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¿Impone la realidad social dominicana el “barrilito”?
El “Fondo de gestión provincial senatorial” solo está vigente en el Senado; fue eliminado en la Cámara de Diputados durante la gestión que encabezó Abel Martínez
Después de 14 años de su creación, los recursos para asistencialismo social de los legisladores siguen generando cuestionamientos y ahora la discusión se centra en si se eliminan o transfieren al Poder Ejecutivo para que ejecute las acciones que los congresistas se autodesignaron como funciones extraordinarias.
El origen y la polémica
A raíz del debate sobre el polémico tema del “Fondo de gestión provincial senatorial”, mejor conocido como “barrilito”, recursos económicos que se destinan cada mes a los senadores para ayudas sociales, es propicia la ocasión para ver algunos aspectos sobre la iniciativa.
Aunque algunos medios atribuyen la creación en el 2006 del barrilito a Reinaldo Pared Pérez, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) rechazó en abril del 2010 que fuera el creador de esa iniciativa, al asegurar que lo que hizo fue transparentarla.
En datos periodísticos fechados el 21 de abril del 2010, Pared Pérez, al participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, sostuvo que quien implementó el “barrilito” fue el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y que estaba a la discrecionalidad del presidente de turno, quien lo distribuía de manera selectiva, porque los más favorecidos eran sus legisladores, por lo que, bajo su presidencia en el Senado buscaron mecanismos para otorgar esos fondos de manera más equitativa.
Manifestó en ese entonces, que todos los senadores, sin importar la organización política a la que pertenezcan, tienen acceso a esos recursos a través de sus oficinas senatoriales, pero afirmó en dicha entrevista, que “estos tienen que justificar el uso que dan a esos recursos porque son auditados y si no lo hacen no los podrán retirar el mes siguiente”.
¿Hay que eliminar el barrilito?
Cabe preguntarse ante el debate: ¿impone la realidad social dominicana el “barrilito”? o habría que buscar una vía para que través del Estado estos fondos se destinen a causas similares sin depositarlos en las manos de los congresistas. Han pasado 14 años y el tema sigue generando reacciones encontradas.
Ciertamente, es el Senado el que ha sido tema recientemente con relación al “barrilito”. Estos más de RD$20 millones que se asignan cada mes a los senadores para ayudas sociales, que al año ascienden a poco más de RD$240 millones, suelen formar parte del debate social: unos defienden que se mantenga la asignación de estos recursos, argumentando que “la realidad social dominicana lo impone”, y otros piden sean anulados o se busque otra vía.
En la CD fue eliminado
El 1 de marzo del 2016, una resolución ponía fin al barrilito de manera definitiva en la Cámara de Diputados, y al mismo tiempo, revalidaba la decisión administrativa tomada por su titular, Abel Martínez, en octubre de 2014. En la sesión de ese entonces, 108 diputados votaron a favor y cinco en contra.
“Valoramos la intención y el espíritu de la resolución de la JCE de garantizar procesos transparentes y equilibrados en nuestras demarcaciones electorales y en todo el país”, fueron las palabras de Martínez en ese momento.
En el 2014 cuando Martínez anunció que el “barrilito”, que cada año contemplaba la entrega de 665 millones de pesos a los diputados para ayudas sociales (RD$ 50,000 mensuales auditados), informó que se dispuso que esos fondos fueran entregados a los hospitales de las provincias.
Los que dijeron no al “barrilito” y los que lo defienden
El presidente Luis Abinader se sumó al rechazo de que se asignen recursos mediante el “barrilito” a los legisladores, resaltando durante una entrevista que ofreciera a Alicia Ortega, que rechaza todas esas prácticas. En esa misma línea se expresaron el expresidente Hipólito Mejía y el presidente del PRM, José Ignacio Paliza.
Eduardo Estrella y Antonio Taveras, senadores por Santiago y Santo Domingo, renunciaron a los beneficios del “barrilito”. En el caso de la senadora por el Distrito Nacional, Faride Raful, la presión ante las críticas por haber cambiado de postura, la llevó a anunciar que esos fondos serían redirigidos para asesorías y capacitación a los congresistas.
