Editorial
Un Reto Histórico en Favor de la Democracia
La República Dominicana aparentemente ha entrado en una nueva etapa del manejo de la cosa pública a partir de la designación de una nueva procuradora general y otros miembros del Ministerio Público que no necesariamente responden al esquema tradicional prevaleciente en el país de escoger a fiscales para encubrir la corrupción y los delitos y crímenes de cuello blanco.
El otro estamento que también parece salir beneficiado con la escogencia de personalidades que han exhibida una cierta independencia en el manejo de algunas situaciones que han servido para medir su conducta, lo es la Junta Central Electoral (JCE).
La escogencia de Miran Germán como procuradora general de la República y de Román Jáquez como presidente de la Junta Central Electoral (JCE), constituyen dos pasos muy importantes en favor de la democracia, pero ambos responden más que nada, no a una vocación al respecto de los políticos que controlan la administración pública, sino a la presión montada por los ciudadanos sobre la forma de manejar el Estado.
Que quede claro que de no haberse manejado de ese modo el Partido Revolucionario Moderno (PRM) sabe perfectamente lo que le espera, porque esta organización ya ha cometido errores muy graves en los pocos días que lleva con el control del Estado.
Si esa no fuera esa la actitud del PRM su destino fuera muy parecido al que lleva el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el que ya no caben acciones en favor del país, sino de grupos y sectores que sólo buscan amasar grandes fortunas a la sombra del patrimonio nacional.
Ambos partidos, entre los que no hay grandes diferencias en lo atinente al manejo de la cosa pública, deben mantenerse muy atentos de cuales son las aspiraciones del pueblo dominicano, las cuales consisten en el logro de una sociedad menos corrupta y una mejor distribución de las riquezas nacionales.
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) tiene en sus manos la oportunidad de oro de contribuir con el adecentamiento del panorama electoral de la Republica Dominicana, donde el proceder de la clase política es asquiante y vergozante para todos los sectores que conforman la vida nacional.
Poner en orden a los partidos políticos, que son los causantes de lo que muy bien podría llamarse la desgracia nacional, ya sería una gran cosa para hacer posible que la transparencia marque todo el accionar de los órganos y los entes del Estado dominicano.
Meter en cintura a los mafiositos que controlan a los partidos políticos, grandes y pequeños, de derecha y de izquierda, sería una obra gigantesca para que se vea mucho más cerca en el horizonte nacional un país y una sociedad más decentes.
El nuevo Pleno de la Junta Central Electoral debe trabajar desde el día de su juramentación para que la República acelere el paso para mejorar en el ámbito comicial los niveles de institucionalidad y rechazar de plano las complicidades que ha caracterizado a ese órgano durante toda la vida democrática de la nación.
No queda otra opción que utilizar la Junta Central Electoral para que el país se proyecte en las comunidades nacional e internacional con una democracia fuerte y vigorosa y con instituciones, sobre todo en el orden electoral, que no se dobleguen ante la corrupción y la poca transparencia que caracteriza a las naciones del llamado tercer mundo.
Aunque el título de este editorial no busca sobreponer los huracanes a otro fenómeno natural como son los terremotos, pero el mismo sólo persigue darle la trascendencia que tiene el problema de la falta de prevención que caracteriza al país.
Sin lugar a dudas que lo ocurrido en Venezuela debe servir de voz de alarma para el país, máxime que los terremotos están asociados a una falla tectónica que también abarca a la República Dominicana.
La cuestión es que cada vez que hay un evento de esta naturaleza resurgen las advertencias sobre el peligro que amenaza a la República Dominicana, cuya deficiencia es parte de un todo que no hay forma de superar por razones profundamente culturales.
Pero es que en esta materia como en ninguna otra el país no ha desarrollado políticas públicas dirigidas a construir una cultura de prevención que por lo menos evite que cualquier tragedia como resultado de un fenómeno natural como los terremotos se pueda llevar de paro medio país.
Hace décadas que se repiten las mismas advertencias y alertas e incluso se han creado leyes para disminuir el impacto de un terremoto de alta potencia como el de más de siete grados ocurrido en Venezuela, pero las mismas, como prácticamente todas las del sistema jurídico nacional, son letra muerta.
