus diversos movimientos sociales, persistentemente insumisos y movilizados.
En Bolivia asume la condición de un contundente contragolpe de los pueblos originarios y la sociedad excluida y maltratada, que defendieron con garras anti-imperialistas, en calles, campos y urnas… lo heroicamente conquistado.
En ambos casos, cada uno con sus particularidades y distancias, están pendientes grandes y diferenciadas transformaciones institucionales y estructurales, cambios profundos en la formación económico-social, en el sistema político y el poder militar. Pero todo eso está en las calles, gestándose un poder popular paralelo, con capacidad de presionar e influir sobre la representación institucional surgida en las votaciones. Importantes aportes al acervo de la creatividad popular latino-caribeña, en gestación también en otros países de la región.
Es evidente que la radicalidad antiimperialista del pueblo boliviano está por encima de los productos institucionales de estos comicios en cuanto a las tonalidades del nuevo gobierno y a la representación partidista en los organismos del Estado; lo que indudablemente tiene que ver con las características de las fuerzas políticas más influyentes en la competencia electoral propiamente dicha.
En Chile está pendiente ese tema en cuanto a la representación y correlación de fuerzas en las próximas elecciones a la Convención Constituyente, como también respecto a los contenidos de la nueva Constitución. Pero de todas maneras la fuerzas populares desatadas en las rebeliones recientes y la capacidad demostrada para influir ejerciendo democracia de calle, es una señal esperanzadora; aun con los déficits que presenta frente a la capacidad militar y al despliegue de violencia a cargo de las derechas y EEUU.
En ambos casos -y en muchos más- sigue presente el reto de la conformación de las nuevas vanguardias antiimperialistas y anticapitalistas con capacidad de acción integral; esto es, avances pendientes en factores de conducción, articulación y creación de conciencia política alternativa en los movimientos sociales en lucha y en todas las fuerzas potencialmente transformadoras, garantía del salto de lo puramente reformista o reformador a lo consistentemente socialista-revolucionario, que incluye lo político-militar.
Mientras, lo acontecido recientemente, rebasa las fronteras de esos países hermanos, porque además de estimular otros procesos de resistencia e indignación popular, revela que en Nuestra América está nuevamente en tren de convertir en realidad el ideal bolivariano y guevarista de forjar una Patria Grande Liberada del Norte Revuelto y Brutal y su “Destino Manifiesto” bajo el ominoso lema de “América para los gringos”.
Por el Dr. Isaías Ramos
En una época marcada por desafíos sociales y políticos sin precedentes, la necesidad de fortalecer los cimientos de una sociedad basada en la dignidad, la equidad, la libertad y la democracia es más urgente que nunca. La búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos nuestros ciudadanos requiere un compromiso renovado con estos principios fundamentales, esenciales para el bienestar y el progreso de nuestra nación.
La libertad individual permite a cada persona expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias. Es un derecho intrínseco y un pilar indispensable de cualquier sociedad que aspira a ser justa y equitativa. Esta libertad es la esencia misma de la dignidad humana y debe ser defendida con vigor en todos los frentes, especialmente en tiempos donde puede ser amenazada por intereses partidistas o agendas autoritarias.
Paralelamente, la democracia, entendida como el sistema político que facilita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, es crucial para la salud de nuestro tejido social. A través de una democracia robusta y vibrante, podemos garantizar que los derechos fundamentales de cada individuo sean respetados y que las políticas públicas reflejen verdaderamente las necesidades e intereses del pueblo.
Sin embargo, debemos reconocer que la libertad y la democracia no son solo aspiraciones ideales; son principios concretos y palpables que deben guiar nuestras acciones cotidianas. La defensa constante y la promoción de estos valores son cruciales para mantener una sociedad justa, libre de opresión y capaz de adaptarse a los cambios de nuestro mundo globalizado.
Es esencial fortalecer las instituciones democráticas existentes para garantizar su transparencia, eficiencia e integridad. El respeto irrestricto al Estado de Derecho y el cumplimiento riguroso de las leyes son fundamentales en la protección de los derechos individuales y colectivos. Estos principios no solo preservan el orden, sino que también promueven un clima de confianza y seguridad que es vital para la estabilidad social y el desarrollo económico.
La educación desempeña un rol crucial en este panorama, actuando como el medio por el cual se inculcan los valores cívicos necesarios para fomentar una cultura basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo constructivo. A través del acceso universal a una educación inclusiva y equitativa, podemos formar a ciudadanos informados y críticos, capacitados para participar de manera activa y consciente en la vida política y social del país.
En el Frente Cívico y Social entendemos que en estos tiempos donde las amenazas contra la libertad individual y los principios democráticos son evidentes y crecientes, es responsabilidad de todos nosotros defender estos derechos inalienables con valentía y determinación. No podemos ser complacientes ni pasivos; el compromiso con la libertad y la democracia debe ser activo y constante.
