Editorial
Un Reto Histórico en Favor de la Democracia
La República Dominicana aparentemente ha entrado en una nueva etapa del manejo de la cosa pública a partir de la designación de una nueva procuradora general y otros miembros del Ministerio Público que no necesariamente responden al esquema tradicional prevaleciente en el país de escoger a fiscales para encubrir la corrupción y los delitos y crímenes de cuello blanco.
El otro estamento que también parece salir beneficiado con la escogencia de personalidades que han exhibida una cierta independencia en el manejo de algunas situaciones que han servido para medir su conducta, lo es la Junta Central Electoral (JCE).
La escogencia de Miran Germán como procuradora general de la República y de Román Jáquez como presidente de la Junta Central Electoral (JCE), constituyen dos pasos muy importantes en favor de la democracia, pero ambos responden más que nada, no a una vocación al respecto de los políticos que controlan la administración pública, sino a la presión montada por los ciudadanos sobre la forma de manejar el Estado.
Que quede claro que de no haberse manejado de ese modo el Partido Revolucionario Moderno (PRM) sabe perfectamente lo que le espera, porque esta organización ya ha cometido errores muy graves en los pocos días que lleva con el control del Estado.
Si esa no fuera esa la actitud del PRM su destino fuera muy parecido al que lleva el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el que ya no caben acciones en favor del país, sino de grupos y sectores que sólo buscan amasar grandes fortunas a la sombra del patrimonio nacional.
Ambos partidos, entre los que no hay grandes diferencias en lo atinente al manejo de la cosa pública, deben mantenerse muy atentos de cuales son las aspiraciones del pueblo dominicano, las cuales consisten en el logro de una sociedad menos corrupta y una mejor distribución de las riquezas nacionales.
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) tiene en sus manos la oportunidad de oro de contribuir con el adecentamiento del panorama electoral de la Republica Dominicana, donde el proceder de la clase política es asquiante y vergozante para todos los sectores que conforman la vida nacional.
Poner en orden a los partidos políticos, que son los causantes de lo que muy bien podría llamarse la desgracia nacional, ya sería una gran cosa para hacer posible que la transparencia marque todo el accionar de los órganos y los entes del Estado dominicano.
Meter en cintura a los mafiositos que controlan a los partidos políticos, grandes y pequeños, de derecha y de izquierda, sería una obra gigantesca para que se vea mucho más cerca en el horizonte nacional un país y una sociedad más decentes.
El nuevo Pleno de la Junta Central Electoral debe trabajar desde el día de su juramentación para que la República acelere el paso para mejorar en el ámbito comicial los niveles de institucionalidad y rechazar de plano las complicidades que ha caracterizado a ese órgano durante toda la vida democrática de la nación.
No queda otra opción que utilizar la Junta Central Electoral para que el país se proyecte en las comunidades nacional e internacional con una democracia fuerte y vigorosa y con instituciones, sobre todo en el orden electoral, que no se dobleguen ante la corrupción y la poca transparencia que caracteriza a las naciones del llamado tercer mundo.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.