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¿Impone la realidad social dominicana el “barrilito”?
El “Fondo de gestión provincial senatorial” solo está vigente en el Senado; fue eliminado en la Cámara de Diputados durante la gestión que encabezó Abel Martínez
Después de 14 años de su creación, los recursos para asistencialismo social de los legisladores siguen generando cuestionamientos y ahora la discusión se centra en si se eliminan o transfieren al Poder Ejecutivo para que ejecute las acciones que los congresistas se autodesignaron como funciones extraordinarias.
El origen y la polémica
A raíz del debate sobre el polémico tema del “Fondo de gestión provincial senatorial”, mejor conocido como “barrilito”, recursos económicos que se destinan cada mes a los senadores para ayudas sociales, es propicia la ocasión para ver algunos aspectos sobre la iniciativa.
Aunque algunos medios atribuyen la creación en el 2006 del barrilito a Reinaldo Pared Pérez, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) rechazó en abril del 2010 que fuera el creador de esa iniciativa, al asegurar que lo que hizo fue transparentarla.
En datos periodísticos fechados el 21 de abril del 2010, Pared Pérez, al participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, sostuvo que quien implementó el “barrilito” fue el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y que estaba a la discrecionalidad del presidente de turno, quien lo distribuía de manera selectiva, porque los más favorecidos eran sus legisladores, por lo que, bajo su presidencia en el Senado buscaron mecanismos para otorgar esos fondos de manera más equitativa.
Manifestó en ese entonces, que todos los senadores, sin importar la organización política a la que pertenezcan, tienen acceso a esos recursos a través de sus oficinas senatoriales, pero afirmó en dicha entrevista, que “estos tienen que justificar el uso que dan a esos recursos porque son auditados y si no lo hacen no los podrán retirar el mes siguiente”.
¿Hay que eliminar el barrilito?
Cabe preguntarse ante el debate: ¿impone la realidad social dominicana el “barrilito”? o habría que buscar una vía para que través del Estado estos fondos se destinen a causas similares sin depositarlos en las manos de los congresistas. Han pasado 14 años y el tema sigue generando reacciones encontradas.
Ciertamente, es el Senado el que ha sido tema recientemente con relación al “barrilito”. Estos más de RD$20 millones que se asignan cada mes a los senadores para ayudas sociales, que al año ascienden a poco más de RD$240 millones, suelen formar parte del debate social: unos defienden que se mantenga la asignación de estos recursos, argumentando que “la realidad social dominicana lo impone”, y otros piden sean anulados o se busque otra vía.
En la CD fue eliminado
El 1 de marzo del 2016, una resolución ponía fin al barrilito de manera definitiva en la Cámara de Diputados, y al mismo tiempo, revalidaba la decisión administrativa tomada por su titular, Abel Martínez, en octubre de 2014. En la sesión de ese entonces, 108 diputados votaron a favor y cinco en contra.
“Valoramos la intención y el espíritu de la resolución de la JCE de garantizar procesos transparentes y equilibrados en nuestras demarcaciones electorales y en todo el país”, fueron las palabras de Martínez en ese momento.
En el 2014 cuando Martínez anunció que el “barrilito”, que cada año contemplaba la entrega de 665 millones de pesos a los diputados para ayudas sociales (RD$ 50,000 mensuales auditados), informó que se dispuso que esos fondos fueran entregados a los hospitales de las provincias.
Los que dijeron no al “barrilito” y los que lo defienden
El presidente Luis Abinader se sumó al rechazo de que se asignen recursos mediante el “barrilito” a los legisladores, resaltando durante una entrevista que ofreciera a Alicia Ortega, que rechaza todas esas prácticas. En esa misma línea se expresaron el expresidente Hipólito Mejía y el presidente del PRM, José Ignacio Paliza.
Eduardo Estrella y Antonio Taveras, senadores por Santiago y Santo Domingo, renunciaron a los beneficios del “barrilito”. En el caso de la senadora por el Distrito Nacional, Faride Raful, la presión ante las críticas por haber cambiado de postura, la llevó a anunciar que esos fondos serían redirigidos para asesorías y capacitación a los congresistas.
Los senadores que se han pronunciado en favor de que se mantenga la asignación de estos fondos son: Dionis Sánchez (Peravia), Rogelio Genao (La vega), Iván Silva (La Romana), Alexis Victoria Yeb (María Trinidad Sánchez), José del Castillo Saviñón (Barahona), Yván Lorenzo (Elías Piña), Antonio Marte (Santiago Rodríguez), Ginette Bournigal (Puerto Plata), Héctor Acosta (Monseñor Nouel), David Sosa (Dajabón) y Ricardo de los Santos (Sánchez Ramírez).
Otros beneficios que reciben los congresistas
El Congreso tiene 222 legisladores (190 diputados y 32 senadores). Tienen beneficios comunes de inmunidad parlamentaria, dos exoneraciones de vehículos por período (aprobado en el 1996 por los presidentes de la Cámara de Diputados, Héctor Rafael Peguero Méndez y del Senado, Amable Aristy).