Es por esa razón que en el FCS creemos que un llamado a la acción no es solo un imperativo moral, sino también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde cada persona pueda vivir con dignidad y equidad bajo un sistema robusto basado en principios sólidos e incluyentes. Juntos debemos trabajar incansablemente por fortalecer nuestra democracia, preservar nuestra libertad individual e impulsar una sociedad donde reine la justicia social para todos sus habitantes.
No dejemos pasar la oportunidad de ser parte de la construcción de un país que no solo aspire a la grandeza económica, sino que también fomente un ambiente de respeto mutuo y oportunidades equitativas. ¡Juntos, podemos construir el país digno, libre e igualitario que todos anhelamos!
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Según el artículo 1 del Estatuto de Roma la CPI tendrá la potestad de ejercer su competencia sobre las personas responsables ¨de los crímenes más graves de trascendencia internacional¨. El artículo 1 también estipula ̈La competencia y funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatutillo que significa que la CPI sólo tiene competencia sobre las personas mayores de 18 años en el momento en que se cometió el crimen.
El artículo 11 del Estatuto de Roma estipula que la CPI tiene competencia sólo respecto a los delitos cometidos posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto de Roma .Si un Estado deviene Estado Parte luego de la entrada en vigor , entonces la CPI podrá ejercer su competencia sólo respecto a los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto en ese Estado, excepto cuando se haga la declaración estipulada en el artículo 12, en que se acepte la competencia de la Corte como un Estado no Parte.
Si un Estado Parte desea enjuiciar a alguien por un crimen de la CPI deberá contar, como mínimo, con una legislación que le permita ejercer competencia territorial sobre tales delitos y competencia extraterritorial sobre sus nacionales que cometen los delitos en el extranjero.
Los Estados que deseen enjuiciar a una persona por un delito de la CPI deberán asegurarse de contar con la legislación nacional que les permita ejercer su competencia sobre aquellas personas que cometan estos delitos dentro de su territorio, y los nacionales que los cometan en el exterior. Esto podría requerir simplemente de una enmienda al código penal nacional.
Adicionalmente, el Estado podría tomar en cuenta para ejercer su competencia sería la ̈competencia universal ̈, tal y como se estipula en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, relacionados a las ¨faltas graves Cabe resaltar los distintos conceptos de ̈competencia universal¨ que existen: algunos interpretan este término en cuanto a que un Estado puede ejercer su competencia sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, mientras que otros lo interpretan de tal manera que significa que un Estado puede arrestar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta cualquier relación que tenga con el Estado en cuestión. Además otros Estados podrían considerar incluir la competencia basada en el estatus de víctima.
Por Nelson Encarnación
Entre las preocupaciones que suelen perturbar el sueño de los gobernantes, la seguridad de los ciudadanos es una, si tomamos en cuenta que el Estado está obligado a garantizar la tranquilidad y el desplazamiento seguro de los gobernados.
Es por ello que asumir esta como una prioridad refiere el interés de que el territorio desenvuelva su cotidianidad dentro de un ambiente de paz y sosiego.
Sobre todo, un país como el nuestro, cuya economía está atada a dos renglones muy espantadizos: el turismo y la inversión extranjera directa.
Cuando el presidente Luis Abinader asume el combate a la delincuencia como una de sus preocupaciones—y también ocupaciones—es precisamente por el impacto negativo que esta tiene en el clima de negocios, pero igual por el interés de propiciar la tranquilidad nacional.
Con frecuencia escuchamos sobre el entendible temor que genera la delincuencia, lo que deja la impresión de que vivimos en el país más inseguro del continente, lo cual no es cierto.
Y no lo digo yo, sino el informe de InSight Crime de 2023, que recoge las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe, en el cual aparecemos entre los más seguros de la región.
Según este informe, la tasa de homicidios se ubicó en 11.5 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 7% respecto de 2022, lo que nos sitúa por debajo de países competidores en turismo como Jamaica (60.9), y Puerto Rico (14.4), para solo citar dos ejemplos caribeños.
El Ecuador revienta la balanza en países de más de 10 millones de habitantes, con la astronómica tasa de 44.5 homicidios por cada 100,000, (más que Haití, 40.9), con la agravante de que ha registrado un aumento del 74.5% en los últimos cinco años.
Una verdadera catástrofe sin fin, en contraste con su vecino Perú, que apenas registra 3.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Sobre nuestro país, el informe resalta que, a pesar de ser territorio de tránsito de cocaína, no experimentó un aumento en la violencia en 2023, sino una reducción del 7%.
“El crimen organizado no parece ser un detonante determinante de la violencia en la República Dominicana, ya que la mayor parte de los casos (45,4%) están relacionados con conflictos sociales, y solo el 24,3% parecen estar vinculados a la delincuencia”. Un dato importantísimo.