Los senadores que se han pronunciado en favor de que se mantenga la asignación de estos fondos son: Dionis Sánchez (Peravia), Rogelio Genao (La vega), Iván Silva (La Romana), Alexis Victoria Yeb (María Trinidad Sánchez), José del Castillo Saviñón (Barahona), Yván Lorenzo (Elías Piña), Antonio Marte (Santiago Rodríguez), Ginette Bournigal (Puerto Plata), Héctor Acosta (Monseñor Nouel), David Sosa (Dajabón) y Ricardo de los Santos (Sánchez Ramírez).
Otros beneficios que reciben los congresistas
El Congreso tiene 222 legisladores (190 diputados y 32 senadores). Tienen beneficios comunes de inmunidad parlamentaria, dos exoneraciones de vehículos por período (aprobado en el 1996 por los presidentes de la Cámara de Diputados, Héctor Rafael Peguero Méndez y del Senado, Amable Aristy).
En el caso de los diputados, tienen un sueldo fijo de RD175 mil, la posibilidad de acceder a un programa de ayuda de hasta RD$90,000, RD$35,000 en gastos de representación y RD$20,000 para combustible.
En el caso de los senadores, estos ganan 320 mil pesos al mes, adicional reciben RD$ 50,000 de gastos de representación, RD$25,000 de viáticos, RD$25,000 de dietas y recursos para su combustible cada mes.
Ambos representantes tienen oficinas en la sede y su territorio cubiertas por el Congreso. Les cubren hospedaje en la capital, celulares, chofer y seguridad. Se les paga RD$3,500 por cada sesión a la que asistan y RD$2,000 por ir a reuniones de comisiones. Tienen pasaporte diplomático y derecho al porte de armas de fuego. Poseen seguro médico internacional, comedor cubierto por el Congreso y recursos adicionales a su salario en fechas especiales (Día de las Madres, Navidad, Día de Reyes, etc.).
Asignaciones por provincia
Según un listado de los fondos entregados a los senadores en septiembre que se hizo viral, los recursos asignados son: para el Distrito Nacional, RD$1,059,000.00; San Cristóbal RD$1,059,000.00; La Vega, RD$944,000; Puerto Plata, RD$869,000; San Pedro de Macorís, 859,000.00; Duarte, RD$849,000.00; Azua, RD$ 769,000.00; Barahona, RD$739,000.00; La Romana, RD$779,000.00; La Altagracia, RD$739,000.00; Espaillat, RD$784,000.00; Peravia, RD$ 729,000.00; Sánchez Ramírez, RD$709,000.00; San Juan, RD$799,000.00; Valverde, RD$719,000.00; Bahoruco, RD$ 49,000.00; Dajabón, RD$ 619,000.00; Independencia, RD$ 609,000.00; Hermanas Mirabal, RD$ 654,000.00; Hato Mayor, RD$649,000.00; María Trinidad Sánchez, RD$694,000.00; Monte Plata, RD$ 739,000.00; Pedernales, RD$ 629,000.00; Santiago Rodríguez, 619,000.00 y San José de Ocoa, RD$619,000.00.
Las funciones de los congresistas
“Representar, legislar, fiscalizar”, son las funciones de los congresistas una vez asumen el puesto, y es la frase con la que de entrada te recibe el portal web del Senado, página que integra la pestaña denominada “Transparencia”, donde se puede solicitar la información que se desee como ciudadano.
En el caso de los senadores, sus atribuciones, conforme a la Constitución, se centran en: conocer las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados contra los funcionarios señalado en el artículo 83 numeral 1; aprobar o desaprobar los nombramientos de embajadores y jefes de misiones permanentes acreditados en el exterior que le someta el presidente de la República; elegir los miembros de la Cámara de Cuentas de las ternas presentadas por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes; elegir los miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes con el voto de las dos terceras partes presentes; elegir el defensor del pueblo, sus suplentes y sus adjuntos, a partir de las ternas que presente la CD; Autorizar previa solicitud del presidente de la República, en ausencia de convenio que lo permita, la presencia de tropas extranjeras en ejercicios militares y determinar tiempo de estadía y condiciones.
