Santo Domingo, RD.-Con el arresto ayer de un grupo de 10 personas, correspondientes a exfuncionarios y vinculados a ellos, la Procuraduría General de la República dio las primeras señales de que perseguirá sanción para los actos de corrupción y otros delitos que les atribuye a incumbentes de la pasada gestión de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y allegados, lo cual ha sido un clamor de los ciudadanos.Nacionales
Afirma que hicieron movimientos para ocultar sus bienes
Santo Domingo, RD.-Con el arresto ayer de un grupo de 10 personas, correspondientes a exfuncionarios y vinculados a ellos, la Procuraduría General de la República dio las primeras señales de que perseguirá sanción para los actos de corrupción y otros delitos que les atribuye a incumbentes de la pasada gestión de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y allegados, lo cual ha sido un clamor de los ciudadanos.En un comunicado enviado anoche, el ministerio público señaló que varios de los 10 exfuncionarios y testaferros detenidos estaban destruyendo y ocultando evidencias, intimidando a testigos y haciendo movimientos financieros con el propósito de ocultar estados financieros injustificados.
En el grupo que el ministerio público acusa de corrupción administrativa, de ser testaferros y haber sido proveedores privilegiados del Estado, figuran dos hermanos del ex presidente Danilo Medina.
Se trata de Alexis y Carmen Magalis Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).
La lista de acusados de corrupción y de fungir como testaferros de exfuncionarios la completan el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo; el exdirector de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán; el ex presidente del Fonper, Fernando Rosa; el ex contralor general de la República, Rafael Antonio Germosén Andújar, Aquiles Alejandro Cristofer, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, y Domingo Antonio Santiago Muñoz.
La la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) estableció que los imputados aprovecharon vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas durante el pasado período de gobierno de Danilo Medina.
Operativo de madrugada
Los arrestos empezaron en la madrugada de ayer, mediante allanamientos realizados en sus residencias, pero algunos fueron detenidos después de ser sometidos a interrogatorios en la Procuraduría.
Las investigaciones, que se realizan en la actual gestión de la procuradora Miriam Germán Brito están siendo encabezadas por el titular de la PEPCA, Wilson Camacho, y la procuradora adjunta Yeni Berenice, quien dirige la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público, que son apoyados por un equipo de fiscales.
El operativo en el que se realizaron los arrestos fue denominado por los investigadores como “Operación anti Pulpo”, con la intervención de fiscales que dirigieron las pesquisas, acompañados de decenas de agentes de las tropas élites de la Policía Nacional, según precisó la PGR.
Oculta rostro
Los detenidos fueron conducidos a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, ubicada en el cuarto nivel del edificio.
El último en ser llevado fue el hermano del ex gobernante, Alexis Medina Sánchez, a quien lo trasladaron esposado pasado el mediodía de ayer desde la Procuraduría. El imputado, además de mascarilla por prevención del Covid-19, portaba una gorra y mientras era conducido a la cárcel permaneció con la cabeza abajo para ocultar el rostro. No dio ninguna declaraciones sobre su apresamiento.
Al recinto fueron llevados colchones para que duerman los arrestados, ya que permanecerán en esa preventiva hasta que se les conozca medida de coerción.
La vigilancia de esa cárcel está a cargo de los agentes del nuevo modelo penitenciario, después que el 17 de noviembre la PGR asumió el control de esa preventiva alegando actos de corrupción y otras irregularidades, y traspasó su administración al sistema nuevo, que estaba en poder de la fiscalía del Distrito Nacional y de la seguridad judicial. La Pepca señaló en un comunicado que el proceso de investigación contra los exfuncionarios entró en una nueva fase con los arrestos de los primeros imputados y que serán presentados ante un juez de la instrucción para que le conozca medidas de coerción.
CLAVES
Debido proceso.
La Procuraduría informó que mantendrá enterada a la ciudadanía de manera oportuna, respetando siempre el debido proceso penal y los derechos de los imputados.
Familiares.
Familiares y amigos de los arrestados fueron a la fiscalía con bultos y fundas en las manos, a llevarles comidas y ropas a los apresados. Pero a varios no se les permitió dejarles camisetas blancas, afeitadoras y otros artículos, porque violan el protocolo.
Un médico.
