Santo Domingo, RD.-Con el arresto ayer de un grupo de 10 personas, correspondientes a exfuncionarios y vinculados a ellos, la Procuraduría General de la República dio las primeras señales de que perseguirá sanción para los actos de corrupción y otros delitos que les atribuye a incumbentes de la pasada gestión de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y allegados, lo cual ha sido un clamor de los ciudadanos.Nacionales
Afirma que hicieron movimientos para ocultar sus bienes
Santo Domingo, RD.-Con el arresto ayer de un grupo de 10 personas, correspondientes a exfuncionarios y vinculados a ellos, la Procuraduría General de la República dio las primeras señales de que perseguirá sanción para los actos de corrupción y otros delitos que les atribuye a incumbentes de la pasada gestión de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y allegados, lo cual ha sido un clamor de los ciudadanos.En un comunicado enviado anoche, el ministerio público señaló que varios de los 10 exfuncionarios y testaferros detenidos estaban destruyendo y ocultando evidencias, intimidando a testigos y haciendo movimientos financieros con el propósito de ocultar estados financieros injustificados.
En el grupo que el ministerio público acusa de corrupción administrativa, de ser testaferros y haber sido proveedores privilegiados del Estado, figuran dos hermanos del ex presidente Danilo Medina.
Se trata de Alexis y Carmen Magalis Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).
La lista de acusados de corrupción y de fungir como testaferros de exfuncionarios la completan el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo; el exdirector de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán; el ex presidente del Fonper, Fernando Rosa; el ex contralor general de la República, Rafael Antonio Germosén Andújar, Aquiles Alejandro Cristofer, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, y Domingo Antonio Santiago Muñoz.
La la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) estableció que los imputados aprovecharon vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas durante el pasado período de gobierno de Danilo Medina.
Operativo de madrugada
Los arrestos empezaron en la madrugada de ayer, mediante allanamientos realizados en sus residencias, pero algunos fueron detenidos después de ser sometidos a interrogatorios en la Procuraduría.
Las investigaciones, que se realizan en la actual gestión de la procuradora Miriam Germán Brito están siendo encabezadas por el titular de la PEPCA, Wilson Camacho, y la procuradora adjunta Yeni Berenice, quien dirige la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público, que son apoyados por un equipo de fiscales.
El operativo en el que se realizaron los arrestos fue denominado por los investigadores como “Operación anti Pulpo”, con la intervención de fiscales que dirigieron las pesquisas, acompañados de decenas de agentes de las tropas élites de la Policía Nacional, según precisó la PGR.
Oculta rostro
Los detenidos fueron conducidos a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, ubicada en el cuarto nivel del edificio.
El último en ser llevado fue el hermano del ex gobernante, Alexis Medina Sánchez, a quien lo trasladaron esposado pasado el mediodía de ayer desde la Procuraduría. El imputado, además de mascarilla por prevención del Covid-19, portaba una gorra y mientras era conducido a la cárcel permaneció con la cabeza abajo para ocultar el rostro. No dio ninguna declaraciones sobre su apresamiento.
Al recinto fueron llevados colchones para que duerman los arrestados, ya que permanecerán en esa preventiva hasta que se les conozca medida de coerción.
La vigilancia de esa cárcel está a cargo de los agentes del nuevo modelo penitenciario, después que el 17 de noviembre la PGR asumió el control de esa preventiva alegando actos de corrupción y otras irregularidades, y traspasó su administración al sistema nuevo, que estaba en poder de la fiscalía del Distrito Nacional y de la seguridad judicial. La Pepca señaló en un comunicado que el proceso de investigación contra los exfuncionarios entró en una nueva fase con los arrestos de los primeros imputados y que serán presentados ante un juez de la instrucción para que le conozca medidas de coerción.
CLAVES
Debido proceso.
La Procuraduría informó que mantendrá enterada a la ciudadanía de manera oportuna, respetando siempre el debido proceso penal y los derechos de los imputados.
Familiares.