En el caso de los diputados, tienen un sueldo fijo de RD175 mil, la posibilidad de acceder a un programa de ayuda de hasta RD$90,000, RD$35,000 en gastos de representación y RD$20,000 para combustible.
En el caso de los senadores, estos ganan 320 mil pesos al mes, adicional reciben RD$ 50,000 de gastos de representación, RD$25,000 de viáticos, RD$25,000 de dietas y recursos para su combustible cada mes.
Ambos representantes tienen oficinas en la sede y su territorio cubiertas por el Congreso. Les cubren hospedaje en la capital, celulares, chofer y seguridad. Se les paga RD$3,500 por cada sesión a la que asistan y RD$2,000 por ir a reuniones de comisiones. Tienen pasaporte diplomático y derecho al porte de armas de fuego. Poseen seguro médico internacional, comedor cubierto por el Congreso y recursos adicionales a su salario en fechas especiales (Día de las Madres, Navidad, Día de Reyes, etc.).
Asignaciones por provincia
Según un listado de los fondos entregados a los senadores en septiembre que se hizo viral, los recursos asignados son: para el Distrito Nacional, RD$1,059,000.00; San Cristóbal RD$1,059,000.00; La Vega, RD$944,000; Puerto Plata, RD$869,000; San Pedro de Macorís, 859,000.00; Duarte, RD$849,000.00; Azua, RD$ 769,000.00; Barahona, RD$739,000.00; La Romana, RD$779,000.00; La Altagracia, RD$739,000.00; Espaillat, RD$784,000.00; Peravia, RD$ 729,000.00; Sánchez Ramírez, RD$709,000.00; San Juan, RD$799,000.00; Valverde, RD$719,000.00; Bahoruco, RD$ 49,000.00; Dajabón, RD$ 619,000.00; Independencia, RD$ 609,000.00; Hermanas Mirabal, RD$ 654,000.00; Hato Mayor, RD$649,000.00; María Trinidad Sánchez, RD$694,000.00; Monte Plata, RD$ 739,000.00; Pedernales, RD$ 629,000.00; Santiago Rodríguez, 619,000.00 y San José de Ocoa, RD$619,000.00.
Las funciones de los congresistas
“Representar, legislar, fiscalizar”, son las funciones de los congresistas una vez asumen el puesto, y es la frase con la que de entrada te recibe el portal web del Senado, página que integra la pestaña denominada “Transparencia”, donde se puede solicitar la información que se desee como ciudadano.
En el caso de los senadores, sus atribuciones, conforme a la Constitución, se centran en: conocer las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados contra los funcionarios señalado en el artículo 83 numeral 1; aprobar o desaprobar los nombramientos de embajadores y jefes de misiones permanentes acreditados en el exterior que le someta el presidente de la República; elegir los miembros de la Cámara de Cuentas de las ternas presentadas por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes; elegir los miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes con el voto de las dos terceras partes presentes; elegir el defensor del pueblo, sus suplentes y sus adjuntos, a partir de las ternas que presente la CD; Autorizar previa solicitud del presidente de la República, en ausencia de convenio que lo permita, la presencia de tropas extranjeras en ejercicios militares y determinar tiempo de estadía y condiciones.
Mientras que los diputados tienen las siguientes atribuciones constitucionalmente establecidas: Acusar ante el Senado a los funcionarios por faltas graves; someter al Senado las ternas del Defensor del Pueblo; someter al Senado las ternas para elegir los miembros de la Cámara de Cuentas, entre otras.
elcaribe.com.do
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Banco agradece a autoridades por eficiencia en investigación del caso de acreditaciones irregulares
Santo Domingo, R.D.-La celeridad y el profesionalismo del Ministerio Público y la Policia Nacional fue reconocido por el Banco BHD en el proceso de investigación y persecución de los involucrados en el caso de acreditaciones irregulares por más de RD$ 200 millones en perjuicio de esa entidad y la entidad financiera expresó que se mantendrá trabajando y colaborando con estas instituciones hasta cerrar el caso.
Desde marzo pasado, tras una investigación interna, el BHD desvinculó por despido y posteriormente sometió a la justicia a un empleado acusado de realizar acreditaciones irregulares en beneficio de terceros a cambio de una retribución económica para sí mismo, violando la confianza que fue depositada en él a través de su rol.
También sometió a la justicia a un grupo de personas externas al banco que recibió los fondos irregulares. La denuncia formal fue colocada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional.
El BHD informó que, tan pronto detectó el movimiento irregular de acreditaciones, inició un proceso de investigación en coordinación con el Ministerio Público y notificó el hecho a la Superintendencia de Bancos.
La entidad indicó que, más allá de las pérdidas financieras, que fueron absorbidas por el Banco y que representan una fracción mínima de sus utilidades anuales dado el tamaño de la institución, se trata de una conducta inadmisible en una empresa que se ha caracterizado por hacer siempre lo correcto. También aseguró que los depósitos de los clientes están intactos y que nunca fueron tocados.