Se vio salir de la cárcel preventiva a un médico que no dio detalles del paciente que fue atender por no estar autorizado.
listindiario.com
SANTO DOMINGO.- Parte de los imputados en el sonado caso SENASA han admitido ante el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional su participación en una supuesta trama para desfalcar a esa institución con miles de millones de pesos.
Durante la primera audiencia de medida de coerción, los acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo señalaron a Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de la institución, como el cabecilla del presunto entramado, lo que complica la situación legal del exfuncionario.
El abogado Martín Rubiera, representante de otra imputada, confirmó que “ellos han manifestado todos lo mismo: que entregaron valores, dinero, a favor de él en este entramado. De 3-3 tiene él en contra hasta el momento, tres imputados que han confesado parte de la acusación y han manifestado una participación en la que afecta bastantemente a Hazim”.
De su lado, Surun Hernández, abogado de Read Estrella, dijo su defendido declaró ante el tribunal haber entregado mil millones de pesos a Hazim.
Según el Ministerio Público, desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, Read Estrella recibió pagos que ascienden a más de RD$7,110 millones por contratos y adendas con SENASA.
Surun Hernández calificó el entramado como un “hecho de lesa humanidad cruel” y aseguró que el proceso cuenta con “abundancia de elementos probatorios, como pagos, transferencias y actuaciones de lavado de activos debidamente comprobadas».
ABOGADOS DE HAZIM SOLICITAN HABLAR DE ULTIMO
Tras los señalamientos directos que vinculan a Hazim con la recepción de sobornos, uno de sus abogados dijo que la defensa solicitó hablar de último ante el juez.
“La defensa del doctor Hazim pidió que fuera de último porque las imputadas dicen que a través de un señor apodado ‘el gordo’ eran que recibían sobornos,” declaró el abogado Marcos Valentín Contreras, uno de los abogados del exfuncionario.
Durante la audiencia, el Ministerio Público identificó a José Pablo Ortiz Giráldez (el Gordo) como la “mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a las empresas contratistas de SeNaSa.
HAZIM TENDRA SU TURNO ESTE VIERNES
Hazim tendrá este viernes su turno para defenderse ante el tribunal.
«Nosotros vamos a demostrar que el testigo estrella de la fiscalía es una persona dedicada a la corrupción, perdonado en otro expediente e involucrada en este caso, y eso obviamente tendremos que discutirlo», manifestó Miguel Valerio, otro de los abogados del exfuncionario.
Dijo que se demostró ante el tribunal que su cliente no guarda ninguna relación con Rafael Domínguez Hazim, otro de los implicados.
«A los empresarios los extorsionaron, pero ellos continuaron trabajando con Senasa. Esa es la extorsión más rara, porque al que extorsionan tienen que parar inmediatamente el trabajo, porque el trabajo no se paró nunca; incluso, el señor Hazim canceló ese contrato. Lo que nadie puede decir ahí es que el señor Hazim recibió ningún pago indebido», declaró.
jt-am
Santo Domingo, R.D.-La esposa del movimiento Ola, que apoyo durante la campaña electoral a Luis Abinader, Heidi Mariela Pineda Perdomo, ha sido vinculada al caso SENASA, aunque el Ministerio Público establece que la persona que controlaba la empresa Flavorheart Food Parts S.R.L era Manuel Enrique Ovalle Tapia, “conocido dentro de la organización por su activa participación y aportes económicos.
El órgano persecutor sostiene que a través de esta empresa Ovalle Tapia compró un reloj marca Rolex Daytona, valorado en USD$83,000.00, destinado al imputado Santiago Hazim.
Su esposa, Heidi Mariela Pineda Perdomo, admitió la noche del jueves su participación en los hechos que la acusa el Ministerio Público y pasó directamente a colaborar con las autoridades en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En el expediente de solicitud de medida de coerción a los implicados en este caso, se dice que su programa fue incorporado, a través del programa “Senasa Cuida de Ti”, en el que se le ofrecería complementos nutricionales para niños de 5 a 15 años y adultos en edad de 35 a 64 años.
Este programa “Nutrisalud” tenía un alcance de 55,741 afiliados del Régimen Subsidiado, con un costo por servicio al afiliado de RD$1,495.00. El mismo terminó ofreciendo servicios, supuestamente, a un total de 350,545 afiliados de diferentes regímenes.