Familiares y amigos de los arrestados fueron a la fiscalía con bultos y fundas en las manos, a llevarles comidas y ropas a los apresados. Pero a varios no se les permitió dejarles camisetas blancas, afeitadoras y otros artículos, porque violan el protocolo.
Un médico.
Se vio salir de la cárcel preventiva a un médico que no dio detalles del paciente que fue atender por no estar autorizado.
listindiario.com
Nacionales
Apelación del caso Senasa llega a la corte de apelación: imputados buscan revocar prisión
Santo Domingo, R.D.-La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fue apoderada de un recurso de apelación contra la sentencia de 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Hazim y otras seis personas implicadas en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Esa sala deberá decidir si declara o no admisibles los recursos de apelación en contra de la decisión del juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien además declaró el caso complejo.
En caso de que la Corte lo declare los recursos admisibles, deberá fijar fecha para el conocimiento de los mismos. Estas apelaciones fueron presentadas por separado por los abogados Miguel Valerio, Hiroito Reyes, Marcelino Vargas Brito, Jaime Caonabo Terrero, entre otros, quienes alegan no están conforme con la decisión del tribunal de enviar a sus clientes al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras y la cárcel de Najayo Mujeres.
El grupo de detenidos incluye a Santiago Hazim (exdirector del SeNaSa), Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor Jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Asimismo, la Corte fue apoderada de un recurso de apelación presentado por Miguel Surún Hernández, en contra de los imputados Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica.
El Ministerio Público sostiene que el entramado operó desde el 2020 hasta el 2025, defraudando hasta el momento con más de 15,000 de millones de pesos del sistema público de riesgos de salud.
Los cargos que pesan sobre el grupo incluye, coalición de funcionarios y prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado dominicano, desfalco, cobro de sobornos y lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.
El Ministerio Público enfatizó que el caso no está cerrado. Además de los actuales arrestados, otras personas físicas y jurídicas permanecen bajo investigación.
Se espera que, conforme avancen las indagatorias, se produzcan nuevos sometimientos vinculados a este millonario desfalco.
Santo Domingo, R.D.-La desapariciones de los menores Brianna Genao y Roldany Calderón vuelven a colocar en el centro del debate nacional la urgencia de que República Dominicana cuente con una ley que implemente el sistema de Alerta Amber. Especialistas sugieren que ambos casos evidencian los vacíos legales y limitaciones en la respuesta institucional ante desapariciones de menores.
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, exhortó al Congreso Nacional a priorizar en la próxima legislatura el proyecto de ley que establece el sistema de Alerta Amber, iniciativa que recientemente perimió con el cierre del período legislativo.
La Alerta Amber es un sistema de respuesta inmediata diseñado para localizar rápidamente a niños, niñas y otras personas vulnerables que han sido reportadas como desaparecidas. Su objetivo principal es movilizar a toda la sociedad en las primeras horas del hecho, cuando las probabilidades de localización con vida son mayores.
El nombre Amber proviene del retroacrónimo en inglés America’s Missing: Broadcast Emergency Response, y surge tras el caso de Amber Hagerman, una niña secuestrada y asesinada en Texas en 1996. A partir de esa tragedia, se desarrolló un protocolo que hoy se considera una de las herramientas más eficaces para la protección infantil.
La Alerta Amber trata de un conjunto de acciones coordinadas entre instituciones públicas, organismos de emergencia, medios de comunicación y ciudadanía, que se activa únicamente cuando se cumplen criterios específicos: indicios claros de secuestro o desaparición forzada, riesgo inminente para la vida del menor y disponibilidad de información verificable.
Las autoridades evalúan si el caso cumple los criterios para activar la alerta. De ser así, se inicia la difusión pública con datos clave como descripción del menor, lugar de desaparición, posibles sospechosos y vehículos involucrados. Una vez activada, la alerta se difunde de forma masiva a través de televisión, radio, plataformas digitales, redes sociales, teléfonos móviles y paneles electrónicos, permitiendo que millones de personas reciban la información de manera casi inmediata.
El sistema prioriza las primeras horas, consideradas críticas, y mantiene la alerta activa hasta que el menor aparece o se descarta el riesgo. En países donde está implementado, la Alerta Amber ha permitido resolver miles de casos en lapsos muy cortos.