Mientras que los diputados tienen las siguientes atribuciones constitucionalmente establecidas: Acusar ante el Senado a los funcionarios por faltas graves; someter al Senado las ternas del Defensor del Pueblo; someter al Senado las ternas para elegir los miembros de la Cámara de Cuentas, entre otras.
elcaribe.com.do
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Abogado anuncia amparo contra director del Intrant por circulación de vehículos pesados en carril izquierdo
La acción busca exigir el cumplimiento de la Ley 63-17 y de la Resolución 003-2026, que dispone que camiones, patanas y vehículos de carga circulen por el carril derecho
SANTO DOMINGO.– El abogado Julio de la Rosa Tiburcio anunció que interpondrá una acción de amparo de cumplimiento contra el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Juan Manuel Méndez, alegando falta de ejecución de las disposiciones que regulan la circulación de vehículos pesados por las carreteras y autopistas de República Dominicana.
La iniciativa procura que las autoridades hagan cumplir las disposiciones de la Ley núm. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y de la Resolución núm. 003-2026, del 10 de febrero de 2026, que restringe el desplazamiento de camiones, patanas y otros vehículos de carga por el carril izquierdo.
De acuerdo con lo anunciado por el jurista, la acción judicial será presentada en las próximas horas con el propósito de obtener una decisión que obligue al organismo regulador a ejecutar efectivamente las medidas establecidas para este tipo de vehículos.
Vehículos pesados deben mantenerse en el carril derecho
La normativa establece como regla que los vehículos pesados y destinados al transporte de carga deben desplazarse por el carril derecho de las vías.
El uso del carril izquierdo queda reservado para las situaciones excepcionales contempladas por las disposiciones de tránsito, particularmente cuando resulte necesario realizar determinadas maniobras y estas puedan ejecutarse en condiciones de seguridad.
Para efectuar un rebase, además, el conductor debe contar con suficiente visibilidad y espacio para realizar la maniobra y posteriormente retornar al carril derecho sin generar peligro de colisión.
Las restricciones adquieren especial relevancia en pendientes, curvas, áreas con visibilidad reducida y lugares donde existan señales o demarcaciones que prohíban adelantar.
Multas de RD$10,000
La violación de las disposiciones contempladas para la circulación de estos vehículos conlleva, según la información suministrada, una multa de RD$10,000, equivalente a un salario mínimo del sector público centralizado, además de la correspondiente acumulación de puntos en la licencia de conducir.
La supervisión y aplicación de las medidas corresponde conjuntamente a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el Intrant y la Comisión Militar y Policial (Comipol).
La anunciada acción de amparo coloca ahora el debate no solamente sobre el comportamiento de los conductores de vehículos pesados, sino también sobre la responsabilidad de las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento efectivo de las normas de tránsito.
Una disposición con antecedentes
Las reglas relativas a la circulación de vehículos pesados por las vías dominicanas tienen antecedentes anteriores a la resolución emitida este año.
En julio de 2020, el entonces presidente Danilo Medina emitió el Decreto 258-20, que estableció lineamientos relacionados con la circulación y movilidad de vehículos de carga, disposiciones que posteriormente han servido de referencia para la regulación de este tipo de transporte.
La Resolución 003-2026 reforzó las restricciones al establecer expresamente la obligación de que los vehículos pesados permanezcan en el carril derecho, salvo las excepciones contempladas.
Seguridad vial vuelve al centro del debate
La eventual presentación del amparo podría llevar ante los tribunales la discusión sobre el grado de cumplimiento de las medidas adoptadas para ordenar la circulación de vehículos pesados.
El accionante pretende que el tribunal determine si las autoridades responsables han cumplido adecuadamente con las obligaciones establecidas en la legislación y en la resolución administrativa.
La controversia se produce en momentos en que la seguridad vial, el cumplimiento de las normas de tránsito y la fiscalización de los vehículos pesados continúan siendo asuntos de interés público en República Dominicana.
El ejercicio comenzará a las 10:00 de la mañana y pondrá a prueba protocolos de evacuación, coordinación institucional y un sistema de alertas mediante mensajes a teléfonos celulares
SANTO DOMINGO.– República Dominicana realizará este martes 8 de septiembre el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto 2026, un ejercicio de alcance nacional dirigido a fortalecer la capacidad de respuesta de la población y de las instituciones ante la eventual ocurrencia de un movimiento sísmico de gran magnitud.
La jornada está programada para comenzar a las 10:00 de la mañana y contará con la participación de instituciones públicas y privadas, centros educativos, organizaciones sociales, empresas y ciudadanos de diferentes puntos del territorio nacional.
