Editorial
Un reto que impactará la sociedad y la democracia dominicanas
Los apresamientos iniciados por la Procuraduría General de la República ya comienzan a sufrir los embates de los que tienen mucho que ver con el mal, pero que en el marco de su politiquería procuran vender como un abuso de poder lo que la gente pide a gritos para que los politiqueros inescrupulosos, que les importa muy poco llevarse el país entre sus garras, paguen por sus acciones.
El primero en salir en defensa de los apresados fue el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuyo vocero lo fue el ex-procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, quien ha mostrado una conducta muy dudosa y difusa con la que envía el mensaje que no es de aquí de allá, es decir, que no es corrupto, pero que defiende a sus compañeros que si son responsables de cosas muy escandalosas.
Domínguez Brito parece apoyarse en una doble moral, porque al propio tiempo en que se quiere vender como limpio de corrupción, salen a la superficie cuestiones que comprometen su simulada actitud ética, ya que en la lista de embajadores que fueron declarados como de carrera aparecen varias hermanas de él, pero además su oficina de abogados representa una serie de instituciones del Estado a pesar de que éste ha ocupado al mismo tiempo una serie de posiciones en la administración pública, lo cual riña con la ética.
El segundo en proclamar que se trata de un atropello y una cobardía el apresamiento de sus hermanos corruptos fue Danilo Medina, pero que nadie cree en el territorio nacional que ex-presidente no tuviera al tanto de lo que hacían sus hermanos, quien se volvió loco en el poder y hasta proyectó la idea de que quería quedarse en la presidencia de la República por tiempo indefinido.
Es una vergüenza el hecho de que un expresidente quiera venderle a los dominicanos la mentira como verdad, porque él sabe muy bien que en su Gobierno la corrupción se volvió incontrolable y que hoy son muchos los que pueden exhibir grandes fortunas que no tienen forma de justificar.
Y es importante dejar claro que el propio expresidente Medina Sánchez también está obligado a responder como su hermano por su proceder al margen de la ética y de la confianza que el pueblo depositó en él.
El asunto es tan grave que Danilo Medina tiene que saber que en la República Dominicana se regó como pólvora que él era el soporte de los grupos que se movían alrededor del asesinado alcalde de Santo Domingo Este, Juan de los Santos, entre cuyos colaboradores económicos de su facción a lo interno del PLD estuvo el narcotraficante Cesar Emilio Peralta (El Abusador), quien recibió toda la protección del pasado Gobierno.
Danilo Medina tampoco puede negar que mantuvo en el Gobierno por encima de todo el mundo a la esposa de los Santos, Berlinesa Franco, hermana de Marisol, la compañera sentimental de El Abusador, hasta que estalló otro escándalo que tuvo que sacarla de la administración pública como directora general del INAIPI, lo cual amerita aclarar los vínculos que tuvo el exmandatario con ese grupo de delincuentes.
Danilo sabe que es el que menos puede hablar de transparencia y de ética, porque demostró hasta la saciedad como se burlaba de los dominicanos, hasta el extremo de confabularse con personajes muy específico de la sociedad para causar daños irreparables a la República Dominicana.
Sin embargo, en el marco de estas persecuciones tampoco debe cantar victoria el representante de la otra corriente que operó a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, quien ahora habla como si su comportamiento hubiera sido diferente.
Ni Danilo ni Leonel tienen autoridad moral para declararse como abanderado de la ética y la moral de la sociedad dominicana, porque ambos están metidos hasta los tuétanos en las travesuras promovidas desde sus administraciones para que personas muy específicas hoy exhiban fortunas mal habidas y bochornosas que no tienen justificación desde ninguna perspectiva en la administración pública y en la nación.
El pasado domingo constituye un referente muy importante para la preocupación de la mayoría de la gente para que se le ponga un coto a los desmanes de los políticos que llegan al Gobierno con un discurso que se contrapone con su conducta y que no tienen miramiento para llevárselo todo en detrimento de la tranquilidad de la familia dominicana.
A buena hora!
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.