Actualmente, la Alerta Amber funciona en alrededor de 30 países, incluidos Estados Unidos, Canadá, México, España, Francia y Alemania.
FINJUS urge acción legislativa inmediata
Castaños Guzmán sostuvo que el Congreso no puede mantener engavetada una pieza que responde a una problemática social de alta sensibilidad, y que exige herramientas legales eficaces y una respuesta inmediata del Estado. Recordó que en los últimos años varios proyectos de Alerta Amber pasaron por el hemiciclo, incluyendo uno del senador Rafael Barón Duluc, pero todos han perimido sin convertirse en ley.
El caso de Brianna Genao ha contado incluso con apoyo del FBI, incluyendo unidades caninas, como parte del reforzamiento de las labores de búsqueda. A este hecho le preceden otros casos, el último de ellos el de Roldany Calderón, de tres años, desaparecido el 30 de marzo de 2025 en Manabao, Jarabacoa, sin que hasta la fecha se conozca su paradero.
El debate de la Alerta Amber en RD
La Cámara de Diputados aprobó en julio de 2025 en segunda lectura y por unanimidad el proyecto de ley de prevención y respuesta nacional ante la ausencia de población vulnerable, conocido como Alerta Amber, quedando a la espera de su paso al Senado.
La iniciativa, presentada por las diputadas Liz Mieses y Carmen Ligia Barceló, crea el Sistema Nacional de Alertas (AlertaRD) para la localización, asistencia y resguardo de personas desaparecidas, especialmente menores y otros grupos vulnerables.
El proyecto establece acciones coordinadas entre instituciones públicas, medios de comunicación y ciudadanía, y contempla cooperación jurídica internacional en casos de tráfico de personas u otros delitos transnacionales.
Sin embargo, la iniciativa no ha concitado el interés necesario. El proyecto que perimió de la Cámara de Diputados incluye, además, Alerta Silver, para adultos mayores; Alerta Azul, para discapacitados; y Alerta Rosa, para mujeres violentadas.
Santo Domingo, R.D.-El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, juramentó este martes a Luis Valdez Veras como el nuevo vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, quien se suma a la filial del grupo bancario yd e servicios financieros para aportar su experiencia gerencial a la empresa aseguradora.
Luego de juramentar al nuevo incumbente, Aguilera expresó su satisfacción de poner al frente de la entidad Valdez, a quien, dijo, entrega el reto de superar los logros alcanzados por Seguros Reservas.
“Lo hemos hecho bien y lo vamos a seguir haciendo mejor con la gestión de Luis, probado en el sector público”, destacó el ejecutivo bancario.
Asimismo, Luis Valdez, al asumir la dirección de Seguros Reservas, agradeció el respaldo y confianza en esta tarea, y manifestó su compromiso con el cumplimiento de las expectativas, llevando a cabo un trabajo eficiente.
“Nosotros lo que sabemos hacer es lo mismo que ustedes, trabajar”, dijo Valdez luego de juramentarse en una ceremonia en la sede principal de la empresa, en presencia de ejecutivos de Banreservas, de Seguros Reservas y del anterior incumbente, Nelson Arroyo.
Sobre Luis Valdez
El nuevo incumbente es licenciado en Derecho y posee especialización en Derecho Tributario y Procesal Tributario, con años de experiencia en el sector público. Actualmente cursa un Doctorado en Derecho y Sociedad en la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), España.
Valdez se ha desempeñado en el área como consultor presupuestario en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo; además de haber integrado en la Liga Municipal Dominicana la Comisión de Fiscalización y Control de los fondos de la Ley 166-03.
En la administración pública dirigió la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) desde el 2020 hasta la semana pasada.
Seguros Reservas
Esta empresa aseguradora es una subsidiaria del Banco de Reservas. Fue creada en el 2002 y ofrece soluciones financieras integrales a sus clientes, logrando hitos significativos en rentabilidad y expansión.
Rápidamente se consolidó en el mercado como una de las entidades más fuertes y de mayor crecimiento del sector.