BHD reiteró su posición de cero tolerancia a cualquier conducta que comprometa la confianza y los valores institucionales, y su compromiso absoluto con una cultura organizacional sustentada en la ética, la transparencia y la responsabilidad.
SANTO DOMINGO.- Fueron detenidos los responsables de atacar e intimadar al chofer de un autobús escolar en un incidente ocurrido en el sector Cafe de Herrera de Santo Domingo Este, según lo anunció la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
“El comportamiento de turba iracunda tendrá su castigo”, expresó la funcionaria al confirmar que los implicados serán sometidos de inmediato ante el Ministerio Público.
El caso involucra al conductor Henrry González, quien fue agredido mientras trasladaba estudiantes hacia la escuela Rafaela Santaella, luego de un roce entre el autobús escolar y una motocicleta que presuntamente transitaba en vía contraria.
Según testigos, el motorista reaccionó de forma violenta y comenzó a golpear al conductor frente a varios menores que viajaban en el vehículo escolar. Posteriormente, otros motoconchistas se habrían sumado a la agresión, provocando escenas de pánico entre estudiantes y residentes de la zona.
Santo Domingo, R.D.-Precariedades extremas denunciaron jueces, juezas y servidores judiciales en el Placio de Justicia de Ciudad Nueva de la capital dominicana, la cual fue hecha con el lema «¡Que la dignidad comience por casa!», ya que dicen que el Consejo del Poder Judicial gasta millones de pesos en un árbol navideno, pero que no hay fondos para mejorar las condiciones de trabajo de los actores del sistema de justicia.
A través del documento titulado «Manifiesto por la Dignidad de la Justicia«, leído por la jueza Suinda Brito, el colectivo declaró su profunda preocupación y el agotamiento acumulado ante las precarias condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales en las que desempeñan sus delicadas funciones.
El documento enfatiza que la administración de justicia no puede sostenerse de forma exclusiva sobre la base de la vocación y el sacrificio personal de quienes operan el sistema.
Sostienen que esto provoca que un solo servidor o magistrado termine asumiendo la carga laboral de dos, tres o hasta cuatro personas.
Los sueldos percibidos están completamente desactualizados frente al constante aumento del costo de la vida y no guardan coherencia con la alta responsabilidad de sus cargos.
Aducen que una fuga constante de personal administrativo debido al desgaste laboral crónico.
Abandono severo de las plantas físicas de múltiples tribunales a nivel nacional y desprotección en los palacios de justicia.
Uno de los puntos más álgidos y contundentes del manifiesto radica en la abierta denuncia a la disparidad económica existente dentro del Poder Judicial.
Los manifestantes contrastaron la realidad de los tribunales frente a las esferas de dirección interna, detallando que ciertos secretarios o empleados administrativos de la cúpula devengan salarios que superan con creces los de cualquier juez o jueza titular.
Asimismo, criticaron con severidad que mientras los juzgados operan con carencias básicas, las altas direcciones cuentan con presupuestos millonarios destinados a gastos de viajes, hospedajes, restaurantes, publicidad, eventos e influencers.
Como ejemplo de este desvío de prioridades, revelaron la indignante inversión de cerca de 11 millones de pesos en la instalación de un árbol navideño institucional, catalogado por los servidores como una ofensa frente a las urgencias operativas del sistema.
Los magistrados aclararon que esta protesta surge tras años de haber agotado todos los canales institucionales formales, solicitudes y llamados al diálogo por parte de las asociaciones judiciales, los cuales fueron históricamente recibidos con «silencio, indiferencia, irrespeto y desdén institucional».
De igual forma, expresaron su enérgico rechazo a las respuestas que el Consejo del Poder Judicial (CPJ) emitió el pasado 19 de mayo, calificándolas de «imprecisas, condicionadas e ineficaces».
Detallaron que la propuesta de indexación salarial quedó sujeta de forma incierta a la aprobación de un presupuesto complementario por parte del Ministerio de Hacienda, sin plazos ni parámetros claros de ejecución.
Las medidas de movilidad judicial se redujeron a una indefinida «hoja de ruta» sujeta a futuros procesos participativos, careciendo de acciones específicas inmediatas.
Se omitieron temas trascendentales como la eliminación de la ilegal suplencia horizontal, la desigualdad generada por el actual manual de salarios y la movilidad de la carrera administrativa.
El manifiesto concluye con una advertencia contundente por parte del cuerpo judicial, afirmando que este movimiento es solo el inicio de una lucha firme y que no se dejarán amedrentar ni desmayarán hasta recibir soluciones ejecutables y hechos concretos.
«Porque no puede haber justicia verdadera donde quienes la sirven son tratados con indiferencia. No puede haber Estado de Derecho donde el derecho se aplica a todos menos a quienes lo custodian. No puede haber dignidad para el ciudadano si el juez que lo escucha, el alguacil que notifica, el secretario que certifica y el conserje que abre las puertas del tribunal cada mañana, no tienen dignidad propia», sentencia el enérgico cierre del documento.
Previo, a la lectura del manifiesto se entorno el himno nacional y el himno del Poder Judicial.