Opinión
Poder capitalista-patriarcal: fábrica de feminicidios
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.
Por Isaias Ramos
En América Latina y el Caribe, 41 de cada 100 personas lograron ascender económicamente. En República Dominicana, no llegaron ni a 2 de cada 100. El Banco Mundial lo resumió con crudeza: apenas 1.8% de movilidad ascendente frente a 41.4% regional, mientras más del 19% de los dominicanos empeoró su condición entre 2000 y 2011.
Por eso podemos decir que aquí la movilidad social está prohibida. No por una ley escrita, sino por un modelo que la bloquea: salarios insuficientes, servicios públicos débiles, privilegios sin rendición de cuentas, subsidios sin auditoría y crecimiento que se anuncia en discursos, pero no sube al pueblo.
Un informe de clima social de LS Consulting retrata esa fractura. Entre los consultados, 96% sintió aumento de precios; 86% cree que, por más que se trabaje duro, es muy difícil progresar; 75% se ha endeudado porque sus ingresos no alcanzan para gastos básicos; y 84% no siente el crecimiento económico en su vida diaria.
Ahí está el drama dominicano: no es falta de esfuerzo, es falta de camino. La gente trabaja y resuelve; pero cuando el hogar recorta comida, salud, transporte y servicios, la movilidad social se vuelve una pregunta íntima: ¿todavía puedo darle a los míos lo que necesitan? Cuando un país crece, pero su gente no sube, el problema no es solo económico. Es moral, político e institucional.
La Constitución no ordena un Estado indiferente ni un país administrado como finca de privilegios. Ordena un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en dignidad humana, derechos fundamentales, trabajo, soberanía popular y separación de poderes. El problema dominicano no es la ausencia de Constitución: es la presencia de un modelo que la contradice todos los días.
Ese modelo no necesita declarar que quiere mantener pobre a la mayoría. Basta con organizar incentivos para que sectores privilegiados reciban protección, exenciones, subsidios o rentabilidad garantizada, mientras el trabajador recibe salarios insuficientes, servicios precarios y pocas vías reales de ascenso.
Esto no es contra empresarios productivos. Es contra privilegios sin retorno público, incentivos permanentes y costos que caen sobre el ciudadano común. Todo beneficio debe responder una pregunta: ¿qué recibe la nación a cambio?
El informe oficial de gasto tributario calcula para 2026 RD$393,541.54 millones, 4.54% del PIB: dinero que el Estado decide no cobrar mediante exenciones e incentivos. Por eso urge un mapa de beneficiarios, costos, retornos y fechas de revisión.
Si el Estado deja de cobrar, el pueblo tiene derecho a exigir resultados: empleo digno, productividad, tecnología, encadenamientos, exportaciones y salarios que permitan vivir.
Miremos la contradicción. En el turismo hotelero, uno de los rostros más celebrados del modelo dominicano, el salario mínimo llegará a RD$21,840 mensuales en junio de 2026. Mientras tanto, Global Living Wage Coalition estima para Santo Domingo un salario digno de RD$40,051 mensuales en 2025.
Esa brecha revela el fondo: celebramos récords de visitantes, inversión y ocupación, pero muchos trabajadores que sostienen esa vitrina siguen lejos de un ingreso suficiente. Un empleo que no permite salir de la pobreza no es movilidad social. Es contención social.
También por eso la lucha contra la corrupción no puede ser selectiva ni teatral. Cuando no recupera bienes, no desmonta redes, no cambia reglas, no audita subsidios ni transparenta concesiones, deja de ser justicia y se convierte en espectáculo. Una justicia-espectáculo entretiene la indignación, pero no reconstruye movilidad social.
La historia muestra dos caminos. Corea del Sur, Taiwán y Singapur combinaron política pública, disciplina de desempeño, exportaciones y capacidades. Líbano y Sri Lanka muestran el costo contrario: déficits persistentes, subsidios mal diseñados, deuda y decisiones postergadas hasta que la crisis estalla, empuja a millones hacia la pobreza y obliga a ajustes más dolorosos que las reformas evitadas a tiempo. La diferencia está en si el Estado financia futuro o administra privilegios.
El sector eléctrico dominicano es una advertencia cercana. El FMI ha señalado pérdidas de distribución, tarifas por debajo del costo, subsidios mal focalizados, ineficiencias y fraude; además, estima que el déficit eléctrico promedió 1.5% del PIB entre 2022 y 2024. Esa luz se paga tres veces: en la factura, en los impuestos y en las oportunidades perdidas.
El riesgo mayor es normalizar un orden corporativo, clientelar y de privilegios: uno que pide sacrificios al pueblo, pero no se exige sacrificio a sí mismo. El mismo informe muestra que 78% de los consultados siente que el gobierno no da el ejemplo cuando pide austeridad.
En el Frente Cívico y Social estamos convencidos de que la salida exige una coalición nacional responsable: trabajadores, empresarios productivos, jóvenes, comunidades, iglesias, academia y Estado, bajo una regla común: todo apoyo público debe producir retorno público.
El país no puede seguir financiando privilegios en nombre del pueblo. La propuesta es institucional: volver al mandato constitucional y activar el Estado Social y Democrático de Derecho.
La salida no es abandonar a los pobres; es protegerlos mejor. No es quitar ayuda; es focalizarla y auditarla. No es perseguir inversión; es exigir retorno público: salario digno, productividad, tecnología, sostenibilidad, encadenamientos locales y movilidad social.
No venimos a proponer una aventura ni a dividir al país entre buenos y malos. Venimos a convocar una mayoría responsable para gobernar conforme a la Constitución.
Porque un país donde en América Latina suben 41 de cada 100, pero aquí no suben ni 2 de cada 100, no necesita más propaganda de crecimiento. Necesita romper el modelo que bloquea el ascenso de su gente y poner en funcionamiento el Estado Social y Democrático de Derecho.
Ya basta de improvisar: es tiempo de gobernar con orden constitucional.