Opinión
Biden por Trump… ¿Qué significa?
Por Narciso Isa Conde
Todavía pendiente de algunas obstrucciones a ser auspiciada por Donald Trump y los suyos, cuyas magnitudes están por verse, la decadente superpotencia estadounidense está de cara a la posibilidad de un cambio de Administración: Biden-PD por Trump-PR y su nefasta comparsa.
La historia de la mal llamada democracia “americana” -condicionada de mala manera por el bipartidismo y, sobre todo, por el férreo control de las diferentes facciones del capital imperialista- ha evidenciado que las alternancias entre “demócratas” y “republicanos” no implican cambios sustanciales. Más bien se reducen a cambios de rostros en las funciones públicas, estilos variados, envolturas distintas, discursos no coincidentes y énfasis más o menos diferentes.
· LO COMÚN A LAS FACCIONES QUE COMPITEN.
En esas dos opciones político-partidistas, tanto de cara a la situación interna como a la internacional, predomina la variante neoliberal del capitalismo; hegemónica en este periodo de su fase imperialista. Varían tonalidades, pero no la esencia.
-Domina lo conservador, en un caso bien camuflajeado y encubierto; en el otro, descarado y desbocado hacia variantes fundamentalistas; incluido su componente racista, matizado en el caso del Partido Demócrata y del propio Biden, por el rol del voto “latino” y “tercermundista” a su favor; y en el caso del Partido Republicano, por la preeminencia del voto “blanco-supremacista”; siendo común a los dos tipos de gobiernos la continuidad de la cruel represión a cargo de los órganos coercitivos de los Estados y muy especial de una buena parte de sus entidades policiales, mas allá de las críticas al racismo que puedan hacerse desde la Casa Blanca.
-Domina el guerrerismo a cargo del Pentágono y de la OTAN, CÍA, agencias de de seguridad, contratación de mercenarios, intereses del complejo militar-industrial-financiero; así como a causa de viejos y nuevos acuerdos bipartidistas, de las determinaciones de los grandes negociantes de la guerra y de las corporaciones mineras, y desde los fuertes intereses geoestratégicos relacionados con la conquista y reconquista de territorio en el contexto de la competencia por el control del planeta y sus riquezas.
-Domina aquello de “América (EE.UU) para los americanos” y de considerar la subregión latino-caribeña como un “patio trasero” apto para el saqueo sin límites, dentro de un mutuo interés de impedir su segunda independencia y la reconquista de la soberanía en cada uno de nuestros países.
Esto así, aunque los demócratas prometan un “trato entre iguales”, o nuevas “alianzas para el progreso” y los republicanos se la pasan recordando la posibilidad de la opción militar; aunque los “ultranacionalistas” a lo Trump y Pompeo no desistan de acciones típicamente imperialistas y los “globalistas” a lo Elon Musk (muchos de ellos “pro-demócratas”) proclamen su determinación de dar golpes de Estado donde lo entiendan necesario para preservar y expandir los intereses de sus corporaciones
· CASOS, COSAS Y COMPARACIONES PUNTUALES.
Clinton invadió y bombardeó, al igual que los Bush.
De las fechorías de Johnson, Nixon y Kinssinger, ni hablar.
Obama no dejó de deportar en masa a migrantes latino-caribeños, ni de construir jaulas para encerrar a sus hijos e hijas menores de edad. Tampoco de hacer la guerra y practicar el terrorismo de Estado mientras ostentaba el Premio Nobel de la Paz.
¡Ni la policía dejó de matar negros y negras durante su mandato!
Obama esgrimió la “Carta Democrática” de la OEA para intentar desestabilizar y eventualmente invadir a la Venezuela bolivariana y chavista; y si optó por comenzar a normalizar las relaciones con Cuba, algo positivo, fue porque su indudable talento le permitió superar el odio y entender que el cerco había fracasado, y que en caso de invasión gringa, los cohetes cubanos llegan a la Florida.
Los dos partidos y sus gobernantes no dejan de exhibir sus amores con el sionismo y el terrorismo de Estado de Israel.
Todas las Administraciones estadounidenses, ya demócratas, ya republicanas, sostienen y procuran ampliar las cadenas de bases militares en las diferentes regiones del planeta y no precisamente para jugar al Béisbol.
Trump y Biden apoyan el Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR) como instrumento para sus eventuales invasiones militares contra países soberanos de la región.
Biden pudo visitar Nuestra América muchas veces más que Trump, pero con sus visitas nada cambio en cuanto la estrategia de dominación de EE.UU diseñada para el continente.
De Biden se dice con fundamento que es un racista encubierto, acompañado de una vice negra que responde a la línea de Barak Obama y que asume con más vigor la condena al racismo.
Trump es un racista sincero, confeso y orgulloso de sus fechorías en ese plano, merecedor de un rechazo mayor.
De todas, por lo que es el neofascismo, que no es simple locura, se explica el alivio nacional y mundial que provoca su derrota, aunque es necesario ir más al fondo para captar el real significado de su desplazamiento por Biden.
Trump es un traficante y estafador de bienes raíces, un gran evasor de impuestos y una expresión, junto a Bolsonaro y otros del mismo club, de una de las varietés del fascismo de estos tiempos; y de eso no se ruboriza.
Los Clinton eran corruptos y terroristas de Estado encubiertos, que han sido descubiertos.
Diferencia de estilos ético-morales, o más bien amorales.
Esos antivalores dominan las inconductas de ambas cúpulas políticas norteamericanas y de sus respectivas bases empresariales, solo que la del PD ama las simulaciones porque le dan muy buenos resultados; y el PR y los Trumpistas son fervorosos del descaro y la desfachatez, porque también les resultan sumamente útiles a sus fines políticos. Es cuestión de las características manipulables de sus respectivas bases electorales y sociales. En todo caso: mercadología política-electoral de baja estofa.
Gore, como Biden, se presentaba como un gran ecologista, enemigo a muerte del calentamiento global; mientras las industrias gringas siguieron contaminando y calentando el planeta durante la gestiones del binomio Clinton-Gore.
Obama subordinó y usó a Biden y ahora Biden subordina y usa a la pupila de Obama ) que es más popular y atractiva que él, que habla bonito como Obama, y representa su opción presidencial del relevo demócrata frente a un Trump, que en caso de ser definitivamente desplazado, queda con posibilidades de optar en las próximas elecciones… si todo sigue linealmente; a pesar de la gran crisis que afecta esa sociedad, en tanto siga vigente la actual institucionalidad, evidentemente afectada por un proceso progresivo, pero lento, de degradación.
Los y las vetados dentro del partidismo tradicional, que no son pocos movimientos sociales contestatarios y corrientes políticas transformadoras, son aquellos/as que representan cambios reales y profundos: Ellos, ellas, no tienen espacios en esa ruta electoralista viciada; pero si en calles y plazas, y en muchos escenarios extra-institucionales.
Esas fuerzas político-sociales emergentes no caben en los sacos y mochilas electorales del PD y el PR. El imperialismo las bloquea, porque presiente que ellas encarnan un ajuste de cuenta trascendente y esperanzador para el pueblo estadounidense no alienado y para la humanidad que aspira a un mundo justo y solidario.
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?