De manera, que con el discurrir de los años las construcciones a troche y moche han seguido su curso como si ese comportamiento no tuviera ninguna importancia y sólo se esperan los daños como resultado de un terremoto de alta magnitud como se espera en algún momento en el territorio nacional.
Un buen ejemplo del descuido o negligencia de las autoridades edilicias y del gobierno central son las torres construidos en urbanizaciones como “La Trinitaria de Santiago”, pese a que ya los expertos han advertido de que las mismas se levantan sin tomar en cuenta en su diseño el tipo de suelo que hay en la zona.
Ya ha habido hechos que deben servir de escarmiento a las autoridades para que pare la imprudencia de construir sin miramiento, como fue el desplome de la construcción de un hotel en la calle Del Sol de Santiago por la misma causa del tipo de suelo, pero lo ocurrido sirvió de poco.
El problema está nuevamente sobre el tapete por la gran tragedia que se ha producido en Venezuela, pero la preocupación durará muy poco tiempo, ya que al cabo de los días ya se retorna a la normalidad acostumbrada y se olvidan las construcciones que amenazan la vida de mucha gente por tratarse de una imprudencia que no valora la advertencia de los expertos en la materia.
Sólo falta que la verdad, que ojalá Dios no quiera que así sea, le dé en la cara muy duro a las autoridades nacionales que no hacen el menor esfuerzo para evitarle un gran dolor de cabeza a la sociedad dominicana.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso porque el que tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica o que no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora y que deja en una situación difícil la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también que atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.
La no ejecución de las leyes y la violación de las mismas son, sin lugar a dudas, el principal perfil de un Estado no viable, como ocurre en los países del tercer mundo, incluida la República Dominicana.
En el país se activa la acción del Estado después de ocurrida la tragedia, tanto a nivel público como privado, cuyos buenos ejemplos al respecto son la tragedia del Jet Set y los feminicidios, entre otros delitos y crimines que no tienen un régimen de consecuencia.
Todo como resultado de una cultura que tiene una explicación histórica que ha sido concretada con la expresión popular de que el dominicano le ponga candidato a la casa después que le roban.
Por esta razón el fenómeno se repite permanentemente sin que se produzca la capacidad y la fuerza institucional de ponerle coto a la impunidad que abraza a toda la sociedad dominicana.
El asunto se complica porque quien debe velar por la aplicación de la ley es el primero que la viola, es decir, que el Estado en vez de promover el valor del cumplimiento del orden legal es el primero que no lo respeta.
Esta realidad no es exclusiva para la aplicación de las leyes adjetivas, las llamadas organicas y ordinarias, sino que tampoco se respeta la Constitución de la República, la cual es violada regularmente hasta por propio presidente de la República.
De manera, que se trata de una cultura, de un problema integral que erosiona la credibilidad de la democracia, lo que la lleva a perder su legitimidad, cuyos funcionarios electos carecen del nivel de aprobación que valida el sistema.
Por esta razón no hay nada que funcione, porque todo el que va al poder piensa que llegó ahí para toda la vida y se preocupa muy poco porque las leyes se ejecutan como mandan sus textos.
La cuestión es que el partido del sistema que llega al poder se incorpora a una cadena de complicidad que necesariamente tiene que fortalecer para evitar su enjuiciamiento por la comisión de graves violaciones a la ley, lo cual involucra a los tres poderes del Estado, como ocurre en la actualidad.
Ahí está la razón de que en las encuestas de medición electoral esté prácticamente empatado el ninguno en aceptación popular con el partido oficial, lo que está explicada en que en el país prevalece a nivel político el clientelismo y el que tiene el control del Estado puede manejar los recursos públicos para promover ese antivalor que daña tanto a la democracia, lo cual, naturalmente, es transitorio y circunstancial.
La impunidad es lo que provoca que la autoridad no tenga mucho interés en la ejecución de la ley, lo que estimula fenómenos como los feminicidios y la relación sentimental entre hombres mayores y mujeres adolescentes o niñas menores de 16 años, cuyo impacto social es demoledor para cualquier sociedad que busque su desarrollo humano.