El objetivo principal es que la población conozca cómo actuar ante un terremoto y pueda aplicar protocolos previamente establecidos, reduciendo la improvisación en una situación real de emergencia.
Sirenas y mensajes a celulares
El inicio del ejercicio será anunciado mediante sirenas, silbatos y altavoces. Además, las autoridades tienen previsto probar un sistema de mensajería instantánea destinado a enviar alertas a los teléfonos celulares durante situaciones de emergencia.
La iniciativa busca fortalecer los mecanismos de alerta y comunicación con la ciudadanía y comprobar su funcionamiento dentro de un escenario simulado.
Durante el ejercicio también serán evaluados los protocolos de activación, comunicación y coordinación de las instituciones que forman parte del sistema nacional de respuesta ante emergencias.
El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Edwin Olivares, destacó que los terremotos ocurren sin previo aviso, por lo que la organización y el conocimiento de las medidas de autoprotección resultan esenciales para reducir las consecuencias de estos fenómenos.
Según explicó, el ejercicio no se limitará a comprobar la capacidad para evacuar viviendas, comunidades o edificaciones, sino que permitirá evaluar integralmente los protocolos de actuación y la comunicación entre las instituciones.
Llamado al sector privado
Las autoridades también han puesto especial atención en la participación de las empresas y edificaciones privadas.
El director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), Leonardo Reyes Madera, exhortó a propietarios y responsables de edificaciones privadas a solicitar evaluaciones de vulnerabilidad de sus estructuras.
De acuerdo con las informaciones ofrecidas sobre el ejercicio, estas revisiones son realizadas gratuitamente.
¿Qué hacer durante un terremoto?
La Defensa Civil recomienda contar previamente con un plan familiar de emergencia y practicar los procedimientos que deben seguirse ante un movimiento sísmico.
Durante un terremoto, la principal recomendación es mantener la calma, agacharse y protegerse la cabeza, buscando un lugar seguro.
Si resulta necesario abandonar una edificación, las autoridades recomiendan utilizar las escaleras y no los ascensores.
Quienes se encuentren dentro de edificaciones deben mantenerse alejados de ventanas, lámparas, armarios, libreros, estantes y otros objetos susceptibles de desprenderse o caer.
En lugares con grandes concentraciones de personas se recomienda evitar correr desesperadamente hacia las salidas, debido al riesgo de provocar caídas, aglomeraciones o avalanchas humanas.
Precauciones en calles y vehículos
Las personas que se encuentren en espacios abiertos deberán alejarse de postes eléctricos, edificios, árboles y muros.
En caso de estar conduciendo, la recomendación es detener el vehículo en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer en su interior, evitando estacionarse debajo o encima de puentes, elevados o pasos a desnivel.
Si el movimiento ocurre mientras se viaja en transporte colectivo, el conductor deberá detenerse en una zona segura y los pasajeros permanecer sentados hasta que las condiciones permitan continuar.
Prepararse antes de que ocurra una emergencia
El simulacro de este martes busca medir no solamente la capacidad de reacción de las autoridades, sino también el nivel de preparación de ciudadanos, familias, empresas e instituciones.
Las autoridades insisten en que, debido a que los terremotos no pueden predecirse con suficiente anticipación para realizar una evacuación preventiva, conocer los protocolos y practicarlos puede marcar una diferencia importante cuando ocurre una emergencia real.
Las personas e instituciones interesadas en participar pueden registrarse a través del portal oficial del Centro de Operaciones de Emergencias (COE)
Cinco países europeos avanzan hacia la creación de un centro de retorno fuera de la Unión Europea, mientras República Dominicana mantiene una política de deportaciones y refuerza los mecanismos de control migratorio
SANTO DOMINGO.– El endurecimiento de las políticas destinadas a enfrentar la migración irregular continúa ganando espacio tanto en Europa como en República Dominicana, aunque bajo modelos y circunstancias diferentes.
Mientras cinco países europeos trabajan para establecer fuera de la Unión Europea un centro destinado a recibir migrantes que ya no cuentan con autorización legal para permanecer en territorio comunitario, República Dominicana mantiene una política de interdicción, procesamiento, deportación y repatriación de extranjeros en situación migratoria irregular.