El Ministerio Público establece que la empresa firmó el contrato con Senasa el 22 de julio de 2021. Este se firmó bajo la prestación farmacéutica para los servicios de emergencia, atención primaria. Esta empresa no contaba con licencia de servicio de consultoría de primer nivel de atención, además de que recibió del Ministerio de Salud Pública el “Certificado De Registro de Distribuidora”, un mes antes de la firma con Senasa.
Este programa, según la acusación, no tuvo ninguna supervisión de Senasa, por lo que la Unidad de Antifraude de la Contraloría General de la República constató entregas de proteínas a personas que no cumplían con el rango de edad establecido en las adendas, desviando la población objetivo del programa, y en consecuencia “que se distrajeran, sin ningún control, doscientos setenta y dos millones novecientos setenta mil quinientos sesenta y dos pesos con 69/100 (RD$272,970,562.69), de los fondos de SENASA”.
De acuerdo al expediente a Falvorheart Food Parts S.R.L., se le pagó un monto aproximado de RD$1,606,924,076.95.
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), indicó en sus informes que el producto nutricional suministrado era importado desde Europa, sin evidencia completa de registro sanitario nacional y que no existen estudios o evaluaciones que midan los resultados e impacto del programa, lo que impide comprobar su efectividad sobre la salud de los afiliados.
Además, de la ausencia de indicadores de resultados y trazabilidad clínica. Falta de supervisión directa por parte de Senasa durante la ejecución del programa; inexistencia de infraestructura sanitaria adecuada para ofrecer servicios ambulatorios; debilidad documental en los contratos y adendas (algunas sin firma ni sello); deficiencias en el control y monitoreo de los afiliados atendidos.
A esta empresa también Senasa le pagó la suma de RD$3,307,577.06, “bajo el concepto de «NO DEFINIDO», lo que sugiere que dichos pagos no fueron vinculados a ningún régimen”.
Santo Domingo, R.D.-Casi diez horas no fueron suficientes para que el juez de Atención Permanente, Rigoberto Sena, pudiera concluir este jueves el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados en la presunta estructura criminal que, según el Ministerio Público, operó en el seguro estatal de salud para desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a funcionarios y allegados.
El magistrado recesó la audiencia y convocó para este viernes a las 2:00 de la tarde, cuando continuarán las exposiciones de las defensas y posteriormente la réplica del Ministerio Público.
La directora de Persecución, Mirna Ortiz, reveló que tres imputados (sin revelar sus nombres) admitieron su participación y han colaborado con el Ministerio Público.
«Los mismos han admitido que pagaron sobornos a miembros del seguro estatal, incluyendo a su exdirector, Santiago Hazim«, sostuvo Ortiz.
Dijo que el monto de los supuestos sobornos pagados asciende a unos 2,000 millones de pesos.
Ortiz, en representación del Ministerio Público, informó que la acusación presentada este jueves incluye más de 138 pruebas documentales, más de 35 testimoniales y diversas pruebas periciales.
Aseguró que existen múltiples razones para que el caso sea declarado complejo. «Una de ellas es la pluralidad de víctimas. Estamos hablando de un seguro de salud que cubre a más de siete millones de dominicanos» señaló.
De su lado, el abogado Miguel Valerio, representante de Santiago Hazim, afirmó que en la audiencia se hicieron «pactos que no consideramos adecuados porque eran personas que, en dado caso, eran coautores o autores de soborno».
Valerio adelantó que este viernes desmontarán la credibilidad de uno de los principales testigos de la Fiscalía.
«Vamos a demostrar que el testigo estrella es una persona dedicada a la corrupción, perdonada en otro expediente, y que eso deberá discutir», dijo.
Agregó que Hazim aclaró en la audiencia que el imputado Martínez Hazim no es su familiar.
«Eso era importante porque se utilizó ese argumento para insinuar que había colocado a un sobrino en la institución, y no existe ningún vínculo familiar», indicó.
La solicitud de medida de coerción describe un supuesto entramado que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos.
Según la investigación, la red fue encabezada por Santiago Hazim durante su gestión al frente del seguro estatal, junto a varios gerentes y colaboradores estratégicos.
Hasta el momento, diez personas están formalmente imputadas en el expediente.