Europa busca trasladar migrantes a terceros países
Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Austria y Grecia han expresado su intención de alcanzar un acuerdo con un país ajeno a la Unión Europea para establecer un denominado “centro de retorno”.
De concretarse la iniciativa, las personas sobre las cuales exista una decisión de retorno podrían ser trasladadas a instalaciones ubicadas en un tercer país que haya aceptado recibirlas.
Dinamarca espera que los primeros traslados puedan comenzar durante 2027, aunque todavía no se ha identificado públicamente el país con el que se realizan las negociaciones.
La iniciativa se produce después de una reforma de la política europea de retornos. El esquema contempla que los acuerdos respeten los derechos humanos, el derecho internacional y el principio de no devolución. Los menores no acompañados están excluidos de los traslados a estos centros.
Las disposiciones europeas también establecen garantías contra las expulsiones colectivas y disponen que, para menores no acompañados y familias con niños, la detención debe utilizarse como último recurso y durante el menor tiempo posible.
República Dominicana mantiene política restrictiva
En República Dominicana, el Gobierno del presidente Luis Abinader ha adoptado igualmente una posición restrictiva frente a la permanencia irregular de extranjeros, aunque mediante un sistema diferente al que proyectan los países europeos.
Las autoridades dominicanas realizan directamente operativos de interdicción, depuración y devolución, principalmente hacia Haití.
La política migratoria fue reforzada a partir de las 15 medidas anunciadas por el Gobierno en abril de 2025, entre ellas el incremento del personal destinado a la vigilancia fronteriza, la ampliación de la verja perimetral, la incorporación de nuevos agentes migratorios y mayores controles en los mercados binacionales.
También fueron planteadas medidas dirigidas a endurecer las consecuencias contra el tráfico ilícito de migrantes y quienes faciliten la permanencia irregular.
Más de 250 mil extranjeros procesados en 2026
La dimensión de las operaciones migratorias queda reflejada en las estadísticas atribuidas a la Dirección General de Migración.
De acuerdo con los datos recogidos en la información suministrada, durante 2026 habían sido deportados o repatriados 250,429 extranjeros en condición migratoria irregular, de los cuales 186,139 correspondían a deportaciones y 64,290 a repatriaciones.
Los extranjeros detenidos durante los operativos son trasladados a centros de procesamiento para fines de registro y depuración. Haina, Dajabón, Elías Piña y Santiago figuran entre los puntos que concentran estos procedimientos.
Inteligencia artificial llega al control migratorio
Uno de los elementos novedosos de la estrategia dominicana es la incorporación de nuevas tecnologías.
Migración prepara en Dajabón un sistema de registro biométrico y reconocimiento facial apoyado en herramientas de inteligencia artificial, destinado a controlar el movimiento de personas durante los mercados binacionales.
La incorporación de estas herramientas agrega una nueva dimensión al debate migratorio, debido a que el uso de sistemas biométricos y de inteligencia artificial también plantea cuestiones relacionadas con privacidad, protección de datos, proporcionalidad y derechos fundamentales.
Menores reciben tratamiento diferenciado
Otro componente de la política dominicana está relacionado con los niños, niñas y adolescentes involucrados en procesos migratorios.
La Dirección General de Migración sostiene que aplica un tratamiento diferenciado a los menores y que trabaja conjuntamente con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia y Unicef en protocolos de identificación, atención y protección.
Dentro de esas medidas se contempla la existencia de espacios seguros separados de las áreas generales de retención, así como atención psicosocial, servicios sanitarios, espacios recreativos y asistencia médica.
Dos realidades distintas con una tendencia común
Europa y República Dominicana enfrentan fenómenos migratorios con características diferentes. Sin embargo, las políticas que actualmente desarrollan presentan un elemento común: incrementar la capacidad del Estado para retornar a las personas que carecen de autorización legal para permanecer en su territorio.
La diferencia estará también en la manera en que esas políticas logren conciliar el control de las fronteras y el cumplimiento de las leyes migratorias con las garantías del debido proceso, la dignidad humana, la protección de los menores y los demás derechos fundamentales.
En Europa, el próximo paso será determinar qué tercer país aceptará albergar el centro de retorno proyectado por los cinco gobiernos. En República Dominicana, mientras tanto, el desafío continuará siendo administrar una presión migratoria particularmente compleja sin abandonar las garantías jurídicas que deben acompañar la actuación del Estado.